El fiscal Vladimir Glinka mantuvo la acusación de “homicidio agravado por alevosía” y solicitó la pena de prisión perpetua para Richard Arnoldo “Grulla” Cristaldo (49), único imputado por el asesinato de Dani Tizato (16), registrado en 2020 en San José.

Para el titular de la fiscalía, quedó comprobado que Cristaldo pergeñó un “engaño” para llevar al adolescente a cazar y luego cometió el crimen, asesinándolo de un disparo que le atravesó el corazón y ocultando el cadáver en una laguna de agua estancada.

Glinka también sostuvo que, a partir del hecho, el imputado hizo de todo para desviar la investigación y confundir a la Policía durante las labores de búsqueda con tal de asegurar su impunidad.

Para el fiscal fue imposible determinar “las razones” del crimen, pero afirmó que ya no quedan “teorías alternativas” para analizar, descartando la hipótesis de un hecho accidental o de una posible responsabilidad de los serenos del campo La Rosita, predio donde ocurrió el crimen y se descubrió el cuerpo tras 32 días de búsqueda.

“Tizato murió por el disparo mientras se hundía en el agua. Ahí empezó un intento desesperado por torcer las pruebas. Él se mojó hasta el ombligo ocultando el cuerpo, no caminando por el campo. Los arroyos estaban secos”, apuntó.

Tras el pedido, el Tribunal Penal Dos dispuso un cuarto intermedio y más tarde será el turno de alegar para José Antonio Reyes, abogado defensor del imputado.

El caso Tizato comenzó el 30 de agosto de 2020, cuando fue a cazar con Cristaldo y nunca volvió. Su cuerpo apareció 32 días después en una laguna de agua estancada de 1,5 metros de profundidad. Tenía un disparo en el pecho y rocas entre sus prendas para evitar que flote.

Cristaldo arguyó que en medio del camino el adolescente se quedó junto a otros tres jóvenes que nunca pudieron ser ubicados y quiénes, para el fiscal, “nunca existieron”.

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Un inspector de tránsito de Oberá permanece internado en estado crítico luego de que un trozo de hierro se desprendiera de un camión cargado con chatarra e impactara contra el vehículo municipal en el que circulaba sobre la ruta14. 

Tras una investigación con testimonios y registros fílmicos, la Policía identificó el rodado involucrado y demoró a su conductor en San José.

El hecho ocurrió este martes cerca de las 17:20 sobre la ruta 14, a la altura del kilómetro 871, cuando un Renault Clío perteneciente al área de Tránsito Municipal de Oberá circulaba en sentido Oberá-Campo Viera.

El vehículo era conducido por el inspector Alejandro G., de 63 años, quien viajaba junto a la inspectora Patricia L., de 44. En esas circunstancias, un fragmento de hierro se desprendió de un camión que transitaba en sentido contrario y atravesó el automóvil, provocando gravísimas lesiones al conductor.

Según el parte médico, Alejandro sufrió traumatismo de cráneo y tórax, hematoma subdural aracnoideo y contusión pulmonar, permaneciendo en coma farmacológico con asistencia respiratoria mecánica. En tanto, su acompañante sufrió traumatismo en el hombro izquierdo, sin fracturas.

A partir de averiguaciones, testimonios y registros fílmicos, los investigadores establecieron que no sería ajeno al hecho un camión Iveco blanco con acoplado, que transportaba chatarra.

Con apoyo de distintas dependencias policiales, el rodado fue interceptado sobre la ruta 14, a la altura del Arco Centinela, en San José, donde fue demorado su conductor, Nelson Rubén M., de 47 años.

Por disposición judicial, el camión fue secuestrado preventivamente para la realización de pericias, mientras continúan las actuaciones para esclarecer el hecho.

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La denuncia radicada por la directora de una escuela de Itaembé Miní derivó en una investigación por presunto abuso sexual infantil y culminó este lunes con la detención de una mujer de 29 años y un hombre de 32, sospechados de cometer actos en perjuicio de una adolescente de 13.

Según informaron fuentes policiales, el caso comenzó el 18 de mayo, cuando la autoridad educativa puso en conocimiento de la fuerza provincial una situación que comprometía la integridad de una alumna menor de edad.

A partir de esa comunicación, se activó de inmediato el protocolo de intervención previsto para este tipo de casos, con medidas de protección y contención para la adolescente, además de tareas investigativas realizadas por efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional X.

Desde la fuerza remarcaron que determinados profesionales y agentes del Estado tienen la obligación legal de informar o denunciar posibles situaciones de abuso, violencia o vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Entre ellos se encuentran autoridades educativas, personal de salud, trabajadores sociales y efectivos de seguridad, cuya actuación permite activar mecanismos de protección e intervención judicial.

En el marco de la investigación, los uniformados llevaron adelante trabajos de campo, vigilancia encubierta y averiguaciones en distintos sectores del barrio San Jorge de Posadas. Como resultado de esas tareas, cerca de las 13 de este lunes fueron detenidos Víctor C. (32) y Araceli R. (29), ambos domiciliados en la zona.

Durante el procedimiento, además, fue resguardado un niño de dos años que se encontraba junto a la pareja al momento del operativo. Mientras tanto, la Justicia continúa con las actuaciones correspondientes y avanza en la adopción de medidas de protección para los menores involucrados en la causa.

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