Quince años tenía Rocío Belén López cuando la encontraron muerta sobre su cama. La adolescente, que padecía una enfermedad neurológica que la dejó postrada, estaba deshidratada, desnutrida y con escaras en la piel. Las acusaciones por su mal cuidado recayeron en su madre, que hoy, trece años después, comenzó a ser juzgada por abandono seguido de muerte, aunque ya en la primera audiencia la fiscalía pidió ampliar la acusación al considerar que la mujer pudo haber dejado de alimentar e hidratar a su hija deliberadamente.

El caso se remonta al 23 de julio de 2013, cuando la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez llamó al 911 para alertar sobre el fallecimiento de su hija “Belencita”, una adolescente de 15 años diagnosticada con el Síndrome de Rett, una enfermedad genética que afecta al desarrollo neuronal, lo que se traduce en la pérdida de las habilidades motoras y del habla.

Como consecuencia de esa condición, la menor era incapaz de valerse por sí misma, por lo que vivía postrada a una cama, con la necesidad de un cuidado permanente que Ramírez alternaba con sus padres, dado que el progenitor de la niña nunca se responsabilizó.

Sin embargo, unos diez días antes del trágico desenlace, ese deber de cuidado había quedado bajo absoluta responsabilidad de Ramírez debido a que sus padres viajaron a otra provincia.

Fue en ese marco que aquella noche de hace trece años atrás Ramírez llamó a la Policía para alertar sobre la muerte de su hija. Cuando los uniformados arribaron al lugar, constataron que la adolescente yacía sobre una cama rota y en un dormitorio que describieron como un “depósito”.

La posterior autopsia concluyó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición y deshidratación, al tiempo que también detectó escaras en el cuerpo, lesiones que daban cuenta del estado de vulnerabilidad en el que se encontraba.

Con esos elementos, sumado a una serie de testimonios en su contra, la fiscal María Laura Álvarez (como subrogante) pidió que Ramírez sea juzgada por el delito de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y resultado”, solicitud que fue avalada por el magistrado Ricardo Balor, aunque ese proceso recién tuvo su inicio hoy, casi al filo de la prescripción.

Sumado a eso, en la audiencia de hoy, instancia en la que además de leerse el auto de elevación a juicio también se oyó el testimonio de la propia Ramírez y de los primeros cinco testigos, el fiscal Vladimir Glinka amplió la acusación al considerar que la mujer pudo haber dejado de alimentar a su hija en forma deliberada, ante lo cual pudo haber incurrido en un homicidio calificado por el vínculo en su modalidad por omisión.

Ese planteo se traduce en que, en caso de mantener esa acusación al momento de los alegatos finales, Ramírez podría enfrentarse a la posibilidad de recibir una pena de prisión perpetua.

Ramírez durante su declaración, junto a su abogado Varela y el fiscal Glinka.

“Me encontré desesperada”

En esta primera audiencia la imputada aceptó declarar y frente al tribunal presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado por Viviana Cukla y Miguel Mattos (subrogante) dio un extenso testimonio.

La mujer se explayó desde el nacimiento de su hija. Contó que al enterarse del embarazo su pareja de ese momento la abandonó y nunca se hizo responsable, ante lo cual ella decidió continuar como madre soltera.

También relató que recién notaron algo diferente en Belencita a los dos años y medio cuando aún no hablaba. Eso dio inicio a una serie de estudios que más tarde derivaron en un diagnóstico de Síndrome de Rett.

Según su palabra, el cuidado de la niña fue alternado entre ella y sus padres, lapso en el cual ella siempre se dedicó a trabajar para mantener a su familia.

“Con el tiempo me independice con un nuevo novio y yo continué haciendo changuitas para poder comprar pañales para Belén y todo lo demás que necesitaba como la leche y los medicamentos. Yo nunca dejé de hacer los cuidados de Belén. Nunca me desentendía. Por las tardes iba siempre a la casa de mi mamá y yo le pasaba todo mi sueldo a mi papá, que era el que administraba. Por eso me busqué un segundo trabajo”, afirmó Ramírez, hoy de 48 años. 

Años después, su padre empeoró de salud y la niña fue a vivir con ella a Itaembé Miní, aunque de igual manera por las tardes la llevaba a casa de su madre mientras ella iba al trabajo. Durante esos años también contrató una persona que cuidaba a Belén y la rutina se extendió hasta que tuvieron que vender esa casa por deudas y volver a mudarse, esta vez a un inmueble más pequeño.

En ese lapso, Belén volvió a vivir a la casa de sus abuelos, mientras que Ramírez se separó de su segunda pareja. “Me separé de nuevo y ahí empezó mi caos. Ahí me comienzo a ver superada por la situación”, admitió la mujer, que es representada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela.

Y desarrolló: “Días antes del hecho por el que estoy acá me llama mi mamá y me dice que tenía que ver cómo me iba a hacer cargo de Belén porque ellos necesitaban viajar a Corrientes para descansar. Yo no sabía qué hacer, estaba separaba, ganaba poco, no tenía para pagar a nadie. Mi hermana me dice que me arregle”.

Ramírez aseguró que pidió licencia en el trabajo pero no le dieron y debió enfrentar el cuidado de su hija en soledad, mientras que a la par criaba su otra hija. 

“Con el pasar de los días tuve que tomar la decisión de irme a trabajar, no tenía otra opción. Me encontré desesperada y sin saber qué hacer. Tenía que seguir trabajando para tener ingresos. Lo primero que yo hacía cuando me levantaba era darle el desayuno e higienizarla para poder dejarla en condiciones. Al mediodía cocinaba guisitos y fideos que también le gustaba, cosas que estaban a mi alcance porque no tenía mucho dinero”, recordó.

Ante los jueces, la mujer explicó que su rutina consistía en dar el desayuno a Belén, llevar a su otra hija a la escuela e ir al trabajo, donde permanecía desde las 8 hasta después del mediodía, cuando regresaba a casa en colectivo.

“Los primeros días ella estaba normal, comiendo”, contó Ramírez y agregó: “Hasta que empecé a notar que se enojaba, noté que se estaba deprimiendo porque extrañaba a mi hermana y a mi mamá. Ese era su hogar para ella. Entonces ella empieza a trabajarme la mandíbula, a cerrar la boca. Ahí empezó a comer menos”.

En ese tramo, y tras consultas del fiscal, la mujer explicó que la menor aceptaba líquidos pero era se mostraba más reticente a ingerir alimentos, aunque de igual manera le daba “galletitas con mate cosido”.

Sobre las escaras, Ramírez alegó que las heridas fueron porque la menor se rascaba y dañaba su piel, lesiones que luego se infectaban. “Yo no tenía ni para el cicatrizante, le pedí al papá de la nena y me llevó un aloe. Entonces le ponía eso”, aseguró.

Casi sobre el final, la mujer contó que ese 23 de julio de 2013 su jefa le pidió trabajar de corrido para cubrir a otra compañera y al regresar encontró a su hija sin vida. Intentó reanimarla con RCP, pero no pudo.

“Yo en ningún momento abandoné a mi hija. No es que yo la dejé a la deriva o no le dedicaba las horas que ella requería. Nosotros con mi otra hija nos pasábamos todas las tardes con ella para que ella no se sienta sola y no sienta la ausencia de mi mamá y mi hermana”, se defendió.

Y reafirmó: “En ningún momento se me pasó por la cabeza que iba a pasar esto. Siempre velé por estar bien todas luché dentro de mis posibilidades, pero entré en una desesperación de no saber qué hacer. En ningún momento la abandoné, no hubo intención de provocar la muerte, nunca. Traté siempre de salir adelante. Hice lo mejor que pude como madre”.

Al momento de ser interrogada por Glinka, la mujer admitió que la cama de la adolescente tenía “la rejilla rota” y en oportunidades apilaba paquetes de pañales para compensar.

Sobre la habitación, que algunos uniformados describieron como “similar a un depósito”, respondió que se debía a que “no tenía la mudanza terminada” y que se acumularon cosas en ese lugar porque su vivienda anterior era más grande, con más muebles.

El tribunal es presidido por el magistrado Gustavo Bernie (a la derecha).

Testimonios

“Tengo la imagen de esa persona en la cama, no recuerdo si estaba rota o inclinada hacia un costado. Sé que no estaba en la posición en que no debía estar. Sí que había bolsas negras, detalles que se me vienen a la cabeza. Por el montón de cosas amontonadas y tiradas parecía más un depósito que un dormitorio”, declaró minutos después Carlos Adolfo Krapp, comisario general retirado que intervino en la escena del hecho.

Quien también declaró como testigo hoy fue el forense Rogelio Canteros. El profesional sostuvo que las escaras que presentaba la víctima tenían un grado de “evolución avanzada”, estado que permitía inferir un tiempo aproximado de “20 días de postración sin ningún movimiento”.

Canteros también consideró que el cuadro de la joven fallecida condecía con una “deshidratación severa” que se pudo haber prolongado durante siete días, precisión sobre la cual más tarde se apoyó Glinka para fundamentar una ampliación de la acusación sobre la imputada.

“En base al interrogatorio con el médico, él ha aclarado que la chica tenía una deshidratación severa de siete días que derivó en una falla orgánica. La causa de muerte es que se le privó de alimentos y líquido de forma deliberada. No es una omisión simple, sino que apropósito y en forma deliberada evitó darle el sustento vital para que irremediablemente se produjo su dolo de muerte”, apuntó el representante del Ministerio Público Fiscal, que al comienzo de la jornada aclaró: “Esto no es una cuestión de género, no está imputada por su condición de madre. Ella está acá por el mal cuidado que desempeñó en los últimos diez días de Belén”.

Una vez culminada la ronda de testigos del día y el tribunal entonces pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 7.45. Se prevé la recepción de más testimonios.

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Consumos diarios de mercadería y un pago mensual de $20.000 eran las condiciones que un falso policía le exigía a una comerciante de Posadas a cambio de “protección” y para “evitar” posibles clausuras municipales de su emprendimiento familiar.

La joven radicó la denuncia y la Policía de Misiones inició una investigación para identificar y detener al sospechoso.

Según denunció la damnificada, un hombre que se identificaba como Sebastián Ethan Ismael M. y aseguraba pertenecer a la fuerza logró ganarse su confianza hasta que, en determinado momento, le ofreció “protección” para evitar controles de la Municipalidad de Posadas y una eventual clausura de su comercio. Para ello, alegaba tener “contactos” que impedirían cualquier inspección en el lugar.

A cambio, el señalado le exigía una cuota mensual de $20.000, además de consumos diarios, principalmente de mercadería, debido a que la joven es propietaria de un comercio multirubro.

La víctima también relató que, cuando intentó dejar de realizar los pagos, comenzó a recibir amenazas por parte del sujeto, quien incluso le advirtió que “una persona con influencias podría ordenar un allanamiento y el desalojo del comercio” si no continuaba abonando lo acordado, según consta en la denuncia.

Tras la denuncia radicada en la comisaría Sexta, dependiente de la Unidad Regional (UR) I, la Jefatura de Policía confirmó que el hombre señalado “no pertenece, ni perteneció nunca” a la fuerza provincial y descartó así cualquier vínculo con la institución.

Por estas horas, distintas dependencias policiales trabajan para establecer fehacientemente la identidad y el paradero del acusado.

En tanto, desde la Policía de Misiones solicitaron a la comunidad que quienes hayan sido víctimas de una maniobra similar o cuenten con información que pueda contribuir a identificar al sospechoso se acerquen a la dependencia policial más cercana o radiquen la denuncia correspondiente.

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Un conflicto de usurpación habría sido el trasfondo de la balacera contra una casa registrada ayer a la tarde en el barrio 110 Viviendas de Garupá, hecho por el cual la Policía continúa en busca de sospechosos.

Tal como publicó La Voz de Misiones, el violento episodio tuvo lugar a las 18.30 de ayer, en una vivienda ubicada sobre las calles Tuti Rotoli y Hugo Amable, donde desde un Volkswagen Bora se abrió fuego en al menos cinco o seis oportunidades.

Los impactos de bala dieron en paredes y portones del inmueble, sin registrarse lesionados, afortunadamente.

En la investigación abierta, los efectivos constataron que, casi en paralelo al ataque, una joven de 26 años denunció que un pariente de una ex pareja suya, junto a otras personas, habrían aprovechado su ausencia para ingresar y ocupar su casa.

La joven relató que la vivienda había sido adquirido hace cinco años atrás mediante un boleto de compraventa y actualmente se encontraba en trámite de regularización.

Fue casi al mismo tiempo la mujer acusada de la usurpación, de 62 años, alertó sobre el ataque armado perpetrado desde en automóvil negro, razón por la cual ahora los pesquisas entienden que los hechos podrían estar vinculados.

Por disposición del juzgado interviniente, se ordenó determinar quién ocupaba efectivamente el inmueble y desde cuándo, además de localizar a los autores de los disparos. Por el momento, la vivienda permanece desocupada y bajo resguardo policial, mientras continúa la investigación para esclarecer el caso.

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