Un inspector de tránsito de Oberá permanece internado en estado crítico luego de que un trozo de hierro se desprendiera de un camión cargado con chatarra e impactara contra el vehículo municipal en el que circulaba sobre la ruta14. 

Tras una investigación con testimonios y registros fílmicos, la Policía identificó el rodado involucrado y demoró a su conductor en San José.

El hecho ocurrió este martes cerca de las 17:20 sobre la ruta 14, a la altura del kilómetro 871, cuando un Renault Clío perteneciente al área de Tránsito Municipal de Oberá circulaba en sentido Oberá-Campo Viera.

El vehículo era conducido por el inspector Alejandro G., de 63 años, quien viajaba junto a la inspectora Patricia L., de 44. En esas circunstancias, un fragmento de hierro se desprendió de un camión que transitaba en sentido contrario y atravesó el automóvil, provocando gravísimas lesiones al conductor.

Según el parte médico, Alejandro sufrió traumatismo de cráneo y tórax, hematoma subdural aracnoideo y contusión pulmonar, permaneciendo en coma farmacológico con asistencia respiratoria mecánica. En tanto, su acompañante sufrió traumatismo en el hombro izquierdo, sin fracturas.

A partir de averiguaciones, testimonios y registros fílmicos, los investigadores establecieron que no sería ajeno al hecho un camión Iveco blanco con acoplado, que transportaba chatarra.

Con apoyo de distintas dependencias policiales, el rodado fue interceptado sobre la ruta 14, a la altura del Arco Centinela, en San José, donde fue demorado su conductor, Nelson Rubén M., de 47 años.

Por disposición judicial, el camión fue secuestrado preventivamente para la realización de pericias, mientras continúan las actuaciones para esclarecer el hecho.

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La denuncia radicada por la directora de una escuela de Itaembé Miní derivó en una investigación por presunto abuso sexual infantil y culminó este lunes con la detención de una mujer de 29 años y un hombre de 32, sospechados de cometer actos en perjuicio de una adolescente de 13.

Según informaron fuentes policiales, el caso comenzó el 18 de mayo, cuando la autoridad educativa puso en conocimiento de la fuerza provincial una situación que comprometía la integridad de una alumna menor de edad.

A partir de esa comunicación, se activó de inmediato el protocolo de intervención previsto para este tipo de casos, con medidas de protección y contención para la adolescente, además de tareas investigativas realizadas por efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional X.

Desde la fuerza remarcaron que determinados profesionales y agentes del Estado tienen la obligación legal de informar o denunciar posibles situaciones de abuso, violencia o vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Entre ellos se encuentran autoridades educativas, personal de salud, trabajadores sociales y efectivos de seguridad, cuya actuación permite activar mecanismos de protección e intervención judicial.

En el marco de la investigación, los uniformados llevaron adelante trabajos de campo, vigilancia encubierta y averiguaciones en distintos sectores del barrio San Jorge de Posadas. Como resultado de esas tareas, cerca de las 13 de este lunes fueron detenidos Víctor C. (32) y Araceli R. (29), ambos domiciliados en la zona.

Durante el procedimiento, además, fue resguardado un niño de dos años que se encontraba junto a la pareja al momento del operativo. Mientras tanto, la Justicia continúa con las actuaciones correspondientes y avanza en la adopción de medidas de protección para los menores involucrados en la causa.

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La etapa de incorporación de pruebas en el juicio para esclarecer el asesinato de César Daniel “Dani” Tizato (16) culminó hoy con la declaración de los últimos ocho testigos convocados por el Tribunal Penal Dos de Posadas y el proceso ingresó a la recta final, con la instancia de alegatos y posible dictado de sentencia previstos para este miércoles, a partir de las 8.30.

Quienes comparecieron esta mañana en la sala de debates del tribunal ubicado por calle San Martín de Posadas fueron, en su mayoría, peones rurales y serenos del predio La Rosita, perteneciente a la firma Rosamonte, campo al cual Tizato fue a cazar en compañía de Richard Arnaldo “Grulla” Cristaldo (49), hoy acusado del asesinato del adolescente, cuyo cuerpo apareció luego de 33 días de búsqueda con un balazo en el tórax y sumergido a 1,5 metros de profundidad en una laguna de agua estancada ubicada en la misma propiedad.

Los trabajadores del predio coincidieron al declarar que sus funciones se limitaban a “controlar” los estanques de piscicultura para, principalmente, evitar que aves acuáticas como el mbiguá se alimente de los alevinos.

Para tal fin, realizaban recorridos diarios a la luz del día, actividades que hacían -según sus testimonios- sin portación de armas, aunque tenían “a disposición una escopeta” que utilizaban para espantar las aves con disparos al aire.

Silvio Servat, identificado en el debate como “el jefe de seguridad de La Rosita” y de otras propiedades de Rosamonte, explicó para el caso de que los peones rurales advirtieran la presencia de cazadores furtivos en el predio tenían un “protocolo de acción” que estipulaba un aviso directo hacia su persona, para luego acudir a la Policía.

“Los muchachos son nuestros ojos y nuestros oídos. Ellos avisan y yo llamo a la Policía. Nosotros no ahuyentamos”, señaló, descartando la posibilidad de que los trabajadores repelieran a tiros a personas ajenas al lugar.

De igual manera, en otro tramo de su declaración, el testigo -que también participó de la búsqueda de Tizato- detalló que el cadáver del adolescente fue encontrado lejos de las zonas de vigilancia, lo cual reduciría la posibilidad de un cruce entre cuidadores y cazadores.

“El cuerpo no estaba en un lugar de vigilancia habitual porque no es una laguna de Pacú. Es una laguna de agua estancada, que no tiene producción y tampoco es una zona donde hubo abigeato. Ahí no había nada que cuidar”, resumió.

Cristaldo junto a su abogado, el ex juez penal José Antonio Reyes.

Fin de testimoniales y paso a alegatos

La jornada se completó con breves testimonios de un agente policial, de un amigo y de una hija de Cristaldo. Con esos aportes se dio por cerrada la etapa de incorporación de pruebas, alcanzando un total de 24 declaraciones recibidas en seis jornadas de debate oral.

El proceso pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 8.30, instancia prevista para el inicio de la ronda de alegatos. El primero en exponer será el fiscal Vladimir Glinka, mientras que en segundo orden lo hará el abogado defensor particular y ex juez penal José Antonio Reyes.

Richard Cristaldo llegó a esta instancia detenido y procesado por “homicidio agravado por alevosía”, figura bajo la cual puede ser condenado a prisión perpetua en caso de ser declarado culpable.

En la primera audiencia de juicio, el acusado aceptó declarar y ante las partes se declaró inocente. “En ningún momento se me pasó por la cabeza hacerle daño a un chico. Jamás haría algo así. El juez Faría (Miguel Ángel – de Apóstoles) me acusó de cosas que no son. Es una injusticia por lo que estoy pasando”, sostuvo.

El fiscal Vladimir Glinka será el primero en alegar este miércoles.

El lunes, en tanto, hubo dos declaraciones que contradicen el relato defensivo y que podrían resultar clave para el proceso: Cristaldo admitió el crimen del adolescente al momento de su detención.

Así se desprende de los aportes brindados por Sergio Dos Santos, que era jefe de la comisaría Primera de San José, y Gabriel Antonio Comes, que era el titular de la Dirección Homicidios.

“Él se quebró, se desmayó y contó que todo fue accidental, que se le disparó el arma”, comentó Dos Santos y, a su vez, Comes amplió: “El pueblo estaba conmovido, había mucha gente en la comisaría. A Richard lo atendimos en la oficina del jefe de la comisaría. Ahí empezó a llorar y dijo que se le escapó un tiro, que no tuvo intención de matar al chico. Le comenté eso al juez y dijo que se le tome declaración en sede judicial”.

La posibilidad de un disparo accidental también fue abordado por licenciados en Criminalística que participaron de labores periciales. Entre ellas Daiana Salazar, quien al momento de declarar afirmó que el aire comprimido adaptado para calibre 22 incautado como posible arma homicida a Cristaldo presenta un mecanismo sobre el cual “no existe posibilidad de un disparo accidental”. 

El tribunal encargado de impartir justicia es presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por sus pares César Yaya y Martín Rau.

Los magistrados del Tribunal Penal Dos, junto a un testigo y al fiscal en pleno debate.

Dos policías revelaron que Cristaldo admitió el crimen de Tizato en la comisaría

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