Un hombre conducía una moto Taiga 110, en la intersección de las avenidas Juan José Passo y Tomás Massa cuando, por causas que son materia de investigación, perdió el control y murió al impactar contra un automóvil que se encontraba estacionado.

El hecho se registró alrededor de las 13:30 y la víctima fue identificada como Miguel Ángel Pedro Grutka (66), quien a raíz de las lesiones sufridas como resultado del fuerte impacto, perdió la vida en el lugar.

En ese momento, Grutka iba acompañado en el vehículo por una mujer de 63 años, quien fue examinada por personal de salud y no presentó lesiones de gravedad.  

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica, médico policial y personal especializado, a fin de establecer las circunstancias del siniestro.

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La Policía busca a un detenido que esta mañana escapó de sus custodios durante un traslado al hospital Samic de Eldorado, donde iba a ser sometido a un estudio de salud mental.

La fuga ocurrió este martes, en el sector de Salud Mental del hospital Samic de Eldorado, donde el detenido aguardaba para ser atendido y aprovechó un descuido para huir de sus custodios.

Según la información difundida oficialmente, el fugado fue identificado como Román Adrián, de 25 años, quien se encontraba privado de su libertad en el marco de una causa por amenazas.

Por estas horas, la Policía despliega un amplio operativo para dar con su paradero. Las labores incluyen recorridas por la zona y controles cerrojos por las principales arterias de la ciudad de Eldorado.

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Dos de los tres detenidos por el crimen de Caí, la mujer trans asesinada a golpes en Puerto Iguazú, se desligaron del hecho, mientras que el restante implicado eligió guardar silencio al momento de declarar ante la Justicia, aunque de igual manera los tres fueron imputados como coautores del delito de transfemicidio, figura que prevé una pena de prisión perpetua.

Las audiencias de indagatoria se realizaron ayer en el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, dependencia a la cual fueron trasladados desde la comisaría donde están alojados desde el sábado y uno a uno comparecieron ante Martín Brites, el magistrado que dirige la investigación iniciada el 2 de abril, cuando Caí fue encontraba gravemente herida en un eucaliptal ubicado en el predio de la comunidad Fortín Mbororé.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, el principal apuntado por el crimen es Axel Facundo “Chana” M. (20), hijo del cacique de la mencionada comunidad mbya, quien eligió prestar declaración indagatoria, aunque negó haber sido el autor del golpe que provocó la muerte de la víctima y se desligó por completo del hecho.

El otro implicado que declaró fue Celso (17), quien dio en testimonio similar al de Chana y también rechazó la acusación. El tercer involucrado, Bruno “Nene” D. (18), optó por guardar silencio.

A pesar de sus testimonios, los tres sospechosos, todos ellos integrantes de comunidades guaraníes, fueron formalmente imputados por homicidio agravado por odio a la identidad de género de la víctima y violencia de género, figura contemplada por el artículo 80, inciso 4 y 11.

El caso

El caso comenzó a investigarse el pasado 2 de abril, cuando Caí, de nombre Claudia Gabriela Gómez (34), fue encontrada gravemente herida en inmediaciones a la comunidad Fortín Mbororé, donde residía en una casilla en contexto de extrema precariedad y abandono.

En esa instancia, la mujer trans quedó internada en el hospital Samic de Iguazú, donde finalmente falleció el miércoles 8 y la autopsia posterior concluyo que el deceso se produjo como consecuencia de una fractura de cráneo.

El examen forense además determinó que esa lesión fue provocada por un golpe efectuado con un objeto contundente. La víctima también presentaba múltiples heridas en el rostro, descarándose lesiones compatibles con abuso sexual.

Tras al hecho, organizaciones sociales, de derechos humanos y diversidades reclamaron justicia por la muerte de Caí.

En ese marco, según se pudo saber, el Observatorio de Crímenes de Odio LGBT del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se puso a disposición y sus autoridades comenzaron a trabajar en conjunto con el juez Brites en pos de garantizar una investigación que respete la perspectiva de género y de diversidades.

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