Tras jubilarse, González Glaría fue a indagatoria y se abstuvo de declarar

Luego de siete llamados a indagatoria frustrados y un mes después de presentar su renuncia como fiscal general federal de Misiones, Rubén González Glaría (69) compareció hoy ante el Juzgado Federal de Posadas y se abstuvo de declarar en la causa que lo investiga por una multiplicidad de delitos e irregularidades denunciados desde 2021.

Según pudo establecer La Voz de Misiones, la audiencia se concretó esta mañana a través de soportes telemáticos y en esa instancia González Glaría tenía la oportunidad de brindar su versión de los hechos, aunque optó por guardar silencio y se abstuvo de declarar, tal como lo ampara su derecho.

De la indagatoria participaron su abogado defensor, el fiscal Pablo Turano, de la Procuración General de la Nación, y el juez federal José Luis Casals, quien instruye el expediente por subrogancia legal.

Turano, que impulsa la investigación desde el comienzo y hasta llegó a formular un pedido de desafuero con González Glaría, venía requiriendo este paso judicial clave desde fines de 2021, aunque el funcionario investigado logró suspender o reprogramar cada uno de los siete llamados a indagatoria.

La última citación fue el pasado 29 de julio, tras lo cual la Justicia dio lugar al pedido de desafuero presentado, aunque todo quedó sin efecto a fines de agosto, cuando el funcionario que desde 1993 ocupaba el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) finalmente decidió presentar la renuncia.

La investigación contra quien cumplía la función de ser el jefe de todos los fiscales federales de la provincia comenzó a partir de una denuncia radicada por el secretario de la Fiscalía General Civil de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Marcelo Quiroz, pero desde ese momento el escándalo fue en aumento.

Los hechos que endilgan podrían configurarse como exacciones ilegales, peculado y cohecho, entre otros. El ex fiscal está acusado de solicitar dos tercios del sueldo a una funcionaria judicial desde 2008 hasta 2012; de hacer uso particular de una camioneta entregada como depositario judicial y destinada para uso oficial de la Fiscalía General; del uso de licencias sin justificar; de tomar represalias administrativas contra sus denunciantes; y de emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.

La primera vez que fue citado a prestar declaración indagatoria fue en noviembre de 2021 y a partir de ahí su sucedieron otros seis llamados, pero evitó todos a partir de certificados médicos o recursos judiciales defensivos que retrasaron el avance del expediente. En el medio hubo juntas médicas, apelaciones y hasta pedidos de recusamiento contra el juez Casals.

En ese contexto, hoy finalmente se concretó el paso que faltaba y ahora solo resta que los instructores de la causa analicen todo el compendio probatorio que fue recolectado durante estos años para dictar el procesamiento del ex funcionario.