El Tribunal Oral Federal de Posadas condenó a la mujer que en el 2018 reconoció que le cepilló los dientes a su hijo de 4 años, en ese entonces, con cocaína para “calmar” un dolor de muela.

Mediante un juicio abreviado, Antonia Alves De Olivera (30) recibió la pena de 4 años y 6 meses de prisión a cumplir en modalidad de arresto domiciliario. La mujer admitió su culpabilidad y fue condenada por el delito de “suministro a terceros de sustancia estupefaciente en forma gratuita en perjuicio de un menor de edad”.

Aunque por un veredicto previo contra la encartada por “tráfico de estupefacientes”, emitido por el Tribunal Oral Federal de San Martín N.º 3, las penas fueron unificadas y deberá cumplir 7 años de prisión bajo la modalidad domiciliaria.

El hecho

El 31 de mayo del 2018, en horas de la madrugada, Alves De Oliveira llegó al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio posadeño A4 junto a su hijo G. A. J. R., que en ese momento tenía 4 años de edad, porque presentaba “convulsiones” y “temblores”.

Debido al cuadro del menor, desde el CAPS ordenaron su traslado hasta el Hospital de Pediatría Fernando Barreyro y, tras practicarles análisis, los médicos confirmaron que tenía clorhidrato de cocaína en su organismo.

La investigación del hecho se activó a raíz de la denuncia de los profesionales de la salud del pediátrico posadeño.

En tanto, en su declaración indagatoria, Antonia relató que ese día “vi que mi hijo J. tenía una bolsita transparente como esas de helado en la mano de él, yo le pregunté de dónde sacó y él me dijo que encontró afuera en el portón, entonces yo le saqué la cosa que tenía en su mano y se ve que él ya se había metido en su boca porque él me decía que quería agua que le daba asco, en eso yo le llevo al baño y le empiezo a cepillar los dientes”.

La madre continuó relatando a la Justicia que luego de cepillar los dientes a su hijo “vi que estaba bien y me acosté”, pero después de un rato notó que “él movía sus piernas… y pensando que metió esa cosa en la boca lo llevo al médico del CAPS del barrio”.

Finalmente, la progenitora admitió que al médico del centro de salud “le dije que le limpié los dientes con cocaína y me volvió a preguntar y me decía ‘con cocaína'”.

Condena

Además de la declaración de la acusada, el Tribunal Oral Federal de Posadas tuvo en consideración la historia clínica del menor G.A.J.R. remitida por el hospital pediátrico, así como también la declaración testimonial de los médicos que lo atendieron esa madrugada y de los profesionales de salud de la Policía de Misiones.

En tanto, resolvió condenar a Antonia Alves De Olivera a la pena única de siete años de prisión y una multa de $135.000 tras encontrarla penalmente responsable del delito “suministro a terceros de sustancia estupefacientes en forma gratuita en perjuicio de menor de edad” en concurso real con el delito de “tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio y transporte, agravado por la participación de tres o más personas en forma organizada” en calidad de coautora, unificando así el veredicto emitido en 2021 por otro tribunal.

Debido a que la mujer tiene dos hijos de 10 y 11 años de edad a su cargo, el tribunal dispuso que cumpla la condena en su domicilio con monitoreo electrónico y control trimestral del Departamento de Ejecución Penal.

“Teniendo presente que la condenada nombrada tiene dos hijos menores de edad que se encuentran a su cargo y cuidado, de 10 y 11 años de edad, y que percibe por ellos la asignación universal, además que trabaja en su domicilio de manicura y peluquería los fines de semana; sumado a la situación de vulnerabilidad de los menores referida por la representante del Ministerio Pupilar interviniente en autos, y que, la situación de encierro le impedirá brindar la asistencia, atención y contención permanente a sus hijos, entiendo que la prisión domiciliaria, como medida alternativa, atiende el interés superior de los menores, por lo que incumbe otorgar dicho beneficio a la causante a los fines de que cumpla el resto de la pena unificada impuesta”, argumentó la Justicia en el fallo que este viernes fue publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ).

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Desde el próximo lunes y hasta el martes 11 de noviembre, en la sala de debates del Tribunal Penal Uno de Posadas, se desarrollará el juicio oral contra Pedro Alejandro Núñez, el joven de 28 años acusado de violar e intentar asesinar obstruyéndole con cintas de embalaje las vías respiratorias a una estudiante que residía en un inquilinato sobre la avenida Lavalle.

Según la programación oficial, tanto la primera audiencia, como la última, destinada a la ronda de alegatos y dictado del veredicto, serán de carácter público con transmisión en vivo a través de los canales habilitados en Youtube.

Las demás audiencias, previstas para los días 4, 5, 6, 7, y 10 de noviembre se realizarán a puertas cerradas en virtud de tratarse de un expediente que investiga delitos contra la integridad sexual y debe preservarse la intimidad de la víctima.

Pedro Alejandro Núñez llega al banquillo de los acusados por el delito de “abuso sexual con acceso carnal y femicidio en grado de tentativa con concurso real” y contará con un abogado particular como defensa.

En la fiscalía, por su parte, ya no estará Martín Rau, que recientemente fue designado como nuevo juez del Tribunal Penal Dos de Posadas, por lo que en su lugar intervendrá la fiscal de instrucción Patricia Clerici, la misma que llevó adelante el expediente en la etapa investigación y formuló el requerimiento de elevación a juicio de la causa que posteriormente fue firmado por el juez Miguel Mattos, del Juzgado de Instrucción Siete.

Los encargados de llevar adelante el proceso serán los magistrados Viviana Cukla y Gustavo Bernie, mientras que el tercer puesto del tribunal será completado por un juez subrogante.

In fraganti

Núñez está privado de su libertad desde el 5 de diciembre de 2021, cuando en plena madrugada efectivos policiales fueron alertados de un hecho de violencia de género en un inquilinato sobre avenida Lavalle -casi Centenario- y al llegar lo detuvieron dentro del departamento de la víctima.

Según detallaron fuentes del caso que intervinieron en ese momento, el implicado fue hallado in fraganti, semidesnudo y sobre el cuerpo de una joven estudiante que tenía las manos atadas y el rostro cubierto con cintas de embalaje que le obstruían las vías respiratorias.

El cuadro fue tal que la muchacha presentaba un principio de asfixia y debió recibir maniobras de RCP de parte de los efectivos presentes, quienes luego incluso fueron reconocidos por su labor por el Ministerio de Gobierno.

La víctima también presentaba varios hematomas en el rostro, producto de diversos golpes recibidos.

La joven, de 21 años, permaneció internada en observación dos días, hasta que pudo ser dada de alta. Desde el hospital realizó la denuncia por el hecho y días después ratificó su testimonio ante la Justicia.

En esa instancia, aseguró que fue sorprendida por su agresor sexual mientras dormía y que no conocía al detenido.

Por aquel entonces, su antigua defensa planteó que los jóvenes se conocían y que el hecho se dio en el marco de un acto sexual sadomasoquista consentido.

Sin embargo, en las pericias realizadas sobre los aparatos telefónicos y computadoras incautadas en el marco de la causa no se detectaron conversaciones activas ni ningún otro tipo de contacto entre la víctima y el imputado.

Más tarde, también se supo que Núñez fue denunciado en 2019 por intentar ingresar al departamento de una joven en un inquilinato de Santo Tomé, localidad donde el muchacho estudiaba medicina.

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La quinta jornada del juicio para esclarecer la muerte del albañil Carlos Guirula (34) y determinar la responsabilidad de los seis policías que están imputados por el hecho se redujo a un debate entre las partes para depurar la nómina de testigos y delinear un nuevo cronograma de audiencias. 

Para hoy estaba prevista la declaración de al menos cinco testigos, quienes en su mayoría se presentaron ante el Tribunal Penal Dos y aguardaron su momento para comparecer en la sala de audiencias, pero finalmente ninguno de ellos llegó a hacerlo ya que las partes decidieron prescindir de sus testimoniales.

La decisión fue tomada en un acuerdo alcanzado entre el fiscal Vladimir Glinka y los abogados defensores de cada uno de los implicados: Mario Ramírez por la suboficial Lourdes Beatriz Tabarez; Mónica Olivera por Ricardo Rafael Escobar; Federico Tilli y Cristian Bareiro por Lucas Nahuel Saravia Allosa; Matías González por Carlos Alberto Zidorak; Mauricio Vergara por Claudio Marcelo Servián; y Javier Dos Santos por Carlos Alberto Da Silva.

La programación original del debate oral contemplaba la citación de un total de 88 testigos, de los cuales hasta el momento declararon 12. Ahora, las partes acordaron realizar una depuración de ese listado inicial, prescindir de al menos una docena de testimoniales y centrarse en las testimoniales consideradas clave para cada una de las partes.

Del proceso de selección participó el presidente del tribunal Gregorio Busse, que al finalizar la audiencia dispuso un cuarto intermedio hasta el martes a fin de redefinir el cronograma de audiencias que tiene fechas fijadas hasta el 19 de noviembre.

Previo a ello, el letrado Tilli solicitó que a su defendido se le realice un nuevo examen socioambiental para que el tribunal tenga conocimiento de sus condiciones de vida, pedido al que se plegaron los demás abogados y el tribunal dio lugar al planteo.

Escobar junto a su abogada Mónica Olivera. De fondo la oficial Tabarez.

Juicio

Los seis acusados están imputados por “tortura agravada seguida de muerte y ocultamiento de pruebas”, figura bajo la cual pueden ser condenados a prisión perpetua en caso de ser declarados responsables.

Todos llegaron a esta instancia en libertad en virtud del vencimiento de sus prisiones preventivas, aunque durante el transcurso del debate cuentan con una consigna policial para garantizar que no intenten evadir el proceso.

El juicio comenzó el 21 de octubre. Desde ese día hasta acá declararon doce testigos y tres de los imputados, quienes cruzaron incriminaciones.

Los imputados Da Silva y Zidorak apuntaron contra Tabarez y Escobar por golpes, patadas y pisotones efectuados contra Guirula, que aquella madrugada del 19 de julio de 2014 llegó muerto a la comisaría Decimotercera tras ser detenido en el motel Park de Posadas.

Sobre Escobar incluso señalaron que “iba saltando” sobre el cuerpo del albañil tendido en la cajuela del patrullero Toyota Hilux en el que se realizó el traslado hacia la seccional. El apuntado también pasó frente al tribunal y admitió haber “apoyado el pie” sobre el hombre, aunque afirmó que lo hizo “sin ejercer presión” y “por motivos de seguridad”.

Abogados defensores en pleno debate sobre la lista de testigos a priorizar.

El juicio, día a día:

Día 1: Caso Guirula: tres de los seis policías imputados pidieron declarar mañana

Día 2: Policía imputado declaró que Escobar y Tabarez patearon a Guirula en el piso

Día 3: Escobar se defendió y apuntó a Tabarez: “Le tiró patadas de punta” a Guirula

Día 4: Un forense ratificó que a Guirula le fracturaron las costillas a patadas

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