Judiciales
Se suspendió el juicio contra joven acusado de matar a su mamá en Apóstoles
Una renuncia obligó a suspender el debate oral que iba a comenzar mañana en el Tribunal Penal Dos de Posadas para esclarecer el homicidio de Dominga Isabel Huzy (52), en cuya causa el principal acusado es su hijo, Alfredo Rafael Remskij, quien por su imputación es pasible de ser condenado a prisión perpetua.
El juicio iba a comenzar mañana y se iba a extender durante un total de seis jornadas debido a la cantidad de testigos citados para prestar declaración testimonial, pero la renuncia de Claudio Ferreyra, el abogado defensor particular de Remskij, obligó a suspender el proceso y ahora habrá que aguardar una reprogramación del debate, según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.
Remskij llega a esta instancia detenido e imputado por el delito de “homicidio calificado” que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser hallado responsable. En el expediente también aparece Mayra Dutra, pareja del muchacho y nuera de la víctima al momento del hecho, acusada como partícipe secundaria del crimen. La mujer se encuentra en libertad.
Crimen e investigación
La causa por el homicidio de Huzy se inició el 10 de septiembre de 2017, cuando el cuerpo de la mujer de 52 años fue hallado sin vida en el basural de la localidad de Apóstoles.
La reconstrucción marca que la mujer fue asesinada entre la noche del viernes 8 y sábado 9 (de septiembre de 2017) a la madrugada, luego de una pelea en la cual fue estrangulada. Posteriormente, su cuerpo habría sido cargado a un camión pluma propiedad de la ex pareja de la víctima y descartado en el basural junto con algunos de sus electrodomésticos.
Justamente, la ex pareja de Huzy fue quien aportó uno de los testimonios más reveladores de la causa, ya que recordó que su hijo Rafael le había pedido prestado el camión en dos oportunidades en los días en que se estima ocurrió el crimen y el posterior descarte del cadáver.
El testimonio además fue ratificado por cámaras de seguridad que captaron la circulación del camión pluma en dirección hacia el basural de la ciudad en los mismos días y horarios declarados por el dueño. En las imágenes, incluso, se observa la heladera de la víctima en la caja del rodado.
Las cámaras de seguridad captaron al camión en dirección hacia el basural con la heladera de la víctima en su caja.
Los investigadores de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones además recabaron testimonios que reconstruyeron una relación conflictiva entre Huzy y su hijo Rafael, a quien incluso la mujer alcanzó a denunciar por violencia de género en una oportunidad.
Los vecinos también señalaron que durante el fin de semana del hecho el joven se habría asegurado de esparcir el comentario de que su madre se había mudado a Gobernador Virasoro (Corrientes), lo cual aparentemente fue una estrategia para despistar a todos.
Una vez incautado el camión, los pesquisas dieron con el dije de una cadenita que era utilizada por Huzy, lo cual se transformó en otra prueba clave.
Respecto a la muchacha, se cree que su intervención no fue determinante para la comisión del hecho y no está claro si sabía o no que Huzy había sido víctima de un homicidio. Su responsabilidad se determinará en el debate que ahora deberá ser reprogramado.
La causa fue instruida y elevada a instancia de juicio por oral por el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, a cargo del magistrado Miguel Ángel Faría.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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