Judiciales
Se abstuvo y fue imputado el policía detenido por el asesinato de Acuña
El policía detenido por el asesinato del chofer de Uber Jorge Daniel Acuña (48) se abstuvo de declarar hoy ante la Justicia y fue imputado provisoriamente como autor del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido por un funcionario público”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
Tal como estaba previsto, el hasta el viernes pasado agente con cumplimiento de funciones en la Comisaría Segunda de Posadas, Héctor Raúl A. C. (26), fue trasladado esta mañana bajo fuerte custodia al Juzgado de Instrucción Uno, para cumplir con la audiencia de declaración indagatoria, aunque al momento de comparecer ante el magistrado Marcelo Cardozo optó por guardar silencio.
En la misma audiencia el detenido fue notificado del hecho que se investiga, como así también del material probatorio que se registra en su contra hasta el momento. Las evidencias más importantes son cámaras de seguridad que lo captan abordando el auto de la víctima horas de su desaparición, además de huellas dactilares suyas que quedaron marcadas en elementos manipulados dentro del vehículo.
En la misma instancia se le notificaron los primeras conclusiones del examen forense practicado al cuerpo del fallecido, el cual confirmó la presencia de dos disparos, uno en la espalda y otro en el cráneo que no alcanzó a ser penetrante, además de golpes compatibles con culatazos.
Los médicos que participaron de la necropsia también establecieron que Acuña no murió de manera instantánea, sino que atravesó un proceso de larga agonía hasta fallecer.
El cuerpo de Acuña fue hallado el viernes a la noche entre las malezas a un costado del by pass.
El hombre fue visto por última vez el lunes 22 de julio a la tarde, cuando salió de su casa en Garupá para ir a ver un mecánico que reside sobre la avenida Lavalle, casi Carlos Pellegrini, pero nunca regresó. Su cadáver recién fue encontrado el viernes siguiente, tendido a un costado del by pass y tapado con ramas de diferentes características.
La investigación trazada por diversas dependencias especializadas de la Policía de Misiones estableció que ese lunes por la tarde Acuña efectivamente se encontró con el mencionado mecánico, pero se retiró de allí entre las 15 y las 16.
Su siguiente ubicación fue determinada a través de cámaras de seguridad que lo captaron cuando arribaba a bordo del Fiat Siena que usaba para trabajar al cementerio La Piedad de Posadas.
Las imágenes mostraron que allí subió a otra persona y que desde ese punto el vehículo avanzó hasta llegar al by pass y continuar recorrido en dirección hacia Garupá, aunque en determinado se perdió de vista.
Una hora después volvió a ser captado por los dispositivos de monitoreo emprendiendo el regreso por las mismas arterias hasta detenerse sobre la calle Pedro Correa, frente al cementerio, aunque quien conducía no era Acuña, sino que se trataba de otra persona.
El Kwid fue una pista clave para dar con el policía detenido.
Todo indica que esa otra persona era el policía ahora detenido, que minutos después se subió al mismo Renault Kwid con el que había llegado anteriormente. Ese vehículo fue la punta del ovillo para su identificación y posterior captura mediante el allanamiento de una vivienda sobre avenida Tomás Guido, casi Blas Parera.
Tras su comparecencia ante la Justicia hoy, el único acusado por el hecho continuará detenido mientras avanza el expediente que lleva adelante el juez Cardozo.
Se espera que a la causa se añadan en las próximas horas el resultados de las pericias balísticas y los informes de autopsia digital practicados sobre los teléfonos celulares incautados en el marco de la causa.
Se espera que de allí se obtengan pistas que puedan determinar la existencia de algún vínculo previo entre la víctima y el sospechoso o si Acuña ese día vio primera vez a su posible asesino.
Mientras ello sucedido en el juzgado, los familiares de Jorge Acuña procedían a dar el último adiós a la víctima y luego a inhumar sus restos. Prometieron luchar hasta obtener justicia por el crimen.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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