Judiciales
Perpetua para una pareja acusada de asesinar al ex concubino de la mujer
Raquel Aurora Ramírez (42) y su última pareja, Ernesto Roberto Frank (70), fueron condenados hoy a la pena de prisión perpetua por el homicidio del ex concubino de la mujer, Hugo Do Nacimiento (42), quien en septiembre de 2019 fue intoxicado y arrojado al arroyo Yabebiry.
La sentencia fue impartida hoy al mediodía por el Tribunal Penal Uno de Oberá, donde se desarrolló el debate oral y público para esclarecer el hecho registrado entre el 16 y el 17 de septiembre de 2019.
Según lo que se pudo reconstruir, ese 16 de septiembre Do Nacimiento fue a trabajar a un aserradero de Panambí y por ese lugar lo pasó a buscar Frank, que luego lo llevó hasta su casa en la localidad de Los Helechos, sobre la ruta provincial 5.
En ese lugar, en complicidad con Ramírez -ex pareja de Do Nacimiento y con quien tuvo cinco hijos en común- intoxicaron a la víctima mediante una sustancia agregada al mate y luego trasladaron al hombre inconsciente hasta el arroyo Yabebiry, donde arrojaron su cuerpo.
La autopsia estableció que la víctima falleció como consecuencia de una asfixia por sumersión, lo que marca que estaba vivo cuando lo arrojaron al cauce. El cuerpo no presentaba signos violencia.
Al principio no hubo ningún tipo de sospechas contra Ramírez y Frank, pero posteriormente una hija de ella declaró que su madre le había confesado el crimen.
Hoy, previo a la ronda de alegatos y al dictado de la sentencia, Ramírez declaró por primera vez, instancia en la que admitió el hecho, aunque argumentó que tanto ella como sus hijas sufrían violencia de parte de Do Nacimiento.
“Lo matamos los dos juntos, pero hubo muchas razones”, comenzó Ramírez y luego agregó que “la principal fue la violencia, las amenazas y los tantos abusos que me hizo a mí y a mis hijas”, según consignó el diario El Territorio.
Posteriormente, la imputada declaró que “tenía mucho miedo de él (Do Nacimento) me decía que mataba gente, que estudiaba la magia negra y me tenía muy turbada con lo que hacía, con la violencia que ejercía sobre mí. Lo maté por toda la violencia que sufrí, porque cuando lo denuncié nadie me hizo caso”.
Frank, por su parte, optó por mantenerse en silencio y en esa instancia se leyó lo declarado durante la etapa de investigación, donde aseguró que él actuó bajo presión amenazas de Ramírez.
En su alegato, la fiscal Estela Salguero, reconoció que hay testimonios que dan cuenta de que la relación de Do Nacimiento con Ramírez era violenta, aunque indicó que los supuestos abusos hacia las hijas de la mujer no pudieron ser corroborados. También sostuvo que la violencia y malos tratos no pueden fungir como justificación o atenuante para el caso.
En esa línea, -según añadió El Territorio- Salguero indicó que los acusados “actuaron con tranquilidad y sin correr ningún tipo de riesgo porque Hugo -Do Nacimiento- estaba totalmente indefenso” y consideró que “es un hecho gravísimo. Independientemente de la conducta de Hugo había muchos otros remedios para poner fin a esa relación tóxica, de agresividad y no de esta manera”.
Por ello solicitó la pena de prisión perpetua para ambos imputados y horas después los magistrados del tribunal fallaron en coincidencia con su pedido.
De esta manera, ambos fueron condenados a perpetua como autores de homicidio calificado por alevosía, aunque en el caso de la mujer se le suma el agravante de haber mantenido una relación de pareja con la víctima.
El juicio contra ambos imputados comenzó el jueves pasado en Oberá. FOTO: Primera Edición.
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.
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