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Penas de 7 y 8 años para narco paraguayo González Rojas y su banda

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banda gonzález rojas

El debate oral debía empezar a fines de marzo, pero a último momento el sindicado narco paraguayo Eduardo González Rojas y su banda, vinculados a un cargamento de 8 toneladas de marihuana, acordaron un juicio abreviado que ahora se transformó en sentencia con penas de entre 8 y 7 años de prisión.

Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el extranjero fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión como coautor del delito de “transporte de estupefacientes agravado por la participación tres o más personas”, por lo que deberá continuar privado de su libertad.

Por su parte, sus cómplices Román Héctor Villán y Romina Analía Villán recibieron penas de 8 y 7 años de cárcel por el mismo delito.
El juicio abreviado fue firmado mediante un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y los acusados, quienes de esta manera debieron admitir su responsabilidad en los hechos endilgados.

La firma de este acuerdo obligó a la suspensión del debate oral que fue programa en varias oportunidades y cuya última fecha de inicio había sido programada para el 26 de marzo.

El acta fue analizada por los magistrados del Tribunal Oral Federal de Posadas, quienes recientemente homologaron el acuerdo, según confirmaron voceros de LVM.

El fallo también establece el decomiso de gran parte de los bienes y de la logística empleada por la banda para llevar adelante sus actividades vinculadas al narcotráfico.

Entre los elementos secuestrados hay, por ejemplo, casi 20.000 dólares, medio millón de pesos, dos camionetas, dos motocicletas Yamaha, una lancha y armas de fuego de diverso calibre.

Operativo Puerto Verde

La causa comenzó a investigarse a mediados de 2019 y tuvo su broche de oro durante una serie de procedimientos simultáneos realizados en octubre de 2020 en las localidades de Posadas, Gobernador Roca, Jardín América, Puerto Rico, Colonia Polana y Colonia Gisela.

El operativo, bautizado “Puerto Verde” por el ministerio de Seguridad de la Nación, fue ejecutado por el personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y culminó con la detención de los implicados, además del secuestro de un camión con ocho toneladas de marihuana, vehículos, lanchas, armas y dinero, tanto en pesos como en dólares.

La pesquisa global, basada en seguimientos y escuchas telefónicas, determinó que González Rojas, de nacionalidad paraguaya, de profesión abogado y con negocios inmobiliarios en Encarnación, aparecía como el “cabecilla” de una organización con base en Jardín América dedicada al tráfico de estupefacientes hacia Buenos Aires.

Según se desprende de la investigación, las cargas de marihuana eran ingresadas desde Paraguay y el grupo contaba con una serie de fincas ubicadas en cercanías al río para el acopio de los cargamentos hasta su envío hacia sus puntos de destino en la capital del país.

Ejemplo de ese ardid fue la maniobra que el día del operativo Puerto Verde pretendían ejecutar. En esa oportunidad, la GNA incautó un camión Volvo NL-114 con más ocho toneladas de marihuana en un inmueble ubicado en cercanías a la ruta provincial 6, en Roca Chica, localidad de Gobernador Roca.

Los Villán operaban en suelo misionero desde sus casas en Jardín América, mientras González Rojas residía en Paraguay y cruzaba asiduamente (e ilegalmente) el río Paraná en lanchas. Se alojaba en hoteles y se movía en autos de alta gama. Al momento de su detención, tenía 8.000 dólares consigo.

Inicialmente la causa fue llevada adelante por la Fiscalía y el Juzgado Federal de Posadas, pero luego pasó a la órbita del Juzgado Federal de Oberá, cuyas autoridades finalmente dispusieron la elevación a juicio del expediente en mayo de 2022.

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Ex penitenciario irá a juicio por el crimen a martillazos de una jubilada

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ex penitenciario femicidio

El magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, decretó en las últimas horas la elevación a juicio de la causa por el femicidio de la jubilada Amanda Müller (70), perpetrado un año atrás en Santa Ana, y el expediente ya fue remitido al Tribunal Penal Uno de la capital provincial.

De acuerdo a fuentes consultadas por La Voz de Misiones, en el requerimiento de elevación a juicio se dispuso que el único acusado del hecho, el ex agente penitenciario Sebastián Isaías Keller (31), responda bajo la imputación de homicidio agravado por violencia de género (femicidio), figura contemplada por el artículo 80, inciso 11, del Código Penal de la Nación, y que prevé una pena de prisión perpetua.

Las mismas fuentes indicaron que el expediente ya fue remitido al Tribunal Penal Uno de Posadas, cuyas autoridades ahora deberán fijar fecha en su agenda para realización del debate oral y público.

El auto de la víctima fue encontrado días después en Posadas.

El caso

El femicidio de Müller fue descubierto el 18 de enero de 2025, en horas de la tarde, cuando vecinos del barrio Parque Industrial de Santa Ana alertaron sobre la presencia de un cadáver dentro de un inmueble de la zona.

Al llegar, los efectivos locales se toparon con el cuerpo de la dueña de casa masacrada a golpes. La autopsia luego estableció que la víctima recibió al menos diez martillazos que le fracturaron el cráneo y otras tantas heridas cortantes en la espalda que le perforaron un pulmón.

Tras las primeras averiguaciones, quien quedó bajo la lupa fue Keller, un ex penitenciario dado de baja en diciembre de 2024 por “conductas incompatibles” y que en el último tiempo se había convertido en un hombre de extrema confianza para Müller.

La relación entre ambos era tal que la mujer le encomendaba trabajos domésticos y mandados a Keller, además de que planeaba alquilarle su casa y que ese 16 de enero almorzaron juntos, según los últimos movimientos que pudieron reconstruir en ese momento los investigadores que intervinieron el caso bajo la supervisión del juez Monte.

Incluso, los pesquisas determinaron que ese mismo día el sospechoso llegó a la casa de su novia en Posadas totalmente ensangrentado y alegó haberse peleado con el presunto comprador de un auto que tenía en venta.

Tras quedar bajo la lupa, la Policía desplegó operativos en toda la provincia y el domingo 19 de enero, a la madrugada, detuvieron al sospechoso en Colonia Aurora, donde tenía previsto viajar para pasar el fin de semana junto a familiares.

Al momento de su detención, Keller iba al mando de un automóvil Volkswagen y en compañía de su novia. La joven, de 28 años, fue demorada inicialmente pero ya recuperó la libertad tras la constatación de antecedentes y fue desvinculada de la causa.

Dentro de ese auto incautaron una mochila que contenía 1,8 millones de pesos, dinero que se supone fue robado a Müller, además del Peugeot 208 negro, dominio AG-914-NL, que recién fue encontrado el 23 de enero en una vivienda de la comunidad gitana en Posadas.

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Juzgan a Polaquito Ferreyra, acusado de matar a un amigo y violar a la novia

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Polaquito Ferreyra

Tras la suspensión de la semana pasada, el Tribunal Penal Uno de Eldorado fijó para este martes a las 8.30 la nueva fecha de inicio del juicio oral contra Nazareno “Polaquito” Ferreyra (38), acusado de asesinar a su amigo Bruno Mendez (21) y violar a la novia de éste dentro de una casa del barrio Villa Alta de Puerto Iguazú, en uno de los crímenes más resonantes de los últimos años en la provincia.

El implicado, de 38 años, está imputado por “homicidio doblemente calificado por ensañamiento y criminis causa” en perjuicio de Mendez y por “abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma y privación ilegítima de la libertad agravada” en perjuicio de la muchacha.

Bajo esos cargos, que pueden significarle una pena de prisión perpetua al final del proceso, Polaquito enfrentará el debate oral que prevé una extensión de al menos tres jornadas y la participación de una quincena de testigos que fueron citados para prestar declaración.

El hecho que se ventilará en debate oral se registró el 4 de abril de 2022, en una vivienda del barrio Villa Alta de Puerto Iguazú y se descubrió a partir de que la joven abusada pudo escapar de su captor para pedir ayuda a los vecinos de la zona.

La reconstrucción del caso indica que esa madrugada Ferreyra estuvo compartiendo una ronda de tragos en su casa con Mendez y la novia de éste, de 18 años.

En determinado momento de la noche, se estima que Mendez le pidió al dueño de casa una habitación para tener intimidad con su novia y el acusado accedió, aunque luego intentó participar del encuentro sexual.

En esa instancia, se desató una pelea entre Mendez y Ferreyra, que alcanzó a tomar un cuchillo e hirió de al menos cuatro estocadas a su contrincante.

Bruno Mendez recibió al menos cuatro estocadas durante el ataque de su amigo.

Después de ello, el hombre abusó sexualmente de la joven y a la mañana siguiente se dispuso a esconder el cadáver de su amigo, pero la muchacha logró aprovechar un descuido suyo para escapar junto su bebé de un año.

Allí el acusado intentó darse a la fuga, pero fue detenido a los pocos minutos por una comisión policial.

Al momento de prestar declaración indagatoria, el acusado dio vuelta la versión de los hechos, afirmando que la relación sexual con la joven fue consentida y que a Mendez lo mató en defensa propia ya que él fue agredido en primera instancia. “Me defendí y me fui de mambo, me pasé”, declaró.

La joven sobreviviente luego dialogó con el canal CVI Noticias 5 de Iguazú y dio un testimonio que contrasta severamente con la versión del acusado: “Toda la noche abusó de mí. Mi hijo estaba cerca de nosotros y en un momento le pasó el cuchillo por el cuerpo de mi bebé para que yo le tratara con cariño. Me dijo que si no le hacía sentir placer, lo iba a matar”.

Ferreyra fue procesado con prisión preventiva en mayo 2022 y desde ese momento está preso en la Unidad Penal VII de Cerro Azul.

Además del testimonio de la sobreviviente, en la causa también obran informes periciales que confirman la presencia del perfil genético de Ferreyra tanto en el cuchillo utilizado para matar a Mendez, como en el cuerpo de la joven abusada sexualmente.

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Abogado de intendente denunciado por abuso: “Estaríamos ante una fábula”

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Sergio Báez, el abogado de Mario Peyer, el intendente de Caraguatay que hoy retomó su cargo tras pedirse 30 días de licencia para ponerse a disposición de la Justicia por una denuncia por abuso sexual que pesaba en su contra, calificó el caso como una “falsa denuncia” y apuntó que la presentación en contra de su cliente consistió en una “fábula” por parte de la presunta víctima.

Las declaraciones de Báez se dieron esta mañana, en paralelo al pedido de sobreseimiento total y definitivo de Peyer solicitado por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, interviniente en el expediente abierto en febrero pasado cuando se radicó la denuncia contra el jefe comunal.

“Hoy tuvimos varias novedades. Una fue el pedido de sobreseimiento total y definitivo del intendente Mario Peyer. Lógicamente el juez (Manuel Balanda Gómez) va a correr traslado a la querella y a las otras partes, para después tomar su decisión. Al ser el fiscal el dueño de la acción pública, esto es un tema prácticamente consumado”, aseveró Báez, en diálogo con Radio República.

Sobre el desarrollo de la causa en sí, el letrado consideró que “nos encontramos con una falsa denuncia, pero hemos demostrado que el intendente es inocente” y detalló que “hoy se agregaron las pericias psicológicas que establecen que la denuncian recurre a la fabulación y a la sobreactuación de sus síntomas como estrategia defensiva y tiende a reinterpretar su vivencia”.

“Esto significa que tiene un cuadro de magnificación y fabulación instrumental. Estos indicadores están en contra de una persona que haya sufrido un trauma de abuso sexual. Es decir, estaríamos ante una fábula”, resumió.

Báez también sostuvo que, en el marco de la investigación y análisis de pruebas, del teléfono de la denunciante se recuperó una grabación donde advierten que al momento de efectuar la presentación contra Peyer sus dichos estuvieron “semidirigidos” por su abogada.

“La víctima puede ir acompañada porque se siente protegida, pero lo que no puede pasar es que esa persona que la acompaña semidirija la denuncia acotando datos y solicitando que se agregue datos. Esa otra persona es la abogada de la supuesta víctima”, precisó.

“A pesar de eso, nosotros, durante todo el proceso, como estrategia defensiva, tratamos de ofrecer todo tipo de pruebas. Testigos, lugares donde podían haber cámaras y más”, agregó y explicó que en esa labor buscaron fotografías tomadas en fechas cercanas a los hechos denunciados para “demostrar que ni la denunciante ni el intendente presentaban signos de golpes o marcas en sus cuerpos como se señaló en la primera denuncia”.

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