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Pedirán que declaren inimputable a mamá que ahogó a sus hijos en Eldorado

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La defensa de Miriam Z., la mamá que ahogó a sus hijos de 3 y 7 años en el río Paraná en Eldorado, planteará que la Justicia declare inimputable a la ingeniera forestal de 34 años, quien permanece detenida en una dependencia policial.

La mujer está imputada por doble homicidio agravado por el vínculo en la investigación que lleva adelante el Juzgado de Instrucción Dos de la Capital del Trabajo, desde donde se ordenó una pericia psiquiátrica para evaluar el estado de salud de la acusada, quien intentó suicidarse luego de cometer el asesinato de sus pequeños.

Según indicó el marido de Miriam en la oportunidad, su esposa seguía un tratamiento debido a que padece un cuadro de esquizofrenia, diagnosticado hace dos años, por lo cual ahora la causa se centrará en establecer si se le puede aplicar una pena debido a su condición.

Frente a ello, la junta médica, que se reunirá recién en febrero, evaluará su estado de salud “y ahí vamos a plantear la inimputabilidad”, sostuvo el abogado de la mamá, Eduardo Paredes, en diálogo con La Voz de Misiones.

“La pericia se hará en Posadas, la tienen que traer acá -a Miriam-, y nosotros proponer nuestros psicólogos y psiquiatras”, contó el letrado y añadió: “Se acompañó la documental donde ella fue diagnosticada con esquizofrenia, hace dos años más menos”.

Sobre el estado mental de su cliente, el defensor adujo que no se trata de una patología “que te vas al psicólogo y listo, te afecta toda la personalidad”, explicó y siguió: “Ellos no tienen la libertad para decidir, estaba medicada y, por lo tanto, dentro de ese cuadro, quiso suicidarte con los hijos”.

“Es parte de esa conducta, no hay libre albedrío, como supuestamente es el resto de la gente, porque es parte de su patología”, argumentó el profesional.

El abogado fundamentó que, debido a ese cuadro, corresponde que la Justicia la declare inimputable, “porque está previsto en el Código Penal desde 1921 y así lo dice toda la bibliografía médica, jurídica y psiquiátrica del mundo”.

Pena no, seguridad sí

“A ella no se le puede aplicar una pena”, planteó el letrado y aclaró: “Eso no implica que se le pueda aplicar una medida de seguridad”.

En este sentido, aseguró que solicitarán “que la internen en un hospital psiquiátrico hasta que los psiquiatras digan que está en condiciones y no es peligrosa para terceros”.

“La propia Ley de Salud Mental lo evita, porque ella puede tener ciertas capacidades, como ser ingeniera, entonces tiene que tener cierto control estricto sobre el tratamiento médico psiquiátrico, porque ella nunca se va a curar, es una enfermedad crónica”, dijo el letrado a LVM.

Actualmente, Miriam Z. está detenida en una comisaría en Eldorado con control médico, adonde permanecerá hasta que estén listas las pericias ordenadas por el juzgado interviniente. No obstante, Paredes pidió que, mientras tanto, sea trasladada al hospital Samic.

La solicitud se debe a que “el Servicio Penitenciario Provincial tiene la unidad psiquiátrica en el hospital Carrillo, y quedaría muy lejos de la familia”.

No obstante, el abogado advirtió que “si te descuidás, es lo mismo rojo que colorado, porque en vez de aplicarse una pena en una cárcel, acá en la provincia, en la Unidad Penal V, te meten en la unidad psiquiátrica, y también es una cárcel”.

Frente a ello, Paredes adelantó que, si la mujer es declarada inimputable, “lo que se va a tratar después es que quede a disposición del marido o con algún curador y pueda volver a su vida con control, nunca va a tener una vida totalmente liberada como nosotros”.

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Oberá: 14 y 16 años de prisión para acusados de matar a golpes a un indigente

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El Tribunal Penal Uno de Oberá resolvió condenar a penas de 14 y 16 años de prisión a los dos jóvenes acusados de matar a golpes a un hombre en situación de calle durante un hecho registrado en agosto de 2024.

La sentencia impartida por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y Graciela Heppner (subrogante) coincidió plenamente con el pedido efectuado minutos antes por el fiscal Juan Pablo Fernández Rissi durante la ronda de alegatos.

En su exposición, el fiscal calificó que los acusados actuaron con una “violencia irrefrenable contra la humanidad de la víctima” y entendió que ambos debían ser condenados.

El pedido fue formulado a media mañana, durante el inicio de la ronda de alegatos, desarrollada luego de la etapa de incorporación de pruebas en la que declararon una decena de testigos del hecho ocurrido el 21 de agosto de 2024 en perjuicio de Miguel Ángel García (55).

Fernández Rissi consideró acreditado el hecho y también la coautoría de los imputados Franco Ezequiel Paz (25) y Sergio Fabián Valenzuela (36) en el delito de “homicidio simple”.

“Sometimiento sin defensa”

El fiscal reconstruyó que ese 21 de agosto, a las 3 de la madrugada, García, que estaba en situación de calle, dormía frente a la sede de Rentas en Oberá, donde se encontraba junto a otras personas hasta que fue abordado y atacado por los acusados.

Según sus palabras, los imputados “propinaron una brutal agresión con golpes de puño y patadas y también con un elemento contundente tipo palo, provocando severísimas lesiones en la cabeza” de la víctima.

Se apoyó en el testimonio de los demás presentes en el lugar del hecho para afirmar que “la víctima estaba acostada, en estado de indefensión” y que “el ataque se prolongó durante varios minutos en los cuales anularon la defensa que pudieran intentar las personas que estaban con García”.

“Esto fue un homicidio doloso. Hubo un sometimiento sin defensa. Hubo dolo de golpear indiscriminadamente, en zonas vitales y sin detenerse por voluntad propia”, resumió Fernández Rissi.

En ese marco, pidió que ambos imputados sean condenados por homicidio simple. Para Paz pidió 14 años de prisión, mientras que para Valenzuela pidió 16 en virtud de registrar antecedentes condenatorios.

Filmaciones

El defensor oficial Matías Olivera, en tanto, cuestionó que durante la instrucción no se ordenaron las medidas suficientes para recabar filmaciones de cámaras de seguridad que pudieran dar certezas sobre lo ocurrido y alegó que esa situación vulneró el derecho de defensa de sus pupilos.

Olivera sostuvo que sus defendidos no niegan su presencia en el lugar del hecho, aunque consideró que no se pudo acreditar qué golpe fue causante de la fractura de cráneo en la víctima, como así tampoco quién fue el autor de dicha agresión.

“A lo mejor el golpe con el palo lo dio otro en medio del tumulto con las otras personas estaban en el lugar”, estimó Olivera.

En ese marco, solicitó que sus defendidos sean condenados a penas de 2 y 3 años como autores del delito de “lesiones graves en riña” y no por homicidio al considerar que García tuvo posibilidad de “sobrevida”.

Oberá: arranca el juicio a dos acusados de matar a golpes a un indigente

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Oberá: arranca el juicio a dos acusados de matar a golpes a un indigente

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Este martes, desde las 8.30, el Tribunal Penal Uno de Oberá juzgará a los dos jóvenes acusados de propinar una golpiza que derivó en la muerte de un hombre en situación de calle.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 21 de agosto de 2024 y la víctima fue identificada como Miguel Ángel García (55), un hombre que solía pasar las noches en el edificio de Rentas, ubicada sobre la avenida Sarmiento, entre calles Erasmie y 12 de Octubre de Oberá.

En ese lugar, aproximadamente a las 3 de la madrugada de aquel día, fue atacado a golpes de puños y patadas por dos jóvenes que más tarde fueron identificados como Franco Ezequiel Paz y Sergio Fabián Valenzuela, quienes finalmente fueron detenidos y ahora enfrentarán debate oral.

Como consecuencia de los golpes, García sufrió lesiones gravísimas y una semana después murió en el hospital con cuadro de hemorragia intracraneal.

Los dos acusados están imputados por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. Uno de ellos arrastra en su prontuario una condena anterior por robo calificado. Hay nueve testigos citados a declarar. 

El tribunal encargado de llevar adelante el proceso estará integrado por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y Graciela Heppner (subrogante). En la fiscalía intervendrá Juan Pablo Fernández Rissi, en tanto que como defensor oficial estará Matías Olivera, que aguarda acuerdo legislativo para ser designado como juez del mismo organismo.

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Imputado por muerte del gendarme Barreto pidió perdón: “No quise hacer daño”

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“Nunca quise hacer daño, fue un accidente y quiero pedir disculpas a la familia”, expresó esta mañana Rodrigo Dias Da Silva (27) en el inicio del juicio oral donde se determinará su responsabilidad por chocar y matar al gendarme Chato Barreto a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando dos años atrás en Santa Ana.

Da Silva llegó a esta instancia detenido y así continuará debido a que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), prorrogó su prisión preventiva.

En la audiencia de hoy se leyó el auto de elevación a juicio del expediente, se resolvieron cuestiones preliminares planteadas por las partes y el tribunal le dio al imputada la posibilidad de declarar. Da Silva rechazó la oportunidad, aunque si aprovechó para dar unas palabras.

“Durante mucho tiempo se habló mucho de mí, pero no soy malo. Sé que el cigarrillo no es un delito mayor, yo nunca tuve quise hacer daño, lo que hice fue un accidente, fue todo muy rápido y salió mal”, expresó el joven oriundo de Oberá, aunque con domicilio en San Vicente ante el tribunal.

Y, entre lágrimas, pidió perdón: “Quiero pedirle disculpas a la familia y mis condolencias. Nunca, jamás, quise hacer daño”.

El debate oral continuará el próximo lunes con la declaración de los primeros testigos citados. En la fiscalía interviene Pablo Di Loreto, en tanto que también abogadas representantes de Defensorías Públicas de Víctimas, mientras que Da Silva es defendido por el letrado particular Carlos Luis Ferreyra. 

Dias Da Silva no declaró y solo se limitó a expresar disculpas por el hecho.

Fuga, choque y muerte

El hecho que se ventila en debate ocurrió hace exactamente dos años, sobre la ruta provincial 103, poco después del ingreso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana.

Robert David “Chato” Barreto (31) era uno de los gendarmes apostados sobre la ruta cuando Da Silva embistió el control vehicular a toda velocidad.

Según la reconstrucción del hecho, Barreto estaba apostado sobre la doble línea amarilla de la ruta, al lado de un cono vial, y al ver que la camioneta Volkswagen Amarok avanzaba en contramano corrió hacia la banquina para resguardarse.

En esas circunstancias, fue embestido, quedó tendido sobre el capot y fue arrastrado varios metros hasta que se produjo el despiste de la camioneta y fue despedido violentamente.

El gendarme atropellado quedó severamente herido al costado de la ruta y alcanzó a ser asistido, aunque falleció horas después en el hospital.

La camioneta que era conducida por Da Silva tenía pedido de secuestro por robo en la ciudad bonaerense de Quilmes y en su interior transportaba 20.000 paquetes de cigarrillos Eight valuados en más de 22 millones de pesos.

Contrabandista que chocó y mató a un gendarme irá a juicio el lunes

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