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Otorgan domiciliaria a represor misionero un día antes de oír su sentencia

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Un día antes de oír la sentencia en el tercer juicio oral que afronta por delitos de lesa humanidad en San Juan, el represor misionero Jorge Antonio Olivera (72) recuperó el beneficio de la prisión domiciliaria tras una resolución emitida por la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal que existe por debajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La resolución fue firmada hoy por los camaristas Juan Carlos Gemignani y Daniel Petrone, mientras que Mariano Borinsky votó en disidencia.

La medida dispone restituir al imputado la prisión domiciliaria, beneficio que había sido revocado en marzo por el Tribunal Oral Federal de San Juan al constatar que Olivera adulteró un certificado médico para gestionar salidas de su casa para realizar actividad física.

Para los camaristas ahora intervinientes dicha cuestión no alcanza a constituirse como argumento suficiente para la revocación del beneficio que gozaba.

En esa línea, según consignó Noticias Argentinas, en su voto el juez Gemignani sostuvo que “esta actitud no constituye una causal de revocación de la prisión domiciliaria, en la medida que el Tribunal Oral nunca autorizó al condenado a salir para hacer gimnasia en los términos y por los motivos que la defensa lo había solicitado, por lo que Olivera nunca salió de su domicilio”.

Su colega Petrone, en tanto, afirmó que “la discusión sobre el valor atribuido a un certificado médico aportado por Olivera como argumento para revocar el beneficio oportunamente concedido no llega a fundamentar suficientemente” la medida revocatoria.

De esta manera, por mayoría, ordenaron anular el fallo precedente y restituir el beneficio a Olivera, que ahora podrá salir de su celda en la Unidad 34 – Instituto Penal Federal de Campo de Mayo y regresar a casa para seguir purgando las condenas a prisión perpetua que registra en su contra.

El presente fallo fue emitido apenas unas horas antes del dictado de sentencia previsto para mañana en San Juan, en el marco del juicio por la denominada Megacausa III.

La parte resolutiva del dictamen emitido hoy por la Cámara Federal de Casación Penal.

Juicio Megacausa III

En la denominada Megacausa III se acumularon seis expedientes con hechos padecidos por un total de 96 víctimas, de las cuales trece permanecen desaparecidas y cinco fueron ejecutadas. También se investigan secuestros, torturas y casos de violencia sexual.

Según consta en los registros oficiales, Olivera nació en Posadas el 10 de agosto de 1950 y en San Juan se desempeñaba bajo el rango de Teniente y operaba como jefe de Inteligencia del RIM 22 (Regimiento de Infantería de Montaña), en una de las esferas de mayor poder dentro de la estructura.

Para la fiscalía, Olivera debe ser condenado a prisión perpetua por los delitos de “privación ilegítima agravada por mediar violencia y amenazas en dos hechos; tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima en dos hechos; y homicidio doblemente agravado en cinco hechos”.

En un tramo del alegato vertido el año pasado, el fiscal Vega destacó que “las estructuras y engranajes represores señalados, actuaban coordinados entre ellos y valiéndose de todo el poder que le daba el aparato estatal” y consideró que los acusados han “participado activamente en cada una de las instancias que conforman el terrorismo de Estado en San Juan, ya sea en los procedimientos de detención, en los centros clandestinos de detención, en los violentos interrogatorios que se llevaban a cabo, como así también en las actuaciones con las que se buscaba darle un marco de legalidad a muchas de las detenciones que se habían producido”.

En represor misionero ya tiene sobre sus espaldas otras dos condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. El primer fallo fue dictado en julio de 2013, mientras que el segund0 fue impartido en octubre de 2018.

Entre las víctimas de las desapariciones, secuestros y torturas que se investigaron en las causas donde Olivera fue imputado aparecen la francesa criada en Misiones, Marie Anne Erize, y el actual diputado y ex gobernador de San Juan en tres oportunidades, José Luis Gioja.

El represor misionero además fue noticia en varias oportunidades por su historial de fugas y maniobras para evadir a la Justicia.

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Silvero dio sus últimas palabras y mañana dictan sentencia: “Yo me defendí”

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Roberto “El Negro” Silvero (23), el albañil paraguayo nacionalizado argentino que es juzgado por el homicidio de un vecino del barrio Niño Perdido de Candelaria, insistió esta mañana en haberse defendido de un primer ataque de la víctima y la sentencia en su contra se conocerá mañana.

El imputado dio sus últimas palabras hoy al mediodía, luego de la ronda de alegatos donde el fiscal Vladimir Glinka pidió una condena de 18 años de prisión en su contra, mientras que su abogado defensor Miguel Ángel Varela pidió la absolución por legítima defensa.

“Yo estaba con mi hijo y mi señora. Le dije a ella para ir a comprar unas cosas y ahí me crucé con él -por Luis Fernando Duarte Vázquez (23)-. Yo necesitaba los $500 para ir a comprar pañales. Ahí él se enojó conmigo, no sé si estaba drogado o qué”, relató Silvero ante el tribunal presidido por Viviana Cukla e integrado por Gustavo Bernie y Carla Freitag (subrogante).

“Él me atacó primero con un cuchillo”, agregó el acusado y desarrolló su versión: “Yo ahí agarré una rama y él se cayó. Ahí yo agarré el cuchillo y se levantó con una piedra. Yo después ya no me acuerdo nada. Yo solo me defendí y defendí a mi familia”.

Después de oír su palabra, el tribunal declaró cerrado el debate y pasó a un cuarto intermedio hasta mañana para el dictado de la sentencia.

Dealer del barrio

Previo a ello, al momento de alegar, el fiscal Glinka describió a Silvero como una persona “peligrosa” y en su teoría del caso expuso que el imputado era “el dealer del barrio” y cometió el crimen de Vázquez para vengar una deuda de $500 por la venta de cocaína.

Glinka expuso que el imputado asesinó de varias puñaladas a Duarte Vázquez, lesiones que incluso fueron efectuadas con la víctima en el suelo y de espaldas.

“Esto fue un acto cobarde y traicionero”, achacó el fiscal y apuntó: “Silvero, como transa del barrio, ya había tomado la decisión de que ese vago iba a morir. Eran las 12 del mediodía y le apuñaló frente a todos los vecinos. Él estaba dando un mensaje ahí, que no se jode con el transa del barrio”.

El hecho ocurrió el 14 de noviembre de 2021 en el barrio Niño Perdido de Candelaria, donde ambos residían. El debate comenzó el lunes y a lo largo de esta semana declararon varios testigos, entre vecinos, familiares, peritos y agentes policiales.

FOTO: EL TERRITORIO

Fiscal pidió 18 años para Silvero: “Era el transa del barrio y mató por $500”

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Fiscal pidió 18 años para Silvero: “Era el transa del barrio y mató por $500”

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Roberto Silvero fiscal

El fiscal Vladimir Glinka solicitó esta mañana la pena de 18 años de prisión como autor de homicidio simple para Roberto “El Negro” Silvero (23), quien esta semana llegó a juicio oral como acusado del crimen de su vecino Luis Fernando Duarte Vázquez (23), cometido el 14 de noviembre de 2021 en el barrio Niño Perdido de Candelaria.

Para el titular de la fiscalía, Silvero, paraguayo nacionalizado argentino, era “el dealer del barrio” y cometió el crimen de Vázquez para vengar una deuda de $500 por la venta de cocaína.

En su alegato, desarrollado esta mañana ante el Tribunal Penal Uno de Posadas, Glinka describió que el imputado asesinó de varias puñaladas a Duarte Vázquez, lesiones que incluso fueron efectuadas con la víctima en el suelo y de espaldas.

“Esto fue un acto cobarde y traicionero”, achacó el fiscal y señaló que Silvero “como transa del barrio ya había tomado la decisión de que ese vago iba a morir. Eran las 12 del mediodía y le apuñaló frente a todos los vecinos. Él estaba dando un mensaje ahí, que no se jode con el transa del barrio”.

Como cierre, Glinka mantuvo la acusación original, sin añadir agravantes, y solicitó que Silvero sea condenado a 18 años de prisión como autor del delito de homicidio simple.

En segundo turno expuso el defensor oficial Miguel Ángel Varela quien consideró que Duarte atacó primero utilizando piedras como armas y planteó que Silvero actuó en legítima defensa, tanto suya como de su familia. 

Por esa razón, Varela solicitó la absolución de su defendido por haber obrado en legítima defensa o, en forma subsidiaria, se contemple la figura de exceso en la legítima defensa.

Una vez culminada la ronda de réplicas y dúplicas, el tribunal presidido por la magistrada Viviana Cukla e integrado por Gustavo Bernie y Carla Freitag (subrogante) pasará a reunión privada para deliberar la sentencia.

Ver el debate en vivo:

Juzgan a un albañil acusado de matar a un compañero por una deuda de $500

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Huyó de un operativo narco en Candelaria y cayó nueve años después en Madrid

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Un ciudadano paraguayo que desde 2016 era buscado por delitos de narcotráfico en Misiones fue detenido por Interpol en uno de los principales aeropuertos de Europa y desde febrero se encuentra a disposición de la Justicia Federal para responder las acusaciones en su contra.

El caso involucra a Cristhian Ramón Colman Pereira, cuyo nombre apareció por primera vez tras un procedimiento de fuerzas federales que el 13 de octubre de 2016 logró incautar 269 kilogramos de marihuana en la localidad misionera de Candelaria.

Ese día, agentes de Gendarmería y de Prefectura siguieron diferentes pistas y confluyeron en el mismo punto de la ruta provincial 3, donde una Toyota Hilux con varios ocupantes transportaba una carga de estupefacientes que minutos antes había sido cargada en una zona costera del río Paraná.

Ese operativo culminó con tres detenidos, todos extranjeros: Hildo Reyes Martínez, Roberto Carlos Ortega Peralta y Francisco Blas Morbach. Solo uno logró escapar a las corridas por el monte en plena noche y todo indica que ese cuarto involucrado se trata de Colman Pereira, cuyo documento de identidad fue encontrado en la mochila de Reyes Martínez.

Con los tres detenidos, la causa siguió su curso normal, aunque toda la responsabilidad recayó en Reyes Martínez, que en octubre de 2018 fue condenado a 4 años y 2 meses de prisión por el delito de transporte de estupefacientes.

El operativo se ejecutó el 13 de octubre de 2016 en Candelaria.

Alerta aeropuerto

La sorpresa llegó muchos años después y a muchos kilómetros de distancia de Misiones, cuando Interpol notificó al Juzgado Federal de Posadas sobre el arresto de Colman Pereira en Madrid.

La captura ocurrió el 20 de noviembre de 2025, cuando el paraguayo arribó al aeropuerto de Barajas, donde quedó detenido hasta el 11 de febrero de este año, cuando culminó el proceso de extradición y fue enviado a la Argentina para responder ante las autoridades por aquel procedimiento realizado diez años atrás en Candelaria.

Colman Pereira ahora se encuentra detenido en Posadas y procesado con prisión preventiva, medida que fue apelada por su defensa y luego ratificada por la Cámara Federal de Apelaciones.

En un primer descargo, el paraguayo negó haber estado en Misiones al momento del operativo, aunque más tarde pidió volver a declarar y en esa instancia alegó que Reyes Martínez lo había invitado a realizar un contrabando electrónica.

Según sus palabras, una vez que supo que la mercadería a transportar iba a ser marihuana se negó, tras lo cual fue acusado de “entregar” a sus compañeros y tanto él como su familia en Encarnación sufrieron atentados por lo que debieron refugiarse en Asunción.

Colman Pereira sostuvo las intimidaciones y amenazas provenían de Blas Mordach, quien en 2022 fue asesinado en un presunto ajuste de cuentas cometido en Campichuelo, localidad paraguaya ubicada frente a Candelaria.

El detenido consignó que se enteró de la muerte de Blas Mordach una vez detenido en Posadas y por eso se animó a ampliar su declaración.

Todo esto fue volcado en la apelación presentada por su defensa, pero los argumentos no lograron revertir la situación.

Tal es así que en una resolución firmada este martes la Cámara Federal de Apelaciones confirmó su procesamiento con prisión preventiva y, en consecuencia, deberá seguir detenido hasta la elevación a juicio de la causa.

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