Judiciales
Otorgan domiciliaria a represor misionero un día antes de oír su sentencia
Un día antes de oír la sentencia en el tercer juicio oral que afronta por delitos de lesa humanidad en San Juan, el represor misionero Jorge Antonio Olivera (72) recuperó el beneficio de la prisión domiciliaria tras una resolución emitida por la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal que existe por debajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La resolución fue firmada hoy por los camaristas Juan Carlos Gemignani y Daniel Petrone, mientras que Mariano Borinsky votó en disidencia.
La medida dispone restituir al imputado la prisión domiciliaria, beneficio que había sido revocado en marzo por el Tribunal Oral Federal de San Juan al constatar que Olivera adulteró un certificado médico para gestionar salidas de su casa para realizar actividad física.
Para los camaristas ahora intervinientes dicha cuestión no alcanza a constituirse como argumento suficiente para la revocación del beneficio que gozaba.
En esa línea, según consignó Noticias Argentinas, en su voto el juez Gemignani sostuvo que “esta actitud no constituye una causal de revocación de la prisión domiciliaria, en la medida que el Tribunal Oral nunca autorizó al condenado a salir para hacer gimnasia en los términos y por los motivos que la defensa lo había solicitado, por lo que Olivera nunca salió de su domicilio”.
Su colega Petrone, en tanto, afirmó que “la discusión sobre el valor atribuido a un certificado médico aportado por Olivera como argumento para revocar el beneficio oportunamente concedido no llega a fundamentar suficientemente” la medida revocatoria.
De esta manera, por mayoría, ordenaron anular el fallo precedente y restituir el beneficio a Olivera, que ahora podrá salir de su celda en la Unidad 34 – Instituto Penal Federal de Campo de Mayo y regresar a casa para seguir purgando las condenas a prisión perpetua que registra en su contra.
El presente fallo fue emitido apenas unas horas antes del dictado de sentencia previsto para mañana en San Juan, en el marco del juicio por la denominada Megacausa III.

La parte resolutiva del dictamen emitido hoy por la Cámara Federal de Casación Penal.
Juicio Megacausa III
En la denominada Megacausa III se acumularon seis expedientes con hechos padecidos por un total de 96 víctimas, de las cuales trece permanecen desaparecidas y cinco fueron ejecutadas. También se investigan secuestros, torturas y casos de violencia sexual.
Según consta en los registros oficiales, Olivera nació en Posadas el 10 de agosto de 1950 y en San Juan se desempeñaba bajo el rango de Teniente y operaba como jefe de Inteligencia del RIM 22 (Regimiento de Infantería de Montaña), en una de las esferas de mayor poder dentro de la estructura.
Para la fiscalía, Olivera debe ser condenado a prisión perpetua por los delitos de “privación ilegítima agravada por mediar violencia y amenazas en dos hechos; tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima en dos hechos; y homicidio doblemente agravado en cinco hechos”.
En un tramo del alegato vertido el año pasado, el fiscal Vega destacó que “las estructuras y engranajes represores señalados, actuaban coordinados entre ellos y valiéndose de todo el poder que le daba el aparato estatal” y consideró que los acusados han “participado activamente en cada una de las instancias que conforman el terrorismo de Estado en San Juan, ya sea en los procedimientos de detención, en los centros clandestinos de detención, en los violentos interrogatorios que se llevaban a cabo, como así también en las actuaciones con las que se buscaba darle un marco de legalidad a muchas de las detenciones que se habían producido”.
En represor misionero ya tiene sobre sus espaldas otras dos condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. El primer fallo fue dictado en julio de 2013, mientras que el segund0 fue impartido en octubre de 2018.
Entre las víctimas de las desapariciones, secuestros y torturas que se investigaron en las causas donde Olivera fue imputado aparecen la francesa criada en Misiones, Marie Anne Erize, y el actual diputado y ex gobernador de San Juan en tres oportunidades, José Luis Gioja.
El represor misionero además fue noticia en varias oportunidades por su historial de fugas y maniobras para evadir a la Justicia.
Judiciales
Crimen de Díaz: de los tiros, a la pista del Duna y la captura de los brasileños
Cinco testigos declararon hoy en la tercera audiencia del juicio oral para esclarecer el crimen del kiosquero Cristian Díaz (34), hecho por el cual hay dos presuntos sicarios brasileños sentados en el banquillo de los acusados, y la etapa de incorporación de pruebas culminará mañana, tras lo cual se dará inicio a la ronda de alegatos.
Entre los testigos del día estuvieron Celeste Soto, viuda de Díaz, como así también una vecina, un taxista y dos comisarios que intervinieron en la pesquisa que permitió dar con los ahora imputados Gabriel Junior Guimaraes Da Silva (24) y David Weslley De Olveira Silva (24), quienes enfrentan una acusación por “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
Soto fue la primera en pasar a la sala de debates del Tribunal Penal Dos de Posadas y ante los magistrados contó que en la madrugada del hecho ella estaba mirando tele mientras su marido atendía el kiosco que tenían en su casa ubicada en la chacra 94 del barrio Yacyretá.
La viuda señaló que, si bien no alcanzó a ver nadie, sí escuchó que poco antes del ataque oyó que su marido “estaba hablando como en broma en portugués”. Al mismo tiempo, negó que clientes brasileños hayan ido a su comercio días antes del crimen como afirmaron los sospechosos en sus declaraciones dada en instrucción.
En segundo turno declaró Patricia Galeano, una de las vecinas que llegó a aportar datos que fueron clave para la detención de los extranjeros. “Yo ya estaba en mi casa y escuché los tiros. Después vi que dos personas pasaron corriendo y se subieron a un auto blanco”, recordó.

El Duna blanco con luces rotas fue captado por cámaras del 911 y más tarde localizado en el barrio Luis Piedrabuena.
El Duna y el “búnker”
Ese auto se trataba de un Fiat Duna blanco, con luces rotas tanto adelante como atrás, detalles particulares que permitieron ubicarlo en cámaras de seguridad y llegar hasta una casa del barrio Luis Piedrabuena donde los presuntos sicarios se alojaron cinco días del ataque.
Sobre ese mismo punto fueron interrogados los comisarios Oscar Sánchez y Antonio Comes. El primero de ellos era jefe de la comisaría Sexta, dependencia donde Guimaraes Da Silva estuvo preso inicialmente y se hizo viral por un video filmado desde su celda, episodio que derivó en el desplazamiento de la cúpula.
Sánchez recordó como jefe de la seccional arribó a la escena del hecho y participó de la primera toma de testimoniales con vecinos del barrio, instancia en la que le comentaron que después de los tiros vieron a dos personas correr del lugar y describieron que “uno era más bajito y el otro más alto”, contexturas que coinciden con los imputados.
Comes, ex jefe de la Dirección Homicidios, por su parte, resaltó que el dato del Fiat Duna blanco fue trascendental. Gracias a la descripción del vehículo, agentes del 911 lograron ubicarlo cruzando la avenida Quaranta en dirección hacia el barrio Luis Piedrabuena, donde tras un seguimiento encubierto descubrieron el momento exacto en que los sospechosos tomaron un taxi en dirección a la terminal.
“Estaban en una casa que era conocida como un búnker por los vecinos. Era un inmueble de dos plantas, semiabandonado”, describió Comes en referencia a la propiedad que pertenecía a Héctor Rodríguez, alias Leche, sindicado como el hombre que hospedó y ejerció como chofer de los presuntos de sicarios con su Fiat Duna.
“Lo seguí en mi auto y en la terminal los identificamos. Ahí quedaron detenidos. El más alto de ellos estaba más nervioso”, recordó Comes sobre la detención de los sospechosos, quienes ya tenían un pasaje rumbo a Santo Tomé para desde ahí regresar a su país.

El debate se realiza en el Tribunal Penal Dos de Posadas.
Cierre y alegatos
Como ocurrió en la primera audiencia, el fiscal Vladimir Glinka y la defensora particular Ramona Gómez acordaron desistir de tres testigos que estaban citados, entre ellos uno de identidad reservada.
Para mañana, en tanto, queda pendiente la recepción de los dos últimos testimonios. Se trata de una pareja que residía en el barrio Yacyretá pero que hoy no comparecieron y a pedido del tribunal se profundizará en la localización de ambos para llevarlos a declarar. Después de ello se dará inicio a la ronda de alegatos.
El debate se realiza en el TP Dos de Posadas, bajo la presidencia del magistrado César Yaya y el acompañamiento de Martín Rau y Gregorio Busse como vocales.
Cristian Díaz fue acribillado en la madrugada del 8 de mayo de 2022. Sus asesinos se presentaron en su kiosco de bebidas y lo ejecutaron de seis balazos. Uno de los proyectiles quedó alojado en su cerebro.
Los imputados admiten su presencia en la escena del hecho, pero niegan el crimen. En una declaración dada en instrucción, Weslley De Olveira Silva sostuvo que ellos fueron a comprar bebidas y en el kiosco había otra persona que abrió fuego contra la víctima.
Si bien no llegó a acreditarse, una hipótesis del caso es que detrás del crimen hay trasfondo vinculado al narcotráfico y que los ciudadanos oriundos de Porto Alegre son asesinos a sueldo que pertenecen a la organización criminal brasileña Bala Na Cara.
Juicio a sicarios: Díaz esquivó el primer disparo y recibió seis en el piso
Judiciales
Juicio a sicarios: Díaz esquivó el primer disparo y recibió seis en el piso
Siete disparos en total. Seis en el cuerpo, uno de ellos en la cabeza de la víctima. Ese fue el “escenario balístico” que esta mañana describieron los peritos de criminalística que intervinieron en la escena del crimen del comerciante Cristian Díaz (34), hecho cometido el 8 de mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de Posadas y por el cual hay dos presuntos sicarios brasileños que desde hoy afrontan un debate oral.
Los imputados son Gabriel Junio Guimaraes Da Silva (24) y David Weslley De Olveira Silva (24), quienes están acusados de llegar al kiosco de Díaz como clientes y al ser atendidos abrir fuego sin mediar palabras. Los dos enfrentan cargos por “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
El debate oral comenzó esta mañana en el Tribunal Penal Dos de Posadas, donde los imputados oriundos de Porto Alegre y sospechados de integrar la organización Bala Na Cara, se abstuvieron de declarar y oyeron el avance del proceso conectados a un dispositivo de traducción en tiempo real aportado por la Universidad Católica de las Misiones (Ucamis), en tanto que en una sola contigua también había una perito intérprete siguiendo cada minuto.
Para la fecha había siete testigos citados, aunque el fiscal Vladimir Glinka y la defensora particular Ramona Gómez acordaron desistir de cuatro de ellos para concentrarse únicamente en el “eje en contradicción”.
“Los imputados no niegan su presencia en la escena del hecho, niegan el crimen, entonces decimos avanzar con los testigos que interesan para tratar los puntos que están en discusión”, explicó Glinka ante los magistrados César Yaya -presidente-, Martín Rau y Gregorio Busse.
Bajo esa premisa, los testigos que sí pasaron a declarar fueron un médico y dos Licenciados en Criminalística de la Policía de Misiones, con quienes las partes ahondaron sobre el escenario del crimen, las primeras actuaciones y pericias.

Los brasileños siguen el debate conectados a un dispositivo de traducción en tiempo real.
Acribillado
El testimonio más sustancioso fue dado por el perito Jeremías Serrizuela, quien brindó detalles sobre las evidencias encontradas en el kiosco que Díaz tenía en su casa ubicada en la esquina de las calles 74 y 95, en la chacra 94, en pleno barrio Yacyretá.
Serrizuela precisó que las evidencias recolectadas dieron cuenta de un total de siete disparos, uno de los cuales impactó en un estante del kiosco y los otros seis dieron en el cuerpo de la víctima.
El perito también hizo un análisis de distancias, trayectorias y ubicación de las vainas servidas a partir de lo cual reconstruyó: “El primer tiro fue desde afuera y pegó en un estante. Después, el tirador ingresó el arma por la venta y continuó disparando. La víctima estaba estaba acostada al momento de recibir los seis disparos. Posiblemente se cayó después del primer disparo porque estaba de ojotas y medias en un piso muy resbaladizo. Es decir, se cayó y fue rematado boca arriba”.
Previo a Serrizuela pasó su colega Andrea Strocen Schelske, quien desarrolló sobre las pericias tendientes a dar con residuos de disparos en las prendas incautadas y afirmó que en las dos camperas (una del club Gremio) secuestradas en poder de los detenidos hubo resultados positivos, como así también el automóvil utilizado para llegar y escapar de la escena del crimen.
El médico Nelson Orlando Fernández, por su parte, repasó cada una de las heridas de arma de fuego y precisó que la lesión mortal fue dada por “un proyectil que ingresó por el cuello y quedó alojado en el cerebro”.

Los extranjeros fueron atrapados menos de un día después, cuando estaban a punto de volver a Brasil en colectivo.
La versión de Weslley
Como los dos imputados optaron por no declarar en el inicio del debate, el tribunal solicitó que se de lectura a las declaraciones brindadas en la etapa de instrucción, instancia en la que ambos negaron ser los autores del crimen.
Weslley De Olveira Silva, sindicado como el tirador, contó que en Florianópolis había conocido a una joven argentina con quien luego mantuvo contactos por redes y decidió venir a “visitarla”, aunque decidió no dar el nombre de esa presunta chica para “resguardarla”.
En su relato, señaló que le pidió a su amigo Gabriel que lo acompañe y poco después de llegar a la terminal de Posadas se sentaron en un bar de la zona donde conocieron a una persona de nombre “Yona”, a quien le ayudaron a empujar un auto Fiat Duna con desperfectos.
“Lo ayudamos y le comentamos que buscábamos un lugar donde alojarnos. Ahí él nos invitó a quedarnos en su casa, que solo teníamos que pagarnos nuestra comida”, declaró en aquella oportunidad Weslley.
El brasileño contó que en la casa de ese sujeto se quedaron varios días y casi todas las noches iban al kiosco de Díaz a comprar bebidas. Lo mismo dijo que hicieron ese 8 de mayo de 2022, aunque todo salió mal: “A las 2 fuimos de nuevo porque queríamos seguir bebiendo y al llegar al kiosco había un hombre con capucha y barbijo. El dueño se apareció con un arma y esa otra persona sacó otro arma y empezó a disparar. Nosotros con mi amigo corrimos al auto de Yona y nos escapamos”.
Esa persona que los imputados identifican como Yona sería Héctor Rodríguez, más conocido como Leche, sindicado en la causa como la persona que brindó logística, recursos y hospedaje a los extranjeros, aunque nunca fue localizado.

El tribunal está integrado por los jueces Martín Rau, César Yaya -presidente- y Gregorio Busse.
La trama narco detrás
En el requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscal Patricia Clérici se desliza como hipótesis que los implicados fueron contratados para concretar el crimen de Díaz en represalia a una carga de marihuana que le atribuyen a Leche y que fue incautada por Gendarmería.
Sin embargo, en el mismo documento se aclara que “no hubo elementos que acrediten que Leche era el dueño de la carga, ni que Díaz se dedicara a otra cosa que no sea su kiosco”. Asimismo, señala que tampoco se pudo identificar a un posible “autor intelectual” del crimen.
En contrapartida, lo que sí quedó claro para Clérici es que los imputados actuaron de manera coordinada y agredieron por sorpresa a la víctima, sin darle posibilidad de defensa. Por eso la imputación de “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía”.
El debate continúa mañana con más testigos y podría prolongarse a lo largo de toda la semana.
Sicarios brasileños van a juicio por acribillar a un kiosquero en Posadas
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Empezó el juicio a sicarios brasileños por el crimen de Cristian Díaz
Este martes a las 8.45 comenzó el juicio a los brasileños Gabriel Junior Guimaraes Da Silva y David Weslley de Oliveira Silva, en el Tribunal Penal Dos de Posadas, quienes son acusados de asesinar a balazos al comerciante Cristian Javier Díaz.
Ambos son oriundos de Porto Alegre, sospechados de integrar la organización narcocriminal brasileña Bala Na Cara y enfrentan una acusación por homicidio doblemente calificado ocurrido en mayo de 2022, en el barrio Yacyretá de la capital provincial, por lo que podrían recibir prisión perpetua en caso de ser hallados culpables.
Al comenzar el juicio, se logró observar que los imputados tienen un aparato de traducción en tiempo real y en una sala contigua acompaña la audiencia una perito intérprete.
Como primera medida, se leyó el auto de elevación a juicio del expediente y las partes acordaron desistir de cuatro testigos citados para la fecha. El proceso prevé continuar toda la semana.
El debate se desarrolla ante el Tribunal Penal Dos, integrado por los jueces César Antonio Yaya -presidente-, Martín Alejandro Rau y Gregorio Augusto Busse. La acusación está a cargo del fiscal Vladimir Glinka, mientras que como defensora interviene la abogada Ramona Gómez.
La causa llegó a juicio después de que el juez de Instrucción Siete de Posadas, Miguel Mattos, dispusiera en febrero de 2024 la elevación del expediente. La calificación legal establecida fue la de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que contempla como pena la prisión perpetua.
Arranca el juicio a dos sicarios brasileños acusados de un crimen en Posadas
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