Judiciales
“Negro de mierda”: el insulto de los rugbiers mientras golpeaban a Báez Sosa
“Negro de mierda”, fue el insulto en común que los rubgbiers utilizaron mientras golpeaban hasta matar a Fernando Báez Sosa, según el testimonio de varios testigos que declararon durante la audiencia de hoy en el juicio para esclarecer el homicidio perpetrado en enero de 2020 en la ciudad balnearia bonaerense de Villa Gesell.
Damián Acevedo, por ejemplo, un taxista que se encontraba en la zona y observó toda la trama de la golpiza desde el interior de su auto, recordó que: “A Fernando lo sacaron del boliche de buen modo, él quería volver a ingresar, pero el patovica se negó. Entonces cruzó la calle. Lo vi tomando un helado, mientras sacaban a otros chicos que estaban exaltados. Había uno de camisa oscura, que estaba muy fuera de sí. Al principio se quedaron sobre la vereda. Fueron camino a la Avenida Buenos Aires, pero no llegaron. Volvieron y fueron derecho a Fernando y a otros chicos que estaban ahí. Recuerdo que empiezan a pegarle sin mediar palabra, le decían: ‘Negro de mierda’, un montón de barbaridades”, contó.
Según Infobae, medio habilitado para la cobertura del debate oral, el testigo agregó que dos personas intentaron intervenir en la situación pero también fueron golpeados por el grupo.
Respecto a Fernando, recordó que “se sentía que la persona estaba inconsciente o que no podía ni siquiera defenderse. Era como que quería pedir ayuda, pero no podía. Un chico de camisa blanca le pegó tres o cuatro piñas a Fernando y después un chico de camisa oscura le pegó patadas”.
En la misma jornada declaró Tatiana Caro, una joven que se encontraba en un bar lindante al boliche Le Brique, donde se inició el conflicto que derivó en el crimen de Báez Sosa.
La testigo recordó que a Báez Sosa lo pegaban “por atrás” y el grupo de rugbiers también atacaba a los amigos que intentaban defender a la víctima.
En otro tramo de su declaración, aseguró que fue Lucas Pertossi quien atacó por atrás a Báez Sosa y recordó que uno de los imputados dijo: “Quedate tranquilo que a este negro de mierda me lo voy a llevar de trofeo”.
El debate continuó con la declaración de más testigos, entre ellos un efectivo policial que participó de la búsqueda de los sospechosos.
En esa instancia, se reprodujo el video de una cámara de seguridad donde se ve que Ciro Pertossi oculta rastros de la agresión. Infobae sostuvo que en el video se oye a una persona decir: “Se refriega y se chupa los dedos con sangre”.
El debate para esclarecer el hecho comenzó el lunes y prevé culminar a fin de mes.
Los acusados son Máximo Pablo Thomsen; Ciro Pertossi; Enzo Comelli; Matías Franco Benicelli; Blas Cinalli; Ayrton Michael Viollaz; Lucas Fidel Pertossi y Luciano Pertossi. Pueden ser condenados a prisión perpetua.
Todos están imputados por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” en perjuicio de Báez Sosa y de “lesiones leves” contra un amigo de la víctima, que también fue agredido durante esa misma noche del hecho.
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.
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