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Liberan al hijo de un exintendente imputado por violación en Jardín América

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Liberan al hijo de un exintendente imputado por violación en Jardín América

La causa había sido elevada a juicio, pero la defensa recusó al juez. El nuevo magistrado a cargo resolvió excarcelar al único detenido luego de un año y nueve meses con preventiva.

 

El juez de Instrucción Uno de Puerto Rico, Manuel Balanda Gómez, accedió al pedido de la defensa de Gianluca Galarza, el joven de 20 años -hijo de un exintendente de General Urquiza, Néstor “Puchi” Galarza- para el cese de la prisión preventiva en la causa en la que está imputado por “Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado por la participación de dos personas”.

Luego de estar detenido un año y nueve meses, Galarza fue beneficiado por el magistrado Balanda Gómez que subrroga a Roberto Sena, el juez de instrucción de Jardín América, quien fuera apartado del expediente tras una resolución del Tribunal Penal 2 de Posadas hace algunas semanas.

El otro implicado en el ataque sexual a la joven de 20 años es Hernán Mareco, quien al momento del ultraje -en septiembre de 2020- tenía 26 años. Desde entonces este ciudadano argentino oriundo de Colonia Oasis permanece prófugo de la justicia y con un pedido de captura internacional en su contra.

El cese de la prisión preventiva con su consecuente excarcelación se dio tras el pago de una caución real de quinientos mil pesos. En la misma resolución, el nuevo magistrado interviniente le impuso al implicado una serie de condicionamientos a cumplir para mantener el beneficio, como por ejemplo, prohibición de acercamiento a la víctima y salida del país. Además, deberá presentarse ante la Justicia cada 15 días para demostrar que sigue ajustado a derecho.

La causa, iniciada tras una denuncia radicada en 2020 por un hecho ocurrido en Jardín América, estuvo a cargo del magistrado Sena, que concluyó la investigación y dispuso su elevación a juicio.

Sin embargo, posteriormente la defensa del Galarza presentó un planteo de recusación del magistrado, argumentando –entre otros puntos- que en su juzgado trabajaba una persona allegada a la denunciante. El pedido fue analizado por los magistrados del Tribunal Penal 2, quienes fallaron a su favor y dispusieron que el expediente regrese a etapa de instrucción con un magistrado subrogante al frente.

A partir de ahí, intervino el Balanda Gómez, que es el titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico y fue quien dispuso el cese de la prisión preventiva del único implicado que estaba detenido.

La situación encendió alarmas en la víctima y denunciante, quien habló con La Voz de Misiones y aseguró: “Me dicen que voy a estar resguardada, pero nadie me asegura que no me va a pasar nada, siendo que hay un prófugo y la familia del que salió libre me amenazó de muerte”.

Vivir con miedo

“En este último tiempo pensé que había llegado a avanzar un poco la causa. Me sorprendió porque hasta donde yo sabía estaba elevada a juicio y de la nada me avisaron que lo iban a liberar”, comenzó diciendo la joven a LVM.

Luego de su denuncia radicada en el 2020, la joven sostuvo que ella y su familia fueron víctimas de amenazas y acoso de parte de “los allegados, hasta que un día cesaron porque empezamos a denunciar. El tío del que ahora está libre me amenazó de muerte, todo denuncie, pero también quedó en la nada”, apuntó la joven.

La denunciante consideró “injusta” la decisión de la Justicia y dijo sentirse “revictimizada” nuevamente, debido que los familiares y amigos de los acusados “hicieron marchas, publicaron mi nombre y mi dirección en las redes”, manifestó.

Y agregó: “Le tienen consideración y lograron que tenga privilegios incluso estando preso, porque estuvo en una comisaría y no en un penal”.

Después de lo ocurrido la joven intentó continuar con su vida, aunque “siempre viví con miedo, me ha pasado de cruzarme con sus conocidos y de que quieran venir a intimidarme o hacerme sentir insegura o con miedo”, contó y denunció: “Es algo que pasó y que me destruyó a mí y a mi familia”.

Hernán Mareco está prófugo desde el 2020, cuando la joven denunció.

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Comisario denunciado por abuso: declaró, fue imputado y seguirá detenido

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El comisario retirado denunciado por abuso sexual en perjuicio de dos hijastras se defendió de las acusaciones en su contra, fue imputado y continuará detenido mientras avanza la investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el ex uniformado identificado como Adolfo Miguel González (63), quien permaneció más de una semana en condición de prófugo, fue trasladado esta mañana hacia la dependencia judicial interviniente y ante el magistrado Juan Manuel Monte eligió declarar.

Si bien no trascendieron mayores detalles sobre su declaración, se pudo saber que el implicado negó las acusaciones que lo señalan por hechos de abuso contra dos hijas de quien fuera de su pareja.

En la misma audiencia, González fue imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado” y continuará detenido a disposición de la Justicia.

El comisario retirado se encuentra privado de su libertad desde el martes a la tarde, cuando se entregó después de más de una semana en condición de prófugo.

Comisario retirado denunciado por abuso se entregó tras ocho días prófugo

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Se suspendió el juicio a ex gendarme acusado de matar a su esposa en 2001

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El debate oral programado para hoy contra el ex gendarme Carlos Ramón Gómez, imputado por el asesinato de su esposa María Esther Barreda (36), cometido el 9 de diciembre de 2001, fue suspendido en virtud de “maniobras dilatorias” de sus abogados advertidas por el Tribunal Penal Dos de Posadas, que resolvió diferir el inicio de las audiencias y designar un defensor oficial sustituto para evitar que el accionar se repita en la próxima fecha a definir.

La decisión se tomó luego de que el imputado notificara un último cambio de defensa, designando a la letrada Olga Anahí Tabacchi, ex fiscal en Santo Tomé y con condena ratificada por la Corte Suprema por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, en lugar de la abogada posadeña María Laura Alvarenga.

En ese marco, el tribunal presidido por el magistrado César Antonio Yaya advirtió que la medida pudo corresponderse a una “maniobra dilatoria”, alegando que los anteriores abogados de Gómez (Eduardo Paredes y Mauricio Vergara) “exhibieron idéntica conducta procesal” en otros tres causas puntuales en las que renunciaron o solicitaron cambios a último momento, entre otros planteos.

Ante ese panorama, y a fin de asegurar el derecho de defensa del imputado y garantizar la realización del debate sin nuevas dilaciones, las autoridades resolvieron suspender la audiencia de hoy y pautar una nueva fecha de inicio, aunque antes de ello ordenó designar un defensor oficial sustituto para que actúe en caso de una nueva renuncia o cambio de abogado a último momento.

Gómez llega a esta instancia libertad y enfrenta cargos por “homicidio calificado”, figura bajo la cual puede ser condenado a prisión perpetua, pena que al momento del hecho preveía 25 años de cárcel.

El expediente quedó habilitado para tratarse en debate oral luego de que el pasado 7 de julio la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) fallara en contra de uno de los tantos planteos defensivos que los diferentes abogados de Gómez presentaron a lo largo de dos décadas.

Crimen y derrotero judicial

El hecho que se pretende esclarecer se registró el 9 de diciembre de 2001 y la víctima fue María Esther Barreda, una mujer de 36 años que estaba en pareja con el ex gendarme acusado.

Según lo reconstruido en su momento, el crimen ocurrió en una vivienda del barrio San Lucas, a pocas cuadras del club Centro de Cazadores de Posadas, donde Gómez habría encontrado a su pareja con otro hombre y la atacó a balazos con su arma reglamentaria.

La mujer recibió un total de cuatro disparos y falleció en el lugar, mientras que el ex uniformado huyó de la escena para un día después entregarse en el puesto de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) de San José.

Inicialmente, la causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, presidido en ese entonces por el magistrado Eduardo D’Orsaneo, aunque más tarde el caso ingresó en un largo proceso recursivo y el derrotero judicial que se extendió durante más de 20 años.

Tras las primeras actuaciones, el juez D’Orsaneo dictó la prisión preventiva para el imputado e incluso más tarde la fiscal Margarita Wenner avanzó con el requerimiento de elevación a juicio.

La defensa, por su parte, jugó otra carta. Se opuso al requerimiento y pidió el sobreseimiento de Gómez alegando una “inimputabilidad” de su cliente en razón de haber actuado en forma “enceguecida” por encontrar a su pareja con un presunto amante.

Para 2003, en el expediente intervino el Tribunal Penal Uno de Posadas, que resolvió revocar la elevación a juicio y dictar el sobreseimiento de Gómez, cuya ejecución fue apelada, no así la resolución que lo dispuso.

De ahí, el asunto pasó a manos del Tribunal Penal Dos, actuando como Cámara de Apelaciones, cuyas autoridades consideraron que el caso debía seguir siendo investigado y en consecuencia remitió las actuaciones al Juzgado de Instrucción Uno, entonces presidido por Horacio Gallardo (fallecido), que liberó al sospechoso y estableció una prórroga extraordinaria para resolver si Gómez debía ir al banquillo o no.

Los años pasaron y recién en 2013 el ex gendarme volvió a ser detenido para enfrentar el juicio. El inicio de las audiencias estuvo programado para 2018, pero fue suspendido por el pedido de licencia del fiscal.

En ese lapsus, la defensa volvió a jugar otra carta y recurrió al máximo órgano judicial del país aludiendo el sobreseimiento dictado en su momento a favor de Gómez, entre otros planteos como de prescriptibilidad, arbitrariedad y violación del principio de defensa en juicio por preclusión.

Ese planteo es el que recientemente respondió de manera negativa la Corte, aunque sin analizar la cuestión de fondo. Tras ese revés, Gómez quedó sin más posibilidades recursivas y, por eso, hoy debía sentarse en el banquillo de los acusados aunque el inicio del debate volvió a ser postergado.

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Ordenan junta médica para el suegro de Wiebel antes de fijar la indagatoria

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El hombre de 82 años detenido desde el viernes pasado por el crimen de su ex yerno, el empresario y piloto Alfredo Wiebel (48), continúa internado en Puerto Iguazú y la Justicia ordenó que sea sometido a una junta médica para determinar si su estado de salud le permite comparecer en audiencia de declaración indagatoria.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones mediante diversas fuentes consultadas, el detenido, identificado como Ángel Ramón Zalazar (82), continúa internado con custodia policial en la misma clínica privada a la que se presentó el viernes a la tarde mientras era intensamente buscado por el crimen registrado horas antes.

Si bien los certificados médicos aún no fueron elevados formalmente a las autoridades intervinientes, el implicado además de atención por patologías de base recibiría tratamientos de salud de mental, factor que la Justicia pretende esclarecer y para ello se ordenó que el Cuerpo Médico Forense realice una evaluación integral del paciente para determinar si puede comparecer en audiencia de indagatoria.

En paralelo, siguen en curso otras medidas de prueba como la toma de testimoniales y la realización de diversas pericias.

En la causa ahora interviene César Lirussi, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, magistrado que quedó a cargo de la investigación tras la inhibición de Martín Brites, del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú.

Crimen

El crimen de Wiebel ocurrió el 11 de septiembre a la mañana, cerca de las 11, en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, en el barrio Industrial de la Ciudad de las Cataratas.

En ese lugar habría mantenido una discusión con Zalazar hasta que, en determinado momento, fue atacado a balazos ante la vista de varios albañiles que trabajaban en el predio y fueron testigos del crimen.

Fueron ellos mismos quienes narraron que después del ataque Zalazar se fue caminando hasta una su empresa ubicada en la zona y allí escapó al mando de una camioneta Toyota SW4.

El sospechoso estuvo prófugo unas horas hasta que, a las 16, se reportó su ingreso a una clínica de la ciudad, donde quedó internado con custodia policial.

La posterior autopsia reveló que Wiebel recibió cinco balazos, cuatro de ellos “mortales”. La información se sumó al hecho de que el sábado la Policía allanó la vivienda del único sospechoso y en el lugar incautaron una pistola calibre 9 milímetros que, se presume, podría tratarse del arma homicida. La certeza llegará una vez que los peritos en criminalística realicen los estudios correspondientes y arriben a una conclusión científica al respecto.

Wiebel, además de piloto de automovilismo, era empresario del rubro turístico, con negocios hoteleros y gastronómicos. Zalazar, en tanto, también es un hombre de negocios, vinculados a la importación y exportación.

Ambos compartían algunas de esas actividades y una hipótesis sostiene que el crimen pudo deberse a diferencias económicas que complicaron la relación.

La autopsia reveló que Wiebel recibió cinco balazos, cuatro de ellos mortales

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