Judiciales
Liberan al hijo de un exintendente imputado por violación en Jardín América
La causa había sido elevada a juicio, pero la defensa recusó al juez. El nuevo magistrado a cargo resolvió excarcelar al único detenido luego de un año y nueve meses con preventiva.
El juez de Instrucción Uno de Puerto Rico, Manuel Balanda Gómez, accedió al pedido de la defensa de Gianluca Galarza, el joven de 20 años -hijo de un exintendente de General Urquiza, Néstor “Puchi” Galarza- para el cese de la prisión preventiva en la causa en la que está imputado por “Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado por la participación de dos personas”.
Luego de estar detenido un año y nueve meses, Galarza fue beneficiado por el magistrado Balanda Gómez que subrroga a Roberto Sena, el juez de instrucción de Jardín América, quien fuera apartado del expediente tras una resolución del Tribunal Penal 2 de Posadas hace algunas semanas.
El otro implicado en el ataque sexual a la joven de 20 años es Hernán Mareco, quien al momento del ultraje -en septiembre de 2020- tenía 26 años. Desde entonces este ciudadano argentino oriundo de Colonia Oasis permanece prófugo de la justicia y con un pedido de captura internacional en su contra.
El cese de la prisión preventiva con su consecuente excarcelación se dio tras el pago de una caución real de quinientos mil pesos. En la misma resolución, el nuevo magistrado interviniente le impuso al implicado una serie de condicionamientos a cumplir para mantener el beneficio, como por ejemplo, prohibición de acercamiento a la víctima y salida del país. Además, deberá presentarse ante la Justicia cada 15 días para demostrar que sigue ajustado a derecho.
La causa, iniciada tras una denuncia radicada en 2020 por un hecho ocurrido en Jardín América, estuvo a cargo del magistrado Sena, que concluyó la investigación y dispuso su elevación a juicio.
Sin embargo, posteriormente la defensa del Galarza presentó un planteo de recusación del magistrado, argumentando –entre otros puntos- que en su juzgado trabajaba una persona allegada a la denunciante. El pedido fue analizado por los magistrados del Tribunal Penal 2, quienes fallaron a su favor y dispusieron que el expediente regrese a etapa de instrucción con un magistrado subrogante al frente.
A partir de ahí, intervino el Balanda Gómez, que es el titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico y fue quien dispuso el cese de la prisión preventiva del único implicado que estaba detenido.
La situación encendió alarmas en la víctima y denunciante, quien habló con La Voz de Misiones y aseguró: “Me dicen que voy a estar resguardada, pero nadie me asegura que no me va a pasar nada, siendo que hay un prófugo y la familia del que salió libre me amenazó de muerte”.
Vivir con miedo
“En este último tiempo pensé que había llegado a avanzar un poco la causa. Me sorprendió porque hasta donde yo sabía estaba elevada a juicio y de la nada me avisaron que lo iban a liberar”, comenzó diciendo la joven a LVM.
Luego de su denuncia radicada en el 2020, la joven sostuvo que ella y su familia fueron víctimas de amenazas y acoso de parte de “los allegados, hasta que un día cesaron porque empezamos a denunciar. El tío del que ahora está libre me amenazó de muerte, todo denuncie, pero también quedó en la nada”, apuntó la joven.
La denunciante consideró “injusta” la decisión de la Justicia y dijo sentirse “revictimizada” nuevamente, debido que los familiares y amigos de los acusados “hicieron marchas, publicaron mi nombre y mi dirección en las redes”, manifestó.
Y agregó: “Le tienen consideración y lograron que tenga privilegios incluso estando preso, porque estuvo en una comisaría y no en un penal”.
Después de lo ocurrido la joven intentó continuar con su vida, aunque “siempre viví con miedo, me ha pasado de cruzarme con sus conocidos y de que quieran venir a intimidarme o hacerme sentir insegura o con miedo”, contó y denunció: “Es algo que pasó y que me destruyó a mí y a mi familia”.
Hernán Mareco está prófugo desde el 2020, cuando la joven denunció.
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.
Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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Los 17 policías, entre activos y retirados, detenidos en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, ocurrida en marzo de 2008, quedaron este jueves bajo arresto domiciliario por disposición de la Justicia Federal de Posadas.
La medida fue adoptada por la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, y la fiscal Silvina Gutiérrez analiza si presenta un recurso de apelación.
El beneficio alcanza a los 16 efectivos que habían sido detenidos durante los allanamientos realizados el lunes a la mañana y a Alfredo Lorenzo Ortiz, quien se presentó posteriormente de manera espontánea ante el juzgado.
De esta manera, los 17 sospechosos continuarán sujetos al proceso, aunque ya no permanecerán alojados en dependencias de Gendarmería Nacional. La resolución todavía puede ser apelada por la Fiscalía Federal Dos de Posadas, a cargo de Silvina Gutiérrez.
La investigación busca determinar qué ocurrió con Golemba, quien fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando regresaba a su domicilio en la zona de Dos de Mayo después de haber viajado a Oberá.
La hipótesis de la desaparición forzada
La principal hipótesis que impulsa la Fiscalía Federal sostiene que Golemba fue privado ilegalmente de su libertad y que, posteriormente, habría sido trasladado y sometido a violencia en dependencias policiales.
De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, distintos testimonios ubicaron al joven dentro de la comisaría de Dos de Mayo durante las horas posteriores a su desaparición.
La pesquisa también apunta a determinar la existencia de un presunto “pacto de silencio institucional” entre integrantes de la Policía para ocultar lo ocurrido y garantizar la impunidad de los responsables.
En ese sentido, la fiscalía analiza no solamente la posible participación de quienes pudieron haber intervenido directamente en la privación de la libertad de Golemba, sino también las conductas de aquellos funcionarios que eventualmente hayan colaborado con el encubrimiento o hayan omitido actuar ante lo sucedido.
Entre los imputados se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, quien estaba al frente de la comisaría de Dos de Mayo al momento de la desaparición y durante su indagatoria decidió abstenerse de declarar.
Una causa que lleva 18 años
Golemba tenía 27 años cuando desapareció. El 27 de marzo de 2008 había viajado desde Dos de Mayo hasta Oberá para asistir a una consulta médica y posteriormente emprendió el regreso.
Sin embargo, nunca llegó a su casa y desde entonces nada se supo de su paradero.
La causa tuvo durante años una investigación en el ámbito de la Justicia provincial, hasta que posteriormente pasó al fuero federal. Con el avance de la pesquisa comenzaron a incorporarse nuevos testimonios y elementos que permitieron poner el foco sobre el accionar de policías que se encontraban en funciones durante los días posteriores a la desaparición.
Las detenciones concretadas esta semana marcaron un giro significativo en una investigación que llevaba casi dos décadas sin personas imputadas por la desaparición del joven.
Ahora, con los 17 acusados bajo arresto domiciliario, la Justicia Federal deberá avanzar con el análisis de las pruebas y determinar la situación procesal de cada uno de ellos.
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