Judiciales
Juicio por matricidio: “Ella se volvió más cerrada desde que llegó su hijo”
Dos vecinas, un forense y dos trabajadores de salud completaron este jueves la tercera jornada del juicio oral contra Nelson Orlando De Menes (51), imputado por el asesinato de su madre Elsa Díaz (70), cometido en febrero de 2019 en la localidad de Candelaria.
Las primeras en declarar fueron Rosalía Itatí Fernández y Guillermina Surco, quienes solicitaron dar su testimonio sin la presencia del imputado en la sala donde se desarrolla el debate ante el Tribunal Penal Uno de Posadas.
Fernández pasó en primer turno. La joven contó que prácticamente se “crió” con Díaz y describió que vivía en la casa de al lado, inmuebles que estaban separados por un tejido.
“Yo conocía desde chiquita a la señora. Desde que él vino a vivir con ella, ella empezó a cambiar. Ella era muy dada con nosotras, pero después se volvió más discreta y ya no hablaba tanto”, recordó Fernández.
La muchacha además relató lo visto en la noche del 9 de febrero, horas antes del crimen. “Esa noche volvimos de la iglesia. Después ellos (por Díaz y De Menes) estuvieron sentados en el patio. Después se hizo las 23.30-24, se venía una tormenta. Había viento fuerte. Ahí veo a De Menes salir de la casa. Sale solo, vuelve a la casa y vuelve a salir”, contó.
En determinado momento, a pedido del fiscal Martín Rau, repasó lo que había declarado en la etapa de instrucción y ratificó un detalle que constaba en ese primer testimonio: “Sí, así fue. Él salió con la moto y después guardó esa moto en el depósito. Después volvió a salir pero ya no le vi más”.
El depósito es clave en el caso porque en ese lugar fueron encontrados la tele y la garrafa de 10 kilos que el imputado dio como robados cuando se descubrió el crimen.
Esa casilla fue lo último que se inspeccionó dado que De Menes no entrega las llaves, según declaró ayer la perito Andrea Strocen Schelske, que encabezó la búsqueda de indicios. En ese depósito también estaba la moto en cuestión y una zapatilla cuya suela coincidió con las pisadas de barro relevadas en la escena del hecho.
Fernández también rememoró una vieja conversación donde Elsa Díaz admitía que “Orlando la quebrantaba mucho porque quería plata”.
En siguiente orden declaró la vecina de enfrente, Guillermina Surco, quien coincidió con Fernández al señalar que Díaz “se volvió más cerrada” desde que su hijo llegó a vivir con ella en la casa que compartían en el barrio 2 de Febrero de Candelaria.
De Menes está detenido desde el primer día de investigación.
Un solo golpe
Después fue el turno de los trabajadores de salud Tatiana Huzulack y Eramos Hugo Romero, quienes describieron en qué forma encontraron el cuerpo de la víctima sobre la cama de su habitación.
Coincidieron en que la mujer estaba en “decúbito lateral izquierdo”, con una lesión en la cabeza y vestigios de abundante sangre “coagulada” en los alrededores. Huzulack además indicó que en la revisión del acusado notó lesiones compatibles con rasguños en la cara.
El último en dar testimonio fue el forense Rogelio Cantero, quien se encargó de explicar los resultados de la autopsia realizada.
El profesional detalló que la causa de muerte fue un “traumatismo contusocortante” en el “temporoparietal derecho”. Precisó que la lesión consistió en “un solo golpe con un objeto contundente” que provocó un “corto período de agonía” porque la víctima alcanzó a “tragar y toser su propia sangre”.
Continuidad
El debate oral continuará el lunes, a partir de las 8.30, con la declaración de más testigos.
El crimen de Elsa Díaz se registró entre las 21 del 9 de febrero y las 8 del 10 de febrero de 2019 en su casa del barrio 2 de Febrero de Candelaria. La mujer murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico provocado con un objeto contundente.
En la primera jornada De Menes aceptó declarar y se declaró inocente, alegando la mujer pudo haber sido asesinada por delincuentes que ingresaron a robar.
El tribunal es presidido por la magistrada Viviana Cukla e integrado por sus pares Gustavo Bernie y Miguel Ángel Faría (subrogante). En la fiscalía interviene Martín Rau y en representación del imputado está la defensora oficial Celina Silveira Márquez.
De Menes está acusado por “homicidio agravado por el vínculo”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
Perito repasó indicios que contradicen teoría de un robo en el caso Elsa Díaz
Tanto la hermana como la pareja del penitenciario Julio César Argüello (45), asesinado de un disparo en la cabeza, comparecieron este miércoles en audiencia de declaración indagatoria, instancia en la que la primera de ellas guardó silencio y la otra se desligó de la acusación, al tiempo que ambas fueron imputadas por el crimen y continuarán detenidas mientras avanza la investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, ambas mujeres fueron trasladadas esta mañana hacia dicha dependencia judicial, donde la primera en comparecer ante el magistrado Miguel Mattos fue Lidia Rosa Argüello (54), hermana de la víctima.
La mujer ya había estado en ese mismo juzgado el lunes, cuando designó como defensor legal a un abogado particular y ahora estaba citada para prestar declaración indagatoria, aunque optó por guardar silencio.
De igual manera, Lidia fue notificada del hecho que se investiga, oyó al detalle el listado de indicios que se registran en su contra y provisoriamente fue imputada como autora del homicidio, que podría sumar el agravante del vínculo existente con la víctima, lo que elevaría la expectativa de pena que podría recibir en su contra en caso de declararse su responsabilidad en el hecho en un futuro debate oral y público.
La que pisó por primera vez el juzgado que dirige Mattos fue Paola Z. (35), pareja del penitenciario, quien en contrapartida su cuñada eligió declarar y negó haber prestado su complicidad en el crimen.
La joven fue imputada como encubridora del homicidio y por el momento también continuará detenida hasta que las autoridades dispongan nuevas medidas en el marco de la causa que aún aguarda el resultado de pericias balísticas.
Lidia Argüello fue imputada como autora del homicidio.
Crimen y sospechas
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 milímetros encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica y será sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Un revólver calibre 32 que se investiga como arma homicida fue incautada en la casa de la hermana de la víctima.
Muerte de penitenciario se investiga como homicidio y detuvieron a su hermana
El miércoles fue el día establecido por la Justicia para citar en audiencia de declaración indagatoria a Lidia Rosa Argüello (54), detenida desde el último viernes como sospechosa del crimen de su hermano, el agente penitenciario Julio César Argüello (45), herido de un disparo en la cabeza en su casa y fallecido una semana después en el hospital Madariaga.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la mujer fue trasladada este lunes al Juzgado de Instrucción Siete de Posadas y designó a un abogado defensor, mientras que la indagatoria ante el juez Miguel Mattos fue postergada al miércoles.
En esa instancia, la sospechosa podrá brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar. También será notificada del hecho que se investiga, de los elementos de prueba que se registran en su contra y sería imputada.
Cabe mencionar que la causa tiene una segunda persona detenida, que se trata, ni más ni menos, que de la pareja de la víctima, quien fue aprehendida como presunta encubridora del crimen.
El caso
Según lo que se pudo reconstruir, todo comenzó el viernes 6 de febrero, minutos antes de las 9, cuando Lidia alertó haber encontrado a su hermano herido dentro de su casa sobre la calle Puerto Rico de Posadas.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en severo estado de salud hasta que este jueves se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos se destacan una cámara de seguridad que la muestra ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 milímetros encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica.
Crimen del penitenciario Argüello: detuvieron a su pareja por encubrimiento
Roberto Ramón Pereira (57), el hombre que estuvo seis años preso por abuso de menores y volvió a ser detenido el jueves pasado por el mismo delito, se abstuvo a declarar esta mañana por el nuevo caso y fue imputado por “producción de archivos Masi, abuso sexual y amenazas”.
Tal como estaba previsto, el comerciante que tenía a su cargo un vivero en el Mercado Concentrador fue trasladado este lunes hacia el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, para comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Miguel Mattos.
Antes de pasar frente al juez, el implicado designó un abogado particular para que se haga cargo de su defensa y luego se abstuvo de declarar, tal como lo ampara su derecho.
En la misma audiencia fue notificado de los hechos que se investigan, de las pruebas que se registran en su contra y provisoriamente fue imputado por los delitos de “producción de material de abuso sexual infantil (Masi), delito contra la integridad sexual y amenazas”.
De esta manera, Pereira continuará detenido mientras avanza la investigación que lo tiene nuevamente tras las rejas desde el jueves pasado, cuando un niño de 12 años reveló los vejámenes que sufría era llevado a la casa del hombre sobre calle Soria, casi avenida Santa Cruz, donde supuestamente el ahora sospechoso le iba a enseñar “a arreglar sillones”.
Abuso y filmación
Según el relato del niño, contado por su madre en una entrevista con La Voz de Misiones, el menor empezó a ir a la casa de Pereira en diciembre y en las primeras visitas ya se habrían concretado los abusos que, además, fueron filmados para que luego utilizar esas imágenes como extorsión.
“Además de grabarle, después que abusaba de él le mostraba videos suyos con otros chicos. Le decía que le gustan los chicos mayores de 10 años. Así que hay más víctimas y por eso cuando vinimos a buscarlo queríamos recuperar si o si el celular, ahí está toda la evidencia”, contó la madre del pequeño.
El domicilio del sospechoso fue allanado el viernes a la tarde y en el lugar los investigadores incautaron tres aparatos telefónicos, un pen drive, un disco rígido y bajo la almohada de su cama hallaron un sugestivo elemento que podría ser clave: un ajo con un papel escrito con el nombre de un menor de edad.
Todos los dispositivos quedaron en manos de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), cuyo personal será el encargado de realizar las pericias correspondientes en busca de más pruebas que puedan robustecer la acusación. También servirán, en todo caso, para comprobar la existencia de más víctimas.
En su contra, además, Pereira cuenta con un severo antecedente. En 2016 fue detenido por el mismo delito y por esa causa en 2018 firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que se declaró culpable y fue condenado a seis años de prisión.
El hombre purgó esa pena en un complejo penitenciario de la provincia y en 2024 recuperó la libertad. Ahora está nuevamente preso, enfrentando un expediente que podría significarle una pena mucho mayor.
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