Judiciales
Indagan a misionero acusado de captar menores y prostituirlos en Buenos Aires
El misionero Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo (47), acusado de liderar de una red de trata que captaba víctimas para explotación sexual, será trasladado esta mañana ante la Justicia porteña para prestar declaración indagatoria junto a los otros tres detenidos que tiene la causa, entre ellos, Marcelo Corazza, primer ganador del reality show Gran Hermano y productor de la edición 2023.
La investigación iniciada en octubre del año pasado es llevada adelante por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 48, a cargo del magistrado Javier Sánchez Sarmiento, ante quien Angelotti Notarbartolo debe comparecer esta mañana en audiencia de declaración indagatoria.
En esa instancia, el misionero tiene la posibilidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse, tal como lo ampara su derecho y sin que ese silencio le signifique presunción de culpabilidad alguna.
Hasta el momento, el implicado se le imputa ser el líder de una red que se dedicaba a captar varones menores de edad en Misiones, la mayoría en situaciones de vulnerabilidad, para luego ser enviadas bajo engaños a Buenos Aires, donde eran explotados sexualmente a cambio de dinero.
Según consignaron diversas fuentes consultadas por La Voz de Misiones, se cree que la banda operaba desde 1999 y existen al menos una decena de víctimas identificadas.
La información recolectada añade que la investigación comenzó en octubre del año pasado, cuando dos testigos de identidad reservada radicaron una denuncia en la que contaron lo que habían sufrido a comienzos de la década del 2000.
Medios porteños detallaron que una de esas denuncias fue contundente y apuntó directamente contra Angelotti Notarbartolo y Corazza.
Esa víctima narró que, un día del año 2001, se encontraba junto al misionero en Buenos Aires, hasta que éste le dijo que tenía alguien que “lo quería conocer”. El menor aseguró que se negó, pero finalmente fue convencido por el sindicado organizador de la red.
De allí subió al auto de Angelotti Notarbartolo y fue trasladado hasta plaza Miserere, donde pasó a otro vehículo en el que se encontraba Corazza, quien se encontraba en la cúspide de la fama por ganar la primera edición de Gran Hermano. En esas circunstancias se produjo el abuso.
Los investigadores sostienen que los menores eran captados por Angelotti Notarbartolo, quien se ganaba su confianza y los engañaba con promesas de viajes, ropa y más.
De allí eran trasladados a la casa de su madre, en la localidad bonaerense de General Rodríguez, donde quedaban alojados y se administraba qué hacer con ellos. Los encuentros se pactaban en vehículos que paraban en Caballito, Parque Centenario, Plaza Miserere, Costanera Sur, una quinta en Castelar, en albergues transitorios y domicilios.
En el expediente Angelotti Notarbartolo aparece como “el misionero” y en las denuncias también afirman que él abusaba de las víctimas y luego las entregaba a otros hombres.
Los otros dos detenidos que tiene la causa son Andrés Charpenet y Raúl Mermet. También serán indagados en las próximas horas.
No se descarta que se sumen más denuncias de otras víctimas.
El misionero
El misionero aparece involucrado en un expediente con una imputación similar que se tramitó en la Justicia misionera a fines de la década del 2010.
En esa misma época era dueño de Ohm Lounge Club, un boliche nocturno que funcionaba sin habilitación en la Capital del Monte y el cual fue clausurado en al menos dos oportunidades por presencia de menores de edad.
En los últimos años, Angelotti Notarbartolo tuvo un alto perfil en Oberá. En dicha localidad se presentaba como chef y fue parrillero del Pabellón Argentino del Parque de las Naciones, labor que lo llevó a ser jurado de un concurso de asadores realizado en febrero de 2022. Incluso todavía hay un video suyo promocionando el evento en redes sociales.
Actualmente, tenía una pizzería de venta online que funcionaba en la misma propiedad que habitaba, sobre la calle Ralph Haupt 1768, domicilio que ayer a la mañana fue allanado por investigadores de la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (Caba), fuerza que encabezó la pesquisa.
En ese lugar fue detenido el misionero y además se secuestraron equipos informáticos que ahora serán sometidos a pericias.
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.
Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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Los 17 policías, entre activos y retirados, detenidos en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, ocurrida en marzo de 2008, quedaron este jueves bajo arresto domiciliario por disposición de la Justicia Federal de Posadas.
La medida fue adoptada por la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, y la fiscal Silvina Gutiérrez analiza si presenta un recurso de apelación.
El beneficio alcanza a los 16 efectivos que habían sido detenidos durante los allanamientos realizados el lunes a la mañana y a Alfredo Lorenzo Ortiz, quien se presentó posteriormente de manera espontánea ante el juzgado.
De esta manera, los 17 sospechosos continuarán sujetos al proceso, aunque ya no permanecerán alojados en dependencias de Gendarmería Nacional. La resolución todavía puede ser apelada por la Fiscalía Federal Dos de Posadas, a cargo de Silvina Gutiérrez.
La investigación busca determinar qué ocurrió con Golemba, quien fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando regresaba a su domicilio en la zona de Dos de Mayo después de haber viajado a Oberá.
La hipótesis de la desaparición forzada
La principal hipótesis que impulsa la Fiscalía Federal sostiene que Golemba fue privado ilegalmente de su libertad y que, posteriormente, habría sido trasladado y sometido a violencia en dependencias policiales.
De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, distintos testimonios ubicaron al joven dentro de la comisaría de Dos de Mayo durante las horas posteriores a su desaparición.
La pesquisa también apunta a determinar la existencia de un presunto “pacto de silencio institucional” entre integrantes de la Policía para ocultar lo ocurrido y garantizar la impunidad de los responsables.
En ese sentido, la fiscalía analiza no solamente la posible participación de quienes pudieron haber intervenido directamente en la privación de la libertad de Golemba, sino también las conductas de aquellos funcionarios que eventualmente hayan colaborado con el encubrimiento o hayan omitido actuar ante lo sucedido.
Entre los imputados se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, quien estaba al frente de la comisaría de Dos de Mayo al momento de la desaparición y durante su indagatoria decidió abstenerse de declarar.
Una causa que lleva 18 años
Golemba tenía 27 años cuando desapareció. El 27 de marzo de 2008 había viajado desde Dos de Mayo hasta Oberá para asistir a una consulta médica y posteriormente emprendió el regreso.
Sin embargo, nunca llegó a su casa y desde entonces nada se supo de su paradero.
La causa tuvo durante años una investigación en el ámbito de la Justicia provincial, hasta que posteriormente pasó al fuero federal. Con el avance de la pesquisa comenzaron a incorporarse nuevos testimonios y elementos que permitieron poner el foco sobre el accionar de policías que se encontraban en funciones durante los días posteriores a la desaparición.
Las detenciones concretadas esta semana marcaron un giro significativo en una investigación que llevaba casi dos décadas sin personas imputadas por la desaparición del joven.
Ahora, con los 17 acusados bajo arresto domiciliario, la Justicia Federal deberá avanzar con el análisis de las pruebas y determinar la situación procesal de cada uno de ellos.
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