Judiciales
Empezó el juicio a Manuel Rivero, acusado de balear a su ex y a dos vecinos
“Soy responsable del hecho, pero de ese momento no me acuerdo nada”, lanzó escuetamente esta mañana Manuel Rivero (59) cuando le preguntaron si quería declarar sobre lo sucedido en la mañana del 14 de diciembre de 2016, día que intentó matar a balazos a su ex pareja en el barrio San Marcos de Posadas y también desparramó tiros contra otros vecinos.
Las palabras de Rivero, nacido en Ituzaingó, Corrientes, fueron emitidas en el marco de la primera jornada del juicio que se desarrolla en su contra, aunque solo contó como una “aclaración”, ya que en acuerdo con su abogado defensor Mario Ramírez optó por abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho.
El escenario del proceso es el Tribunal Penal Uno de Posadas y las audiencias se extenderán hasta el jueves. Rivero llega a esta instancia detenido e imputado por los delitos de “homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa y homicidio simple en grado de tentativa (dos hechos) y portación ilegal de arma de fuego en concurso real en carácter de autor”, tras una investigación llevada adelante por el Juzgado de Instrucción Siete.
Manuel Rivero tiene 59 años y está detenido desde el momento del hecho, aunque en el medio de escapó de la comisaría Octava y estuvo prófugo un mes.
“Hice mierda a tu mamá”
Justamente, la jornada de hoy estuvo marcada por la lectura del auto de elevación a juicio del expediente, documento judicial en el cual la fiscal Patricia Clerici reconstruyó lo sucedido y plasmó la hipótesis acusatoria en base a los elementos de prueba recolectados durante la pesquisa.
Allí consta, entonces, que el 14 de diciembre de 2016, cerca de las 7.30, Rivero irrumpió en la casa de su ex pareja, Elisa De Souza, con quien mantuvo una relación de 30 años y fue padre de diez hijos, con la clara intención de asesinarla con un revólver calibre 22 milímetros largo marca Doberman.
Para ese entonces, el hombre ya contaba con una exclusión de hogar y una restricción de acercamiento debido a anteriores episodios de violencia perpetrados contra la mujer y ese día llegó decidido a todo. “Si no sos mía, no vas a ser nadie”, la amenazó, para luego hacerla correrla por las calles del barrio mientras empuñaba su arma.
En la huida, De Souza llegó hasta una parada de colectivos y se refugió detrás de un vecino, pero nada detuvo a Rivero, que abrió fuego por primera vez y el disparo atravesó al joven e impactó en la mujer.
Malherida, la víctima cayó indefensa y el ahora acusado la remató con otros dos disparos a quemarropa. En la fuga, además, baleó a otra vecina que fue testigo de lo sucedido desde la ventana de su casa, pero los tres proyectiles dieron contra la pared.
Los magistrados del TP Uno Gustavo Bernie, Ángel Dejesús Cardozo (presidente) y Viviana Cukla.
“Ahí ya le hice mierda a tu mamá”, fue el mensaje que Rivero le envió a uno de sus hijos antes de ser detenido, aunque afortunadamente ni De Souza ni los otros vecinos baleados fallecieron.
La mujer sí resultó gravemente herida y permaneció varios días internada, aunque logró recuperarse y declarar contra su ex pareja. Ahora, además de testigo, es parte activa del debate oral como querellante particular, con la representación del letrado Santiago Larrea.
La sobreviviente debe declarar mañana, junto a otros cuatro testigos que darán inicio a la ronda de testimoniales mediante las cuales las partes pretenden reconstruir lo sucedido para llegar a una resolución.
El tribunal encargado de llevar adelante el proceso es presidido por el magistrado Ángel Dejesús Cardozo e integrado por sus pares Gustavo Bernie y Viviana Cukla, mientras que en representación de la fiscalía interviene Martín Alejandro Rau.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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