Crisis económica, lucha colectiva y derecho a protesta fueron las palabras que más se repitieron esta mañana en el inicio del juicio oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez, acusados de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte” durante el acampe realizado entre mayo y junio de 2024 en reclamo por una recomposición salarial.

La audiencia comenzó minutos después de las 8.30, pero ambos imputados estuvieron desde temprano en las escalinatas del Palacio de Justicia, donde recibieron el apoyo de un centenar de trabajadores de la educación, militantes sociales y dirigentes políticos que montaron una vigilia en la vereda del edificio emblema del Poder Judicial misionero.

Tanto Gurina como Sánchez tomaron el micrófono y ante la muchedumbre repitieron las palabras que luego utilizarían como defensa ante la jueza Correccional y de Menores Uno Marcela Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargado de impartir justicia en esta causa.

Previo a prestar declaración indagatoria, los docentes y gremialistas oyeron el auto de elevación a juicio, documento donde se asienta la carga probatoria y la hipótesis acusatoria que oportunamente fue formulada por la fiscal de Instrucción Siete de Posadas, Patricia Clerici.

Mónica Gurina en el ingreso al Palacio de Justicia.

La acusación

De acuerdo al documento, los hechos imputados contra los dos acusados ocurrieron entre el 1 y el 4 de junio del año pasado, cuando en desobediencia a una orden de desalojo firmada por el juez Ricardo Balor continuaron con el acampe docente instalado sobre la avenida Uruguay, metros antes del campamento policial montado frente al Comando Radioeléctrico Uno, obstaculizando así el tránsito sobre esa arteria.

Para la fiscal Clerici los docentes enjuiciados tenían “poder en la protesta”, “condicionaron el acatamiento de la orden judicial vigente” y “utilizaron su ascendencia sobre los docentes para continuar obstruyendo el tránsito”.

En ese marco, la hipótesis acusatoria sostiene que Gurina y Sánchez “provocaron dolosamente el entorpecimiento del tránsito desobedeciendo una orden judicial” y “no hay elemento jurídico que justifique su accionar”.

Culminada la lectura del auto de elevación a juicio, la fiscal del debate, María Laura Álvarez, solicitó incorporar como testigo al gerente de Tipoka para que detalle los perjuicios sufridos por la empresa de transporte durante los días en que ocurrieron los hechos investigados, aunque la jueza Leiva rechazó la solicitud.

Colectivo y asambleario

Siendo las 9.45, finalmente llegó el momento de los enjuiciados. La primera en declarar fue Mónica Gurina, que conforme a los pasos procesales debió presentarse ante la jueza antes de brindar su descargo.

“Es extraño estar acá y no el aula con tizas en la mano”, expresó Gurina, de 62 años, maestra de grado, dirigente sindical de CTA Autónoma y candidata opositora en varias elecciones.

Gurina sostuvo que la escalada del conflicto comenzó en octubre de 2023, cuando el acuerdo paritario que consignaba aumentos conforme a la inflación “dejó de cumplirse” y contextualizó que “en marzo de 2024 arrancamos el ciclo lectivo con 13% de aumento frente a una inflación acumulada de 115%”.

La docente luego se defendió de las acusaciones. Señaló que la decisión del acampe sobre la avenida Uruguay fue “colectivo, asambleario y en pos del conjunto del sistema educativo”, al tiempo que lanzó: “El derecho a la protesta no es un delito”.

El debate es dirigido por un tribunal unipersonal presidido por la jueza Correccional y de Menores Marcela Leiva.

Ajuste de Milei

En mismo sentido declaró Leandro Sánchez, de 55 años y oriundo de Entre Ríos, aunque hace más de dos décadas que trabaja como docente en Panambí, sobre la costa del río Uruguay.

Sánchez ahondó en el clima social que imperaba por aquellos meses de protesta multisectorial en Misiones, con epicentro en Posadas. “Estamos convencidos de que lo que nos llevó a la calle fue el contexto socioeconómico. Esto no fue resultado de nuestras acciones, sino el ajuste macroeconómico del gobierno de Milei”, dijo y enumeró tres factores condicionantes: la devaluación del 13 de diciembre de 2023, los tarifazos y la caída de subsidios.

Sánchez también hizo mención a la eliminación del FONID y consideró que “a la situación nacional la provincia sumó condimentos como la falta de respuestas y la corrupción en el CGE”.

Sobre las acusaciones, postuló que “fue la Policía la que nos invitó al acampe y la asamblea votó que viniéramos. No lo decidimos solo nosotros dos, este conflicto es colectivo. Nosotros hacemos asambleas en las plazas, en las rutas, en las escuelas, decidimos todo a la vista de todos, no a escondidas. Practicamos la democracia”.

“Tengo la sensación de que nos van a condenar y van a condenar la protesta social. Van a dar el argumento jurídico para llenar de maestros las cárceles porque nosotros vamos a seguir en las calles para defender la educación. Pienso que nos van a condenar, pero sé que la historia nos absolverá”, cerró, casi entre lágrimas y ante aplausos del público, entre los que habían dirigentes políticos y sociales de talla nacional como el ex diputado y presidente de Unidad Popular Claudio Lozano y el secretario general de ATE Rodolfo Aguiar.

Leandro Sánchez junto a Graciela Franzen, presa política en la dictadura y militante por los derechos humanos.

Mañana alegatos y sentencia

La audiencia no culminó allí porque la defensa de los docentes, encabezada por los abogados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, solicitó incorporar como testigos a los maestros Estela Genesini y Carlos Lezcano, lo cual no tuvo objeción por parte de la fiscalía.

Los dos testigos hicieron hincapié en la crisis salarial que afrontaba el sector como el principal motivo de protesta y sostuvieron que todas las medidas de fuerza llevadas adelante fueron decididas en asamblea. “Nosotros no tenemos un líder, somos todos rebeldes, opinamos, debatimos y después decidimos por mayoría”, dijo Lezcano.

Lo último de la jornada fue la intervención de Marta Maffei, docente, ex legisladora y referente de la Carpa Blanca en la década de los 90. La mujer expuso ante el tribunal a pedido de la defensa y en carácter de amicus curiae (amigos del tribunal).

Maffei hizo un repaso de los derechos conquistados a partir de manifestaciones sociales, reivindicó la lucha colectiva y defendió el derecho a protesta. “Hay que poner por encima las demandas colectivas. No creo que sea un conflicto para el transporte hacer una cuadra de más”, resumió.

El debate continuará mañana, con las testimoniales pendientes, la ronda de alegatos y el dictado de la sentencia. El proceso durará menos de lo previsto, debido a la depuración de testigos realizada hoy por las partes, que desistieron de al menos una decena de las comparecencias originalmente acordadas.

Trabajadores de la educación montaron una vigilia fuera del Palacio de Justicia.

Gurina y Sánchez rechazaron una probation y este martes arranca el juicio

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Vestidos de guardapolvo, los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez se sentaron esta mañana en el banquillo de los acusados y comenzaron a ser juzgados por los delitos presuntamente cometidos durante el acampe y la protesta salarial realizada el año pasado en Posadas.

Los dirigentes sindicales están imputados por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”.

Los docentes ingresaron al debate a las 8.30, acompañados por un grupo de trabajadores, gremialistas, referentes políticos y militantes sociales que prestan su apoyo.

Antes del inicio, ambos acusados ratificaron la decisión de rechazar la probation propuesta por la fiscal María Laura Álvarez.

El debate está a cargo del tribunal unipersonal presidido por la registrada Marcela Leiva, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas.

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Los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez rechazaron una probation propuesta por la fiscalía y en consecuencia mañana iniciará tal como estaba previsto el juicio oral contra ambos dirigentes sindicales acusados por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, cometidos durante las protestas salariales del año pasado en Posadas.

El inicio del debate oral está pautado para las 8 y el proceso se realizará en el SUM del Palacio de Justicia, escenario designado tras un pedido de la defensa para garantizar un mayor número de aforo.

Los docentes contarán con la defensa del letrado Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga, mientras que la fiscalía estará representada por María Laura Álvarez, en tanto que el tribunal unipersonal encargado de impartir justicia estará presidido por la magistrada Marcela Leiva, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas.

Fuentes consultadas por La Voz de Misiones señalaron que el jueves pasado la fiscal Álvarez elevó una propuesta de suspensión de juicio a prueba, más conocido como probation, donde ofrecía la realización de tareas comunitarias como alternativa para resolución del conflicto.

La medida no implicaba el reconocimiento de ningún delito ni contaba como condena, pero los imputados decidieron rechazar la propuesta y enfrentar las acusaciones en debate oral, donde las posibilidades se reducen a un fallo condenatorio o a una absolución.

“Esto no es una cuestión criminalizable, independientemente de que se haga este juicio, que me parece una torpeza. Aunque sean condenados ellos van a pelear hasta donde sea”, precisó Paredes a LVM.

Y argumentó que “esta una cuestión gremial, en el ámbito, en el contexto, de una licuación de salarios del año pasado, y por otra parte es asambleario, es decir, es una asamblea la que decide (las medidas de protesta), no ellos. Esto no es una brigada militar donde solo Gurina y Sánchez, deciden. Ellos son voceros, son los que llevan la voz de la asamblea”.

De esta manera, Gurina y Sánchez se sentarán mañana en el banquillo de los acusados. Primero oirán el auto de elevación a juicio del expediente formulado por la fiscal de Instrucción Siete Patricia Clerici y una vez abierto el debate tendrán la oportunidad de declarar.

Posteriormente se dará inicio a las testimoniales, etapa que se extenderá durante al menos una jornada más hasta la instancia de alegatos finales previo al dictado de sentencia.

Acompañamiento y defensa

Bajo el lema “la lucha por el salario no es delito”, gremios docentes, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y agrupaciones políticas se convocaron para acompañar mañana a los enjuiciados desde las escalinatas del Palacio de Justicia, ubicado sobre avenida Santa Catalina de Posadas.

“La exigencia de absolución para Mónica y Leandro es un eje de acción que está presentes en todas las acciones llevadas adelante por el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, conformado por un conjunto de organizaciones que nuclean a docentes en la provincia. También la Mesa de Unidad, que suma al MPL, sectores autoconvocados y algunas seccionales de ATE Misiones, han persistido en incorporar esa demanda a sus reclamos”, señalaron.

Los trabajadores de la educación fueron procesados por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, delitos que presuntamente fueron cometidos en el marco del acampe docente realizado a mediados de 2024 sobre la avenida Uruguay para reclamar mejoras salariales.

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