Judiciales
Dos chicas van a juicio por el homicidio de un jubilado en San Isidro en 2019
El Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte, dispuso la elevación a juicio del expediente que investiga el asesinato de Antonio Montiel (66), hecho perpetrado en marzo de 2019 en el barrio San Isidro y por el cual dos chicas de 23 años deberán enfrentar una acusación que podría significarles la prisión perpetua.
De acuerdo a la información recolectada por La Voz de Misiones, la resolución fue firmada el 28 de mayo y una semana después el expediente fue remitido al Tribunal Penal Uno de Posadas, cuyas autoridades deberán programar fecha para el inicio de las audiencias, aunque ello dependerá la agenda ya diagramada.
La medida involucra a dos jóvenes posadeñas identificadas como Gisela Ayelén Ortellado (23) y Gimena Soldad Márquez (23), ambas actualmente detenidas en la Unidad Penal V de Mujeres e imputados por los delitos de “homicidio criminis causa en concurso real con robo y estelionato”, figura bajo la cual son pasibles de ser condenadas a penas de prisión perpetua.
Crimen en San Isidro
El hecho que ahora deberá ser ventilado en debate oral se registró entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de marzo de 2019 en una casa del barrio San Isidro de Posadas.
La hipótesis trazada consigna que ambas chicas ingresaron a la vivienda con fines de robo y que terminaron asesinando a Montiel porque las habría reconocido ya que todos residían en el mismo barrio. Por eso la figura es “homicidio criminis causa”, lo cual significa matar para ocultar otro delito.
Montiel, que apenas un día antes había cobrado su primera jubilación, fue asesinado a puñaladas con un cuchillo de cocina y de su casa robaron un televisor de 32 pulgadas.
En el comienzo de la investigación, con intervención por subrogancia del juez Fernando Verón. hubo otros jóvenes demorados, aunque con el transcurso de la causa fueron desvinculados y finalmente solo fueron acusadas las dos chicas.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó penas de 1 año y 10 meses de prisión, respectivamente, para los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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