Judiciales
Prisión preventiva para acusado de prender fuego a su pareja en San Onofre
El magistrado Marcelo Cardozo, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, dictó en las últimas el procesamiento con prisión preventiva para Jonatan Jordan Campedo Páez (34), único acusado por el femicidio de su pareja Ramona Isabel Morínigo (39), cometido a fines de febrero en el barrio San Onofre.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la medida fue firmada el último viernes por el juez Cardozo, quien de esta manera consideró que se recolectaron suficientes medidas de prueba como para procesar a Campedo Páez por el delito de “homicidio calificado por la relación de pareja”, figura que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser declarado culpable en un futuro debate oral.
En línea con la misma resolución, también se dispuso el traslado del imputado desde la comisaría donde estaba alojado hacia una celda de la Unidad Penal VI de Miguel Lanús, donde continuará privado de su libertad mientras avanza la instrucción del expediente en su contra.
Ramona Morínigo tenía 39 años y era madre de tres hijos, todos en edad de adolescencia y pre adolescencia.
Femicidio en San Onofre
El hecho que aún se encuentra en etapa investigativa y en el cual Campedo Páez aparece como único sospechoso, se registró en la noche del 17 de febrero, aunque la víctima falleció seis días después en el hospital Madariaga.
De acuerdo a lo que se pudo reconstruir hasta el momento, esa noche Ramona Morínigo se encontraba junto al sospechoso en su casa en el barrio San Onofre, hasta que se produjo una discusión que terminó de la peor manera.
Los primeros datos indican que en medio de la discusión la mujer fue rociada con alcohol y prendida fuego, agresión que le provocó quemaduras graves en el 50% del cuerpo, heridas que principalmente se localizaron en cabeza, rostro, cuello y miembros superiores.
Después de ello, la mujer fue trasladada por su propia familia al hospital Madariaga, donde quedó agonizó durante seis días.
El sospechoso, por su parte, escapó del lugar y fue detenido minutos después en cercanías a la terminal de colectivos. Desde ese día permanece privado de su libertad y al momento de prestar declaración indagatoria se desligó del hecho, asegurando que la víctima se auto infringió las lesiones con intenciones suicidas.
“El hecho ocurrió a la noche, casi llegando a la medianoche. La familia de ella alcanzó a ver una llamarada por la ventana y luego ella salió corriendo. Su hijo adolescente llegó a ver lo que ocurrió y ella alcanzó a decirle a su familia que su pareja la había atacado”, contó en su momento Nancy Jara, una letrada posadeña cercana a la familia de la víctima.
Ramona era madre de tres hijos, todos en edad de adolescencia y pre adolescencia. Había retomado su relación con Campedo Páez 15 días antes del hecho.
Femicidio en San Onofre: “Ella alcanzó a decir que su pareja la atacó”
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.
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