Judiciales
Crimen del enfermero Aquino en 2018: juzgan desde el martes al único acusado
Mientras se aguarda la finalización del juicio por el crimen del olero Ramón Fretes (63), en el Tribunal Penal Dos ya preparan el inicio del debate oral para esclarecer el homicidio de Raúl Roberto Aquino (57), el enfermero posadeño que a fines de 2018 fue asfixiado con una media en su casa del barrio Patotí.
El inicio de las audiencias sobre este caso será el martes y el juicio tendrá un total de siete jornadas que se extenderán hasta el miércoles 14, según pudo averiguar La Voz de Misiones.
El acusado en este expediente es Carlos Tomás Prokopio, un joven que tenía 22 años al momento del hecho y era conocido de la víctima.
El muchacho está imputado por el delito de homicidio simple, figura que prevé entre 8 y 25 años de prisión.

Prokopio está detenido desde enero de 2019. Pruebas científicas lo vinculan al crimen.
De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, el crimen del enfermero Aquino se registró en la madrugada del 24 de noviembre de 2018, dentro de uno de los departamentos del inquilinato familiar que administraba sobre la calle Chile, casi avenida Corrientes, del barrio Patotí de Posadas.
El homicidio se descubrió mediante una alerta emitida por vecinos del barrio que comenzaron a ver humo salir desde el departamento de la víctima.
En esas circunstancias, al lugar arribó el personal de la División Seguridad Costanera, quienes forzaron la puerta del departamento y en el baño dieron con el enfermero sin vida.
Según los informes forenses, la víctima sufrió una golpiza y fue asfixiado con una media o tela que obstruyó sus vías respiratorias.
Tras el crimen, su asesino pretendió borrar pistas iniciando un incendio, aunque el fuego no alcanzó a tomar suficiente fuerza y el rápido accionar conjunto entre los vecinos y la Policía permitieron que la escena se preserve.
La primera pista que condujo la investigación fue la desaparición del vehículo Toyota Ethios de la víctima, el cual fue hallado al mediodía siguiente en el barrio San Isidro. Quien huyó en ese rodado también pretendió quemarlo, pero volvió a fallar.

El auto de Aquino fue abandonado en el barrio San Isidro de Posadas.
El acusado fue detenido tiempo después, el 8 de enero de 2019, luego de un seguimiento digital realizado por el personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) sobre la línea telefónica de la víctima.
Es que el celular también desapareció de la escena y las pistas obtenidas a partir de ese aparato condujeron a Prokopio, que residía en el mismo barrio donde el vehículo de Aquino fue abandonado.
La casa del sospechoso fue allanada días después y en un placar los investigadores hallaron una zapatilla con manchas de sangre, fluido que luego se determinó mediante estudios científicos que pertenecía a la víctima.
Además, los restos biológicos recolectados en el interior del automóvil robado a la víctima eran compatibles al ADN de Prokopio, según lo determinó un cotejo realizado en el Parque de Salud.
La causa fue llevada adelante por el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, y elevada a juicio en el primer semestre de 2021.
Judiciales
Crimen de Wiebel: su ex suegro se abstuvo y fue imputado por homicidio
Ángel Ramón Zalazar (82) compareció este martes ante la Justicia, se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por el asesinato de su ex yerno Alfredo Wiebel (48), empresario y piloto de carreras ultimado de cinco balazos en la mañana del 11 de septiembre en Puerto Iguazú.
La audiencia se realizó esta mañana y para ello el implicado debió ser traslado desde el hospital Samic de la Ciudad de las Cataratas hacia Eldorado, donde lo esperaban para indagatoria en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado César Lirussi.
En esa instancia, el hombre decidió guardar silencio y tras ser notificado de los elementos de prueba en su contra fue formalmente imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificación provisoria que podría modificarse conforme avance la investigación.
Por disposición judicial, Zalazar quedó internado con custodia policial en el hospital Gardés de Eldorado, medida que se mantendrá hasta tanto se resuelva entre un pedido de prisión domiciliaria o un traslado hacia una unidad carcelaria preparada para pacientes de su condición.
Testimoniales y querella
Los instructores de la causa pudieron avanzar con la indagatoria luego de recibir un informe de la junta médica que evaluó a Zalazar, cuyos resultados arrojaron dos conclusiones clave: una es que el hombre comprende la criminalidad de sus actos y la otra es que en su cuadro de salud general no se observan patologías que pongan en riesgo su vida, siempre y cuando continúe recibiendo la asistencia médica.
En paralelo, la causa continuará avanzando con la toma de testimoniales y los primeros en declarar serán los albañiles que ese 11 de septiembre a la mañana observaron la secuencia entera del ataque ocurrido en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, casi Pancho Ramírez, de Iguazú.
Al expediente, además, ya se incorporó la familia de la víctima en carácter de querellante particular bajo la representación del letrado Walter Quintana, quienes de esta forma podrán participar activamente en el caso.
Madre del piloto Wiebel: “No voy a permitir que se desdibuje la verdad”
Judiciales
Admitió haber matado a machetazos a su vecina y firmó un abreviado por perpetua
Casi cuatro años después del hecho, el hombre acusado de asesinar a machetazos a su vecina Rosula Concepción Benitez Garcete (73) admitió su culpabilidad y aceptó ser condenado a prisión perpetua.
Se trata de Héctor Raúl Fernández (33), quien esta mañana debía sentarse en el banquillo de los acusados del Tribunal Penal Uno de Eldorado para enfrentar un debate oral como autor del delito de “amenazas calificadas por el uso de arma blanca y homicidio calificado por alevosía en concurso real”.
Sin embargo, horas antes tomó otra decisión y finalmente decidió admitir su responsabilidad en el hecho, aceptando la pena de prisión perpetua. El acuerdo fue alcanzado entre el imputado, su defensa y la fiscalía, lo cual ahora debe ser homologado por los magistrados del tribunal para transformarse en sentencia.
El hecho que Fernández confesó ocurrió el 5 de noviembre de 2022, en el paraje Aguaray Guazú de Puerto Esperanza, donde atacó a machetazos a su vecina Benítez Garcete, de 73 años y no vidente.
De acuerdo a la reconstrucción realizada por el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del magistrado Martín Brites, aquella tarde Fernández se dirigió a la casa de sus vecinos y con un machete en manos amenazó de muerte al esposo de Benítez Garcete.
En esas circunstancias, apareció el padre de Fernández, que lo retiró del lugar, pero minutos más tarde el imputado regresó a la casa de sus vecinos, donde la mujer se encontraba sola debido a que su esposo se había dirigido a la comisaría para radicar la denuncia del primer suceso.
Allí Benítez Garcete fue atacada a machetazos y falleció tras más de una semana internada en terapia intensiva como consecuencia de las graves lesiones sufridas, principalmente en la cabeza.
Las pericias del caso revelaron que el homicida registraba 2,5 gramos de alcohol en sangre y bajo ese estado pretendió ser declarado inimputable, aunque los planteos tuvieron respuesta negativa.
Judiciales
Compañeros de Barreto reconstruyeron la fuga y colisión que provocó su muerte
El juicio contra Rodrigo Dias Da Silva (27), imputado por chocar y matar al gendarme Robert David “Chato” Barreto (31) a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando, continuó esta mañana con la declaración de cuatro camaradas de la víctima, quienes relataron de qué manera sucedieron los hechos durante aquella tarde del 14 de septiembre de 2024 sobre la ruta provincial 103.
Ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por sus pares Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), los cuatro testigos citados coincidieron en que el implicado hizo caso omiso al control dispuesto y en medio de la huida arrolló a Barreto, que murió minutos después de su traslado a un centro asistencial.
El primero en declarar fue el sargento primero Eduardo Corro, encargado de la patrulla que aquel día se instaló sobre ruta provincial 103, poco después del acceso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana para efectuar un control preventivo.
El uniformado se apoyó en un croquis para describir de qué manera se instaló en el control. Contó que en total eran cinco efectivos y describió que tenían cinco conos distribuidos sobre el asfalto y que cada uno de ellos contaba con chaleco refractario, además de contar con una camioneta Agrale Marrua de la institución al costado de la arteria.
“El primer cono estaba a 250 metros del puesto de control y el segundo cono estaba a 150 metros. Yo estaba ahí. Mi función era la de encausar el tránsito”, detalló Corro, que a la vez describió que “el clima estaba despejado, óptimo, con una buena visibilidad”.
Sobre el hecho, narró que “la camioneta hizo caso omiso a mis señales y cuando llegó hasta mí me hice a un lado. Cuando me pasó escuché que aceleró más y de ahí ya no pude ver mucho más, solo veía la parte de atrás de la camioneta. La camioneta perdió el control, se fue hacia la banquina y volcó”.

El sargento primero Eduardo Corro hizo un croquis y se quebró al recordar a su camarada.
Corro aseguró que en primera instancia no notó que la Amarok haya atropellado a su compañero y recién lo advirtió minutos después. “Me acerco y veo a una persona adentro de la camioneta y bultos con cigarrillo. Después busco a mi gente y no encontraba a Barreto. Él estaba más allá, en el suelo, tirado en posición fetal, semi cubierto por pastura y tierra. Fue inevitable quebrarme”, recordó.
Tanto el sargento primero como los otros tres gendarmes que declararon después coincidieron en la misma secuencia. Además, todos negaron haber contado con “clavos miguelitos” e indicaron que ninguno escuchó ruido de “frenadas” previo al impacto mortal.
El debate continuará el próximo 5 de octubre, a partir de las 8.30. En el proceso interviene el fiscal Pablo Di Loreto, mientras que el acusado es representado por el abogado particular Carlos Luis Ferreyra.
Da Silva está imputado por “encubrimiento de contrabando, resistencia a la autoridad y homicidio doblemente calificado cometido a un miembro de la fuerza de seguridad para procurar la impunidad, en concurso ideal”. En la primera audiencia pidió perdón y alegó que nunca quiso “hacer daño”.
Imputado por muerte del gendarme Barreto pidió perdón: “No quise hacer daño”
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