Judiciales
Crimen del enfermero Aquino en 2018: juzgan desde el martes al único acusado
Mientras se aguarda la finalización del juicio por el crimen del olero Ramón Fretes (63), en el Tribunal Penal Dos ya preparan el inicio del debate oral para esclarecer el homicidio de Raúl Roberto Aquino (57), el enfermero posadeño que a fines de 2018 fue asfixiado con una media en su casa del barrio Patotí.
El inicio de las audiencias sobre este caso será el martes y el juicio tendrá un total de siete jornadas que se extenderán hasta el miércoles 14, según pudo averiguar La Voz de Misiones.
El acusado en este expediente es Carlos Tomás Prokopio, un joven que tenía 22 años al momento del hecho y era conocido de la víctima.
El muchacho está imputado por el delito de homicidio simple, figura que prevé entre 8 y 25 años de prisión.
Prokopio está detenido desde enero de 2019. Pruebas científicas lo vinculan al crimen.
De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, el crimen del enfermero Aquino se registró en la madrugada del 24 de noviembre de 2018, dentro de uno de los departamentos del inquilinato familiar que administraba sobre la calle Chile, casi avenida Corrientes, del barrio Patotí de Posadas.
El homicidio se descubrió mediante una alerta emitida por vecinos del barrio que comenzaron a ver humo salir desde el departamento de la víctima.
En esas circunstancias, al lugar arribó el personal de la División Seguridad Costanera, quienes forzaron la puerta del departamento y en el baño dieron con el enfermero sin vida.
Según los informes forenses, la víctima sufrió una golpiza y fue asfixiado con una media o tela que obstruyó sus vías respiratorias.
Tras el crimen, su asesino pretendió borrar pistas iniciando un incendio, aunque el fuego no alcanzó a tomar suficiente fuerza y el rápido accionar conjunto entre los vecinos y la Policía permitieron que la escena se preserve.
La primera pista que condujo la investigación fue la desaparición del vehículo Toyota Ethios de la víctima, el cual fue hallado al mediodía siguiente en el barrio San Isidro. Quien huyó en ese rodado también pretendió quemarlo, pero volvió a fallar.
El auto de Aquino fue abandonado en el barrio San Isidro de Posadas.
El acusado fue detenido tiempo después, el 8 de enero de 2019, luego de un seguimiento digital realizado por el personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) sobre la línea telefónica de la víctima.
Es que el celular también desapareció de la escena y las pistas obtenidas a partir de ese aparato condujeron a Prokopio, que residía en el mismo barrio donde el vehículo de Aquino fue abandonado.
La casa del sospechoso fue allanada días después y en un placar los investigadores hallaron una zapatilla con manchas de sangre, fluido que luego se determinó mediante estudios científicos que pertenecía a la víctima.
Además, los restos biológicos recolectados en el interior del automóvil robado a la víctima eran compatibles al ADN de Prokopio, según lo determinó un cotejo realizado en el Parque de Salud.
La causa fue llevada adelante por el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, y elevada a juicio en el primer semestre de 2021.
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.
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