Judiciales
Confirman preventiva para imputado en millonaria estafa piramidal en Iguazú
Los días de lujos y viajes terminaron hace tiempo para Diego Fariña (57) y parecieran estar lejos de regresar, al menos en el corto plazo, dado que recientemente la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de Posadas rechazó un planteo defensivo y confirmó la prisión preventiva dictada en su contra en el marco de una mega causa por estafa piramidal que se investiga en Puerto Iguazú.
La resolución que confirma todo lo actuado hasta el momento y mantiene al imputado tras las rejas fue firmada el pasado 5 de septiembre por la Sala II del mencionado tribunal de alzada, integrada por los camaristas José López y Jacobo Mass, según pudo averiguar La Voz de Misiones.
Las fuentes consultadas por este medio detallaron que los jueces intervinientes decidieron rechazar la apelación al considerar que la liberación del acusado podría representar “riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación”.
Y, en esa línea, se supo que entre los fundamentos de la medida se expusieron cuatro factores clave: la cantidad de hechos imputados; el dinero que aún se pretende recuperar; el viaje realizado por el acusado a Madrid a pesar de un pedido de un detención en su contra; y, por último, el proceso de extradición de su hermana Noemí que aún está en trámite.
De esta manera, la cámara resolvió rechazar el recurso planteado por la defensa del imputado y, por consiguiente, confirmar todo lo actuado hasta el momento por el magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, quien lleva adelante el expediente y procesó a Fariña por el delito de “estafa, varios hechos”.
La pesquisa contra Diego y su hermana Noemí, quienes eran propietarios de financieras, casas de cambio y locales similares en Iguazú, algunas de ellas de nombre Fininver y Carfar, comenzó hace exactamente un año. En su contra acumulan al menos una veintena de denuncias y el monto estimado del dinero obtenido mediante un ardid de estafa piramidal orquestado desde tiempos pandémicos ascendería a los 5 millones de dólares.
Según se explicó al inicio de la investigación, la trama consistía en conseguir inversionistas que ingresen montos de dinero que supuestamente eran re-direccionados a empresas y proyectos inmobiliarios en otros países, tras lo cual los participantes del mecanismo recibirían retornos con intereses.
Aparentemente, el mecanismo funcionó durante un tiempo, pero tras la pandemia todo se complicó. Los retornos comenzaron a interrumpirse y cuando los damnificados pidieron explicaciones los hermanos Fariña desaparecieron.
Los hermanos operaban con financieras y casas de cambio en Puerto Iguazú.
Tras las denuncias, el juez Brites ordenó allanamientos en los locales involucrados y libró los pedidos de captura. Los hermanos implicados exponían sus vidas en las redes sociales con viajes al exterior, principalmente a Brasil y Estados Unidos, por lo que en ningún momento se descartó que estuviesen en el exterior.
Y esa hipótesis se confirmó el 13 de septiembre de 2022, cuando Diego Fariña fue detenido por agentes de Interpol en un aeropuerto de Madrid y cumplieron el pedido de captura internacional que pesaba en su contra.
Una vez detenido en el viejo continente, el juzgado presidido por Brites inició los trámites de extradición por vía cancillería y el implicado aceptó someterse al proceso de manera voluntaria, lo cual agilizó y aceleró su traslado a Misiones para que responda por las acusaciones en su contra.
De esta manera, Fariña fue trasladado en avión desde Madrid y llegó a Puerto Iguazú el 19 de noviembre pasado. Desde ese momento está privado de su libertad.
Poco después de arribar a la tierra colorada, Fariña compareció en audiencia de declaración indagatoria, instancia en la que decidió brindar su versión de los hechos y se desentendió de las denuncias en su contra.
Su hermana Noemí, en tanto, permaneció prófuga más tiempo. Incluso, desde la clandestinidad solicitó la eximición de prisión, pero la Justicia se la denegó.
LVM pudo saber que la mujer está detenida desde marzo, cuando efectivos de Interpol la ubicaron en Foz de Iguazú, Brasil, y todavía está en proceso su trámite de extradición a la Argentina.
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.
Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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Los 17 policías, entre activos y retirados, detenidos en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, ocurrida en marzo de 2008, quedaron este jueves bajo arresto domiciliario por disposición de la Justicia Federal de Posadas.
La medida fue adoptada por la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, y la fiscal Silvina Gutiérrez analiza si presenta un recurso de apelación.
El beneficio alcanza a los 16 efectivos que habían sido detenidos durante los allanamientos realizados el lunes a la mañana y a Alfredo Lorenzo Ortiz, quien se presentó posteriormente de manera espontánea ante el juzgado.
De esta manera, los 17 sospechosos continuarán sujetos al proceso, aunque ya no permanecerán alojados en dependencias de Gendarmería Nacional. La resolución todavía puede ser apelada por la Fiscalía Federal Dos de Posadas, a cargo de Silvina Gutiérrez.
La investigación busca determinar qué ocurrió con Golemba, quien fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando regresaba a su domicilio en la zona de Dos de Mayo después de haber viajado a Oberá.
La hipótesis de la desaparición forzada
La principal hipótesis que impulsa la Fiscalía Federal sostiene que Golemba fue privado ilegalmente de su libertad y que, posteriormente, habría sido trasladado y sometido a violencia en dependencias policiales.
De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, distintos testimonios ubicaron al joven dentro de la comisaría de Dos de Mayo durante las horas posteriores a su desaparición.
La pesquisa también apunta a determinar la existencia de un presunto “pacto de silencio institucional” entre integrantes de la Policía para ocultar lo ocurrido y garantizar la impunidad de los responsables.
En ese sentido, la fiscalía analiza no solamente la posible participación de quienes pudieron haber intervenido directamente en la privación de la libertad de Golemba, sino también las conductas de aquellos funcionarios que eventualmente hayan colaborado con el encubrimiento o hayan omitido actuar ante lo sucedido.
Entre los imputados se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, quien estaba al frente de la comisaría de Dos de Mayo al momento de la desaparición y durante su indagatoria decidió abstenerse de declarar.
Una causa que lleva 18 años
Golemba tenía 27 años cuando desapareció. El 27 de marzo de 2008 había viajado desde Dos de Mayo hasta Oberá para asistir a una consulta médica y posteriormente emprendió el regreso.
Sin embargo, nunca llegó a su casa y desde entonces nada se supo de su paradero.
La causa tuvo durante años una investigación en el ámbito de la Justicia provincial, hasta que posteriormente pasó al fuero federal. Con el avance de la pesquisa comenzaron a incorporarse nuevos testimonios y elementos que permitieron poner el foco sobre el accionar de policías que se encontraban en funciones durante los días posteriores a la desaparición.
Las detenciones concretadas esta semana marcaron un giro significativo en una investigación que llevaba casi dos décadas sin personas imputadas por la desaparición del joven.
Ahora, con los 17 acusados bajo arresto domiciliario, la Justicia Federal deberá avanzar con el análisis de las pruebas y determinar la situación procesal de cada uno de ellos.
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