Judiciales
Caso Horacelia: rechazan cuarto planteo defensivo y miércoles inicia el juicio
Tras la opinión negativa del fiscal Vladimir Glinka, los camaristas del Tribunal Penal Dos de Posadas resolvieron rechazar el último planteo de nulidad interpuesto por la defensa de Martín Monzón (39), imputado por el femicidio de Horacelia Marasca (16), y de esta manera hay vía libre para que el miércoles arranque el juicio oral para esclarecer el hecho.
La incertidumbre en cuanto al arranque del debate se había dado en virtud de un planteo de nulidad presentado por el defensor oficial del imputado, Miguel Ángel Varela, quien consideró que en una instancia de sentencia el tribunal debe estar conformado íntegramente por magistrados camaristas y no de instrucción, como es el caso de Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres, que participará como subrogante en el proceso en reemplazo de Carlos Giménez.
El recurso fue corrido vista al fiscal Vladimir Antonio Glinka, quien a fines de la semana pasada rechazó el pedido y ahora los camaristas decidieron no hacer lugar al planteo de nulidad, por lo cual debate siguen en pie, tal como estaba previsto y el miércoles se realizará la primera audiencia, según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.
El juicio oral tiene un ocho jornadas programadas, se extenderá del 1 al 10 de marzo y hay al menos 26 testigos convocados a dar sus testimonios ante el tribunal para reconstruir la historia. El tribunal estará integrado, entonces, por César Yaya, Gregorio Busse y el mencionado Verón.
Horacelia tenía 16 años. Fue asesinada y descuartizada.
El proceso ya había sido programado en tres instancias previas. La primera de ellas fue en 2018, pero una y otra vez el debate fue suspendido mediante recursos defensivos. En uno de ellos se solicitaba que Monzón declare bajo los efectos de pentotal sódico, más conocido como “suero de la verdad”, lo cual fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Monzón está imputado por el delito de “femicidio agravado por la convivencia preexistente y por mediar violencia de género”, figura prevista en el artículo 80 del Código Penal de la Nación Argentina y que prevé una pena de prisión perpetua.
El caso
El hecho que se ventilará en debate se registró el 17 de agosto de 2015, en la chacra 150 de Villa Cabello.
Ese día el propio Monzón se presentó en la Comisaría Séptima para denunciar la desaparición de Horacelia, quien era su concubina y madre de un bebé que tenían en común.
Sin embargo, horas después la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda donde residían y las pericias de luminol marcaron que el lugar fue escenario de un episodio sangriento.
Posteriormente se terminó descubriendo que la muchacha había sido asesinada a puñaladas, descuartizada y luego descartada en bolsas de basura en alcantarillas del arroyo Mártires.
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.
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