Judiciales
Fue condenado por golpear y obligar a mendigar a una misionera en Buenos Aires
Un joven bonaerense fue condenado a la pena de 4 años de prisión tras ser declarado responsable del delito de “reducción a la servidumbre” perpetrado contra una misionera a quien contactó a través de Facebook y la sedujo hasta lograr que viajara a Buenos Aires, donde la sometió a una trama de violencia de género que incluyó obligarla a mendigar dinero en la calle, además de encierros, golpes y amenazas.
De acuerdo a lo que pudo reconstruir La Voz de Misiones, la historia comenzó en diciembre de 2020, cuando una joven obereña comenzó a interactuar por Facebook con un hombre oriundo de Buenos Aires. El implicado fue identificado como Cristian Diego Sánchez (23), domiciliado en González Catán.
Ese vínculo virtual se afianzó con el correr de las semanas. Los contactos eran cada vez más asiduos y en un momento decidieron iniciar una relación amorosa, para lo cual el implicado prometió viajar hasta Misiones para convivir con la muchacha, aunque para ello pidió que primero ella viaje hasta Buenos Aires para luego regresar juntos hacia la tierra colorada.
En su declaración vertida en Cámara Gesell, la muchacha contó que viajó junto a hijo de 4 años y que al llegar a Buenos Aires se instalaron en la casa familiar del hombre y al principio todo parecía transcurrir normalmente.
Sin embargo, con el tiempo todo cambio. Sánchez se tornó violento, la despojó de su teléfono celular para impedir que mantuviera contacto con otras personas y la obligó a salir a la calle a pedir limosnas o vender elementos aparentemente robados.
En esas circunstancias la joven vivió desde el 9 de enero hasta el 11 de marzo de 2021, cuando aprovechó un descuido del hombre y huyó junto a su pequeño de la vivienda en la que se encontraba en González Catán.
La víctima narró que en uno de los últimos episodios de violencia recibió dos patadas y un fierrazo en la cintura, en tanto que en otra ocasión el hombre la encerró y comenzó a arrojarle trozos de colchón en llamadas para quemar la habitación donde ella se encontraba.
La joven agregó que durante ese tiempo, además, el hombre había escondido los documentos de su hijo para evitar que ambos escapen y cuando ella no estaba obligaba a que el niño quedase encerrado.
Cuando decidió escapar y regresar a Oberá, la joven estaba cursando un embarazo de ocho semanas. Sánchez se enteró de ello y solicitó conocer a su hijo cuando éste naciera.
Allí, a pesar de la denuncia que ya registraba en su contra, el hombre viajó a Oberá y retomó la relación con la muchacha, aunque la Policía Federal Argentina (PFA) ya estaba tras sus pasos luego de que la Justicia interviniente recolecte toda la información que acreditara los hechos cometidos previamente.
Por ejemplo, en su casa de González Catán, incautaron el pasaje de colectivos a nombre de la víctima desde Oberá hasta San Justo en enero de 2021 y también recolectaron testimonios de vecinos que acusaron a Sánchez de hacer a mendigar a todas las parejas que tuvo.
La detención del hombre se concretó el 8 de junio en Oberá, tras un procedimiento de la División Triple Frontera de la PFA. De allí fue trasladado a Buenos Aires, donde fue procesado penalmente, quedó detenido y ahora fue condenado tras la firma de un acuerdo de juicio abreviado.
Según pudo establecer LVM, Sánchez fue condenado por el Tribunal Oral Federal de San Martín Dos a la pena de 4 años de prisión al ser declarado autor del delito de “reducción a la servidumbre”, previsto por los artículos 45 y 140 del Código Penal de la Nación.
“En el caso, ha quedado probado que la víctima, vulnerable por su condición de mujer, madre joven, de bajos recursos económicos y escasa instrucción, oriunda de otra provincia, fue sometida por el encausado, con quien mantenía un vínculo amoroso signado por un claro e inequívoco contexto de violencia de género, lo que facilitó las condiciones para que aquél la obligara a mendigar y a vender diversos artículos -algunos inclusive, de su propiedad-, y entregarle los frutos de dichas actividades”, refleja la fiscalía en el fallo firmado.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
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El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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