Para Rosalía Ramírez no son días fáciles. Mañana se cumple el quinto aniversario del homicidio de su marido Cristian Casimiro Sotelo (41), asesinado durante una balacera registrada en el barrio A3-2 de Posadas, hecho que inicialmente tuvo cuatro detenidos, aunque actualmente todos se encuentran en libertad por el cese de la prisión preventiva y la fiscalía trabaja en un nuevo requerimiento de elevación a juicio de la causa.

En aquella madrugada del 13 de junio de 2021, Casimiro Sotelo estaba en el cumpleaños de un ahijado, hasta que al salir de la vivienda para irse a su casa fue atacado a tiros desde un automóvil, como en una emboscada de película.

En el lugar se recolectaron vestigios de al menos 27 disparos. Uno de ellos impactó el pecho de Sotelo, perforó su corazón y también un pulmón. Su muerte se produjo en el traslado al hospital, donde también debieron ser atendidos otros tres jóvenes que fueron alcanzados por los balazos.

“Él estaba en el cumpleaños de un sobrino en el barrio A3-2. Yo pase como a las 5.50 y le dije para irnos a casa, pero se quedó un rato más. Pasaron unos quince minutos y empezó a sonar mi celular. Me dijeron que a Casimiro le habían disparado y que tenía que ir al hospital. A él lo atacaron cuando salió de la casa, estaba hablando con su sobrino Maxi cuando pasó todo”, recordó Rosalía, la viuda, más conocida como Lolo.

La investigación reconstruyó que el conflicto inició horas antes, en una fiesta que se desarrollaba en el mismo barrio, donde integrantes de la familia Sotelo tuvieron un encontronazo con el dueño de casa y el ataque habría sido en venganza por ese altercado y otros inconvenientes de vieja data. 

Casimiro Sotelo tenía 41 años, era padre y entrenador de fútbol.

Por el hecho fueron detenidos cuatro sospechosos: Armando “Pollo” Grisuca, Diego “Cafú” Tavares, Germán “Belco” Ibáñez y Elio “El Garrafero” Castillo, este último el más comprometido y el sindicado autor de los disparos.

La causa que investiga el homicidio fue elevada a juicio en 2023, aunque el Tribunal Penal Dos, a partir de un planteo del fiscal Vladimir Glinka, resolvió anular la medida y devolver el expediente a etapa de instrucción para que continúe la recolección de pruebas.

En esa instancia se encuentra ahora la causa, en manos del fiscal de Instrucción Seis, René Casals, que avanza en un nuevo requerimiento de elevación a juicio que podría superar las 150 páginas.

En el medio, hubo una inhibición planteada por el juez original de la causa, Ricardo Balor, del Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, cuestión que finalmente fue resuelta por la Cámara de Apelaciones, aunque el trámite se demoró varios meses más y en ese lapso se venció el plazo de prisión preventiva de los implicados, que finalmente recuperaron la libertad y aguardan la llegada del juicio excarcelados.

Mientras tanto Rosalía espera, aún con esperanza de obtener justicia, pero también soportando el hecho de saber que en cualquier momento puede cruzarse con el sindicado asesino de su marido, como ya ocurrió el año pasado cuando El Garrafero se presentó en la verdulería donde trabajaba.

“Yo siempre pensé en todo lo que podía pasar el día que nos encontremos cara a cara y ese día se me pasaron tantas cosas por mi cabeza, pero Dios estuvo ahí y me frenó. Él estaba con su criatura y por ese nene me comporté. Yo sé que él es uno de los asesinos“, contó Lolo.

La viuda de Sotelo afirma que desde el 13 de junio de 2021 vive “con el dolor para siempre”, pero se mantiene fuerte para cumplir la promesa que hizo sobre su tumba: “Hacer justicia”.

“Yo sé que no depende de mí, pero no voy a descansar. Pasaron cinco años y acá sigo. Ellos están libres, pero tengo fe y quiero tener fe en la Justicia misionera y sino habrá justicia divina. Yo hoy tengo impotencia total, pero la esperanza es lo último que se pierde y solo pido que no se olviden de Casimiro”, pidió. 

Multitudinaria concentración para pedir justicia por el crimen en A 3-2

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Una joven de 19 años vivió momentos de tensión este jueves por la tarde en el barrio Nuevo de Garupá, cuando un hombre armado con un elemento punzocortante intentó asaltarla en plena vía pública. El hecho no llegó a concretarse gracias a la intervención de un policía que se encontraba de franco y logró reducir al sospechoso hasta la llegada de las patrullas.

Todo ocurrió cerca de las 19:30, cuando un oficial ayudante de la División Investigaciones de Garupá se dirigía a visitar a un familiar y advirtió una situación sospechosa en la calle. Según informaron fuentes policiales, el efectivo observó a un hombre forcejeando con una joven y escuchó sus pedidos de auxilio, por lo que decidió intervenir de inmediato.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el agresor habría exhibido un arma blanca de fabricación casera para intimidar a la víctima durante el intento de robo. Ante ese escenario, el uniformado actuó rápidamente, logró reducir al sospechoso y evitar que escapara.

Minutos después llegaron efectivos de la División Comando Santa Clara, quienes identificaron al detenido como Daniel Alfredo B., de 40 años. El hombre fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento también se secuestró el elemento punzocortante presuntamente utilizado en el hecho, mientras que la joven fue acompañada hasta la comisaría para formalizar la denuncia correspondiente.

El detenido permanece alojado en sede policial mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Elemento punzocortante secuestrado por la Policía.

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El Juzgado Civil y Comercial Tres de Eldorado resolvió suspender de manera provisoria el desalojo en los lotes 48 y 49 de Montecarlo, previsto para este jueves, lo que habría afectado a 112 familias de campesinos que asisten a la escuela de formación agroecológica aledaña, espacio que sería trasladado a otra zona próximamente.

Luego de la mesa de diálogo concretada el pasado lunes 8 de junio, entre campesinos y docentes de la escuela Ñande Kokue, donde funciona el Bachillerato Provincial (BOP) 126, el ministro de Gabinete Carlos “Kako” Sartori, entre otras autoridades del gobierno provincial, el juzgado interviniente decidió postergar el desalojo “atento a las delicadas circunstancias sociales y humanas relevadas en las actuaciones efectuadas”.

En la resolución, a la que accedió La Voz de Misiones, la Justicia determinó que “corresponde imperioso destacar la preeminencia del orden institucional y el compromiso social que debe guiar la actividad jurisdiccional”. 

En ese contexto, también advirtió sobre la configuración social del grupo en cuestión y la necesidad de garantizar los derechos humanos básicos: “Ante situaciones que evidencian un estado de vulnerabilidad de los sujetos que concurren -menores y adultos, días sábados- al inmueble, el servicio de justicia no puede permanecer ajeno a las derivaciones materiales de sus pronunciamientos, resultando indispensable articular mecanismos de contención interinstitucional que resguarde los derechos fundamentales en juego”.

En este sentido, asumieron el compromiso de diseñar y ejecutar medidas de apoyo específicas, por lo que también reiteraron la inmediata intervención a los organismos competentes: la secretaría de Niñez del municipio, la Dirección de Acción Social municipal, el Ministerio de Educación de la provincia, el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Gobierno e intendencia municipal. 

A estos se sumarían la Secretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras de la provincia y la Dirección de Catastro del municipio, a fin de adoptar las “medidas conducentes para la reubicación de las actividades de formación en oficios”, que actualmente se desarrollan en el mencionado espacio.

Finalmente, el juzgado interviniente dictaminó que, las instituciones mencionadas deberán informar, dentro del plazo de tres días de notificados, las acciones implementadas y, posteriormente, remitir informes periódicos cada cinco días hasta la efectiva solución de la situación planteada. 

De esta manera, la sentencia de desalojo, firme ante la Cámara de Apelaciones, quedó suspendida provisoriamente, lo que “no altera ni afecta la firmeza de la sentencia de desalojo, limitándose exclusivamente a diferir temporalmente su ejecución material a fin de posibilitar la intervención coordinada, y de carácter urgente, de los organismos estatales involucrados en resguardo de la paz social y la tutela judicial efectiva para efectivizar la desocupación del inmueble”.

Abren mesa de diálogo entre La Misionera y campesinos de Montecarlo

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