Policiales
Confirman que el policía utilizó su arma reglamentaria para matar a los dos abuelos
Fueron las pericias balísticas realizadas por personal de la División Criminalística de la Unidad Regional II de Policía las que determinaron que Olivia Márquez (46) y su concubino Sandro Leiva (40) fueron ultimados con dos armas que eran propiedad del cabo Víctor Dlugokinski de 32 años. Se trata de su propia pistola reglamentaria 9 milímetros y de una escopeta que fue enterrada en inmediaciones a la fosa donde encontraron los cadáveres de las víctimas, en la chacra del acusado actualmente detenido, ubicado en el paraje Puerto Rosario, en jurisdicción del municipio de Florentino Ameghino. La pistola, en tanto, fue encontrada en el casillero de la finca de Oficiales de Oberá, donde el cabo Dluglokinski cumplía tareas de mantenimiento. Se presume que, en las horas posteriores al doble homicidio, el detenido se trasladó hasta esta localidad y guardó el arma homicida, ya que tenía las llaves del lugar. Sin embargo la escopeta que era un arma particular y sin registro fue enterrada. Ahora, con el resultado de las pericias de rigor, se confirmó que las víctimas fueron asesinadas con las armas del policía detenido.
Según El Territorio, la señora Márquez y su concubino fueron acribilladas a tiros, sufrieron disparos en la cabeza y el abdomen, de acuerdo a lo precisado por fuentes extraoficiales. Sobre la situación del cabo, el sumario administrativo en marcha ya tiene elementos que derivaron en la situación de disponibilidad, al tiempo que sería inminente su baja definitiva de la fuerza. Por otra parte, desde la querella que representa a la familia de Olivia Márquez solicitaron el traslado de Dlugokinski a alguna unidad dependiente del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), ya que actualmente se encuentra alojado en la Seccional Primera de Oberá. Asimismo, por intermedio de su defensa, días atrás el acusado solicitó que lo alojen en la comisaría de Los Helechos, lo que con criterio fue negado por las autoridades de la Unidad Regional II. Además del policía detenido, también está acusado su primo Leandro B. (35), quien permanece alojado en la Seccional Tercera. El tercer sospechoso es Pablo Dlugokinski, quien se presupone vino de Brasil unos días antes del hecho y luego se fugó. Desde ese momento se encuentra prófugo.
A casi dos meses del doble homicidio, para los investigadores y la Justicia todavía no está claro cuál fue el móvil del crimen, aunque trascendió que las víctimas trabajaban para el cabo y que éste les debía dinero, la suma rondaría los 4 mil pesos. La hipótesis que cobra más fuerza es la que indica que Márquez y Leiva escucharon o vieron algo que los llevó a la muerte. Hay teorías que señalan al cabo detenido como autor de la muerte de su propio padre, Ildo Victorino Dlugokinski (58), quien falleció el sábado 25 de marzo en un incendio.
Una mujer de 33 años fue detenida en Apóstoles, acusada de desviar unos 140 millones de pesos mediante maniobras fraudulentas contra inquilinos de un edificio céntrico. El procedimiento fue realizado este viernes por la Policía de Misiones, que además secuestró dispositivos electrónicos clave para la investigación.
La causa se inició a partir de la denuncia de la propietaria de un inmueble ubicado en la intersección de las avenidas Belgrano y Colón. Según expuso, su secretaria habría estado cobrando a los inquilinos montos superiores a los establecidos en los contratos de alquiler, quedándose con la diferencia.
De acuerdo a lo reconstruido por los investigadores, la sospechosa implementó un mecanismo sostenido en el tiempo: exigía pagos inflados, retenía el excedente y luego lo transfería a cuentas propias y también a nombre de su pareja. A través de esta operatoria, habría acumulado una suma cercana a los 140 millones de pesos.
En ese marco, este viernes a la mañana, efectivos de la comisaría Primera de la Unidad Regional VII, con apoyo de la División Cibercrimen, allanaron una vivienda del barrio Cruz del Gallo. Allí fue detenida la acusada, identificada como Yésica Romina M. (33).
Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron tres teléfonos celulares que serán sometidos a pericias con el objetivo de profundizar la investigación y determinar el circuito del dinero.
La detenida quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, a cargo del magistrado Miguel Ángel Faría, que ordenó las medidas y continúa con las actuaciones para establecer el alcance total de la maniobra y la posible participación de otras personas.
A 20 días de la desaparición de 23 perros en la localidad de Guaraní, organizaciones proteccionistas anunciaron una recompensa de $1.000.000 en efectivo para quien aporte información “precisa y comprobable” sobre el paradero de los animales.
El caso se originó tras la intervención en una vivienda donde se encontraban varios perros, luego del fallecimiento de su propietaria. En ese procedimiento, al menos 23 canes fueron retirados del lugar por la Municipalidad.
Desde entonces, no hubo información oficial sobre el destino de los animales, ni sobre las condiciones en las que fueron trasladados. La falta de precisiones derivó en denuncias por presunto maltrato animal y en una investigación judicial en curso, que tiene en el centro de la polémica al intendente Miguel Ángel Vargas.
En las últimas horas se realizaron allanamientos que no arrojaron resultados positivos, según indicaron las asociaciones denunciantes “Patitas Felices” y “Huellitas del Monte”. “Se cumplen 20 días desde la desaparición de los 23 perros de Guaraní. 20 días de silencio. 20 días sin respuestas”, señalaron a través de un comunicado.
Ante la situación, las proteccionistas decidieron elevar de $600.000 a $1.000.000 la recompensa y garantizaron “absoluta confidencialidad” para quienes brinden datos. “Alguien sabe. Alguien vio. Alguien estuvo”, afirmaron, al tiempo que insistieron en la necesidad de esclarecer lo ocurrido.
“Si fueron trasladados, queremos saber dónde están. Si se tomó otra decisión, queremos la verdad”, expresaron, y remarcaron que continuarán con los reclamos hasta obtener respuestas.
En ese contexto, vecinos y referentes de protectoras de animales se manifestaron ayer frente al Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, donde se tramita la causa por presunto maltrato animal.
La convocatoria se realizó para exigir el pronto esclarecimiento del caso, que tiene como principal señalado al intendente de Guaraní, a raíz de la viralización de un video en el que menciona que trasladaría a los animales “a la perrera… digamos nomás” y luego agrega que los llevaría “no sé adónde… pero lejos”, lo que generó dudas sobre el destino de los canes y derivó en cuestionamientos.
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La Policía de Misiones identificó al hombre asesinado esta mañana en el ingreso al barrio Santa Helena de Garupá, en tanto que confirmó que la víctima murió como consecuencia de una puñalada en el pecho e informó que por el hecho hay un detenido de 63 años.
Mediante un comunicado difundido recientemente, la fuerza provincial precisó que la víctima fue identificada como Fabricio Ariel Rodríguez, quien falleció en el lugar por una lesión de arma blanca.
Los datos recolectados hasta el momento indican que el hombre se dedica a ser chofer de aplicación y que el crimen se produjo en el marco de una discusión de tránsito con otro automovilista.
Ese otro automovilista implicado se trata de Juan Carlos D. (63), quien después del hecho intentó huir pero rápidamente logró ser ubicado y detenido por agentes de la comisaría jurisdiccional.
El hecho ocurrió minutos después de las 10 de hoy, ante la vista de varios testigos, en un semáforo ubicado en el ingreso al barrio Santa Helena de Garupá, donde se produjo una gresca entre los involucrados hasta que, en determinado momento, el ahora detenido descendió de su auto, extrajo un arma blanca y le asestó una puñalada en el pecho a Rodríguez, cuyo cuerpo quedó tendido sobre la acera.
En el lugar trabajan agentes de la Policía Científica, quienes realizan las pericias correspondientes, mientras que el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte, dispuso las actuaciones de rigor para la requisa del rodado y secuestro del arma blanca utilizada.
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