Seis personas fueron detenidas este viernes en el marco de una investigación federal por contrabando que derivó en 17 allanamientos simultáneos realizados en Misiones, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires, donde además se secuestraron mercaderías valuadas en más de 1.500 millones de pesos, vehículos de carga, armas, dinero en efectivo y documentación considerada clave para la causa.

El operativo fue ejecutado por agentes de Arca-Aduana junto a efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y Prefectura Naval Argentina (PNA), bajo directivas de la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Puerto Iguazú.

De acuerdo a la información oficial, las detenciones alcanzaron a tres personas en Puerto Iguazú, una en Comandante Andresito, otra en San Javier y una sexta en la ciudad entrerriana de Gualeguay. Todos están sospechados de integrar una organización dedicada al ingreso ilegal de mercaderías desde Paraguay y Brasil hacia territorio argentino.

Los procedimientos incluyeron allanamientos en domicilios particulares, comercios, depósitos y receptorías de encomiendas. En total, quince de las medidas judiciales se concretaron en Misiones, mientras que las restantes se realizaron en Entre Ríos y Capital Federal.

En total hubo 17 allanamientos y las detenciones fueron en Iguazú, Andresito y San Javier.

Mercadería

Durante los operativos, los investigadores incautaron una importante cantidad de mercadería extranjera sin documentación que acreditara su legal ingreso al país. Entre los productos hallados había más de 600 neumáticos, de los cuales al menos 140 eran para camiones, además de cigarrillos, artículos electrónicos, teléfonos celulares, cigarrillos electrónicos, aires acondicionados, electrodomésticos, productos textiles, indumentaria, calzados y artículos de bazar.

También fueron secuestradas armas de fuego y municiones, incluyendo una escopeta calibre 12 y una pistola calibre 9 milímetros.

La Justicia ordenó además el secuestro de dos camiones con semirremolque, uno de ellos refrigerado, otro semirremolque adicional y tres vehículos particulares presuntamente utilizados por la organización.

Como parte de las medidas desplegadas, las fuerzas realizaron un operativo cerrojo sobre una ruta de la región, donde interceptaron un camión de carga que transportaba otros 300 neumáticos de origen extranjero que, según la investigación, pertenecían a la misma estructura delictiva.

Los investigadores también incautaron teléfonos celulares, computadoras, documentación comercial, dinero en efectivo, cheques y dispositivos de almacenamiento de imágenes y videos, elementos que serán sometidos a peritajes para profundizar la pesquisa.

La investigación comenzó el año pasado.

Investigación

Según detallaron desde Arca-Aduana, la causa comenzó en 2025 luego de que agentes de la División Investigaciones y Operativa Regional detectaran un transporte que movilizaba mercaderías extranjeras valuadas en más de 500 millones de pesos sin respaldo aduanero.

A partir de ese hallazgo, se analizaron movimientos financieros, bienes patrimoniales, facturación y declaraciones juradas, lo que permitió detectar presuntas inconsistencias y reconstruir el funcionamiento de una organización que operaba desde Misiones.

De acuerdo con la hipótesis judicial, la estructura ingresaba mercaderías desde Paraguay y Brasil a través de pasos fronterizos no habilitados, para luego almacenarlas, comercializarlas y distribuirlas hacia distintos puntos del país mediante un sistema que simulaba envíos postales y encomiendas utilizando identidades de terceros como remitentes.

La investigación también determinó que entre los integrantes de la presunta organización figura una empresa habilitada como Operador de Comercio Exterior (Imex).

Desde Arca estimaron que el valor total de los bienes secuestrados superará ampliamente los 1.500 millones de pesos una vez concluida la tasación definitiva de las mercaderías y los vehículos incautados. Mientras tanto, las diligencias judiciales continúan y no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.

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El remisero detenido por el femicidio de Dulce María Beatriz Candia (17) se abstuvo de declarar ayer y fue formalmente imputado por el hecho que investiga el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, a cargo de la magistrada María Laura Rodríguez.

El hombre, identificado como Mario Alberto Yung (46), fue trasladado ayer a la mañana hasta la dependencia judicial y una vez dentro optó por guardar silencio, tal como lo ampara su derecho.

Un día antes había designado como abogado a un defensor oficial y ahora se aguarda que el juzgado continúe con la instrucción de la causa, que todavía aguarda por la recepción de testimoniales y el resultado de varias pericias que podrían arrojar luz sobre el hecho.

Entre esas pericias hay estudios de telefonía y análisis genéticos sobre prendas de vestir y, principalmente, sobre un retazo de tela que, se especula, pudo haber sido elemento utilizado para estrangular a la víctima.

Caso Candia: pericias se centrarán en retazos de tela, celulares y un auto

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“Cada 31 horas un hombre se convierte en femicida”, fue el cartel que predominó ayer la marcha por el Ni Una Menos en Posadas y ni siquiera un día después se registró otro caso que engrosa la dramática estadística que grafica un flagelo tan presente como alarmante en todo el país.

Patricia Raquel González, de 54 años, madre y vecina del barrio Hipólito Yrigoyen de Posadas es la nueva víctima de la violencia machista más extrema. La mujer fue encontrada sin vida esta tarde, en una de las habitaciones de su casa sobre calle Japón -casi avenida Rademacher-, mientras que Luis Roberto Zampedri (64) es el nombre del sindicado femicida, cuyo cuerpo fue hallado en la parte posterior del inmueble, donde decidió quitarse la vida.

La Policía tomó conocimiento del caso esta tarde, cerca de las 16, cuando una hija de González llamó al 911 para solicitar auxilio urgente en el lugar.

Al llegar, los uniformados de la comisaría Tercera constataron la escena: una mujer sin vida en una habitación y un hombre también fallecido, pendiendo de un tirante en el patio trasera de la propiedad.

El hecho ocurrió esta tarde, en una casa sobre calle Japón del barrio Hipólito Yrigoyen.

De acuerdo a la primera revisión de la escena del hecho, se desprende que González pudo haber sido ultimada con un golpe en la cabeza efectuado con un hierro, aunque también presentaba una lesión cortante, compatible con una puñalada, en el estómago.

De igual manera, todo será determinado en forma fehaciente una vez que los peritos del Cuerpo Médico Forense concreten el examen de autopsia a la mujer, cuyos restos iban a ser trasladados a la Morgue Judicial una vez que sean extraídos de la vivienda donde hasta entrada la noche continuaban trabajando los agentes de la División Científica de la fuerza provincial.

Un dato que surgió apenas conocido el hecho y que más tarde fue confirmado por la Policía de Misiones es que Zampedri, empleado de una empresa de seguridad privada, registraba antecedentes por hechos de violencia en perjuicio de su pareja.

Incluso, precisaron que en abril de 2025 el hombre recibió un exclusión de hogar y una prohibición de acercamiento dictada por el Juzgado de Violencia Familiar Dos de Posadas por un plazo de 30 días.

A la fecha, ahondaron desde la fuerza, no habían medidas vigentes y tampoco existían denuncias posteriores a la radicada en abril del año pasado.

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