En la ciudad de Eldorado, una niña de 4 años que fue adoptada cuando tenía 2 meses de vida, por un vecino de la ciudad y su esposa, fue repentinamente arrancada del seno familiar por decisión de la jueza de familia Corina Jones y entregada a una pareja de mujeres policías de la ciudad de Posadas.

La Voz de Misiones habló en exclusiva con Andrea Dávalos, tía de Antonella, ya que tanto los padres de la menor como sus abogados se encuentra imposibilitados de hablar porque la magistrada les aplicó un bozal legal.

La madre biológica de la pequeña es una paciente psiquiátrica, tiene esquizofrenia y vive en la calle. En ese marco, la familia Dávalos la adoptó desde recién nacida y nunca dejó de tener contacto con la familia de sangre.

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“No nos dieron ningún tipo de explicación, solamente les citaron a mi hermano y mi cuñada al juzgado para quitarles a la niña. Pedimos por favor que la devuelvan. Es injusto que luego de casi cuatro años de vivir con su familia quieran llevarle con desconocidos”, refirió la tía.

Asimismo, la tía agregó que: “Yo tengo un hijo de 4 años, con el cual Anto jugaba todo el día. Hoy se la llevaron desvanecida, la nena no paraba de llorar, le están causando un daño psicológico irreversible. Tengo entendido que se la entregaron a dos mujeres policías de Posadas que son pareja, pero no sabemos ni dónde la llevaron, estamos desesperados”.

En imágenes viralizadas en las redes, se ve a los padres y otros familiares de la pequeña llorando y suplicando que no se lleven a su hija. Los gritos son desgarradores: “Acá te espero, Anto”, clama la mamá de rodillas, “acá te espero mi amor, necesitamos justicia, Antonela vení”, grita afuera del juzgado, ubicado en la calle Dinamarca, de la Capital del Trabajo.

Desde esta mañana y hasta las 20 horas, la familia Dávalos estuvo frente al Juzgado de Familia, situado en el kilómetro 9, para solicitar explicación del porqué Antonella fue arrebatada de su familia.

En ese contexto, la tía explicó que el proceso legal era el normal y contaban con la guarda con fines de adopción: “Mi hermano y cuñada hicieron todos los trámites de adopción, el mismo juzgado que les dio el bebé con solo 2 meses de vida hoy se lo quitó sin explicación. Los llamaron temprano diciendo que a las 10 tenían que estar presentes. No mandaron una citación al domicilio por escrito con días de antelación, solamente llamaron y dijeron que en unas horas tenían que estar allá”.

Además, la hermana del padre explicó que, desde que la nena fue adoptada, crearon un vínculo con su familia biológica para que la niña no pierda sus orígenes: “Jamás los apartamos de su vida, al revés, en cada acontecimiento de la pequeña estuvieron juntas las dos familias, vivimos cerca una de la otra, la ven con frecuencia”.

La hermana de sangre de Anto y su tía, junto a su familia adoptiva, tratan de entender el fallo de la jueza y hoy se pasaron todo el día pidiendo justicia frente al juzgado. Al respecto, Andrea dijo: “Ellos están muy contentos por el vínculo que tuvimos, su hermana, tíos y tías comparten momentos con nosotros y es injusto que después de todos estos años nos hagan esta barbaridad”.

La jueza del silencio

La titular del Juzgado de Familia N° 1 de Eldorado, Corina Jones, obligó a guardar silencio a los padres de la pequeña Antonella, luego de que, por una decisión suya sin fundamentos conocidos, arrancara a la niña de 4 años de seno de la familia Dávalos, quienes cuidaron de ella desde los primeros meses de vida, mientras esperaban terminar los trámites para concretar la adopción.

La jueza es nueva en su cargo. Juró ante el Superior Tribunal el 8 de septiembre de este año. La orden de silencio impartida sobre los padres adoptantes avasallados e inmersos en el dolor también se extendió a la abogada que los representa, Sandra Olcece; a la familia biológica que acompaña el reclamo (una hermana y una tía) y a su abogado, Juan José Selva Andrade.

Las características de la decisión de la magistrada “parecieran una muestra de poder”, le dijo a LVM una fuente judicial consultada sobre este caso. “La inexperiencia de la jueza es la única manera de justificar el bozal legal impuesto a las partes que claman volver con la niña”, analizó.

La decisión de la jueza Corina Jones rompe el vínculo de la niña con la familia biológica, algo ilógico dentro del Derecho de Familia. Y es que los adoptantes lograron un contacto permanente con parte de los que tiene lazos de sangre con Antonella.

Para peor, el nuevo hogar donde la jueza cree que la niña debe vivir es a 200 kilómetros, en la ciudad de Posadas, lejos de Eldorado, donde nació y vivió toda su vida.

Hace dos meses, falleció Rubén Fariña, un hombre que desde principio de la década del 70 vivía en una casa ubicada en la avenida Roque Pérez al 543, frente al Cerro Pelón.

Junto a él residía su hijo Gabriel Fariña, con su esposa y sus tres hijos menores de edad. Anoche, los desalojaron en medio de una tormenta y los dejaron en la calle. Hoy terminaron de recoger sus pertenencias y la Justicia cerró las puertas de su hogar.

El equipo de La Voz de Misiones, en forma exclusiva, llegó al lugar anoche, alrededor de las 20, cuando el desalojo ya había comenzado. A través de una transmisión en vivo, se vio el accionar policial, ordenado por el Juez Marcelo Cardozo que, pese a la súplica de la familia, el abogado y los vecinos, que en forma unánime coincidían que la familia vivió ahí toda la vida, no dio el brazo a torcer y el trámite se llevó a cabo igualmente.

Lucas Sebastián Ortega, abogado de los damnificados, dijo: “La señora y el señor tenían que estar inscriptos en el Iprodha para el desalojo, es de noche, son más de las 19 horas y los desalojos tienen que ser antes, de día. Hay una tormenta, hay criaturas, es una familia que vive hace más de 40 años en el lugar”.

Y agregó: “Lastimosamente el Juez Cardozo está siendo el brazo ejecutor de una gran injusticia. Personalmente voy hacer una denuncia al juez ante el Colegio de Abogados, como hice en otras oportunidades, yo denuncio jueces corruptos. Voy a denunciar el procedimiento también porque es ilegítimo, fuera del horario del código del procedimiento”.

El letrado también expresó que: “Además hay una legislación de emergencia que impide los desalojos. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Estas son consecuencias de escribanos que participan con consentimiento del Poder Judicial para tomar propiedades. Es sabido que la Justicia Penal misionera se queda con propiedades, esto es de vieja data”.

“Estamos en un lugar estratégico de la ciudad de Posadas, es un lugar clave, una propiedad multimillonaria. Cómo puede ser que un expediente y un sumario policial que tarda quince días para elevarse, en dos días fue elevado. Sin lugar a duda estamos frente a un hecho de corrupción”, cuestionó el profesional.

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Esta mañana la familia pudo sacar sus pertenecias

Gabriel Fariña, el hijo del difunto Rubén Fariña, nació, se crió y vivió toda su vida en la casa ubicada a 200 metros de la Costanera. Esta mañana, llegó al lugar para sacar el resto de sus pertenencias, ya que ayer le aseguraron que no podría ingresar más a la propiedad. No obstante, hoy a la mañana le permitieron retirar algunos muebles, ropas y cosas que habían quedado.

En ese sentido, Gabriel contó a LVM: “Esa cuna es mía, la recuerdo todavía nítidamente porque tanto yo como mi hermana usamos la misma cuna. Con eso quiero demostrar que no es una casualidad, ni un tema de ocupación por parte nuestra, como se estaba diciendo por ahí, nosotros somos realmente los dueños, los poseedores, los antiguos propietarios del lugar”.

“Ayer cae la policía, me golpean la puerta me intimidan, me dan el aviso y le digo: ‘Bueno esto no se puede realizar de esta manera, me parece que está fuera de lugar’; estaba lloviendo. Yo estaba con mi señora, mi hijo el más chico… a mí no me llegó ni siquiera una cédula de notificación de parte del Juzgado de que esto se iba a llevar a cabo. El primer papel que llega es la orden de desalojo, que todavía no tengo ni siquiera la copia”, explicó el hombre.

“Mi papá nunca me comentó que haya vendido la casa o algo por el estilo. Esto surgió un mes y pico después de que falleció mi viejo, o sea que esto ya se venía preparando. Yo le pido al juez que haga una revisión de la actuación que está llevando a cabo y que por favor se hagan las cosas por las vías legales como tiene que ser, con los tiempos que tienen que ser, con las notificaciones que se tienen que dar. Si hay que presentar pruebas, si hay que llegar a una instancia judicial, me parece que eso sería lo más adecuado. Yo pido que me devuelvan lo que es mío y porque no estoy pidiendo nada regalado”, contó Fariña visiblemente sentido.

“Abuso de poder en el régimen de la Renovación”

El abogado Lloyd Wickström, quien durante años fue fiscal de Estado, se enteró a través de la transmisión de LVM y llegó a la vivienda para denunciar que “es una clara situación de abuso de poder, manifiesto… vengo porque me entero ahora que se ha desalojado indebidamente, es lo que en derecho se llama Inaudita Parte, sin escuchar a la otra parte, que hace más de 40 años vive en el lugar”.

“Ya tienen adquiridos los derechos de posesión veinteñal. Además, se hizo la diligencia fuera de los horarios que establece la ley, es decir, la diligencia se hace del nacimiento a la puesta del sol, y se hizo de noche y en medio de una tormenta, además de eso con criaturas”, sostuvo el letrado.

“Todos los elementos como para no poder hacer una diligencia de esta naturaleza ordenó el juez, con lo cual ha incurrido en un delito. Ya serán hechas las denuncias pertinentes, no solamente la penal sino también en la del jurado de enjuiciamiento”, dijo Wickström.

Para finalizar, el destituido fiscal expresó: “Esto es intolerable, esto es lo que se llama típicamente el abuso de poder, hay documentos públicos, no puede tomar un juez así una medida totalmente arbitraria, es increíble esto”.

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Luego del pedido de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) 11 de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta, el juez de Garantías Carlos Agustín Crispó hizo lugar a la solicitud de detención del cura destinado en Puerto Iguazú, Raúl Anatoly Sidders, acusado por abusar sexualmente de una menor de edad.

El pedido de inmediata detención de garganta se dictó el pasado viernes 27 y, tras cumplirse los cinco días de plazo estipulados, la Justicia platense ordenó ayer que se cumpla con la medida.

La denuncia contra el cura fue radicada en agosto pasado por una joven, quien señaló que Sidders la abusó cuando tenía 13 años, “aprovechando la situación de guía espiritual como sacerdote y docente”, según se detalla en la presentación ante el Juzgado de Garantías 2 de ciudad de La Plata, cuando el religioso se desempeñaba como capellán del colegio San Vicente de Paul.