Por Fernando Oz

@F_ortegazabala

Cuando se despidió de su municipio para sumarse al renovado gabinete de Hugo Passalacqua, el alcalde en uso de licencia, Matías Vilchez, emitió a través de sus redes sociales un emotivo mensaje de agradecimiento a sus vecinos de San Javier por haber “confiado” en su equipo. También les aseguró que trabajará con “la misma energía, compromiso y convicción” por el gobierno provincial, y les trasladó certidumbre: “No pierden un intendente, ganan una voz para seguir defendiendo a la ciudad”. Aquello sucedió a mediados de julio, en medio de un torbellino político.

Ahora, el flamante ministro de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración está listo para ejecutar un presupuesto de poco más de 2.672 millones de pesos de fondos públicos. De hecho, el lunes siete de este mes se presentó ante los integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes para defender y explicar en qué utilizará esos recursos.

La cartera que maneja Vilchez actúa nada menos que como el órgano local competente (en convenio con el INAES a nivel nacional) para otorgar personerías jurídicas, rubricar libros, fiscalizar asambleas y auditar la regularidad institucional y contable de cooperativas agrícolas, yerbateras, tabacaleras, de trabajo y de servicios públicos (electricidad, agua potable). Además, gestiona y otorga un abanico de aportes no reintegrables, líneas de crédito subsidiadas y fondos rotatorios. Entre otras cuestiones, como el fomento de canales de comercialización internos y transfronterizos, y la fiscalización del cumplimiento de normas de lealtad comercial y defensa del consumidor.

Las crónicas legislativas dan cuenta de que el ministro anticipó que su objetivo es simplificar procedimientos y utilizar herramientas digitales para optimizar recursos y potenciar la comercialización: “Poder darle a la administración pública una disminución burocrática, darle más agilidad”.

Matías Gustavo Vilchez es médico cirujano y fue director del Hospital de San Javier. Tuvo también una curiosa incursión por la producción de caña de azúcar, llegó a la intendencia en diciembre de 2019, renovó su mandato en 2023 y pegó un salto hacia las alturas del poder provincial como ministro de la mano del jefe de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori —el hombre que administra la botonera y las tensiones del territorio—.

Ahora camina por los despachos de Casa de Gobierno como un gestor del desarrollo productivo. Pero a sus espaldas arrastra una condena patrimonial en sede administrativa sin precedentes: tres años consecutivos de ejercicios desaprobados en su totalidad y un fallo personal que todavía huele a maniobra de última hora.

Lo que se acumula en los fallos que el Tribunal de Cuentas de Misiones dictó sobre la Municipalidad de San Javier no es un simple desorden contable; es la radiografía descarnada de una gestión que operó como un colador incontrolable y que, según fuentes judiciales y la advertencia de los propios auditores en las resoluciones, puede terminar en los estrados judiciales porque encuadran en hipótesis susceptibles de ser investigadas penalmente bajo las figuras de peculado, fraude a la administración e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El órgano constitucional emitió tres sentencias demoledoras: la N° 388/2023 sobre el ejercicio 2021, la N° 907/2023 sobre el año 2022 y la N° 895/2024 sobre el período 2023. En todas, el veredicto de los vocales fue idéntico: desaprobar la rendición anual, intimar a los funcionarios a pagar cargos pecuniarios de sus propios bolsillos y castigarlos con multas por infracciones a las leyes vigentes.

La documentación prueba que no se trata de fallas aisladas ni de extravíos menores; la suma de los montos que Vilchez y su círculo deben resarcir al erario comunal, actualizados a la fecha de cada fallo, escala casi los 70 millones de pesos.

La lectura de los expedientes eriza la piel por la tosca recurrencia del desvío. En el ejercicio 2021, el organismo constató erogaciones millonarias sin factura ni recibo oficial, destacando firmas habituales como Loruco SRL y órdenes de pago donde terceros cobraban cheques sin poder ni autorización legal. La respuesta oficial de los funcionarios rozó el grotesco: dijeron que los cheques se entregaban “en el mostrador del comercio”, un argumento que los auditores demolieron por violar normas elementales de custodia de caudales públicos. Peor aún: en esa misma sentencia quedó asentado que el municipio le retuvo judicialmente sumas de dinero del sueldo al empleado comunal Mario Javier Cybek, pero esos fondos jamás fueron depositados en la cuenta del juzgado interviniente. La propia vocalía advirtió en el fallo sobre las directas implicancias penales que acarrea quedarse con la plata de un embargo judicial.

El año 2022 repitió la misma matriz con una voracidad multiplicada. El Tribunal desaprobó la cuenta y formuló cargos solidarios a Vilchez, a su secretaria tesorera Luisina Ayala y al contador Alejandro Villafañe por más de 33,3 millones de pesos a valores actualizados. Solo en el último trimestre de ese año desaparecieron 5,3 millones de pesos en pagos a proveedores como Misiosof Soluciones, Marcos Noremberg o Agustina Caballero sin un solo comprobante que demuestre en qué se gastó el dinero de la comunidad. Aparecen también cobros de cheques sin firma a favor de los propios funcionarios y contratos de servicios sin respaldo documental alguno.

Para 2023, la historia se clausuró con la Sentencia 895/2024: más de 26,8 millones de pesos en cargos solidarios por pagos sin acreditación bancaria a transportistas y constructoras, contrataciones sin contrato, partidas del Consenso Fiscal licuadas sin afectación específica y una cuenta Caja que terminó arrojando saldo acreedor; un imposible matemático que delata la salida de dinero en negro por encima de los ingresos registrados.

En los tres ejercicios se reitera, además, la negligencia de permitir que el Banco Nación le retuviera indebidamente Impuesto a las Ganancias a un municipio que por ley está exento, cercenando el patrimonio público por pura inacción administrativa. Y frente a cada traslado de la fiscalía, el intendente y su equipo eligieron la contumacia: no presentaron descargos, dejaron vencer los plazos legales y guardaron silencio.

Pero el hilo de esta madeja comenzó a tejerse antes de que Vilchez jurara su cargo municipal. Meses antes de asumir la intendencia, en 2019, tramitó a título estrictamente personal, con su CUIT y domicilio particular, un subsidio de tres millones de pesos ante el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), bajo la Disposición N° 936/2019, destinado supuestamente a la plantación de caña de azúcar para fabricar azúcar rubio. Aquella ayuda estatal derivó en el Expediente N° 3991/2020 y durante cuatro años fue un agujero negro. A fojas 22, la fiscalía del Tribunal de Cuentas emitió un dictamen categórico pidiendo la desaprobación total de la rendición parcial por 1,4 millones de pesos ante la falta de presentación de documental que demostrara la inversión. Vilchez estaba al borde de una condena personal por fondos agrarios no rendidos.

Fue entonces cuando alguien activó el salvavidas. Mediante una providencial “medida de mejor proveer” dictada por la vocalía a fojas 30, se le abrió una ventana procesal fuera de término donde Vilchez incorporó dos facturas del proveedor Marcos Villamil por servicios de subsolado y siembra, logrando que el 17 de diciembre de 2024 se dicte la Sentencia N° 996/2024 que aprobó la cuenta de 1,4 millones. Salvó el pellejo financiero inmediato, aunque el Artículo 3 del fallo dejó constancia de que la sanción por la falta de presentación en término de la rendición se tramita por expediente separado. Lo paradójico es brutal: mientras a la comuna de San Javier le desaprobaban tres ejercicios por no presentar descargos, el dirigente sí se ocupó de arrimar comprobantes para no pagar el subsidio del IFAI de su bolsillo.

El pasado lunes, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Fabiola Bianco, fue a la comisión de presupuesto de la Legislatura a exponer sobre las proyecciones de utilización de las partidas del organismo y ofreció una serie de datos interesantes y que vienen al caso.

Uno de ellos es que 65 intendencias aprobaron el ejercicio 2024 y apenas 12 resultaron desaprobadas. No es un mal número, es una buena noticia. En el período 2022, por ejemplo, fueron aprobadas 59 rendiciones de cuentas y 19 desaprobadas. En los propios registros del organismo consta que la regla provincial es la aprobación. En ese contexto, Vilchez no fue víctima de un rigor administrativo generalizado ni cayó en tecnicismos comunes al resto de los alcaldes: eligió pertenecer al lote más opaco e ínfimo del mapa político provincial, que ronda apenas el 15%.

El otro dato es que el organismo de control informó que más de la mitad de los fondos recuperados por cargos a los funcionarios responsables —los llamados cuentadantes en la jerga de la auditoría—, que en 2025 representaron el 55% y unos 95,9 millones de pesos, se transfieren directamente de regreso a los municipios perjudicados. En San Javier, sin embargo, las cuentas siguen esperando el reintegro de las cifras millonarias dictadas contra el actual ministro.

A esta altura, las consecuencias no pueden amortiguarse en la complicidad de los pasillos de Posadas. Desde la perspectiva del derecho y la auditoría gubernamental, las conductas descriptas en las resoluciones del Tribunal de Cuentas configuran elementos de gravedad que exceden el fuero administrativo: malversación de caudales públicos, peculado, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público. El desvío de partidas presupuestarias sin ordenanza del Concejo Deliberante, la retención de cuotas judiciales a empleados y la salida de fondos sin factura no prescriben con una simple licencia para asumir como ministro.

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Por Jorge Posdeley
Especialista en Planificación Turística y Desarrollo de destinos.

Hay palabras que tienen la capacidad de cambiar de significado sin que nos demos cuenta. Sostenibilidad es una de ellas. Durante los últimos años se incorporó con tanta fuerza al lenguaje turístico que comenzó a aparecer en casi todo: alojamientos sostenibles, destinos sostenibles, experiencias sostenibles, gastronomía sostenible, empresas comprometidas con la sostenibilidad. La palabra se volvió necesaria, pero justamente por eso también comenzó a correr un riesgo: convertirse en una forma de comunicación antes que en una forma de gestión.

Y cuando una palabra comienza a vender más de lo que puede demostrar, aparece la ilusión.

El verde puede ser real, pero también puede ser una construcción de la percepción. A eso llamamos greenwashing, o ecoblanqueo: la utilización de una imagen, un discurso o determinados atributos ambientales para presentar como sostenible una actividad que, en su funcionamiento concreto, no necesariamente lo es. A veces ocurre de manera deliberada. Otras veces, quizás más frecuentemente de lo que queremos reconocer, aparece simplemente porque no existe una verdadera planificación detrás de aquello que se comunica.

Esta diferencia es importante. Porque si reducimos el greenwashing a una mala práctica publicitaria, corremos el riesgo de quedarnos mirando solamente la superficie del problema. El fenómeno tiene raíces más profundas y, a mi entender, está relacionado con una cuestión que el turismo todavía no ha terminado de resolver: su profesionalización.

El turismo no es una fábrica

Hay una expresión que utilizamos casi sin pensar: “industria turística”. Puede resultar cómoda para hablar de empleo, inversiones, producción o movimiento económico, pero tiene una consecuencia conceptual que no es menor. Una industria fabrica productos, trabaja sobre procesos controlados y busca reproducir resultados. El turismo, en cambio, sucede sobre territorios que están vivos. Un río no se fabrica. Una selva no se produce. Una comunidad no es una línea de montaje. Una cultura no puede convertirse en un producto seriado sin perder algo esencial en el camino.

El turismo trabaja con patrimonio natural, patrimonio cultural, comunidades, paisajes, recursos y relaciones humanas. Y todos esos componentes cambian, responden, se deterioran, se regeneran o se transforman. Por eso el destino no puede ser administrado como una fábrica.

Cuando lo hacemos, el territorio termina convertido en escenario, la naturaleza en atractivo, la comunidad en recurso humano y el visitante en consumidor. La operación comienza a separarse de aquello que la hace posible y, en algún momento, el marketing puede terminar contando una historia diferente de la realidad. Es justamente en esa distancia donde aparece el verde de la apariencia.

Una demanda que también cambió

Mientras una parte del turismo todavía continúa utilizando la sostenibilidad como argumento promocional, el mercado comenzó a formular preguntas diferentes.

No todos los viajeros piensan igual ni buscan las mismas experiencias, pero existe una tendencia que resulta difícil ignorar: determinados segmentos están incorporando a sus decisiones cuestiones vinculadas con el ambiente, el bienestar, la salud, la naturaleza, la proximidad y la relación que existe entre lo que consumen y el territorio donde lo consumen.

Ya no se trata solamente de encontrar un hotel confortable o un paisaje atractivo. Aparecen viajeros interesados en experiencias de naturaleza, descanso profundo, turismo de proximidad, gastronomía territorial y formas de viajar que generen una relación diferente con los lugares visitados. Las llamadas sleepcations, por ejemplo, expresan una búsqueda de descanso y bienestar que difícilmente pueda separarse de las condiciones ambientales del lugar.

El mercado, en determinados segmentos, comenzó a preguntar algo más. Y cuando el mercado pregunta, el turismo responde. El problema es que puede responder de dos maneras: transformando su operación o transformando solamente su comunicación. La primera opción exige trabajo. La segunda puede resolverse con una campaña. Ahí empieza el problema.

Cuando el verde se convierte en una promesa

Durante mucho tiempo aprendimos a reconocer determinadas palabras como señales de responsabilidad ambiental: eco, verde, natural, sustentable, responsable. También aprendimos a asociarlas con determinadas imágenes: bosques, hojas, agua cristalina, bosque, selva, bicicletas, paneles solares. Pero una imagen no demuestra una gestión. Un sello tampoco puede reemplazarla. Y una frase mucho menos.

Un hotel puede tener paneles solares y continuar teniendo otros consumos ambientales significativos. Un establecimiento puede eliminar las pajitas plásticas y mantener una gestión ineficiente de residuos. Un destino puede promocionar su naturaleza y, al mismo tiempo, recibir visitantes por encima de las condiciones que su territorio puede soportar.

Ninguna de estas situaciones puede analizarse seriamente observando solamente una acción aislada. La sostenibilidad no es una fotografía. Es un sistema de decisiones. Y justamente por eso necesita profesionales capaces de mirar el conjunto.

El fraude de la percepción

Aquí aparece una cuestión que muchas veces evitamos nombrar con suficiente claridad.

Cuando un servicio se comercializa como sostenible sin tener una base real que lo sostenga, existe un problema con el consumidor. Ese viajero puede elegir una determinada propuesta porque cree que su decisión está acompañando la conservación del ambiente, la economía local o una determinada forma de gestión responsable.

Si aquello que se prometió no existe, la percepción fue utilizada para orientar una decisión de compra. Por eso el greenwashing puede convertirse en un fraude de la percepción. Y no solamente perjudica al consumidor. También perjudica a quien hace las cosas de manera diferente.

Una empresa que invierte en eficiencia energética, gestiona sus residuos, trabaja con proveedores locales, capacita a su personal, mide sus emisiones y modifica procesos asume un esfuerzo que no necesariamente aparece en una fotografía. Si otra empresa utiliza la misma estética verde sin realizar esos cambios, ambas pueden terminar compitiendo por el mismo cliente desde condiciones muy diferentes. Por eso también hablamos de competencia desleal. La sostenibilidad genuina tiene un costo de transformación. El greenwashing intenta obtener el beneficio comercial de esa transformación sin asumir necesariamente su costo.

El problema de no tener indicadores

Hay una pregunta que puede incomodar a cualquier establecimiento que se presente como sostenible:

¿Cómo lo sabés?

¿Cómo sabés que consumís menos agua?

¿Cómo sabés que generás menos residuos?

¿Cómo sabés que tus proveedores son realmente locales?

¿Cómo sabés cuál es el impacto de tu movilidad?

¿Cómo sabés si tus acciones están reduciendo emisiones?

¿Cómo sabés si estás mejorando?

La respuesta no puede ser “porque lo hacemos con buena intención”. Las buenas intenciones son necesarias, pero no alcanzan para gestionar.

La gestión necesita información.

Un establecimiento puede conocer el consumo de litros de agua por huésped, sus kilogramos de residuos por pernoctación, el porcentaje de compras realizadas a proveedores locales o sus emisiones de gases de efecto invernadero. Un destino puede comenzar a construir indicadores sobre residuos, movilidad, consumo de recursos, presión sobre determinados espacios y comportamiento de sus visitantes.

No se trata de burocratizar la sostenibilidad. Se trata de hacerla visible. Porque cuando existen indicadores podemos comparar, corregir y tomar decisiones. Cuando no existen, la sostenibilidad queda demasiado expuesta a la interpretación. Y allí vuelve a aparecer la ilusión del verde.

El viajero también observa

Hay algo que ningún departamento de marketing puede controlar completamente: la experiencia. El viajero puede no conocer una metodología de cálculo de huella de carbono. Puede no saber qué significa un alcance 1, 2 o 3. Puede no conocer una norma de certificación.

Pero sabe cuando llega a un establecimiento y encuentra una contradicción. Un hotel que se presenta como ecológico y entrega botellas descartables en cada habitación.

Un destino que habla de conservación y permite prácticas que deterioran su patrimonio natural.

Una experiencia de naturaleza que promociona el contacto con el ambiente pero no respeta las condiciones del ecosistema.

Una propuesta que habla de identidad local pero no incorpora productos, trabajadores o conocimientos del territorio.

Son detalles que, acumulados, terminan construyendo una percepción. Y esta vez la percepción funciona en sentido contrario. La publicidad puede atraer al viajero, pero la experiencia es la que confirma o desmiente la promesa.

El visitante se convierte así en un auditor involuntario. No necesita un informe técnico para advertir que algo no cierra. Simplemente lo vive. Y cuando existe una distancia demasiado grande entre aquello que se prometió y aquello que se recibió, la confianza se rompe.

La desprofesionalización detrás del fenómeno

Por eso creo que sería un error pensar que el greenwashing se combate solamente con más campañas de concientización o con más etiquetas. El problema requiere algo más profundo: volver a profesionalizar la manera en que pensamos y gestionamos el turismo.

Un profesional del turismo no debería limitarse a promocionar un atractivo ni a organizar servicios. Necesita comprender el territorio, interpretar información, analizar mercados, reconocer riesgos, trabajar con indicadores y entender que cada decisión turística tiene consecuencias sobre un sistema mayor.

La sostenibilidad tampoco puede quedar aislada como una especialidad que aparece después de que todo lo demás ya fue decidido. Tiene que estar presente desde la planificación.

En la inversión.

En la operación.

En la selección de proveedores.

En la movilidad.

En la gestión de residuos.

En la relación con la comunidad.

En la experiencia.

Y también en la comunicación.

Cuando la comunicación llega al final para pintar de verde una operación que nunca fue diseñada para ser sostenible, estamos frente a una cosmética. Cuando la sostenibilidad forma parte de las decisiones desde el comienzo, la comunicación simplemente cuenta una realidad. Esa diferencia parece pequeña. Pero cambia todo.

Dejar de parecer para comenzar a demostrar

Quizás el desafío más importante del turismo que viene sea precisamente ese: abandonar la necesidad de parecer sostenible y comenzar a construir las condiciones para serlo.

No necesitamos empresas perfectas. Necesitamos empresas capaces de reconocer dónde están, cuánto impactan, qué pueden mejorar y cómo demostrar que están avanzando. La sostenibilidad no debería ser una declaración de llegada. Debería ser un proceso. Y todo proceso serio necesita un punto de partida.

Medir.

Conocer.

Comparar.

Decidir.

Actuar.

Volver a medir.

En ese camino, la huella de carbono adquiere un valor que supera ampliamente el número final de toneladas de CO₂ equivalente. Puede convertirse en una herramienta para mirar la operación de otra manera, descubrir dependencias que antes permanecían ocultas y comenzar a ordenar decisiones.

Pero medir tampoco es suficiente. La medición es el diagnóstico. Después viene la acción. Y allí aparece una diferencia fundamental entre comunicar sostenibilidad y gestionarla.

Porque una empresa puede decir que quiere reducir su impacto. Otra puede mostrar cuánto emite, qué está haciendo para reducirlo, qué resultados obtuvo y qué todavía necesita mejorar.

La segunda no necesariamente es perfecta. Pero puede demostrar que está trabajando sobre la realidad.

Una pregunta que queda abierta

Quizás el verdadero desafío no sea decidir si el turismo debe ser verde. Eso ya no parece ser suficiente. La pregunta que deberíamos hacernos es otra:

¿Qué tipo de turismo queremos construir y qué profesionales necesitamos para hacerlo posible?

Si seguimos entendiendo el destino como una fábrica, probablemente seguiremos necesitando decorar de verde aquello que no queremos transformar.

Si comenzamos a entenderlo como un sistema vivo, la sostenibilidad dejará de ser un atributo de marketing y pasará a convertirse en una condición de gestión.

Y entonces aparecerá una nueva exigencia: medir los impactos, comprenderlos, reducirlos cuando sea posible, compensar responsablemente aquellos que correspondan, fortalecer el territorio y comunicar con honestidad lo que realmente estamos haciendo.

Porque el turismo que viene no necesitará solamente más visitantes.

Necesitará mejores decisiones.

Y esas decisiones no podrán construirse solamente desde la percepción.

Necesitarán evidencia.

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Rolando Javier Schlindwein

@rjschlindwein

En la Legislatura, la presidente del Tribunal de Cuentas admitió que el organismo pide plata para 509 cargos, que trabajan 359 personas y que lo que sobra se usa para aumentos y ascensos internos. Pidió que publiquemos su respuesta: acá está. La plata es tuya.

Arranquemos por algo simple. Cada vez que comprás algo en el almacén o supermercado, pagas la factura de electricidad o agua potable, o pagas los servicios de internet, estás abonando impuestos provinciales para financiar al Estado misionero.  Esos ingresos y gastos públicos están incluidos en el Presupuesto que todos los años la legislatura provincial aprueba, estableciendo un compromiso con los misioneros: “esto te cobramos, en esto lo gastamos”.

El problema es que los gobernantes provinciales no te están diciendo la verdad.

Nos pidió que publiquemos su respuesta

En la Comisión de Presupuesto, nuestro diputado Adrián Núñez le preguntó a la presidente del Tribunal de Cuentas, Fabiola Bianco, algo que cualquier vecino preguntaría. Si el organismo tiene 359 empleados, ¿por qué el presupuesto pide plata para 509?

La Dra. Bianco contestó que en el presupuesto había 509 cargos, pero que hay solo 359 efectivos, y que el resto (150) están vacantes. Hasta hizo una broma: “tenemos dos turnos para el ingreso, porque por los molinetes no entran todos los empleados en el mismo momento”.

Después vino la pregunta de fondo del diputado Nuñez: “¿Qué se hace con la plata de esos cargos que nadie ocupa?” La respuesta de la Dra. Bianco fue breve: “Incrementos salariales. Recategorizaciones.”

Al terminar su exposición la Dra. Bianco, pidió que cuando publicáramos la pregunta publicáramos también su respuesta. Con mucho gusto, doctora. Es la mejor prueba de lo que venimos diciendo.

Leelo de nuevo: la Legislatura aprueba sueldos para 509 personas. Trabajan 359. Y la plata de las 150 sillas vacías no vuelve a tu bolsillo, no va a un hospital ni arregla un camino de tierra en el interior. Se usa para subir sueldos y ascender gente dentro del mismo organismo. Lo dijo ella, frente a los diputados. Y nadie en esa sala se escandalizó.

Hagamos la cuenta

Para 2027 el Tribunal de Cuentas solicitó en el presupuesto que se está discutiendo en la legislatura $19.095 millones para su personal permanente. Si dividimos esa plata por la gente que realmente trabaja ahí, da más de 4 millones de pesos por mes por persona más un monto igual por el aguinaldo, en promedio.

Ahora mirá cómo trata el mismo proyecto de presupuesto al resto de las áreas del Estado. Por cada cargo en Salud Pública la plata se incrementaría el año próximo 5,4%. En el Ministerio de Gobierno, del cual depende la Policía, 9,4%. En el Consejo General de Educación los maestros tendrán una mejora del 10,3%. El promedio de incremento salarial en toda la Administración Pública provincial es 15,6% para el año próximo.

¿En el Tribunal de Cuentas? 51,7%.

En la comisión la Sra Bianco afirmó que el incremento de la masa salarial en el Tribunal de Cuentas sería para 2027 del 20% para el año que viene. Pero en el proyecto de presupuesto la partida de personal del Tribunal sube casi un 50%. Alguien tiene que explicar esa diferencia, y no somos nosotros.

Legal, sí. Y eso es lo que enoja

¿Hay algo ilegal? Probablemente no, y eso es lo más grave.

La ley orgánica del Tribunal le permite armar su propio presupuesto y enviarlo al Ejecutivo para su consideración. Esta ley le otorga a su presidencia la facultad de fijar la estructura, el escalafón y la escala salarial del organismo. Los sueldos van atados a los del Poder Judicial, que en este mismo proyecto de presupuesto recibirá 79% más por cargo.

Traducido: la misma oficina decide cuánta gente pide, cuánto le paga y a quién asciende. La Legislatura levanta la mano y vos pagás.

La Constitución de Misiones le otorga a los diputados provinciales la herramienta para frenar esto. En el artículo 101, inciso 13, menciona que puede crear o suprimir empleos “evitando los excesos de la burocracia”. Está escrito desde 1958. Falta que alguien lo use.

Surge una pregunta: si estas desprolijidades suceden en el organismo que tiene que controlar a todos, ¿qué pasa en el resto de las dependencias públicas? El presupuesto 2027 establece 66.205 cargos permanentes. Hoy nadie en la Legislatura te puede decir cuántos de esos cargos tienen una persona sentada y cuántos son sillas vacías con plata adentro.

¿Y al que controla, quién lo controla?

La ley tiene una respuesta. Todos los años, antes del 30 de abril, el Tribunal tiene que presentarle a la Legislatura el balance de su propio presupuesto. La Cámara tiene que formar una comisión especial de tres diputados para revisarlo. Y si no se pronuncia, las cuentas quedan aprobadas solas, por silencio (Ley I Nro. 3, arts. 29 y 30).

Lo último que encontramos publicado es una resolución de septiembre de 2022, firmada por Carlos Rovira como presidente de la Cámara, que aprueba “en su totalidad” las cuentas 2021 del Tribunal. Se aprobó con dictamen de la Comisión de Presupuesto, sin una sola observación. De la comisión especial que pide la ley, nada. De las cuentas 2022, 2023, 2024 y 2025, tampoco encontramos nada publicado.

Un dato más. Si hoy entrás a la sección “Transparencia” de la página del Tribunal, el último presupuesto que te informa es el de 2022.

Esta pelea no es nuestra, es de todos

Que nadie se confunda. Esto no es un conflicto o pelea entre La Libertad Avanza y una funcionaria, y el “carácter” de ningún funcionario nos importa. Esto es entre los misioneros que pagan y un sistema político dirigencial que se acostumbró a no rendirle cuentas a nadie.

Los que gobiernan Misiones hace más de veinte años hoy se pelean entre ellos por quién se queda con la Legislatura. Pero cuando llega el presupuesto, las diferencias se terminan: Rovira ya adelantó que acompañará el proyecto de ley.

La presidente del Tribunal dijo en la comisión que no lee los diarios “por sanidad mental”. Está en su derecho. El colono de Andresito, la maestra de Oberá o el comerciante de Posadas no pueden dejar de leer su boleta de pago que le llega de la Agencia Tributaria de Misiones. Deben pagarla todos los meses para no convertirse en evasores. Y con esa plata también se pagan 150 sillas vacías en el organismo que tendría que controlar las cuentas públicas del Estado provincial, plata que se destina para aumentarse sus propios sueldos

Lo que vamos a solicitar

1. Que el Presupuesto 2027 explicite la realidad: en cada organismo, cuántos cargos están ocupados y cuántos están vacantes.
2. Que la plata de las vacantes no se pueda usar para aumentos ni ascensos sin que la Legislatura lo apruebe.
3. Que la Cámara cumpla la ley, arme la comisión especial y revise y publique las cuentas 2022 a 2025 del Tribunal.
4. Que el Tribunal publique quiénes fueron recategorizados entre 2024 y 2026, a qué categoría y cuánto cuesta. Lo vamos a pedir por la ley de acceso a la información pública.

La doctora Bianco nos pidió que publiquemos su respuesta. Ya está publicada. Ahora les toca actuar a los diputados provinciales que van a votar este presupuesto: ¿van a aprobar otra vez 150 sillas vacías con la plata de los misioneros?

Los números están en lalibertadavanzamisiones.com.ar/gastopublico. Entrá y fijate vos mismo.

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