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Veteranos de Malvinas denuncian que represores cobran pensiones de la guerra

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El beneficio no corresponde a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos, según la ley sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner. Tampoco a los que cometieron crímenes contra el orden constitucional.

Unos 60 represores procesados, imputados e incluso condenados por delitos de lesa humanidad cobran “pensiones honoríficas” como veteranos de la guerra del Atlántico Sur, denunció el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.

La entidad que agrupa a los soldados que pelearon en Malvinas se puso “a disposición” esta semana de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para revisar las “irregularidades detectadas” en el otorgamiento de esos beneficios, que comenzaron a otorgarse en los años 90.

La información surgió a partir de un relevamiento, al que tuvo acceso Télam, elaborado por esta entidad, en base a datos que se encuentran en los registros del organismo que regula la seguridad social en el país y que pueden consultarse por internet.

“El decreto 1357/04 firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner estableció que esta pensión no podía ser cobrada por quienes hubieran cometido violaciones a los derechos humanos, crímenes contra la patria o el orden constitucional. Por eso creemos hay irregularidades que deben ser corregidas”, señaló a esta agencia Ernesto Alonso, dirigente del CECIM.

Sin embargo, hay en esa lista personal militar que cobró la pensión y que aún la percibe, a pesar de estar involucrados en crímenes de terrorismo de Estado.

Quiénes son

Entre ellos figura Julio César Binotti, un represor de la ESMA condenado a prisión perpetua y denunciado por haber estaqueado soldados en Malvinas, y pese a todo conserva el beneficio de esta pensión.

Otros de los condenados por delitos de lesa que figuran en esta lista son el ex capitán Carlos Esteban Pla, condenado por delitos de lesa humanidad en San Luis; el ex contralmirante y represor de la ESMA Edgardo Otero y el ex teniente de navío Francisco Lucio Rioja, que se ganó fama de torturador en el centro clandestino de detención más grande montado por la Armada en plena Ciudad de Buenos Aires.

También aparecen procesados y con prisión preventiva como el coronel Daniel Alejandro Delfor Polano, imputado por delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo, acusado de tormentos contra soldados en Malvinas y sindicado por haber participado en un atentado perpetrado en 1970 contra la sede que la AMIA tenía en la ciudad de La Plata.

En esa condición también se encuentran el teniente coronel Luis Alberto López y el coronel Carlos Salvadores Carrizo, imputado por la masacre de Capilla del Rosario y en libertad tras pagar una fianza de 100 mil pesos.

“Muchas veces, el argumento para mantener esta pensiones es la falta de una condena firme sobre los delitos que se imputan. Pero nos parece que para la ilegalidad no puede haber un derecho adquirido, y más cuando se trata de una pensión honoraria. Los torturadores carecen de honor”, afirmó Alonso.

(Télam)

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Inflación de febrero fue de 2,9%: los mayores aumentos fueron en agua y luz

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inflación febrero

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de febrero igualó el registro del mes pasado con 2,9% y los precios acumulan un aumento de 5,9% en lo que va del año.

Según el organismo, la división con mayor incremento en febrero fue la de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 6,8%; seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas con 3,3%, al igual que Bienes y servicios varios.

En contrapartida, no se registró modificaciones en la sección que contempla Prendas de vestir y Calzados, mientras que Bebidas alcohólicas experimentó aumentos de apenas 0,6%.

En cuanto al análisis de los aumentos por región, el índice nacional se ubicó por encima de lo registrado en Gran Buenos Aires (2,6%) y por debajo del Noereste (3,1%).

Inflación de enero fue de 2,9% y la suba de alimentos fue del 4,7% en el mes

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.

El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.

Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.

Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.

Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.

En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.

El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.

Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.

La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.

La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor

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Paro nacional universitario por 96 horas en reclamo de ley de financiamiento

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La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.

De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.

En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.

En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.

Milei suspendió ejecución de las leyes Garrahan y financiamiento universitario

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