Nacionales
Revelan que robaron $ 245 mil pesos y u$s 50 mil a Michetti
La noche en Gabriela Michetti ganaba la vicepresidencia de la Nación, habría sufrido el robo en su casa del barrio porteño de Balvanera de 245 mil pesos y 50 mil dólares. El dinero estaba envuelto en una bolsa de papel madera, y según dijo la vicepresidenta ante la Justicia, eran para una “donación”.
La Justicia imputó a un oficial mayor de la Policía Metropolitana, David Juan Pablo Cruzado, custodio de Michetti. Cruzado fue elegido por el exministro de seguridad porteño y actual embajador argentino en Uruguay, Guillermo Montenegro, y por el jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez.
Según la imputación, se le atribuye a Cruzado haberse apoderado ilegítimamente, con la colaboración de una persona del sexo masculino aún no identificada, el 22 de noviembre de 2015, entre las 20:33 y 21:56, del dinero y varios objetos de plata del interior del domicilio ubicado en la calle Pasco al 600, donde reside Michetti, según informó hoy el diario Tiempo Argentino.
La imputación indica que el policía metropolitano Cruzado “mientras se encontraba allí avocado a su función, se contactó en forma telefónica desde su línea personal, con Juan Martín Tonelli Banfi, pareja de la licenciada, y a continuación con el hijo de aquella”. Tras corroborar que el domicilio se encontraba sin ocupantes, “se comunicó con un teléfono celular utilizado por una persona -a la fecha no individualizada-, que a las 20:33:05 ingresó al domicilio de Michetti mediante la utilización de una llave, ganzúa o algún elemento semejante”.
El robo fue preciso: “Del cajón de la mesa de luz situada en el lado izquierdo, la suma de 5000 pesos; de una bolsa de papel madera que se encontraba al costado de la cama, 200 mil pesos; del interior del placard, envueltos en una bolsa de cartón, 40 mil pesos; del otro placard de madera, 50 mil dólares”. Michetti declaró que 200 mil pesos eran para “una donación”.
Una empleada doméstica de Michetti explicó que el dinero de la mesa de luz era el que la vicepresidenta le dejaba “para comprar comida, pagar impuestos y pagarse su labor”. También refirió que Michetti “guardaba dinero en el interior de la vivienda, ya que en varias oportunidades le había pedido a ella misma que lo hiciera, dándole distintas sumas que colocaba dentro de un placard envueltos en pañuelos, desconociendo la cantidad exacta dado que se la daba en sobres cerrados”.
Cruzado estuvo preso hasta el 16 de junio, cuando la Sala Cuarta de la Cámara del Crimen, en un fallo firmado por los jueces Carlos Alberto González y Alberto Seijas, confirmó su procesamiento por el delito de “hurto agravado por haber sido cometido mediante el uso de llave, ganzúa o algún elemento semejante, agravado por su condición de policía”, le trabó embargo por 1.000.069,67 pesos, pero le concedió la excarcelación.
• Descargo
Al enterarse que la causa tomó estado público, Michetti difundió este domingo un comunicado a través de su cuenta en Facebook en el que aclaró que 200 mil pesos, que el ladrón extrajo de una bolsa de papel madera que se encontraba al costado de la cama, “pertenecían a donaciones” realizadas a la Fundación SUMA que ella preside, con motivo de la cena anual de recaudación de fondos que se celebraría una semana más tarde.
En tanto, explicó que el monto de 50 mil en moneda extranjera guardado en un placard de su habitación tenía como origen un “préstamo” que le había efectuado su pareja, Juan Martín Tonelli Banfi, para ayudarla en el financiamiento de una maestría para su hijo.
Precisó además que otros 45 mil pesos que se llevó el delincuente de sus incursión en el domicilio ubicado sobre la calle Pasco al 600 tenían como destino el pago de una “refacción” en su casa, mientras que “el resto” lo atribuyó al “manejo cotidiano de una casa de familia”.
“Quiero dejar bien en claro que no tengo nada que ocultar. Con qué sentido denunciaría con detalle ante la Justicia lo que me robaron si no tuviera la tranquilidad de poder explicarlo perfectamente?”, reflexionó Michetti en el comunicado.
Por otro lado, justificó la no divulgación de la noticia desde el momento en que sucedió a fines de noviembre hasta la fecha al hecho de que estuviera involucrado uno de los miembros de su custodia”.
“Sabiendo que las buenas personas bien intencionadas somos más, agradezco el enorme apoyo que estoy recibiendo de tantas personas que me quieren”, concluyó Michetti en el escrito.
Luego del rechazo de legisladores a cinco decretos delegados, la gestión de Javier Milei restituyó las normas que rigen el funcionamiento de entes públicos como Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), entidades culturales, la actividad en distintos sectores de la economía y su intento por limitar el derecho a huelga.
Las modificaciones habían sido puestas en marcha por cinco decretos delegados y frenadas posteriormente por las cámaras de Diputados y el Senado a fines de agosto.
Finalmente, este miércoles fueron publicados los DNU 627 y 628 en el Boletín Oficial, los cuales sostienen: “Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos”.
Al mismo tiempo fueron restituidas “las disposiciones normativas derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 531 del 1° de agosto de 2025, 571 del 11 de agosto y los 583, 584 y 585, del 14 de agosto”.
Cabe recordar que los decretos delegados, que fueron rechazados por el Congreso, implicaban cambios en el régimen laboral de la Marina Mercante y restringía el derecho a huelga en numerosos sectores de la economía considerados esenciales o estratégicos; la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos; la disolución de Vialidad Nacional; la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo; así como una serie de modificaciones en el Inti, Inta y entidades culturales.
Desde el gobierno justificaron la restitución sosteniendo que la finalidad es “no comprometer la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional y salvaguardar los principios de buena administración, juridicidad, buena fe y simplificación administrativa”.
Decretos sin efecto
El decreto 462/2025 establecía que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) se convirtieran en unidades organizativas dependientes de la Agricultura y de Industria y Comercio, respectivamente. En concreto, modificaba sus funciones.
Con el decreto 587, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) pasó a depender de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Mientras que con el decreto 371, el Gobierno eliminó la Dirección Nacional del organismo.
A través del decreto 461/2025, el Ejecutivo disolvía la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
El Gobierno desreguló el transporte marítimo a través del decreto 340 y habilitaba a buques y tripulaciones extranjeras en el cabotaje nacional. Implicaba la pérdida de la exclusividad de la Marina Mercante y restringía el derecho a huelga en numerosos sectores económicos.
El decreto 351 ordenaba la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), de un organismo descentralizado a uno desconcentrado. Había pasado a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
La fusión entre el Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Estaba dispuesto en el decreto 345/25.
La reconversión del Inti pone en riesgo 2400 puestos de trabajo en el país
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el dato de inflación de julio, el cual se ubicó en 1,9% y acumuló un 36,6% en los últimos doce meses. Mientras que, en lo que va del año suma un 17,3%.
Este resultado da cuenta de que hubo un leve incremento respecto al mes de junio, cuando la inflación mensual se ubicó en 1,6%.
El rubro que registró el mayor aumento fue Recreación y cultura (4,8%), seguida de Transporte (2,8%) y Restaurantes y Hoteles (2,8%). Por su parte, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,9%, a la par del promedio de la inflación general.
Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado, que registró una caída de precios (-0,9%).
#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,9% en julio de 2025 respecto de junio y acumularon un alza de 17,3% en los últimos siete meses https://t.co/ccjTNTu3PD pic.twitter.com/AEai0sBmfL— INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 13, 2025
Las consultoras esperaban que el valor se mantuviera por debajo del 2%, al igual que los dos meses previos.
Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que aglomera las proyecciones de más de 40 instituciones, había estimado a la inflación de julio 2025 en 1,8% en promedio.
Días atrás las mediciones privadas anticipaban que la suba de casi 14% del dólar en julio no impactaría tanto sobre la inflación, lo que puede contrastarse con el mes anterior, cuando la inflación fue del 1,6%, apenas por encima del 1,5% del mayo, hasta ahora la menor de los últimos cinco años.
En la mañana de hoy se conoció el decreto 534/2025, con el que el gobierno de Javier Milei oficializó el veto a las leyes que establecían el aumento a las jubilaciones, la reapertura de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
Estas tres iniciativas fueron aprobadas por el Senado el pasado 10 de julio. La ley para el aumento jubilatorio obtuvo 142 a favor, 67 negativos y 19 abstenciones; y 28 ausentes; mientras que la emergencia en discapacidad, obtuvo 34 ausencias.
Con la nueva medida quedarán sin efecto, tal como lo había anticipado por el mandatario apenas las leyes fueron respaldadas en la Cámara alta.
El triple veto fue firmado el pasado sábado y publicado en el Boletín Oficial este lunes con las firmas de Milei y los miembros de su gabinete.
A partir de ahora, el rechazo del mandatario deberá tratarse en el Congreso y para sostener el veto el oficialismo necesitará 86 votos.
Los detalles
La decisión presidencial deja sin efecto el aumento jubilatorio de haberes y pensiones del 7,2% y el incremento para el bono, que pasaba de $70.000 a $110.000, y que iba a actualizarse por inflación, según la norma aprobada por el Senado.
Paralelamente se había aprobado la reapertura por dos años de la moratoria que permitía jubilarse a las personas que no tuvieran los 30 años de aportes, lo que también fue vetado.
Por último, quedó sin efecto el proyecto relativo a la discapacidad, impulsado por el diputado Daniel Arroyo, que declaraba la emergencia hasta el 31 diciembre de 2027 y reforzaba las pensiones no contributivas por invalidez para llevarlas al 70% del haber mínimo jubilatorio.
En los considerandos del decreto presidencial se menciona como argumento central para desestimarlas, que estas leyes, de instrumentarse, romperían el equilibrio fiscal, ya que implicarían “un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026“.
Argumentación del triple veto
El decreto señala una serie de irregularidades, entre las que sobresale que: “la sesión fue llevada adelante sin que se haya citado de forma previa a los integrantes del H. Senado de la Nación” y recordó que se trata de un punto que “garantiza el correcto funcionamiento de la Cámara Alta, así como los derechos y garantías de los senadores, y está prevista en el Reglamento del cuerpo como una atribución de su Presidente”.
Otra de las objeciones expresadas en los considerandos indica: “además, se acreditó que el tratamiento de los proyectos bajo análisis fue habilitado por medio de una votación que, conforme al Reglamento de la Cámara Alta, debió ser computada sobre una mayoría de dos tercios de los votos, y no una simple mayoría“.
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