Nacionales
Macri intenta blindar a Colombi, salpicado por escándalo narco en Corrientes
Cuando Mauricio Macri llegue esta tarde a Corrientes con la finalidad de firmar un convenio de cooperación entre las fuerzas federales y la Policía provincial para la lucha contra el delito organizado, le habrá dado al gobernador Ricardo Colombi el respaldo que el mandatario necesita para reposicionarse, luego de que le estallara en las narices el narcoescándalo de Itatí, con insospechadas derivaciones políticas que involucraron al intendente (de extracción justicialista) y a su vice (perteneciente a Cambiemos). Más allá de las formalidades protocolares, el presidente de la Nación -acompañado por los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Seguridad, Patricia Bullrich- llega para oxigenar a un aliado político, en un año en el que los correntinos deben elegir nuevo gobernador, habida cuenta del desfase electoral por sucesivas intervenciones y en un contexto de imposibilidad constitucional para que Colombi vuelva a postularse.
Los episodios ocurridos en los últimos meses, donde el propio gobernador y otros funcionarios aparecen involucrados en hechos ligados al narcotráfico, impactaron en la opinión pública, provocando un mayor descrédito entre los ciudadanos. Así lo refleja un estudio realizado por la consultora Analogías, que determinó un dato preocupante para el mandatario mesopotámico: cuatro de cada diez consultados considera que está involucrado en las denuncias escandalosas que salpicaron a toda la clase política. El relevamiento fue realizado entre el 15 y el 19 de marzo, entre 1.800 residentes en condiciones de votar en Corrientes, respecto a las denuncias y causas judiciales por narcotráfico que involucran a funcionarios y diferentes actores políticos y judiciales de la provincia. Según el sondeo de opinión, prácticamente tres de cada cuatro entrevistados se muestran al tanto de la existencia de denuncias y causas judiciales que vinculan con el accionar delictivo a funcionarios de los ejecutivos provincial y comunales, cifra que crece en adultos de edad intermedia (30 a 44 y 45 a 60 años) y en forma lineal con el nivel de estudios. Al momento de consultar por la eventual vinculación del gobernador con estas denuncias, un 40,3% considera que Colombi está involucrado, contra un 24,2% que cree que no lo está. El restante 35,5% responde que “no sabe”. Consultados sobre a qué actor político-social consideran como más involucrado en las denuncias de narcotráfico, los entrevistados mostraron respuestas divididas, aunque el arco político provincial resultó el más señalado: casi el 60% señalan a determinadas intendencias, la Gobernación o, directamente, a “todo el arco político”.
Gracias al perro
En línea con el objetivo de blindar la imagen del gobernador aliado y mostrar eficacia oficial en la lucha contra el narcotráfico, el ministerio que encabeza Patricia Bullrich distribuyó ayer una gacetilla para informar los resultados de un procedimiento al que denominaron Operación “Pucará”, que representa “la incautación más grande en la provincia por parte de la cartera de Seguridad”, según consta en el comunicado. El texto destaca el “trabajo conjunto con la Gobernación que fue clave para el éxito del operativo”. Se trata del decomiso de unos 4.000 kilos de marihuana distribuidos en 4.631 paquetes que viajaban camuflados junto al motor del equipo de frío de un camión térmico, cuyo conductor fue “el único detenido”. La droga fue detectada gracias al accionar del “incorruptible” perro antinarcóticos Pucará, integrante de la Gendarmería Nacional. “Es importante destacar el hecho de que este sustancial cargamento haya sido detectado justamente en la provincia de Corrientes, luego de las detenciones del intendente y viceintendente de Itatí por narcotráfico la semana pasada”, remarca el informe que no ahorra adjetivos elogiosos para los intervinientes en el operativo. “Una vez más podemos felicitar a nuestras fuerzas federales por el gran esfuerzo que están realizando para sacar la droga de las calles y evitar que llegue a las manos de los jóvenes y destacar el trabajo conjunto con la Gobernación que nos permitió detectar a tiempo la maniobra y desbaratar toda la operación de raíz”, finaliza el parte informativo.
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, puso en marcha este lunes el Plan Paraná, una iniciativa integral diseñada para reforzar el control de la hidrovía Paraguay-Paraná y combatir el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y otros delitos transnacionales.
Formalizado mediante la Resolución 1307/2025 publicada en el Boletín Oficial, el plan representa un esfuerzo coordinado para “blindar” una de las vías fluviales más estratégicas de Sudamérica, que canaliza gran parte del comercio exterior argentino.
La iniciativa se desarrolla a través de un comando unificado que integra a la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, junto con organismos como Migraciones, Aduana y ARCA, en coordinación con las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos, y con autoridades de Paraguay y Brasil.
Según informaron, el despliegue combinará patrullajes fluviales y terrestres, monitoreo con radares, drones y cámaras térmicas, como así también inspecciones de control permanente a lo largo de los 1700 kilómetros de la hidrovía argentina.
De acuerdo al gobierno, esta ruta no solo es vital para la logística y la economía regional, sino que también ha sido explotada por organizaciones criminales para el “tráfico hormiga”, el lavado de dinero y el abigeato.
El Plan Paraná surge como respuesta a esta amenaza, integrándose a la estrategia nacional de “Fronteras Blindadas” junto a otros operativos como los Planes Güemes, Bandera y Guaçurarí.
El plan se ejecuta en cuatro fases operativas: planificación, desplazamiento, ejecución y evaluación, divididas en seis polígonos territoriales a lo largo de la hidrovía. El centro operativo principal se ubica en Isla del Cerrito (Chaco), pero se extiende a puntos estratégicos en todo el corredor.
Además, al comando unificado se incorporan ahora organismos como la Dirección General de Aduanas, la AFIP, la Dirección Nacional de Migraciones y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Las provincias involucradas, incluyendo Misiones, podrán designar representantes policiales como enlaces territoriales.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló que la inflación correspondiente al décimo mes del año fue 2,13%, cifra que aumentó por tercera vez consecutiva tras el 2,1% registrado en septiembre y 1,9% en agosto.
De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 31,3% en los últimos 12 meses y 24,8% en lo que va del 2025.
En esta oportunidad la aceleración se vio impulsada por la categoría Transporte con un 3,5%, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza del 2,8%.
En tanto, las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.
La variación de precios acumulada del noreste argentino fue del 2,1%, la cual ubicó a la región por debajo de la nacional que llegó al 2,3%. A su vez, los rubros de mayor incremento fueron Transporte, con 3,3%; Bebidas alcohólicas y tabaco, con 2,7%; Restaurantes y hoteles, con 2,6%; Bienes y servicios, con 2,5%; y Recreación y cultura, con 2,4%.
Proyecciones
Según las estimaciones del organismo, el mes pasado se vio atravesado por las elecciones legislativas nacionales y por ende, la incertidumbre y la volatilidad cambiaria aumentó, incidiendo en el avance de 0,2 puntos porcentuales en el IPC del mes pasado.
Al respecto, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había anticipado una inflación de 2,2% para octubre.
En relación a las proyecciones de los próximos meses, los principales analistas del mercado calculan que el IPC será de 1,9% en noviembre, de 2% en diciembre y de 1,8% en enero de 2026. En esa línea, esperan que 2025 cierre con un nivel general de precios del 29,6%.
La inflación fue de 2,1% en septiembre y acumula 22% en lo que va del año
El presidente Javier Milei promulgó las leyes de Emergencia Pediátrica (Garrahan) y de Financiamiento Universitario y suspendió su ejecución hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación “determine las fuentes de su financiamiento”.
Tal como ocurrió con la Emergencia en Discapacidad, el gobierno nacional decidió suspender la aplicación de las legislaciones y las devolvió al Congreso para que los legisladores asignen fondos específicos en el presupuesto nacional del 2026.
La Ley 27.795 establece un nuevo régimen de financiamiento para las casas de estudios públicas del país, como también la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en Argentina por un año.
En el Boletín Oficial de la Nación de este martes, ambas legislaciones fueron promulgadas y suspendidas en su aplicación, al igual que sucedió hace un mes con la ley de Emergencia en Discapacidad.
En ambos decretos, el gobierno enfatiza que el Congreso de la Nación no especificó de manera fehaciente la fuente de financiamiento para las erogaciones que implican las leyes, incumpliendo lo dispuesto por la Ley 24.156.
Cabe recordar que el 4 septiembre, el presidente Javier Milei había vetado las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario argumentando que generaban un desequilibrio fiscal que atentaba contra la estabilidad macroeconómica.
Los vetos del presidente fueron rechazados por las dos Cámaras del Congreso de la Nación y por ello el Ejecutivo decidió ahora postergar la aplicación de las legislaciones.
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