Nacionales
En Misiones, un total de 266.596 personas podrán cobrar los 10 mil pesos del IFE
Será a partir del 21 de abril. Aparecen entre los 7,8 millones de beneficiarios del programa que lanzó el Gobierno Nacional. No tienen otro ingreso ni en el grupo familiar. La cantidad de habilitados duplicó las expectativas iniciales.
BUENOS AIRES y POSADAS (Agencias y diarios). Un total de 266.596 personas podrán acceder, en Misiones, a los 10 mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que impuso el Gobierno Nacional para aliviar la situación económica de aquellas familias en las que no existe ningún otro ingreso.
El dato, proporcionado por la Anses, figura entre las 7,8 millones de beneficiarios del IFE que finalmente fueron aprobados, una cantidad que se ubica por encima del doble de la estimación inicial, ya que en principio se estimó que sería cobrado por 3,6 millones de personas.
El programa está orientado a los grupos con ingreso único, es decir que no hay ni asalariados formales, ni jubilados o pensionados, ni monotributistas de las categorías C o más alta.
La cantidad de personas conocida surge luego de un cruce de datos de la Anses con otros organismos estatales, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o el Ministerio de Trabajo.
En la preinscripción hecha por el organismo previsional a través de su página web había superado los 11 millones de personas. Tras el mencionado cruce de información que depuró el listado de aquellos a quienes no le correspondía el beneficio, el padrón se redujo a 7.854.316 millones de personas.
Pago a partir del 21/4
El pago de los 10.000 pesos comenzará a efectivizarse el próximo 21 de abril para aquellos que tengan una cuenta bancaria y el próximo 6 de mayo para quienes no la tengan y cobren por vías alternativas, como las billeteras electrónicas o los mecanismos de extracción de dinero en cajeros sin tarjeta. Las personas que prefieran cobrar por otros medios de pago, podrán elegirlos a partir del jueves 16; la Anses brindará instrucciones al respecto a través de su sitio web.
“Estamos pidiendo los datos de las cuentas bancarias para acreditar este beneficio. A quienes no la tengan les vamos a dar distintas alternativas para que puedan hacerlo”, señaló el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, al anunciar el resultado del cruce de información.
“El IFE implica un esfuerzo muy grande para el Estado nacional, de casi 80.000 millones de pesos, para paliar los efectos de esta crisis. Se trata de hacer una política anticíclica que compense la caída en la actividad económica por esta crisis”, señaló Vanoli.
La Anses permite a quienes se hayan inscripto hacer la verificación de la aprobación del trámite. Dicho proceso está ordenado por la terminación del último dígito del DNI.
“Cabe aclarar que quienes no puedan llegar a anotarse con la CBU en esta primera fase de inscripción (11 a 15 de abril) podrán hacerlo en la fase de inscripción para los beneficiarios no bancarizados”, señaló la Anses en un comunicado.
Asimismo, la Anses informó que una vez terminado el pago del IFE a los solicitantes ya aprobados, el organismo “abrirá una instancia para volver a considerar los casos que no fueron aceptados por haberse producido cambios no informados al organismo en la situación laboral o familiar de esas personas o, también, por falta de datos.”
Nacionales
El gobierno eliminará la Andis y traspasó sus funciones al ministerio de Salud
Esta mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), explicó que incluye reducción de estructuras y aclaró que no se eliminarán prestaciones.
La decisión surgió luego de que, meses atrás, se filtraran audios del ex funcionario Diego Spagnuolo, los cuales daban cuenta de un presunto cobro de coimas en la compra de medicamentos por parte de la agencia, además de la gestión de auditorías irregulares que también se efectuaron en Misiones.
Tras esta serie de acontecimientos que generaron ruido mediático y hoy buscan respuestas en la Justicia, el gobierno dio el paso a la disolución de la agencia y traspasó sus atribuciones al ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones.
“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el ministerio de Salud”, fueron las palabras de Adorni, pronunciadas en la mañana de hoy desde la sala de conferencias.
Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.
Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”.
“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario.
Luego, aclaró: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.
“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, concluyó.
Comenzó la restitución de pensiones por discapacidad en Misiones
Nacionales
Nación oficializó nuevos feriados y el 2026 tendrá más findes extralargos
A través de la resolución 164/25 publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, el gobierno agregó tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos al calendario 2026 y el año tendrá más fines de semana extralargos.
El documento firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció al lunes 23 de marzo, al viernes 10 de julio y al lunes 7 de diciembre como días no laborables adicionales. A partir de su publicación en el Boletín, la medida tomó vigencia.
Dentro de los considerando de la resolución, el gobierno argumentó que la ley 27.399 lo faculta a “fijar anualmente tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.
En esa línea, el documento sostiene que “tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuir la actividad turística en el tiempo”.
De esta manera, el lunes 23 de marzo conformará un fin de semana extralargo junto al 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
En tanto, el 10 de julio se sumará al 9 de julio, Día de la Independencia, mientras que el lunes 7 de diciembre se unirá al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción María.
Nacionales
Autorizan la realización de “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú
A través de la Resolución 460/2025, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional autorizó la realización de dos “microeventos” por jornada y un máximo de 60 personas por cada festival en el Parque Nacional Iguazú.
El pedido había sido efectuado por su intendenta José María Hervás y, para respetar el medio ambiente y no provocar desmanes, las autoridades informaron que deberán respetarse ciertas condiciones, entre ellas, el límite de participantes, la frecuencia, la zonificación y el tránsito, sujetas a las Medidas de Manejo Ambiental (MMA).
A través de un escrito, la intendencia del Parque Nacional Iguazú manifestó “la necesidad operativa de agilizar el trámite de las actividades de pequeña escala que se desarrollan sistemáticamente en sectores de uso público intensivo, sin implicar modificaciones permanentes ni generar impactos ambientales relevantes”.
Luego del análisis de expertos, se permitió que el Parque Nacional pueda concretar eventos “en sectores de uso público intensivo, con una escala sustentable de participantes, bajo impacto operativo y una modalidad consolidada que requiere una dinámica de tramitación acorde a su naturaleza”.
Para el desarrollo de los festivales, se otorgará la intervención de prestadores y concesionarios habilitados, como forma de resguardar la seguridad de los participantes, y dentro de un dispositivo de control.
Las medidas
Entre las restricciones se encuentran limitaciones de carga, frecuencia y uso del espacio. Por lo que cada evento podrá contar con un máximo de 60 personas y solo podrán realizarse dos por día. A su vez, deberán ser efectuados en Áreas de Uso Público Intensivo autorizadas, y dentro del horario convencional del Parque.
En cuanto a la circulación, no podrá restringirse el tránsito general de visitantes no participantes del evento.
Respecto a la tecnología, queda prohibida la amplificación sonora eléctrica o a batería y el uso de drones, salvo autorización extraordinaria y fundada en seguridad o registro institucional.
En lo que hace a infraestructura sólo se permitirán elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto, por lo que quedan estrictamente prohibidas las estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área.
Finalmente, se aplicarán las medidas de Gestión Ambiental y Residuos con la modalidad “Cero-Impacto”, por lo que el organizador del evento estará obligado a la recolección de los residuos generados.
También estarán prohibidos los plásticos descartables o de un solo uso y los alimentos deben manipularse en condiciones que impidan el acceso de fauna silvestre.
Otro punto expuesto es que toda solicitud para la realización de los microeventos deberá ser presentada con una antelación mínima de cinco días hábiles administrativos previos a la fecha prevista para su realización.
“La Intendencia del Parque Nacional Iguazú será responsable de la verificación, control y fiscalización del cumplimiento de las condiciones establecidas”, remarcaron.
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