Nacionales
Diputados aprobó exención de pago de ganancias sobre guardias en Salud
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles la exención del pago del impuesto a las ganancias a los trabajadores de la salud, ya sean profesionales, técnicos, auxiliares y personal operativo.
El proyecto, impulsado por el diputado porteño del Frente de Todos (FdT) Daniel Gollan, modifica el artículo 20 bis de la Ley 20.628, sobre exenciones a trabajadores de la salud por los ingresos que excedad las cuatro guardias mensuales en los servicios de emergencias, y fue aprobado por una amplia mayoría de 222 votos a favor, y el rechazo en solitario de la macrista salteña Virginia Cornejo.
Según fundamentó en el recinto el diputado Gollan, la modificatoria de la ley “da una respuesta a un serio problema que afecta al sistema de salud”.
“Muchos trabajadores y trabajadoras de la salud que realizan guardias en los servicios de emergencias en hospitales, clínicas, sanatorios, tanto del sector público como del privado, se ven impedidos de cubrir más guardias porque saltan a otra categoría del impuesto a las ganancias y produce la situación paradójica de que trabajan más para que sus ingresos se vean menguados”, explicó.
El legislador del FdT señaló que “durante la pandemia se pudo superar este problema a partir de la implementación de la Ley 27.549 prorrogada por la Ley 27.617, pero vencido el plazo de la excepción el 30 de septiembre de 2021, el problema se ha vuelto a plantear y recrudece constantemente”.
Gollan señaló que el proyecto aprobado “representa un impacto marginal” en el Presupuesto 2023 al que Diputados le dio media sanción hace dos semanas, porque “el universo que alcanza no es relevante en términos de recaudación”.
El diputado destacó, en tal sentido, que exceptuar a los trabajadores sanitarios de la obligación de tributar ganancias por las guardias extras, es “un importante aporte para poder cubrir adecuadamente los servicios de salud”.
Sistema ineficiente
“Todo estamos sabiendo que el sistema de salud argentino pasa por momentos muy difíciles, por cuestiones estructurales que aspiramos en los próximos tiempos podamos abordar en este recinto”, afirmó Gollan.
Calificó al sistema de salud argentino de “ineficiente y caro”. “Tenemos un sistema que difícilmente puede ser gobernado, que prácticamente ha quedado en manos de la lógica de mercado y que hace muy difícil que la salud sea considerada como un derecho, y que haya acceso universal en condiciones de equidad”, explicó.
Identificó como uno de los problemas puntuales la sangría presupuestaria que significa el hecho de que el 40% del presupuesto se destine a la comprar de medicamentos, drenando recursos para salarios, equipamiento e insumos.
“Nuestro sistema está afrontando situaciones estructurales graves, pero uno de los problemas más serios tiene relación con la fuerza laboral en salud”, señaló.
Nacionales
Ascienden a 102 los casos de hantavirus en el país
Según los últimos registros del Boletín Epidemiológico Nacional, en las dos últimas semanas se registró sólo un caso de hantavirus en la provincia de Buenos Aires (PBA). Sin embargo, el pasado fin de semana se confirmó un caso en la localidad de Corcovado en Chubut, mientras que el total de infectados de la temporada 2025-2026 asciende a 102, en su mayoría vinculados a la variante Andes, con presencia en el sur de Argentina y Chile.
En cuanto a la distribución geográfica, la región Centro concentró el 54% de los casos principalmente en PBA (43 casos) y la tasa de incidencia más elevada corresponde a la región del NOA (0,60 casos por 100.000 habitantes), donde se registraron 36 casos confirmados, de los cuales el 83% se concentró en Salta.
En cuanto a los orígenes del virus, las pruebas de PCR y secuenciación genómica realizadas en laboratorios de referencia de Sudáfrica y Suiza confirmaron que los casos corresponden a la cepa Andes, con presencia en el sur de Argentina y Chile.
Los casos que rondaron Misiones
Respecto del brote de hantavirus que se detectó en el crucero MV Hondius la semana pasada, el BEN correspondiente a la semana epidemiológica 17 de 2026 confirma que, hasta el momento, se identificaron ocho casos a bordo del buque (seis confirmados y dos probables), de los cuales tres fallecieron.
Según información difundida por el sitio Mundo en Conflicto, la fallecida pareja holandesa señalada estuvo en Misiones en un recorrido por Argentina, Chile y Uruguay, antes de embarcar en el buque que en este momento navega hacia las Islas Canarias con 149 personas a bordo.
Si bien la ANLIS Malbrán determinó que la secuencia del virus del crucero tiene un alto grado de parentesco con cepas detectadas en 2018 en Neuquén, aún no es posible confirmar el origen del brote, ya que el caso testigo no estuvo en zonas endémicas de la cepa Andes durante los días que se estima que tuvo lugar el contagio.
Mientras tanto, el fin de semana pasado la Secretaría de Salud de Paraná, confirmó dos infectados en el estado brasileño, un hombre de 34 años de Pérola d’Oeste y una mujer de 28 de Ponta Grossa. El primero de ellos muy cercano al departamento misionero de General Manuel Belgrano.
Se trata de la enfermedad viral, transmitida a los humanos por roedores silvestres infectados. De no tratarse, puede causar infecciones pulmonares o renales severas, siendo el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) la forma más común en América.
Infectados con hantavirus en el crucero de Ushuaia estuvieron 20 días en Misiones
Nacionales
El gobierno detectó sobreprecios de hasta 4239% en compras de Andis
El gobierno nacional detectó presuntos sobreprecios de hasta 4239% en compras de insumos ortopédicos realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante 2025, según surge de un informe técnico elaborado por el Ministerio de Salud y remitido a la Justicia.
De acuerdo al documento, las irregularidades fueron detectadas tras comparar facturas emitidas al Estado con valores de referencia del mercado en adquisiciones de andadores, sillas de ruedas y prótesis. El informe señala diferencias que oscilan entre el 300% y el 1000%, aunque en algunos casos superan el 2000% y llegaron hasta el 4239%.
Según publicó La Nación, el caso más extremo corresponde a la compra de un andador, donde se registró una diferencia del 4239% entre el monto facturado al Estado y el valor de referencia de un producto de similares características. En el rubro de sillas de ruedas, los presuntos sobreprecios alcanzaron el 2000%.
El informe sostiene que el análisis de la documentación respaldatoria permitió detectar “desvíos de precios injustificables” y posibles vínculos societarios y familiares entre proveedores involucrados en las contrataciones.
La documentación quedó incorporada a una investigación judicial en trámite vinculada a contrataciones realizadas por la Andis. En paralelo, durante las últimas semanas fueron convocados a declaración empresarios y personas relacionadas con el sector bajo investigación.
La causa que investiga un presunto fraude millonario en la Andis tiene entre sus procesados, a Diego Spagnuolo, máxima autoridad durante parte del período analizado. Consultado por el mismo diario porteño, su abogado, Mauricio D’Alessandro, señaló que el informe no le atribuye al ex director ninguna intervención en la maniobra, ni prueba tampoco conocimiento de la misma.
Nacionales
La Corte declaró inconstitucional el uso estatal de datos personales
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que organismos públicos no pueden utilizar teléfonos o correos electrónicos de ciudadanos sin autorización y anuló artículos de la ley de datos personales al considerar que vulneran la privacidad y la autodeterminación informativa.
El tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Daniel Bejas, sostuvo que no existe interés legítimo que justifique un sistema de almacenamiento y circulación de datos personales sin conocimiento de sus titulares.
Además, declaró inválidos artículos de la ley 25.326 que habilitaban el intercambio de información entre organismos estatales sin consentimiento, al considerar que esas excepciones resultan excesivas e injustificadas y afectan garantías constitucionales.
En ese sentido, advirtió que la amplitud de la norma permitía al Estado eludir casi siempre la exigencia de autorización, lo que vaciaba de contenido la protección de los datos personales.
El fallo se dictó al hacer lugar a una acción de habeas data presentada por una jubilada contra el Estado Nacional, tras un convenio que permitió a la Anses ceder información a la Secretaría de Comunicación Pública para difundir contenidos oficiales.
El caso se originó cuando la demandante cuestionó el uso de su información para fines distintos a los que motivaron su entrega, al señalar que no deseaba recibir comunicaciones oficiales ni ser objeto de contactos reiterados.
En disidencia, el ministro Carlos Rosenkrantz y la conjueza Beatriz Aranguren propusieron rechazar el recurso del Estado y dejar firme la sentencia previa sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma.
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