El País
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Viernes, 25 de septiembre de 2026- Posadas, Misiones, AR
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El ministro de Seguridad Aníbal Fernández y la secretaria Mercedes La Gioiosa, presentaron una denuncia penal contra la anterior titular de la cartera durante el gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, por la supuesta contratación de 18 agentes de inteligencia que cobraron salarios sin prestar servicios.
La denuncia, que por sorteo recayó en el juez Daniel Rafecas y alcanza también al segundo de la entonces ministra, el diputado nacional del PRO Gerardo Milman, acusa a la ex funcionaria de la cartera de administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, nombramientos ilegales, y negociaciones incompatibles con la función pública.
“En todos los casos se trataba de personas sin ninguna vinculación, antecedente, ni experiencia en inteligencia criminal, que ni siquiera conocían la dirección del Ministerio de Seguridad. Llamativamente, los supuestos agentes, en su gran mayoría, son vecinos de los municipios de 3 de Febrero y San Miguel”, indica el texto de la denuncia que se filtró a los medios desde los tribunales de Comodoro Py.
La situación de Milman es todavía mas comprometida que la de su mentora y presidenta del PRO, ya que fue imputado por el fiscal federal Carlos Stornelli por el delito de ‘dádivas’, en relación con la tarjeta azul del automóvil perteneciente a una empresa proveedora del Estado, que el diputado macrista exhibió cuando una de sus jóvenes colaboradoras fue retenida en Palermo al mando el vehículo con un registro de conducir apócrifo.
Según las publicaciones periodísticas, Milman apareció al rescate de su empleada, sacó la chapa de diputado y la tarjeta azul del automóvil e, insólitamente, alegó que la mujer era su esposa.
“Constituirá objeto de investigación y conforme se denuncia -señala Stornelli-, la presunta admisión de una dádiva -sin prejuicio de toda otra figura que en definitiva resulte aplicable- por parte de Gerardo Fabián Milman. El mencionado Milman habría recibido un rodado marca Peugeot, modelo 2008 de parte de la empresa Metalúrgica Oliva Hermanos dedicada a brindar servicios de seguridad de caudales y proveedor de materiales de blindaje”, señala Stornelli en la imputación.
El diputado nacional del PRO se puso en la mira a partir de las declaraciones de un testigo en la causa que investiga el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), que dijo que, dos días antes del atentado en Recoleta, escuchó a Milman decir a dos mujeres que lo acompañaban en un bar frente al Congreso, la frase: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”.