Apuntaron contra las modificaciones en el fuero donde se investigan los delitos comunes de la Capital Federal. Hablaron de desguace.
Los integrantes de la Cámara del Crimen consideraron que la proyectada reforma judicial, que impulsó el gobierno de Alberto Fernández, es inconstitucional.
A través de un acuerdo general, dicho órgano fijó posición en contra de la parte de la reforma que toca el fuero donde se investigan los delitos comunes (homicidios, robos, violaciones, etcétera) de la Capital.
El pronunciamiento fue firmado por los camaristas Alberto Seijas, Mariano González Palazzo, Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich, Julio Marcelo Lucini, Mauro Antonio Divito, Ricardo Matías Pinto, Mariano A. Scotto, Ignacio Rodríguez Varela, Hernán Martín López, Magdalena Laiño y Pablo Guillermo Lucero.
Los camaristas integran las salas que revisan los fallos de los jueces de Instrucción que serán convocados para ocupar las 23 vacantes que se propone abrir el Gobierno en el nuevo Fuero Penal Federal, el cual fusionará el fuero Criminal y Correccional Federal con el Penal Económico.
La reforma prevé el traspaso de las competencias que tiene ese fuero a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Así como el no llamado a concurso para llenar las vacantes, el paso voluntario de jueces y juezas a la Justicia de la Ciudad y la disolución de los juzgados y tribunales que fueran quedando vacantes a medida que avanza la reforma.
Críticas centrales
Una de las críticas al proyecto advierte que sobre la escasez de magistrados y funcionarios para la atención simultánea de sus Tribunales y de los nuevos juzgados, “con el agravante de la naturaleza de los asuntos de nuestra competencia”.
Otro de los cuestionamientos refiere que “importa además el completo desguace y desmantelamiento de nuestro centenario fuero, omitiendo toda referencia a la suerte que han de correr sus magistradas y magistrados (el art. 40 sólo se refiere a funcionarias, funcionarios, empleadas y empleados)”.
Y concluyeron que lo señalado “traduce una afectación a la estabilidad en las condiciones del empleo de funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas, como también imprevisión respecto de las futuras funciones de juezas y jueces”.
Al final, el plenario de la Cámara, presidido por el juez Seijas, señaló que es inconstitucional el traslado de magistrados a la Justicia local, así como el hecho de dejar sin atribuciones al fuero de Instrucción, entre otras observaciones.