Un grupo de vecinos de Villa Cabello, principalmente de la chacra 158, cortaron las avenidas Tambor de Tacuarí y Eva Perón en reclamo de “más seguridad” ante reiterados hechos de robos y solicitaron la intervención de organismos provinciales por el aumento del “consumo” y la “venta de drogas” en el populoso barrio de Posadas.

“Estamos cansados de la inseguridad. Yo vivo en la villa y hay muchos chicos que están perdidos en las drogas y muchos que están vendiendo drogas también”, expuso una vecina del barrio presente en la manifestación en diálogo con La Voz de Misiones.

La mujer contó a LVM que decidió sumarse de “corazón” a la movilización para “cuidar a mis hijos y a los hijos ajenos también, para que no les pase nada malo” e insistió en el pedido de más presencia policial en la barriada para llevar tranquilidad a los comercios de la zona “porque son ellos los que dan trabajo a la gente del barrio”.

La protesta arrancó a las 11.30 de este martes con la concentración de los vecinos al frente del Bachillerato Orientado Provincial (BOP) N.º 8 y contó con la presencia del segundo jefe de la Comisaría Séptima, el oficial principal Mereles, y jefes de la Unidad Regional (UR) I, quienes escucharon las preocupaciones de los habitantes para brindarles una solución.

Diálogo con la policía

En entrevista con este medio, el oficial principal Mereles explicó que “los vecinos manifestaron las problemáticas de personas que tienen antecedentes judiciales y expresaron su descontento por contantes las salidas que tienen luego de que son detenidos”.

El funcionario policial señaló que, a raíz de esta problemática, muchos vecinos optaron por no denunciar los hechos delictivos ante la comisaría, desalentados por la falta de resultados inmediatos. “Hoy se les comentó cuáles son los plazos que demanda la instrucción de un sumario y el tiempo que requiere la Justicia para que estas personas queden detenidas. También se aclaró que el período de detención es estimativo y depende del avance de la causa”, comentó.

En esa línea, el segundo jefe indicó que la ausencia de denuncias limita las acciones tanto policiales como judiciales, ya que sin un expediente iniciado no pueden formarse antecedentes que habiliten sanciones más severas.

Uno de los principales acuerdos que surgió en la reunión de los vecinos de Villa Cabello con la fuerza provincial fue reactivar las denuncias. “Nuestro compromiso está al 100%, de trabajar, escucharlos y resolver la situación”, remarcó Mereles.

Otro de los reclamos que motivó la manifestación de los vecinos fue el avance del consumo y la venta de drogas en la zona. La preocupación por el aumento de estas situaciones se suma a los hechos delictivos que vienen denunciando desde hace tiempo.

En ese contexto, el segundo jefe señaló que se trabaja en conjunto con la Policía Comunitaria y con el Centro de Adicciones para abordar la problemática. Si bien aún no se concretó una reunión en la chacra 158, ya se están realizando encuentros en las chacras 147, 148, 136 y 137, donde especialistas explican a los vecinos cómo es el proceso de internación de una persona con consumo problemático, aclarando que no se trata de un procedimiento inmediato.

Los vecinos de Villa Cabello reunidos con la Policía.

El comercio local

Guillermo, propietario de una carnicería sobre la avenida Tacuarí, participó de la protesta tras haber sido víctima de reiterados robos. Relató que los vecinos pidieron mayor presencia policial y respuestas más firmes de la Justicia.

“Se los detiene, pero a los pocos días vuelven a estar en la calle. Somos rehenes de una situación en la que somos constantemente violentados por estas personas que a diario nos roban“, lamentó el comerciante en diálogo con LVM.

Además, el trabajador expuso que en el último mes todos los locales de la cuadra sufrieron robos reiterados. “Nos robaron a todos, por lo menos tres veces. Sabemos quiénes son y dónde están, pero siguen ahí, sin que nadie haga nada”, agregó.

Para él, una posible solución sería reforzar la presencia policial en la zona. “Estoy acá hace dos años y medio, y lo más viable sería que instalen una casilla con efectivos de manera permanente, al menos para disuadirlos, porque la verdadera solución sería que vayan presos”, concluyó.

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En diálogo con La Voz de Misiones, Carmen Sotelo reclamó la liberación de su esposo, Héctor “Chino” Olivera, empleado del Casino Club Posadas, detenido desde el 12 de septiembre en el marco de una causa que investiga a un médico psiquiatra por presunta emisión de certificados falsos a, al menos, 25 trabajadores de la casa de apuestas.

“El apoderado del Casino Club, Matías Lupiano, hizo una ampliación de denuncia por Zoom, diciendo que, en una investigación, compañeros de Héctor lo acusaron de ser la conexión directa con el psiquiatra”, contó Carmen a LVM y apuntó: “A las dos horas apareció toda la policía en mi casa y lo detuvieron”.

Olivera era delegado del sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina (Aleara) en el Casino Club de Posadas, con 23 años de antigüedad en la empresa, según precisó su esposa a este medio. Está acusado de ser el nexo entre los empleados de la casa de apuestas con el médico Manuel Ramón G. (70), detenido tras una denuncia que inició la compañía por emitir certificados apócrifos a su personal.

Sobre las pruebas que tendría la Justicia misionera en contra de su esposo, Carmen sostuvo: “Son tres mensajes que tienen que dicen que él -por Héctor- fue el que le dio el número de teléfono a sus compañeros”.

En esa línea, la mujer afirmó que “el doctor no lo tiene ni agendado, lo único que hay son los mensajes donde él dice que le iba a mandar unos compañeros que le pidieron su número, pero nada que lo incrimine”.

En cuanto al día de la detención del delegado sindical, Carmen señaló que cuando allanaron su domicilio “ningún policía tenía identificación” y un uniformado los “amenazó” con llamar a Infantería “si yo no habría la puerta”.

“Nos dijeron que era averiguación de antecedentes, que solo iba a estar detenido por 24 horas, secuestraron su celular y hace más de 50 días está detenido”, denunció la mujer en diálogo con LVM.

Asimismo, la esposa de Olivera expuso que desde ese día “pedimos la excarcelación, que brinden los nombres de los supuestos compañeros que lo señalaron, fui varias veces al juzgado para saber cuáles son las pruebas y no hay nada”.

“Hace una semana declaró y hasta el día de hoy no tenemos novedades”, agregó la pareja del delegado sindical del Casino Club de Posadas, que está alojado en la comisaría Séptima, ubicada en el barrio Villa Cabello. En tanto, la causa se instruye en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte.

“Pido la excarcelación para que espere el juicio y si es realmente culpable, como dicen, habrá pruebas, pero no que lo tengan encerrado como lo tienen ahí, se me hace injusto que el representante de una empresa venga y diga, porque en la denuncia dice ‘dice qué algunos compañeros’ y por el ‘se dice qué’ él está preso hasta el día de hoy”, cerró Carmen Sotelo en entrevista con LVM.

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En entrevista con La Voz de Misiones, José Luis Ayala, comerciante de La Saladita de Garupá, acusó de “persecución” a la administración del predio de ventas con el objetivo de “quedarse” con el local de comida que gestiona hace once años. Además, ayer radicó una denuncia por un hecho de robo que también atribuye como responsables a los encargados del lugar.

De acuerdo a lo que explicó el comerciante a LVM, semanalmente abona un canon de $100.000 por la utilización del puesto en el patio de comidas a la administración de La Saladita, a cargo de Alejandro Casares. 

Ayala relató que debió delegar su trabajo a una joven a la que dejó como responsable del comercio mientras él acompañaba a su madre por cuestiones de salud, pero continuaba encargándose de pagar la cuota semanal.

En tanto, precisó que el conflicto se desató cuando “yo quise pagar esta semana que pasó y no me aceptaron el pago”.

“En principio, el sábado le mando mensaje al señor Alejandro Casares, avisándole que le deje a la chica de seguridad el recibo, que yo pasaba a buscar y le abonaba, siempre hago así”, detalló el comerciante.

A ese mensaje, el encargado del predio de venta le contestó que pase el lunes a abonar la cuota, y luego, debido a que los responsables de gestionar el recibo no iban a estar, le indicó que acuda el día miércoles al predio.

“En ese lapso de tiempo, el día martes, yo me comunicó con la chica de seguridad y me dice ‘José Luis vení el miércoles porque te quieren ocupar el lugar’. Entonces yo el miércoles me hago presente a primera hora, entro a mi local, y resulta que el señor Francisco Casares, que es el hermano de Alejandro Casares, le hizo un contrato de locación a la chica”, señaló el comerciante.

Robo y corte de suministros

Al encontrarse con que el local que subalquila hace 11 años, “desde que abrió La Saladita”, conversó con la joven a la que había confiado para que administre el lugar en su ausencia y “ella en primer lugar se lo tomó mal, quería hacerse cargo, pero ellos le hicieron un contrato fuera de lugar”.

Por otro lado, José Luis Ayala radicó una denuncia en la Comisaría Quinta de Garupá porque en el día de ayer jueves “cuando me presento a trabajar me encuentro sin el suministro de luz y sin agua, además, entraron a mi lugar cerrado y me arrancaron la cañería, tenía $285.000 en la caja para bajar bebidas que se llevaron junto con una carpeta con todos los recibos”.

El comerciante preguntó por lo ocurrido a Alejandro Casares y a la guardia de seguridad: “Nadie me dio una explicación, hasta el día de hoy”, dijo y apuntó: “Es orden de la administración que me saquen el agua y la luz”.

También comentó que en su caso particular no cuenta con un contrato formal con la administración porque le pedían “que abone $100.000 con el contrato en blanco y $300.000 en negro”, a lo que él se negó.

Por ello, semanalmente Ayala recibe un comprobante de pago que “no tiene firma, nadie se hace cargo, ni el que agarra la plata”, acusó.

Para cerrar, el comerciante de La Saladita de Garupá reclamó: “Lo que estoy pidiendo es que por favor me devuelvan la luz y el agua para poder seguir trabajando, yo vivo de esto, hoy la situación no está como para no trabajar”.

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