Mariza Giménez tiene 41 años, es tarefera, madre de ocho hijos y desde hace un mes y medio viaja todas las semanas desde Oberá a Posadas para tratar un cáncer de cuello de útero en el Instituto Misionero del Cáncer. Mientras enfrenta sesiones de quimioterapia y radioterapia, también debe sostener a sus hijos y afrontar los gastos de traslado, alojamiento y alimentación. Hoy apela a la solidaridad para poder continuar el tratamiento.

Cuenta a La Voz de Misiones que la enfermedad llegó cuando estaba embarazada de su hijo menor, que hoy tiene apenas un año. El diagnóstico fue devastador: cáncer de cuello de útero. Los médicos le plantearon interrumpir el embarazo para comenzar de inmediato el tratamiento, pero ella tomó otra decisión.

Esa elección postergó el tratamiento durante casi dos años. A la falta de recursos económicos se sumó la ausencia de una red familiar que pudiera acompañarla. “No tenía quién me trajera al hospital, mi pareja se fue y me quedé sola con mis hijos. Vine una vez con el bebé y sufrimos hambre, sed y cansancio”, contó.

Sin embargo, una internación por una severa anemia en el hospital de Oberá cambió el rumbo. Los médicos le advirtieron que debía iniciar el tratamiento cuanto antes porque el cáncer estaba avanzando.

Desde el 16 de junio Mariza se realiza las sesiones de radioterapia en Posadas. Ya completó parte del tratamiento, pero aún le restan nueve sesiones de rayos y cuatro de quimioterapia.

Cada lunes debe presentarse a las 7 de la mañana para realizarse análisis de sangre que determinan si sus defensas permiten recibir la quimioterapia. Luego continúa con la radioterapia diaria.

Mientras tanto, sus tres hijos menores quedaron repartidos entre familiares y vecinos. La adolescente de 13 años permanece en la casa, una niña de seis está al cuidado de una vecina y el bebé se queda con sus abuelos.

“Mis hijos están uno para acá y otro para allá. No tengo otra opción”, lamentó.

El mayor dolor, reconoce, es estar lejos del más pequeño y explicó que no puede traerlo porque cuando está en quimioterapia o radioterapia alguien tiene que cuidarlo y no tiene a nadie.

En medio del tratamiento, Mariza vivió una situación que todavía la conmueve: “Quisieron quedarse con mi hijo”.

Una mujer que le había ofrecido alojamiento en Garupá terminó proponiéndole entregar a su hijo para criarlo.

“Ella me dijo que pensara bien las cosas, que por ahí yo me podía morir y que le diera el bebé para que ella lo criara. Incluso quería que le sacara el apellido del padre y le pusiera el del marido de ella”, relató.

Ante su negativa, asegura que fue echada del lugar. 

“Saqué mis cosas y me fui. Si no fuera por una persona que me prestó una pieza, esa noche hubiera dormido abajo de un puente”, dijo.

Actualmente permanece sola en una pequeña habitación prestada en Posadas mientras realiza el tratamiento.

Familia terefera

Mariza trabajó toda su vida en la cosecha de yerba mate. Creció en una familia tarefera de Campo Ramón y nunca pudo terminar la escuela porque desde niña debía ir a la chacra.

“Toda mi vida fue la yerba. Por eso no tengo estudios”, contó. 

Además cuenta que más adelante también sufrió violencia de género: “Quise estudiar cuando salió la escuela para adultos, pero mi pareja me decía que iba a buscar otro hombre y que no necesitaba estudiar porque él iba a mantenerme”.

Hoy vive gracias a la pensión para madres de siete hijos. Percibe 480.000 pesos mensuales, aunque gran parte del ingreso se destina al pago de un préstamo con el que pudo comprar una pequeña vivienda tras separarse.

Después de los descuentos, a Mariza le quedan unos 300.000 pesos para alimentar a sus hijos, pagar los servicios y afrontar todos los gastos del tratamiento.

Estable

Pese a todo, la doctora Bastida Noelia, oncóloga del El Instituto Misionero del Cáncer, le transmitió una noticia alentadora.

Según explicó, el tumor se mantuvo estable durante estos dos años y eso permite mantener expectativas favorables con el tratamiento.

“La doctora me dijo que si hago el tratamiento tengo posibilidades de curarme y vivir muchos años más. El tumor no avanzó y eso nos da esperanza”, celebró.

Para Mariza el mayor problema hoy son los costos diarios. Todavía no cuenta con el boleto oncológico gratuito, por lo que debe pagar cada viaje entre Oberá y Posadas, además de los traslados dentro de la ciudad.

“Un viaje me cuesta 13.000 pesos y después tengo que moverme hasta el hospital. Algunos días gasto cerca de ocho mil pesos solamente en los traslados”, describió.

Además, el hospital le solicitó reponer dos unidades de sangre utilizadas durante una transfusión, por lo que también necesita donantes voluntarios.

Integrante de la organización Mujeres Tareferas de Oberá, Mariza decidió hacer pública su historia con la esperanza de encontrar una mano solidaria.

“Quiero vivir para criar a mis hijos. Lo único que necesito ahora es poder terminar el tratamiento”, pidió.

Para ayudar comunicarse al número 3755-819692 Mariza Giménez 

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Patricia Olivera, tiene 31 años, vive en Candelaria, es madre de un bebé de un año y acudió a La Voz de Misiones para denunciar que Héctor Haseitel, su ex esposo, atentó contra su vida y la del pequeño en varias ocasiones, hechos por los cuales no obtuvo respuestas de la Justicia.

Es que, según afirmó, pese a la grave situación de violencia de género que atraviesa desde hace más de tres años, el caso no es atendido como corresponde por el Juzgado de Familia y Violencia Familiar Uno de Garupá. 

“No me siento acompañada por la Justicia, siento que me están dejando a la deriva a mí y a mi hijo”, expresó.

Según su testimonio, el vínculo con el progenitor de su hijo comenzó en 2022, pero rápidamente se transformó en una relación marcada por el engaño, el control y la violencia. Relató que, tras contraer matrimonio y quedar embarazada, descubrió que su pareja mantenía una relación paralela, situación que le provocó una crisis emocional que derivó en la pérdida de su primer embarazo.

“Ese fue el inicio de la violencia psicológica y emocional. Yo quedé completamente debilitada”, sostuvo.

Con el paso del tiempo, la situación se agravó. La mujer denunció episodios de violencia física, amenazas y conductas de extremo riesgo. Uno de los hechos más graves ocurrió en 2024, cuando, según relató, su pareja la golpeó mientras conducía y expresó su intención de “matarse con ella y el hijo”.

“Me dijo ‘ahora nos vamos a matar los tres’. Tuve que accionar el freno de mano y tirarme del auto con mi bebé para salvarnos”, recordó.

Tras ese episodio, realizó una denuncia por intento de homicidio agravado y se dictaron medidas de restricción, aunque la violencia continuó.

En mayo de 2025, luego de un nuevo hecho violento en el que el hombre rompió objetos y la amenazó, fue excluido del hogar. Desde entonces, la mujer inició acciones judiciales por alimentos, aunque denunció incumplimientos sistemáticos.

“Él cumple con la cuota alimentaria pero solo el 20% que para los gastos extraordinarios no me alcanzan, entonces, siempre manejó todo desde el poder y la manipulación”, afirmó.

La denunciante también relató que fue víctima de una denuncia falsa por robo del vehículo familiar, lo que derivó en un procedimiento policial en su domicilio. A esto se sumó, en diciembre de ese mismo año, la interrupción del suministro eléctrico en la vivienda donde residía con su hijo.

“Nos dejaron sin luz con un bebé enfermo. Fue una situación desesperante”, señaló.

El último hecho ocurrió este mes y la joven denuncia que el hombre vandalizó su hogar.

“Tengo miedo por mi vida”

El episodio más reciente y grave ocurrió en abril de 2026. Según denunció, el hombre habría ingresado ilegalmente a la vivienda, violando la restricción perimetral, y destruyó completamente el interior de la casa.

“Rompió todo, se llevó cosas y dejó las garrafas abiertas. Podría haber explotado todo. Fue un mensaje mafioso”, aseguró.

La mujer sostiene que el hecho puso en riesgo su vida y la de su hijo, ya que la vivienda quedó en condiciones peligrosas tras la intervención.

“Hoy tengo miedo por mi vida y por la de mi hijo. Es una persona capaz de todo”, advirtió.

Pese a la acumulación de denuncias -que incluyen amenazas, violencia de género, daños y violación de domicilio-, aseguró que el acusado continúa en libertad, lo que profundiza su sensación de desprotección.

“La Justicia no está tomando medidas. Esto ya no es solo violencia, es peligro de vida”, remarcó.

Ante este escenario, decidió hacer pública su situación, frenar instancias de mediación y avanzar como querellante en la causa.

“No voy a permitir que mi hijo crezca en la violencia. Voy a ir hasta las últimas consecuencias”, concluyó.

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Mariela Alejandra Da Silva (41) es madre de cuatro menores de edad. Años atrás sufrió una obstrucción medular que afectó sus hombros y columna vertebral, por lo que cuenta con certificado de discapacidad. Hace cuatro años reside en una vivienda precaria sin energía eléctrica ni agua potable, por lo que solicita ayuda para poder vivir en mejores condiciones en la localidad de Bernardo de Irigoyen. 

El reclamo se remonta hace cuatro años atrás, cuando en abril del año 2022 se mudó junto a sus hijas a una precaria vivienda ubicada en el barrio San Cayetano. “Vivo con mis hijas en una vivienda precaria que además de no tener servicios se llena de bichos, víboras y arañas peligrosas”, con estas palabras Da Silva describió la vivienda a la que accedió con autorización del Iprodha, ante la imposibilidad de alquilar otro lugar.  

En ese momento, decidió instalarse en la vivienda que se encontraba deshabitada hace un largo tiempo y en malas condiciones habitacionales: “Decidí limpiar, tramité la autorización para poder estar ahí y después me dijeron que el lugar no era de Iprodha, sino de una empresa de Posadas. Un día llegó la policía cumpliendo su labor, pidiendo que nos fuéramos y respondí que si no era por orden de desalojo no me iba a ir y le pedí al intendente un terreno -que por derecho me corresponde- por tener discapacidad y menores a cargo”, aseguró en diálogo con La Voz de Misiones.

“Pese a tener discapacidad igual trabajo porque me arriesgo, aunque hay días que no aguanto e igual sigo porque tengo cuatro menores estudiantes a cargo, de las cuales tengo muy buenas referencias para dar porque son muy estudiosas y educadas”, afirmó.

Sobre el reclamo, recordó: En varias oportunidades fui a pedir si me podían conectar luz provisoria y me dijeron que no, que lo que yo tenía que hacer era mudarme de ese lugar porque en cualquier momento se iba a poner fea la cosa”.

Tras cuatro años sin energía eléctrica ni agua potable, Mariela continúa a la luz de las velas y compra agua para el consumo personal o acude a la solidaridad de los vecinos. “En varias ocasiones durante tres años fui a hablar con el municipio para ver si podían darme al menos un panel solar o que me den luz provisoria y me dicen que no, que el lugar es privado, que ellos no pueden dar, que tampoco tienen terreno ni nada porque no hay plata en Irigoyen”.

Y concluyó: “Yo no estoy pidiendo mucho, el otro año empieza la política. Siempre dije que ellos no deberían estar solo para la campaña buscando ganar la confianza de la gente para tener más votos. Los políticos tienen que estar los cuatro años para que la gente de bajos recursos, humilde y trabajadora, pueda tener una vida digna”.

Una vida marcada por abusos, desarraigo y desigualdad

Mariela nació en Montecarlo y luego se crió en Posadas, donde a sus 2 años de edad sus padres la abandonaron junto a sus hermanos y terminó residiendo en un hogar en el que sufrió maltratos, abandonos y hasta una violación. Durante su adolescencia buscó a parte de su familia y la encontró en Bernardo de Irigoyen donde comenzó a estudiar y trabajar.

Con el correr de los años, optó por mudarse a Rosario de la Frontera, una localidad de la provincia de Salta, donde realizó trabajos rurales de temporada y luego reconstruyó parte de su vida tras escapar de una red de trata de personas que casi la ubica en un burdel de la región sudeste de Córdoba.

En ese pueblo se puso en pareja con un peón oriundo de Santiago del Estero y formó una familia, pero luego el hombre, que la sometía con episodios de violencia de género, desapareció.

Allí reinició su vida como bombera y fue la comisión de Bomberos de Rosario de la Frontera que decidió hacerse cargo de los costos para su regreso a Misiones en el año 2022, a modo de reconocimiento por su labor en esa división y, gracias a ello, pudo volver a Irigoyen, donde hasta el día de hoy continúa a la espera de una vivienda digna.

Ex bombera que huyó de la trata y volvió a Irigoyen pide que no la desalojen

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