El gobernador Hugo Passalacqua declaró el estado de emergencia ígnea en todo el territorio provincial, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y prorrogó la emergencia hídrica por decreto durante ese mismo período.

Ambas medidas fueron oficializadas este jueves a través del Boletín Oficial, con la firma del mandatario provincial y del ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.

En los considerandos sostiene que “las actuales condiciones meteorológicas propician la aparición y diseminación de focos de incendios urbanos, rurales y forestales; siendo su mayor impacto la destrucción de áreas naturales con la consiguiente pérdida de biodiversidad nativa, contaminación de ríos y lagos, la desertificación y erosión del suelo, como el peligro para las personas y los bienes en caso de incendios en zonas urbanas”.

Al mismo tiempo, considera la necesidad de “adoptar e intensificar medidas de prevención de forma urgente” y se ampara en el Artículo 85°, apartado 30, Inc. O), de la Ley VII – N° 11 – Ley de Contabilidad y, “para la adquisición de servicios, productos y/o elementos necesarios para la ejecución de las acciones de mitigación de los efectos de este fenómeno”.

De esta manera, el mandatario provincial estimó oportuno “dictar el dispositivo pertinente declarando formalmente en Estado de Emergencia de carácter Ígneo, en todo el territorio provincial por los fenómenos climáticos mencionados” en el marco de la Ley Provincial XVIII – N° 6.

En tanto, en su artículo 2 encomienda al ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, el ministerio de Gobierno, Agro, Salud, Coordinación General de Gabinete y Ecología, Secretaría de Estado de Cambio Climático y el Instituto Misionero de Biodiversidad (Imibio), a la “adopción de medidas y acciones técnicas necesarias para la prevención, combate y presupresión de incendios urbanos, rurales y forestales en el territorio de la provincia y la mitigación de las consecuencias de los mismos”.

Seguidamente, Passalacqua prorrogó el Estado de Emergencia Hídrica, declarado por los Decretos N° 1878/2.023, 2346/2.023, 928/2.024, 2268/2.024 y 356/2.025, en todo el territorio provincial desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre del corriente.

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Ramón Alberto Sánchez es integrante de la comunidad mbya ubicada en el municipio de Fracrán y recientemente el ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones le entregó el carnet de guardafauna con indumentaria específica destinada al cuidado y la preservación de especies, amenazadas por la caza, en territorio.

“Para mí es un orgullo. Ahora tengo un documento que avala lo que voy a hacer, que es el cuidado de la fauna. Tanto la comunidad como la gente en general pueden ver lo poco que queda de la fauna y flora, por eso le pedimos que respeten porque sin ellos nosotros no vivimos, no respiramos. Cuando el monte estaba completo era distinto, no como hoy, por eso pido que dejen que viva porque tiene vida como nosotros”, afirmó Sánchez durante la entrega del documento.

En tanto, desde la cartera ambiental, reconocieron que su incorporación formal “fortalece el sistema de fiscalización y cuidado de la fauna silvestre en la provincia, reafirmando el compromiso institucional con una gestión ambiental inclusiva y con identidad territorial”.

Al ser consultado por La Voz de Misiones, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez expresó que se trataría del segundo guardafauna mbya dentro de ese municipio. El primero fue Ramón Sayas: “Hace más de 20 años Ramón vive en una propiedad de las 900 hectáreas que le había entregado la provincia con título de propiedad y desde entonces resguarda la zona”.

En Misiones, el rol del guardafauna es estratégico: se encarga de la “prevención y control de la caza furtiva, la protección de especies silvestres, la fiscalización del cumplimiento de la normativa vigente y la promoción del uso sostenible de los recursos naturales”. 

En ese sentido, su tarea se orienta a preservar el equilibrio de los ecosistemas y a garantizar que la biodiversidad provincial se mantenga como patrimonio común.

Además del trabajo de control, los guardafaunas cumplen una función clave en la educación y concientización ambiental, actuando como vínculo entre el Estado y las comunidades locales. 

Desde Ecología, enfatizaron: “La participación de integrantes de pueblos originarios fortalece la mirada intercultural en la gestión de los recursos naturales y potencia el conocimiento tradicional como herramienta de conservación”. 

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La Asociación Civil Orembaé presentó un recurso de amparo ambiental contra el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, encabezado por el ministro Martín Recamán, para que la cartera informe sobre los trabajos de refulado llevados a cabo en los últimos meses de 2025 en la Isla del Medio, en el río Paraná.

La medida de la ONG surgió a partir de la viralización en redes de imágenes aéreas que mostraban la utilización de neumáticos en desuso como método de contención para el vertido de arena en la Isla, sumando a la falta de una respuesta formal por parte de la cartera ante el pedido de informe ambiental presentado el pasado 10 de diciembre sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que habilitaron la obra en el lugar.

“Nosotros no tenemos certeza de que esto sea así o no; por eso es que estamos pidiendo a Ecología que nos informe sobre los estudios de impacto ambiental que se deberían haber hecho para este trabajo”, sostuvo el apoderado de la asociación Orembaé, Martín Ferroni, en conversación con La Voz de Misiones sobre el posible daño ambiental en la Isla del Medio.

Pedido de informes

El abogado comentó a LVM que la solicitud de informes a Ecología se concretó a principios de diciembre del año pasado. La cartera tenía 15 días para responder el planteo y, cumplido el plazo, la ONG procedió a requerir la información judicialmente.

“Ahí debería constar la cuestión de los materiales que se están usando, su origen, los responsables del proyecto y si en el estudio de impacto hay recomendaciones para la mitigación de los impactos negativos, quiénes están monitoreando esos impactos y si se han hecho inspecciones de parte de Ecología respecto al cumplimiento del plan establecido”, detalló Ferroni.

En esa línea, el abogado explicó que en el derecho ambiental argentino rige el principio precautorio. Este establece que la falta de certeza científica no es obstáculo para no actuar; por el contrario, ante la duda o la falta de información, se debe intervenir.

“Por eso rige el principio precautorio. Primero, porque tiene rango constitucional al haber sido sancionado tras la Convención de Río 92; y por otro lado, porque también se establece en el Acuerdo de Escazú, que es mucho más reciente e involucra a los países latinoamericanos y del Caribe. Allí se consagra el acceso a la información pública ambiental como un derecho humano y, en base a eso, es que le estamos haciendo el planteo a Ecología”, argumentó Ferroni en relación al amparo ambiental interpuesto contra la cartera provincial.

La presentación de la Asociación Orembaé se realizó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de Posadas, a cargo del magistrado Marcelo Escalante.

Posible daño ambiental

En un comunicado de prensa, la ONG describió el riesgo “crítico” para el ecosistema hídrico que podría ocasionar la utilización de neumáticos en desuso, los cuales se habrían usado para la contención del refulado realizado por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en la Isla del Medio.

“Toxemia hídrica: la inmersión de caucho libera metales pesados y químicos que contaminan el agua y afectan a la fauna del río”, puntualizó la organización en primer lugar.

En segundo término, explicó el daño por los microplásticos causado por la “degradación del material, que genera partículas imposibles de remover que ingresan en la cadena alimentaria”.

Además, como tercer punto, Orembaé afirmó que la utilización de neumáticos ocasionarían un riesgo sanitario, debido a que “acumulados en los márgenes son criaderos potenciales de vectores de enfermedades como el dengue”.

“La falta de transparencia del Ministerio de Ecología ante la evidencia de estas prácticas es alarmante. La justicia debe garantizar que el Estado exhiba los estudios que, supuestamente, avalan el uso de residuos sólidos como neumáticos en una obra pública o privada sobre el río Paraná”, cierra el comunicado de la organización.

La EBY restaura la Isla del medio y clubes náuticos marchan por desalojos

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