“¿Quien me asegura que la próxima vez no me maten?”, se preguntó Verónica Macchiavello (69), una vecina del barrio Villa Blosset de Posadas que el jueves pasado fue atacada por una jauría de perros, hecho que esta mañana denunció ante la Policía y por el cual ahora reclama la intervención de las autoridades competentes para garantizar la seguridad de todo el vecindario.

En diálogo con La Voz de Misiones, la mujer relató que el jueves pasado, minutos después de las 19, salió de su casa sobre calle Triquiñuelas para dar un habitual paseo por la cuadra junto a sus dos pequeños perros.

Sin embargo, el recorrido duró muy poco y se transformó en una pesadilla. Al dar vuelta la manzana, sobre calle Lanusse, frente a la iglesia Stella Maris, a un paso de la costanera, un grupo de al menos cinco canes de gran tamaño se abalanzaron sobre una de sus mascotas.

“Le tomaron el cuello y le hundieron la cabeza contra el piso. Fue horrible. Pensé que la mataban y no la mataron porque yo me arrojé sobre ellos para protegerlos. El veterinario dijo que una de las mordidas en mi perra fue como una puñalada de tramontina”, narró Verónica, quien producto de ese acto resultó con fuertes mordeduras en diferentes partes del cuerpo.

Verónica sufrió mordeduras en un glúteo y detrás de una rodilla.

“Sentía las mordidas y los dientes de los perros en mi cuerpo. Fue horrible. Fue una trauma tremendo. Casi me matan. ¿Quién me saca el miedo que tengo ahora de volver a salir a pasear por mi propio barrio? Es desesperante y me da mucha impotencia”, exclamó.

Producto del ataque, la vecina sufrió mordeduras en un glúteo y detrás de una rodilla, lesiones por las cuales debe recibir curaciones diarias, además de aplicarse vacunas antirábicas, tratamientos cuyos costos debe asumir económicamente.

“Las heridas me duelen mucho. Estoy pronto a cumplir 70 años y ahora hay cosas que no puedo hacer. No puedo caminar normalmente, ya no puedo hacer bicicleta. Tenía un viaje programado para visitar a mi mamá que ahora no sé si lo podré hacer. Es muy injusto padecer esto”, reclamó.

Verónica se acercó esta mañana a la comisaría Cuarta de Posadas para realizar una denuncia sobre el hecho, aunque considera que la exposición será en vana.

“Ahora nadie sabe de quiénes son los perros, pero la verdad es que de alguien son y andan sueltos. Entonces alguien se tiene que hacer responsables. Imagínense si atacan a un niño, puede ocurrir cualquier cosa. Es un peligro”, advirtió.

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Un grupo de vecinos de Villa Cabello, principalmente de la chacra 158, cortaron las avenidas Tambor de Tacuarí y Eva Perón en reclamo de “más seguridad” ante reiterados hechos de robos y solicitaron la intervención de organismos provinciales por el aumento del “consumo” y la “venta de drogas” en el populoso barrio de Posadas.

“Estamos cansados de la inseguridad. Yo vivo en la villa y hay muchos chicos que están perdidos en las drogas y muchos que están vendiendo drogas también”, expuso una vecina del barrio presente en la manifestación en diálogo con La Voz de Misiones.

La mujer contó a LVM que decidió sumarse de “corazón” a la movilización para “cuidar a mis hijos y a los hijos ajenos también, para que no les pase nada malo” e insistió en el pedido de más presencia policial en la barriada para llevar tranquilidad a los comercios de la zona “porque son ellos los que dan trabajo a la gente del barrio”.

La protesta arrancó a las 11.30 de este martes con la concentración de los vecinos al frente del Bachillerato Orientado Provincial (BOP) N.º 8 y contó con la presencia del segundo jefe de la Comisaría Séptima, el oficial principal Mereles, y jefes de la Unidad Regional (UR) I, quienes escucharon las preocupaciones de los habitantes para brindarles una solución.

Diálogo con la policía

En entrevista con este medio, el oficial principal Mereles explicó que “los vecinos manifestaron las problemáticas de personas que tienen antecedentes judiciales y expresaron su descontento por contantes las salidas que tienen luego de que son detenidos”.

El funcionario policial señaló que, a raíz de esta problemática, muchos vecinos optaron por no denunciar los hechos delictivos ante la comisaría, desalentados por la falta de resultados inmediatos. “Hoy se les comentó cuáles son los plazos que demanda la instrucción de un sumario y el tiempo que requiere la Justicia para que estas personas queden detenidas. También se aclaró que el período de detención es estimativo y depende del avance de la causa”, comentó.

En esa línea, el segundo jefe indicó que la ausencia de denuncias limita las acciones tanto policiales como judiciales, ya que sin un expediente iniciado no pueden formarse antecedentes que habiliten sanciones más severas.

Uno de los principales acuerdos que surgió en la reunión de los vecinos de Villa Cabello con la fuerza provincial fue reactivar las denuncias. “Nuestro compromiso está al 100%, de trabajar, escucharlos y resolver la situación”, remarcó Mereles.

Otro de los reclamos que motivó la manifestación de los vecinos fue el avance del consumo y la venta de drogas en la zona. La preocupación por el aumento de estas situaciones se suma a los hechos delictivos que vienen denunciando desde hace tiempo.

En ese contexto, el segundo jefe señaló que se trabaja en conjunto con la Policía Comunitaria y con el Centro de Adicciones para abordar la problemática. Si bien aún no se concretó una reunión en la chacra 158, ya se están realizando encuentros en las chacras 147, 148, 136 y 137, donde especialistas explican a los vecinos cómo es el proceso de internación de una persona con consumo problemático, aclarando que no se trata de un procedimiento inmediato.

Los vecinos de Villa Cabello reunidos con la Policía.

El comercio local

Guillermo, propietario de una carnicería sobre la avenida Tacuarí, participó de la protesta tras haber sido víctima de reiterados robos. Relató que los vecinos pidieron mayor presencia policial y respuestas más firmes de la Justicia.

“Se los detiene, pero a los pocos días vuelven a estar en la calle. Somos rehenes de una situación en la que somos constantemente violentados por estas personas que a diario nos roban“, lamentó el comerciante en diálogo con LVM.

Además, el trabajador expuso que en el último mes todos los locales de la cuadra sufrieron robos reiterados. “Nos robaron a todos, por lo menos tres veces. Sabemos quiénes son y dónde están, pero siguen ahí, sin que nadie haga nada”, agregó.

Para él, una posible solución sería reforzar la presencia policial en la zona. “Estoy acá hace dos años y medio, y lo más viable sería que instalen una casilla con efectivos de manera permanente, al menos para disuadirlos, porque la verdadera solución sería que vayan presos”, concluyó.

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En diálogo con La Voz de Misiones, Carmen Sotelo reclamó la liberación de su esposo, Héctor “Chino” Olivera, empleado del Casino Club Posadas, detenido desde el 12 de septiembre en el marco de una causa que investiga a un médico psiquiatra por presunta emisión de certificados falsos a, al menos, 25 trabajadores de la casa de apuestas.

“El apoderado del Casino Club, Matías Lupiano, hizo una ampliación de denuncia por Zoom, diciendo que, en una investigación, compañeros de Héctor lo acusaron de ser la conexión directa con el psiquiatra”, contó Carmen a LVM y apuntó: “A las dos horas apareció toda la policía en mi casa y lo detuvieron”.

Olivera era delegado del sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina (Aleara) en el Casino Club de Posadas, con 23 años de antigüedad en la empresa, según precisó su esposa a este medio. Está acusado de ser el nexo entre los empleados de la casa de apuestas con el médico Manuel Ramón G. (70), detenido tras una denuncia que inició la compañía por emitir certificados apócrifos a su personal.

Sobre las pruebas que tendría la Justicia misionera en contra de su esposo, Carmen sostuvo: “Son tres mensajes que tienen que dicen que él -por Héctor- fue el que le dio el número de teléfono a sus compañeros”.

En esa línea, la mujer afirmó que “el doctor no lo tiene ni agendado, lo único que hay son los mensajes donde él dice que le iba a mandar unos compañeros que le pidieron su número, pero nada que lo incrimine”.

En cuanto al día de la detención del delegado sindical, Carmen señaló que cuando allanaron su domicilio “ningún policía tenía identificación” y un uniformado los “amenazó” con llamar a Infantería “si yo no habría la puerta”.

“Nos dijeron que era averiguación de antecedentes, que solo iba a estar detenido por 24 horas, secuestraron su celular y hace más de 50 días está detenido”, denunció la mujer en diálogo con LVM.

Asimismo, la esposa de Olivera expuso que desde ese día “pedimos la excarcelación, que brinden los nombres de los supuestos compañeros que lo señalaron, fui varias veces al juzgado para saber cuáles son las pruebas y no hay nada”.

“Hace una semana declaró y hasta el día de hoy no tenemos novedades”, agregó la pareja del delegado sindical del Casino Club de Posadas, que está alojado en la comisaría Séptima, ubicada en el barrio Villa Cabello. En tanto, la causa se instruye en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte.

“Pido la excarcelación para que espere el juicio y si es realmente culpable, como dicen, habrá pruebas, pero no que lo tengan encerrado como lo tienen ahí, se me hace injusto que el representante de una empresa venga y diga, porque en la denuncia dice ‘dice qué algunos compañeros’ y por el ‘se dice qué’ él está preso hasta el día de hoy”, cerró Carmen Sotelo en entrevista con LVM.

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