La Región
Santo Tomé y San Borja rechazan intención de Bolsonaro de estatizar el puente
El ministro de Infraestructura de Brasil confirmó que estudian no renovar la concesión del viaducto que une a ambas ciudades, el cual vence en 2021.
SANTO TOMÉ. Hace una semana, el ministro de Infraestructura de Brasil, Tarcísio Gomes, expresó a diputados que no se renovará la concesión del Puente de la Integración, que une las localidades de Santo Tomé, Corrientes, y San Borja, en el estado brasileño de Río Grande do Sul.
Ahora, tanto el intendente santotomeño, Mariano Garay, como el prefeito de San Borja, Eduardo Bonotto, salieron casi al unísono a rechazar las pretensiones del gobierno de Jair Bolsonaro, ya que eso significaría le imposibilidad de reinvertir el dinero obtenido en beneficio de sus localidades.
El contrato de concesión del viaducto vence en agosto del 2021 y actualmente se encuentra bajo la administración de Mercovía SA. Considerando ese plazo, se concretaron reuniones para definir los pasos a seguir, ya que la decisión de prorrogar, licitar nuevamente o implementar cualquier otro sistema requiere del acuerdo entre los gobiernos de ambos países, así como el aval de sus respectivas legislaturas.
“Debo decir que fue sorpresiva esta noticia. Nosotros no teníamos previsto una noticia de tan alto impacto para estas dos ciudades vecinas unidas por el puente internacional”, sostuvo Garay en diálogo con el medio Digital Santo Tomé.
“Esta noticia sale de un ministerio importante y de un ministro que está en contacto directo con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por lo que es una noticia que tenemos que tomarla como cierta, ya que evidentemente Brasil está decidiendo esa cuestión”, agregó el intendente.
Sobre la pérdida de beneficios que significaría no contar con los dividendos que deja el peaje, Garay amplió: “Lo que nosotros siempre manifestamos con el prefeito Eduardo Bonotto, de San Borja, sin saber que Brasil iba a optar por esta medida, que implica directamente levantar el peaje y que sea un pase gratuito, es la posibilidad de continuar una concesión y que los municipios podamos tener participación en cuanto a las rentas para que podamos reinvertir en obras públicas”.
Asimismo, el intendente santotomeño se mostró sorprendido ante “la idea de Brasil de poner fin a la concesión y que el paso fronterizo pase a ser gratuito”. No obstante, dijo estar atento “a lo que sucede también en Buenos Aires. Nos vamos a estar comunicando para saber que el área de frontera está al tanto de esta decisión de Brasil”.
De su lado, el prefeito Eduardo Bonotto, de San Borja, sostuvo que “nuestra posición personal es que aquello que está funcionando, y funcionando bien, no debemos cambiar”.
De esta forma, reiteró sus intenciones de que el viaducto continúe en manos privadas, ya que un cambio en ese sentido significaría “un retroceso de 40 o 50 años, cuando en realidad observamos que el sistema a nivel mundial es bien diferente. Sería volver a la edad de piedra”.
“Sabemos que el trabajo que la iniciativa privada hace es diferente de lo que el sector público termina haciendo, y que no es objeto de prioridad en este momento”, indicó el mandatario a medios locales.
“Somos el primer Centro Unificado de Frontera, ejemplo para América Latina, con agilidades en los procesos que nos diferencian de otros centros de fronteras que tienen la prestación de servicio público al frente de la gerencia de esas unidades”, sostuvo Bonotto.
Proyecto alternativo
Consultado sobre si ya se iniciaron algunas gestiones y si tomó contacto con funcionarios del Gobierno Federal de Brasil, el jefe comunal sanborjense aseguró se encuentra dialogando con el senador Luis Carlos Heinze, con quien buscan que ambos municipios tengan voz para poder manifestar y defender su posición.
Bonotto además dijo apoyar el proyecto que impulsa el senador federal Heinze, el cual prevé que los habitantes de Santo Tomé y San Borja no tengan que pagar peaje para ir de una ciudad a la otra.
“Apoyamos totalmente la propuesta. Nuestras comunidades ya contribuyeron mucho para que el puente tuviese el retorno en aquello que fue propuesto por la iniciativa privada a lo largo de estos 25 años. Queremos que se mantenga la concesión y que los sanborjenses y santotomeños puedan usufructuar gratuitamente el puente, obviamente en sus vehículos privados, es decir, sin intervenir en las cuestiones comerciales y políticas. Es realmente necesario este beneficio para ambas comunidades”, cerró.
La vecina ciudad paraguaya de Encarnación recibió una masiva afluencia de visitantes en la semana previa a la Navidad, con casi 100.000 personas cruzando la frontera desde Posadas, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones de ese país.
En detalle, precisaron que entre el sábado 20 y el mediodía del miércoles 24 de diciembre, se registraron exactamente 94.000 ingresos al territorio paraguayo a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Encarnación con la capital misionera.
El pico se dio el sábado 20, con 31.000 personas, fenómeno que se vio impulsado por el pago del aguinaldo a los trabajadores estatales misioneros, sumado a los viajantes que cruzaban el viaducto para pasar las fiestas junto a sus familiares.
Blas Arzamendia, responsable de Migraciones en Encarnación, explicó al diario local Última Hora que “el movimiento migratorio hacia nuestro país es importante. Vienen muchos compatriotas para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y también vienen masivamente los ciudadanos argentinos con fines de compra”.
De acuerdo al relevamiento trazado, la mitad de los ingresantes eran argentinos atraídos por las compras navideñas, mientras que el resto fueron paraguayos residentes en el país regresando para reunirse con sus familias.
El intenso flujo generó largas filas de vehículos que superaron los siete kilómetros y que llegaron hasta Costa Sur, con demoras de varias horas bajo un sol intenso.
Los viajeros reportaron nerviosismo y momentos de tensión, agravados por la caída temporal del sistema de control integrado, lo que ralentizó los trámites migratorios.
Además, se denunció un negocio ilegal en Posadas, donde personas cobraban hasta 30.000 pesos (equivalentes a unos 130.000 guaraníes) para adelantar posiciones en la cola.
Esta semana, la Fiscalía de Paraguay solicitó penas de hasta 30 años de cárcel para tres ex comisarios acusados de torturas durante la dictadura del general Alfredo Stroessner, que gobernó el país con mano de hierro durante 35 años, entre 1954 y 1989.
Los represores procesados, Eusebio Torres Romero, Manuel Crescencio Alcaraz y Fortunato Lorenzo Laspina, pertenecían al temido Departamento de Investigaciones de la Policía stronista, el mayor centro de torturas paraguayo de la época, equiparable a la Esma en Argentina.
Los ex policías están procesados en la causa que investiga las torturas sufridas por el dirigente campesino de las Ligas Agrarias Cristianas, Domingo Guzmán Rolón Centurión, detenido ilegalmente en Argentina, cuando tenía aproximadamente 20 años, y sometido a apremios entre 1976 y 1978, en la dependencia de los tres policías imputados.
En 1976, durante la “Operación Cóndor” y olas represivas como la “Pascua Dolorosa”, el régimen de Stroessner realizó cientos de detenciones, torturas y desapariciones forzadas, muchas de las cuales se canalizaron a través del departamento policial donde prestaban servicios Torres Romero, Alcaraz y Laspina.
El represor Eusebio Torres Romero tiene hoy casi 90 años. En 1976 se hizo fama de “torturador implacabale”, según sus víctimas.
Implacable
Torres Romero, que ya purga una condena a 30 años por otro caso similar, fue uno de los represores más activos del Departamento de Investigaciones de la Policía de la capital paraguaya durante el stronismo, donde actuaba como un oficial de alto rango con poder directo sobre la vida de los detenidos políticos.
El ex policía, hoy de 89 años, cumple prisión domiciliaria desde el año pasado por crímenes de lesa humanidad cometidos en abril de 1976 contra los hermanos Carlos Ernesto y Luis Alberto Casco, y la esposa del primero, Teresa Dejesús Aguilera, tras ser detenidos ilegalmente en el puerto de Asunción al regresar de Argentina.
Durante su juicio, numerosas víctimas lo identificaron directamente como el responsable de aplicar torturas físicas y psicológicas, incluyendo el uso de picanas eléctricas, látigos y sesiones de ahogamiento.
Carlos Ernesto Casco, por ejemplo, lo identificó como el policía que lo golpeó salvajemente con un látigo, mientras se encontraba amarrado y colgando de una viga del edificio.
Torres Romero es recordado por los sobrevivientes como un “torturador implacable” que utilizaba el terror para obtener confesiones en el centro de detención ubicado sobre la calle Presidente Franco, de Asunción, y su condena fue calificada como “un hito histórico” para la justicia paraguaya.
Celestina
Al igual que Torres Romero, Laspina ya tiene una condena firme de siete años de cárcel, ratificada en 2021, por las torturas infligidas al activista de derechos humanos Martín Almada, y también fue condenado en 2019 por el caso de la esposa de este, Celestina Pérez de Almada.
Este último caso está considerado en Paraguay como uno de los episodios más trágicos de la represión psicológica durante la dictadura de Stroessner.
Celestina, maestra y militante, fue víctima de tortura psicológica tras la detención de su esposo en noviembre de 1974, cuando los represores grababan los gritos y lamentos de Almada durante las sesiones de tortura y la obligaban a escucharlos por teléfono.
Luego de diez días de acoso telefónico, los torturadores llamaron a la mujer para decirle, fríamente, que el “educador subversivo” había muerto y que debía pasar a recoger el cadáver.
Fue tal el impacto emocional de la falsa noticia que la mujer sufrió un infarto fulminante que le provocó la muerte instantánea, el 5 de diciembre de 1974, a los 33 años.
Celestina Pérez de Almada, maestra, militante, esposa de Martín Almada, el descubridor de los archivos del Plan Cóndor en una comisaria paraguaya.
En diciembre de 2019, tres ex jefes policiales de la dictadura, Fortunato Lorenzo Laspina, Eusebio Cybar Benítez y Agustín Belotto Morel, fueron condenados por su responsabilidad en el homicidio y las torturas sufridas por la docente.
Luego de volver del exilio, su esposo Martín Almada dedicó su vida a la persecución judicial de los represores de la dictadura y en 1992 realizó el hallazgo más importante de la historia política paraguaya de aquella época oscura: el descubrimiento de los denominados “Archivos del Terror”, miles de documentos ocultos en una comisaría de la ciudad de Lambaré, limítrofe con Asunción, que probaron formalmente los crímenes del Plan Cóndor.
En honor de su esposa, creó la Fundación Celestina Pérez de Almada, que trabaja en la preservación de la memoria histórica y los derechos humanos en Paraguay, aún hoy, luego del fallecimiento de Almada el 30 de marzo de 2024 en Asunción, a la edad de 87 años.
El abogado Martín Almada, en el denominado “Archivo del Terror”, miles de documentos de la dictadura que encontró ocultos en una dependencia policial en diciembre de 1992.
Fantasías
Alcaraz es el único del trío de represores stronistas sin ninguna causa previa, y durante el presente juicio admitió haber trabajado en el Departamento de Investigaciones, pero negó haber participado en actos de violencia física, calificando las acusaciones en su contra como “fantasiosas”.
El juicio por las torturas al dirigente campesino Guzmán Centurión enfrentó múltiples postergaciones, hasta esta semana en que el Ministerio Público Fiscal solicitó 25 años de prisión para Alcaraz, y 30 para Torres Romero y Laspina, y representa una de las pocas causas abiertas por crímenes de lesa humanidad en la Justicia paraguaya, que jamás alcanzó a los jerarcas del régimen, como el mismo Stroessner y su ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro Ciarleti, que huyó a Centroamérica en 1989 y volvió, moribundo, a Asunción en 2011, donde falleció impune.
La Comisión de Verdad y Justicia reveló en 2008 que la dictadura de Stroessner dejó 20.090 víctimas directas de violaciones de derechos humanos, 336 desaparecidos, 18.772 torturados, 59 ejecutados extrajudicialmente y 3.470 personas exiliadas.
El general Alfredo Stroessner gobernó el país con mano de hierro durante 35 años, entre 1954 y 1989. En su régimen, hubo de todo: torturas, muertes, desapariciones, contrabando y hasta pedofilia en serie.
El paso internacional que conecta Ituzaingó (Corrientes-Argentina) con Ayolas (Misiones-Paraguay) permanecerá abierto durante las fiestas de fin de año, según informaron desde la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
Los puestos migratorios instalados en las cabeceras de la represa sobre el río Paraná funcionarán los días 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026 de 9 a 19 horas.
De acuerdo al comunicado, “la medida busca facilitar el tránsito de ciudadanos y visitantes en estas jornadas especiales, promoviendo la integración y el intercambio entre ambas comunidades fronterizas”.
El cruce sobre la represa Yacyretá es un punto estratégico para la movilidad regional, sumando una alternativa más y favoreciendo a descomprimir el tránsito sobre el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con Encarnación.
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