La Región
Presidente paraguayo quiere prohibir por ley a activistas LGBTQ+ en el Estado
El presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez anunció un proyecto de ley para prohibir en la administración pública el ingreso de personas que formen parte de organizaciones relacionadas con las reivindicaciones de género de colectivos feministas y LGBTQ+.
“En este tiempo de tanta manipulación, quiero renovar mi compromiso en la defensa de la vida y la familia; mientras Mario Abdo sea presidente no se va a incluir la ideología de género en la malla curricular del Ministerio de Educación”, dijo el mandatario paraguayo este miércoles, en una rueda con periodistas, en Asunción.
“Esto no es un capricho del presidente”, aclaró Abdo Benítez, y continuó: “Esto es un compromiso electoral que yo hice y que fue validado por más de 1.200.000 paraguayos, que votaron por un país libre de ideología de género y en defensa de los valores de la familia”.
Enseguida, anunció: “Estamos presentando un proyecto de ley, y una vez que esta ley se apruebe no va a poder haber más ningún funcionario público que esté al servicio de una ONG y que no sepa qué valores defendemos”.
Las afirmaciones del mandatario se dan en el marco de la controversia por el proyecto de Transformación Educativa, de su Ministerio de Educación, que agitó las diferencias entre organizaciones y colectivos de mujeres, feministas y LGBTQ+, y grupos “pro-vida” y “pro-familia”, con marchas y contramarchas en Asunción y otras ciudades del país.
La incorporación de la perspectiva de género en el sistema educativo paraguayo ha registrado varios capítulos conflictivos en los últimos 20 años en el país.
El intento más serio de incorporar la Educación Sexual Integral (ESI) fue durante el gobierno del presidente Fernando Lugo, hace más de 10 años, pero la iniciativa tropezó con una fuerte oposición y terminó cayendo.
Según cifras oficiales, Paraguay sigue siendo uno de los países con la cifra de embarazo forzado en niñas y en embarazos adolescentes más alta de la región, con un promedio de 2 niñas, de entre 10 y 14 años, dando a luz todos los días.
A todo esto se suma la violencia homofóbica, especialmente contra trans y travestis, que contabilizan decenas de asesinatos impunes, y la violencia contra la mujer, con índices crecientes de femicidio.
La implementación de la ESI es alentada por todo el arco de organizaciones de mujeres y feministas, y colectivos LGBTQ+, como la respuesta para trabajar, a partir de la Educación, estas situaciones de discriminación y violencia.
La demanda se presentó en el Juzgado Civil y Comercial de Virasoro, Corrientes, en 2023, y se tramita en el Expediente VXP 12876/23, patrocinada por el abogado local Hortensio Marino Samaniego.
El tema no se había filtrado a los medios hasta esta semana, en que fue revelado por el periodista de Radio UP,Diego Fernando Salazar, en un informe que tituló “El hijo no reconocido de la yerba mate”, que subió a su cuenta personal de X.
Si bien, en los facsímiles filtrados del expediente judicial el nombre del demandante aparece tachado, en el documento puede leerse que se trata de un herrero de 39 años, nacido el 2 de agosto de 1986 y radicado en La Plata, provincia de Buenos Aires, que asegura ser hijo de Pablo Navajas Artaza, descendiente directo del fundador del Establecimiento Las Marías, de Virasoro, y ex dueño del diario El Territorio, fallecido en 2002.
La demanda por “filiación extramatrimonial” alcanza a los herederos del empresario yerbatero fallecido: Paul Navajas Mc Neil, Stuart Víctor Navajas Mc Neil, Roberto Navajas Mc Neil, Leslie Navajas Mc Neil y Jean Navajas Mc Neil.
El demandante pide a la justicia correntina que, “luego del reconocimiento de la Filiación reclamada, los accionados indemnicen al actor por el grave DAÑO MORAL, el DAÑO PSICOLÓGICO y las PERDIDAS DE CHANCE sufridas, a tenor de la ausencia de reconocimiento de la paternidad”, según puede leerse en el expediente.
El hermano Toco
Pablo Navajas Artaza es hermano de Adolfo Navajas Artaza, ex Interventor Federal de Corrientes entre 1969 y 1973, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía; intendente de Virasoro y Ministro de Acción Social de la Nación de Reynaldo Bignone, del 22 de septiembre de 1982, hasta la caída del régimen militar el 10 de diciembre de 1983.
El hermano Toco murió en 2022, acosado por denuncias por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, por privaciones ilegítimas de la libertad contra seis trabajadores de Las Marías, Ramón Aguirre, Marcelo Acuña, Pablo de la Cruz Franco, Juan Gómez, Carlos Arturo Escobar y Héctor Sena; y la desaparición de otros dos dirigentes sindicales de su yerbatera, Nery Pérez y Marcelo Peralta.
Hijo de Víctor Navajas Centeno y María Silvia Artaza, el empresario de quien el herrero bonaerense asegura ser su hijo, había nacido en la localidad correntina de Santo Tomé y tenía 73 años cuando falleció en 2002.
En su trayectoria como empresario y dirigente del sector, fue fundador de la Cámara Argentina del Té e integró el directorio de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (Crym), organismo creado en 1935 y desmantelado durante el menemismo en octubre de 1991, cuya desaparición desembocó en una crisis yerbatera sin precedentes y llevó a la conformación del Inym, extinto en sus funciones por el decreto 70/23 del presidente Javier Milei.
Según reconstruye un obituario publicado por el diario porteño La Nación en los días de su deceso, Pablo Navajas Artaza hizo la escuela primaria en Virasoro, la secundaria en el Colegio Ward de Buenos Aires y se graduó en Ciencias Agrarias en la Universidad de Lousiana, Estados Unidos, donde contrajo matrimonio con Bárbara McNeil, de cuya unión nacieron los herederos que enfrentan la demanda por filiación en el juzgado local.
Los lujos en la cárcel paraguaya conocida como Emboscada Antigua, ubicada en la ciudad homónima distante unos 32 kilómetros de Asunción, fueron descubiertos el viernes pasado, cuando una comitiva judicial efectuó una revisión de sorpresa.
Según informaron diversos medios periodísticos paraguayos, en el informe judicial se consigna la existencia de lo que denominaron “celdas VIP”, que alojaban, mayormente, a presos por narcotráfico y costaban hasta U$S15.000 mensuales.
Las fotografías son bastante elocuentes en cuanto al equipamiento del que estaban dotados estos alojamientos para reclusos con privilegios: somiers, sofás, mesas, frigobar, aire acondicionado, TV plasma, baño privado con ducha, congeladores con carne, heladeras e inclusive celulares.
El acta judicial de la visita consigna, incluso, que durante el recorrido se halló a un detenido durmiendo en compañía de una mujer, quien señaló que abona Gs.150.000 ($30.000) por pasar la noche.
El viceministro de Política Criminal del gobierno de Santiago Peña, Rubén Maciel, confirmó la existencia de privilegios en la cárcel y apuntó como beneficiarios a reclusos vinculados a casos resonantes, como A Ultranza PY, de febrero de 2022, de la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay (Senad), el mayor operativo contra el crimen organizado y lavado de dinero en el país.
Según publica el diario La Nación, de Asunción, cuatro de las celdas tenían lujos tales como jacuzzi, PlayStation y hasta chef privado.
La visita judicial y el descubrimiento de este exclusivo pabellón penitenciario, desembocó en la separación del cargo del director del penal, Humberto Renée López Gómez, y su reemplazo por Víctor Wilfrido Aliente Guillén, quien, según publica el diario ABC Color, viene de ser expulsado de la cárcel de Tacumbú, de la capital paraguaya, por “sospechas de corrupción”.
Asimismo, las autoridades penitenciarias decidieron el traslado de todos los presos por narcotráfico que se encontraban en Emboscada Antigua, al penal regional Martín Mendoza, una cárcel ubicada, prácticamente, en el mismo predio, a 1,5 kilómetros de allí.
Corrientes se alista para las elecciones provinciales del 31 de agosto y en el marco de la campaña sobresalió un candidato a intendente que, entre sus propuestas, promete viajes de egresados a las Cataratas del Iguazú en caso de imponerse en las urnas.
Se trata de Víctor Cemborain, un político con trayectoria que en estos comicios busca regresar a la intendencia de Mercedes, municipio que supo gobernar entre 2013 y 2017, aunque no sin polémicas de por medio.
Para estas elecciones se presenta como candidato por la alianza oficialista Vamos Corrientes, que impulsa a Juan Pablo Valdes, hermano del actual como gobernador Gustavo Valdes, como próximo mandatario provincial.
En ese marco, el candidato mercedeño, entre varias propuestas más, prometió viajes de egresados a las Cataratas del Iguazú en caso de ganar en los comicios previstos para el 31 de este mes.
“¡Una propuesta con destino inolvidable!”, anunció en su cuenta de Instagram y a continuación prometió: “Si ganamos este año, todos los sextos años se van de viaje de egresados Las Cataratas”.
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Como cierre, el posteo luego argumenta “porque queremos que los estudiantes terminen la secundaria con una experiencia que no se olvida”.
En la misma cuenta el candidato también promete el sorteo de diez motocicletas si obtiene la victoria el 31 de agosto e invita a festivales y torneos de fútbol con premios de hasta 200.000 pesos para el primer puesto.
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Cemborain
Cemborain tiene un largo camino en la política correntina. Fue electo intendente de Mercedes en 2013 tras ser electo por el Frente por la Victoria, pero su asunción fue conflictiva debido a que previamente había recibido una condena de ocho meses de prisión en suspenso por golpear al ex jefe comunal Jorge Molina.
El Concejo Deliberante de la localidad intento bloquear su asunción pero la Justicia correntina finalmente falló a su favor y pudo ocupar el sillón del municipio.
Un año después de asumir, en 2014, Cemborain volvió a ser noticia porque la moja Martha Pelloni lo señaló como un involucrado más en la secta satánica vinculada al caso Ramoncito, el niño correntino que víctima de un crimen atroz en 2006.
La acusación, empero, no prosperó ante la falta de evidencia y el política respondió con demandas por calumnias e injurias.
En 2019 Cemborain denunció al intendente Diego Caram por malversación de fondos y falsificación de planillas de planes sociales, causa que derivó en un juicio y en una condena para el acusado dictada en 2024.
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