La Región
La Justicia brasileña definirá el destino del presidente Michel Temer
La Justicia electoral brasileña retomó un proceso que puede desalojar del cargo al presidente Michel Temer por supuestas irregularidades en la campaña de 2014 y que determinará tanto la suerte del mandatario como la del propio país. Por primera vez desde la democratización que siguió a una férrea dictadura que gobernó entre 1964 y 1985, Brasil enfrenta el riesgo de perder a su segundo presidente en menos de un año. El proceso, suspendido el pasado abril y retomado el martes, intenta establecer si hubo financiación ilegal y otras irregularidades en la campaña que compartieron Dilma Rousseff y Temer, aupado al poder tras la destitución el año pasado de quien encabezaba la fórmula en 2014. La primera de las audiencias fue dedicada a escuchar el alegato de la acusación y el descargo de las defensas, que Rousseff y Temer, hoy completamente enemistados, ejercen por separado.
La acusación fue contundente y afirmó que existen “incontables” elementos y testimonios que, desde su punto de vista, prueban que la campaña de ambos constituyó “un innegable abuso de poder económico y político”. “Hubo claras ilegalidades en la financiación”, pero también “hubo fraudes hasta en la divulgación de datos falsos, según los cuales 40 millones de brasileños habían salido de la pobreza y era mentira”, dijo el abogado Flavio Henrique Costa.
En nombre de Rousseff, el abogado Flavio Caetano sostuvo que los cargos “se basan en falsos testimonios y pruebas inválidas” y exigió la “nulidad” del proceso, un punto en el que coincidió la defensa de Temer, quien sería el gran beneficiado de ello, pues salvaría el mandato que heredó de la ahora exmandataria.
Entre los “falsos testimonios”, citó los dados por ex directivos del grupo Odebrecht, implicado en el escándalo de Petrobras, según los cuales esa empresa donó a la campaña de Rousseff y Temer al menos 150 millones de reales (unos 45 millones de dólares), de los cuales un tercio fueron acordados como sobornos y no se declararon.
“Esta acción debe ser declarada improcedente y mantener la plena validez de los 54 millones de votos conquistados en las urnas”, dijo Caetano, al reiterar una propuesta de la defensa de Temer.
Sin embargo, el abogado de Temer, Gustavo Guedes, al tiempo que garantizó que no hubo irregularidades en la recaudación de campaña hecha por su cliente, sostuvo que hay pruebas de que sí las pudo haber habido en el caso de Rousseff, sobre quien sugirió que podría ser condenada a perder sus derechos políticos por ocho años. Guedes exigió además que las cuentas de campaña de uno y otro sean juzgadas por separado, ya que así se realizó la recaudación y bajo la convicción de que, en lo relativo a Temer, “todo fue hecho dentro de la más estricta legalidad”.
El instructor del proceso, Herman Benjamin, uno de los siete miembros del Tribunal Superior Electoral, no concluyó este martes la lectura de su informe, que continuará este miércoles, pero insinuó que existen en los autos unos 8.000 documentos que comprometen la situación de Rousseff y Temer.
El caso en la justicia electoral es uno de los frentes jurídicos que acorralan al gobernante, también investigado por el Supremo por los supuestos delitos de corrupción, obstrucción a la justicia y asociación ilícita. Esas sospechas se apoyan en un confesión de directores del grupo cárnico JBS, quienes han declarado a la justicia que sobornan a Temer desde 2010 y han entregado explosivos audios que ponen en tela de juicio al mandatario. En esa grabación, Joesey Batista, dueño de JBS, relata diversas maniobras ilegales que hacía en favor de su empresa en tribunales o gestiones similares ante algunos ministros, ante el silencio o la complacencia de Temer, que le recibió en su residencia oficial. Si el tribunal electoral dicta una sentencia condenatoria, Temer sería despojado del poder, pero solo una vez que se hayan juzgado todas las apelaciones que pudiera presentar, que llegarían hasta la Corte Suprema y pudieran postergar la conclusión del juicio durante meses.
Fuente: Infobae
Los hermanos paraguayos Artemio López Ruiz (45) y Juan de la Cruz López Ruiz (43) fueron atrapados en su país durante un operativo de Interpol y aguardarán ser extraditados a la Argentina para responder ante la Justicia bonaerense por un homicidio cometido una década atrás.
Los prófugos fueron arrestados en el distrito de Edelira, en el vecino departamento paraguayo de Itapúa, donde fueron localizados por agentes de la Policía Nacional local e integrantes de Interpol.
El operativo le puso fin a más de una década de impunidad y ahora los extranjeros deberán responder ante la Justicia por el crimen de Rafael Franco Cabrera, registrado el 19 de julio de 2014 en la localidad bonaerense de Rafael Castillo.
Según precisaron fuentes del vecino país, los hombres permanecerán detenidos en la comisaría Primera de Encarnación, a disposición del Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado del Primer Turno, a cargo de la magistrada Yanina Vallejos, quien ahora intervendrá en el trámite de la extradición.
Los hermanos registraba un pedido de captura internacional en sus contra. Están acusados de homicidio simple y son requeridos por el Juzgado de Garantías Dos de La Matanza, dependencia que instruye el expediente por el asesinato de Franco Cabrera.
Dos hombres escaparon durante el control de Migraciones en el paso fronterizo de Bernardo de Irigoyen y abandonaron su auto cargado con más de 100 kilogramos de marihuana ocultos en doble fondos.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, el procedimiento se dio esta mañana, cuando al control fronterizo del lado argentino ingresó un Chevrolet Spin proveniente de la vecina ciudad brasileña de Dionisio Cerqueira.
Dentro del vehículo iban dos hombres que ante las primeras consultas evidenciaron severas inconsistencias, dado que respondieron que provenían de Foz de Iguazú y que viajaban hacia Camboriú, ruta completamente diferente al recorrido que estaban realizando.
Esa situación levantó sospechas y el personal de la Dirección General de Aduana decidió ahondar en la requisa.
Los ocupantes del rodado escaparon cuando presentaron los documentos del auto.
En esa instancia, los dos sujetos descendieron del rodado para entregar los documentos del automotor y aprovecharon el momento para huir a las corridas del puesto de frontera en dirección hacia Brasil.
Consecuencia de ello, se activó un operativo conjunto entre fuerzas de ambos países para ubicar a los fugitivos cuya identidad ni nacionalidad llegó a ser determinada.
Mientras tanto, el personal interviniente continuó la inspección del rodado y durante las labores finalmente incautaron 188 paquetes de marihuana que totalizaron 112,571 kilogramos.
Tanto los estupefacientes como el vehículo y las documentaciones del rodado fueron incautados y quedaron a disposición del Juzgado Federal de Eldorado.
La vecina ciudad paraguaya de Encarnación recibió una masiva afluencia de visitantes en la semana previa a la Navidad, con casi 100.000 personas cruzando la frontera desde Posadas, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones de ese país.
En detalle, precisaron que entre el sábado 20 y el mediodía del miércoles 24 de diciembre, se registraron exactamente 94.000 ingresos al territorio paraguayo a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Encarnación con la capital misionera.
El pico se dio el sábado 20, con 31.000 personas, fenómeno que se vio impulsado por el pago del aguinaldo a los trabajadores estatales misioneros, sumado a los viajantes que cruzaban el viaducto para pasar las fiestas junto a sus familiares.
Blas Arzamendia, responsable de Migraciones en Encarnación, explicó al diario local Última Hora que “el movimiento migratorio hacia nuestro país es importante. Vienen muchos compatriotas para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y también vienen masivamente los ciudadanos argentinos con fines de compra”.
De acuerdo al relevamiento trazado, la mitad de los ingresantes eran argentinos atraídos por las compras navideñas, mientras que el resto fueron paraguayos residentes en el país regresando para reunirse con sus familias.
El intenso flujo generó largas filas de vehículos que superaron los siete kilómetros y que llegaron hasta Costa Sur, con demoras de varias horas bajo un sol intenso.
Los viajeros reportaron nerviosismo y momentos de tensión, agravados por la caída temporal del sistema de control integrado, lo que ralentizó los trámites migratorios.
Además, se denunció un negocio ilegal en Posadas, donde personas cobraban hasta 30.000 pesos (equivalentes a unos 130.000 guaraníes) para adelantar posiciones en la cola.
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