La Región
La Justicia brasileña definirá el destino del presidente Michel Temer
La Justicia electoral brasileña retomó un proceso que puede desalojar del cargo al presidente Michel Temer por supuestas irregularidades en la campaña de 2014 y que determinará tanto la suerte del mandatario como la del propio país. Por primera vez desde la democratización que siguió a una férrea dictadura que gobernó entre 1964 y 1985, Brasil enfrenta el riesgo de perder a su segundo presidente en menos de un año. El proceso, suspendido el pasado abril y retomado el martes, intenta establecer si hubo financiación ilegal y otras irregularidades en la campaña que compartieron Dilma Rousseff y Temer, aupado al poder tras la destitución el año pasado de quien encabezaba la fórmula en 2014. La primera de las audiencias fue dedicada a escuchar el alegato de la acusación y el descargo de las defensas, que Rousseff y Temer, hoy completamente enemistados, ejercen por separado.
La acusación fue contundente y afirmó que existen “incontables” elementos y testimonios que, desde su punto de vista, prueban que la campaña de ambos constituyó “un innegable abuso de poder económico y político”. “Hubo claras ilegalidades en la financiación”, pero también “hubo fraudes hasta en la divulgación de datos falsos, según los cuales 40 millones de brasileños habían salido de la pobreza y era mentira”, dijo el abogado Flavio Henrique Costa.
En nombre de Rousseff, el abogado Flavio Caetano sostuvo que los cargos “se basan en falsos testimonios y pruebas inválidas” y exigió la “nulidad” del proceso, un punto en el que coincidió la defensa de Temer, quien sería el gran beneficiado de ello, pues salvaría el mandato que heredó de la ahora exmandataria.
Entre los “falsos testimonios”, citó los dados por ex directivos del grupo Odebrecht, implicado en el escándalo de Petrobras, según los cuales esa empresa donó a la campaña de Rousseff y Temer al menos 150 millones de reales (unos 45 millones de dólares), de los cuales un tercio fueron acordados como sobornos y no se declararon.
“Esta acción debe ser declarada improcedente y mantener la plena validez de los 54 millones de votos conquistados en las urnas”, dijo Caetano, al reiterar una propuesta de la defensa de Temer.
Sin embargo, el abogado de Temer, Gustavo Guedes, al tiempo que garantizó que no hubo irregularidades en la recaudación de campaña hecha por su cliente, sostuvo que hay pruebas de que sí las pudo haber habido en el caso de Rousseff, sobre quien sugirió que podría ser condenada a perder sus derechos políticos por ocho años. Guedes exigió además que las cuentas de campaña de uno y otro sean juzgadas por separado, ya que así se realizó la recaudación y bajo la convicción de que, en lo relativo a Temer, “todo fue hecho dentro de la más estricta legalidad”.
El instructor del proceso, Herman Benjamin, uno de los siete miembros del Tribunal Superior Electoral, no concluyó este martes la lectura de su informe, que continuará este miércoles, pero insinuó que existen en los autos unos 8.000 documentos que comprometen la situación de Rousseff y Temer.
El caso en la justicia electoral es uno de los frentes jurídicos que acorralan al gobernante, también investigado por el Supremo por los supuestos delitos de corrupción, obstrucción a la justicia y asociación ilícita. Esas sospechas se apoyan en un confesión de directores del grupo cárnico JBS, quienes han declarado a la justicia que sobornan a Temer desde 2010 y han entregado explosivos audios que ponen en tela de juicio al mandatario. En esa grabación, Joesey Batista, dueño de JBS, relata diversas maniobras ilegales que hacía en favor de su empresa en tribunales o gestiones similares ante algunos ministros, ante el silencio o la complacencia de Temer, que le recibió en su residencia oficial. Si el tribunal electoral dicta una sentencia condenatoria, Temer sería despojado del poder, pero solo una vez que se hayan juzgado todas las apelaciones que pudiera presentar, que llegarían hasta la Corte Suprema y pudieran postergar la conclusión del juicio durante meses.
Fuente: Infobae
La senadora paraguaya y parlamentaria del Mercosur, Lilian Samaniego, criticó las nuevas exigencias migratorias establecidas por el gobierno argentino y opinó que “atentan contra la integración regional”.
La parlamentaria paraguaya se refirió a la reforma migratoria del DNU 366/2025 del presidente Javier Milei en la reciente sesión del Parlasur y abogó por su revisión, en virtud de los “lazos históricos comunes” entre ambos países.
Samaniego valoró el protocolo firmado por Paraguay y Argentina para avanzar con el control integrado en los puestos fronterizos, porque “será en beneficio de los ciudadanos de a pie”, y cuestionó la decisión del gobierno argentino de endurecer las condiciones de ingreso al país, agregando requisitos que antes no existían, como el seguro médico obligatorio.
En opinión de la parlamentaria paraguaya, el gobierno de Milei “va de contramano a estas intenciones de agilización, como poner mayores requisitos, como un seguro médico, para las personas que cruzan la frontera”.
“Es importante advertir que poner requisitos demás atenta contra la integración regional, que diría debe ser la consigna”, afirmó Samaniego.
“A lo largo de la historia, Paraguay y Argentina han compartido mucho más que una frontera”, historió la parlamentaria del vecino país y enumeró: “Sangre, trabajo, canciones, palabras, sueños y en muchas ciudades argentinas uno cruza la calle y escucha el guaraní”.
“Con el respeto absoluto a la soberanía de nuestros países, levanto mi voz para que las decisiones políticas no rompan los lazos hermanados que nos ha hecho grandes como región, y que en el momento de reglamentar tengan en cuenta todo lo que hemos tenido a lo largo de la historia de nuestros vínculos con la Argentina”, señaló y concluyó: “No existen paraguayos que no tengan vínculos con los argentinos”.
Un numeroso grupo de paseros, en su mayoría motociclistas, realizan un corte total del tránsito a mitad del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con la ciudad de Encarnación, Paraguay.
Aparentemente, la medida de fuerza comenzó por los controles de la Aduana Argentina y el cobro por parte del personal de “coimas” para el traslado de mercadería.
“Nosotros no somos perritos de ellos, no le debemos un centavo a ningún agente, ni a ningún gendarme, aduanero, ni a ningún jefe. Estamos hartos de que los compañeros todos los días son maltratados por esa gente porque tiene su chaleco azul”, reclama una pasera oriunda de Paraguay a efectivos del vecino país en medio del cruce internacional.
En esa línea, la mujer sostiene que “todos, tanto argentinos como paraguayos, trabajamos en el paso y vivimos del paso, no le robamos a nadie un centavo y por qué ellos tienen que poner límites de compra”.
La pasera argumenta que todos los trabajadores tienen sus vehículos con los papeles “en regla” y pregunta “cuál es el problema con ellos -en referencia a los trabajadores de la Aduana Argentina-. No se puede llevar una colcha porque sos paraguayo, pata sucia, raja de acá no te quiero ver”.
Por último, la mujer denuncia que “no se puede llevar nada porque ellos no quieren. Si llevas una colcha, un termo, un par de zapatillas tenés que pagar 200 mil pesos porque a ellos se le da la gana, dónde hay un estatuto que diga que porque llevaste una colcha, un termo y dos zapatillas se tiene que pagar 200 mil pesos, eso quiero que me expliquen”.
La medida de fuerza de los paseros, tanto argentinos como paraguayos, inició alrededor de las 8.30 por tiempo indeterminado.
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FOTO Y VIDEO: Fabián Sánchez
Un camión con seis árboles de olivos contrabandeados desde Misiones fue interceptado e incautado mientras circulaba por la BR-163, en el acceso a Santo Antonio Do Sudoeste, ciudad brasileña ubicada en la frontera con San Antonio.
El procedimiento se dio anoche, alrededor de las 20, durante un operativo conjunto que inició tras una información obtenida por el área de inteligencia de la 3a Compañía de la 21a BPM que apuntaba sobre el paso de un camión por camino rural que habitualmente suele ser utilizado para el tráfico ilegal.
Con ese dato, los uniformados salieron de recorrida por la ciudad hasta que finalmente ubicaron el vehículo que en su caja transportaba seis árboles de olivos originarios de Argentina pero que en Brasil tienen un valor de entre 40.000 y 100.000 reales cada uno.
Los ejemplares eran transportados sin ningún tipo de documentación de respaldo y el conductor de la camioneta afirmó desconocer el origen de los árboles, aduciendo que solamente se hizo cargo del traslado a pedido de terceros. El destino final eran San Pablo.
Según informó el portal Radio da Fronteira, los árboles fueron incautados y trasladados hacia la Receita Federal en Santo Antonio do Sudoeste, donde quedarán a disposición de la Justicia. El conductor del vehículo, en tanto, fue llevado a declarar ante las autoridades.
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