El año pasado la Policía de Misiones le puso fin a los 15 años prófugo que llevaba un criminal brasileño acusado de un doble homicidio cometido en Itapiranga y ahora la Justicia de su país logró condenarlo a 30 años de prisión.

El implicado se trata de Lucimar Correa Da Rosa, de 40 años, quien el 28 de agosto de 2024 fue capturado por una comisión de la Policía misionera tras un operativo encubierto montado en plena selva de colonia Puerto Argentino, en San Pedro, donde se supo que se ocultaba. 

La detención se concretó tras un intercambio de información efectuado entre investigadores misioneros y pares brasileños que conocían el prontuario de Da Rosa, quien a pesar de tener un pedido de captura internacional en su contra logró mantenerse en condición de prófugo durante más de 15 años.

Lucimar al momento de ser detenido en San Pedro.

Da Rosa es oriundo de Teniente Portela, localidad brasileña ubicada a 60 kilómetros de la frontera con El Soberbio, pero su carrera criminal la hizo en Itapiranga, unos 30 kilómetros más al norte, prácticamente a la misma altura que los Saltos del Moconá.

En esa ciudad brasileña el implicado fue acusado de asesinar a Nelson Batista de Lima y su hijo Cleiton Pedrozo, crimen que se registró durante una discusión en un bar de la zona y del cual también participó su primo Edson Correa Do Nascimiento.

Justamente, Do Nascimiento fue atrapado al poco tiempo y más tarde condenado a 30 años de prisión, mientras que Da Rosa logró escapar de las autoridades durante un largo tiempo.

Sin embargo, cuando ya parecía que el caso había quedado en olvido, la Policía de Misiones lo encontró en San Pedro y lo detuvo. Un día después de aquel 28 de agosto de 2024, el extranjero fue entregado a las autoridades de su país a través de Paso Rosales y desde ese momento permanece privado de su libertad en el penal de Sao Miguel do Oeste.

Ahora Da Rosa fue juzgado en un juicio por jurados ante un tribunal de Itapiranga y recibió la misma condena de su primo: 30 años de cárcel por doble homicidio calificado.

Lucimar registraba pedido de captura de Interpol.

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El Departamento de Estado de los Estados Unidos lanzó una recompensa de 10 millones de dólares para quienes aporten datos de interés sobre las redes y mecanismos de financiamiento de la organización terrorista Hezbollah que operan en la Triple Frontera conformada por Paraguay (Ciudad del Este), Brasil (Foz de Iguazú) y Argentina (Puerto Iguazú).

El programa fue anunciado este lunes por el gobierno liderado por Donald Trump y en el comunicado señalaron que la iniciativa busca obtener información que permita “interrumpir los mecanismos de financiación de la organización terrorista”.

Para Estados Unidos, Hezbollah cuenta con financistas y facilitadores que operan en la Triple Frontera, generando ingresos a través de diversas actividades ilícitas como lavado de dinero, narcotráfico y contrabando de diferentes mercancías.

El plan también a punta a conseguir información que permite identificar a posibles involucrados y desarticular los esquemas de triangulación financiera que posibilita el envío de dinero hacia medio oriente.

En ese marco, buscan dar con “donantes o facilitadores financieros”, instituciones financieras o casas de cambio que faciliten transacciones, empresas controladas por la organización y “empresas pantalla” que colaboran para el éxito de las operaciones.

El gobierno norteamericano indicó que ante cualquier información que sea considerada de interés, cualquier persona puede comunicarse con el programa Recompensas de la Justicia (RFJ), dependiente del Departamento de Estado, a través de diversas vías de comunicación, entre ellas Whatsapp al número +1-202-702-7843. Se garantiza que toda la información proporcionada será tratada con estricta confidencialidad.

Clan Barakat

El Clan Barakat es un grupo de comerciantes libaneses asentados en Ciudad del Este que está sospechado de financiar a Hezbollah desde la Triple Frontera, con actividades realizadas en Puerto Iguazú, inclusive, lo cual dio inicio a una causa judicial que se tramita en el Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero.

El expediente contra el Clan Barakat reviste importancia nacional dado que se trata de la única causa abierta en el país que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo y también concita atención internacional, principalmente de Estados Unidos.

La investigación comenzó en 2015. Allí la Unidad de Investigación Financiera (UIF) dispuso el congelamiento administrativo y la medida de inhibición finalmente se judicializó en 2018. Desde ese momento la disposición se prorroga año a año. 

Por el momento hay más de una decena de sospechosos, aunque ninguno alcanzó a ser indagado.

Lo que se sospecha, en base a los elementos incorporados en la investigación y a los aportes realizados por distintos organismos del Estado y la Agencia Federal de Información (AFI), es que los involucrados aparentemente cruzaban asiduamente a la Argentina y lavaban dinero de casinos de la Ciudad de las Cataratas, donde simulaban mesas de juego y obtenían millonarias ganancias.

Luego, a través de distintos mecanismos y sistemas, ese dinero era girado hacia Medio Oriente. Toda esta compleja trama es la que desde hace un tiempo se busca desentrañar.

Los datos obtenidos en aquel entonces indicaban que en los movimientos migratorios se detectaron ingresos al país de al menos catorce presuntos integrantes de la organización investigada y algunos de ellos llegaron a retirar premios de los casinos que llegaban hasta los 10 millones de dólares.

Según estimaciones, el clan podía llegar a mover hasta 43 mil millones de dólares al año. Es porque eso que su sindicado líder Assad Ahmad Barakat -detenido en septiembre de 2018 en Foz de Iguazú- era considerado como un agente clave del grupo terrorista Hezbollah y el mayor operador financiero de la organización extremista en América Latina.

Prorrogaron el congelamiento de bienes a miembros del Clan Barakat

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Un edificio de ocho pisos, que estaba en construcción, se derrumbó anoche en Encarnación, provocando la muerte de dos mujeres, cuyos cuerpos fueron rescatados esta mañana de entre los escombros por una unidad de bomberos voluntarios.

El siniestro ocurrió en el barrio encarnaceno San Roque, muy próximo al centro y la costanera de la ciudad, y fue captado por cámaras de seguridad que registraron el instante preciso en que la estructura colapsa y se viene abajo como un castillo de naipes.

Según confirmaron las autoridades policiales y municipales, al momento del desastre se encontraban en el lugar una mujer de 55 años, identificada como Hermelinda Báez, y su nieta, Montserrat Brítez, una adolescente de 15 años, a quienes el sereno del edificio les había acondicionado una de las habitaciones en construcción para que pasaran la noche.

Finalmente, y tras largas de horas de trabajo, con ayuda de perros y maquinarias, los rescatistas pudieron dar con los cuerpos sin vida de ambas mujeres, oriundas de Capitán Miranda, un distrito ubicado a unos 15 kilómetros al Este de Encarnación.

Esta mañana, en una rueda de prensa, el intendente Luis Yd y el director de Obras de la Municipalidad, René Miglio, lamentaron el fallecimiento de la abuela y su nieta, y aseguraron que la construcción contaba con todos los permisos correspondientes.

Sin embargo, aclararon que luego de una fiscalización constataron que los responsables de la obra agregaron más pisos a la estructura y que por ello se les impuso una multa que pagaron para regularizar la situación ante la comuna.

Miglio enfatizó que el edificio no estaba habilitado para el uso y tampoco para que personas extrañas a la obra se quedaran a dormir en el sitio.

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