La Región
Depredación del Paraná en Santa Fe: venden los pescados a precios irrisorios
Diputados santafecinos dieron media sanción para suspender la pesca por 180 días, ya que pescadores venden los animales a precios irrisorios. La bajante del Paraná y el negocio de frigoríficos con la inacción del gobierno provincial llevó al límite la situación.
SANTA FE. Piden la suspensión por 180 días de la pesca recreativa y comercial en ocasión de la bajante del río Paraná. Esto se trató en la 2ª sesión del 138º Período Ordinario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe que, por el COVID-19, se realizó en el Paraninfo de la UNL, donde se sancionó el Proyecto de Ley (Expediente 38152 CD-FR) del diputado Oscar Martínez (FR-100%SF), corregido, mejorado y aumentado por el aporte de Claudio Fabián Palo Oliver (UCR) y Carlos Del Frade (FSP), por el cual “se prohíbe por 180 días en todo el territorio provincial toda actividad de pesca deportiva y comercial”, comunicándose la media sanción al Senado para que complete el procedimiento.
Se exceptúa la pesca de subsistencia practicada en su modalidad de la costa, con línea de mano y/o caña de reel y un anzuelo, sólo para consumo propio. La prohibición queda sujeta a la “evolución del brote epidemiológico del COVID-19 y el mejoramiento efectivo del caudal de los ríos que corren dentro del territorio provincial, especialmente del río Paraná”.
Se establece una línea de créditos y exenciones impositivas para quienes se han visto afectados por esta situación y, además, subsidios a cargo del Poder Ejecutivo Provincial para los pescadores que “siempre están por debajo de la línea de la pobreza” y necesitan sobrevivir. En cuanto a las sanciones por incumplimiento de la presente Ley, multa de 500 litros de nafta súper y, para el operador turístico: 1.000 litros de nafta súper más la inhabilitación por 24 meses.
Será autoridad de aplicación de la presente Ley un Comité creado a tales fines integrado por el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Turismo provinciales. Oscar Martínez, autor de la iniciativa, señaló “la explotación indiscriminada de nuestros recursos” y calificó a la bajante del río Paraná como “la más importante y extraordinaria de los últimos 50 años y, según las nuevas normas para medir, de los últimos 100 años”.
“Esta bajante que afecta al río Paraná se complicó por la falta de lluvias y por la retención de agua de las represas brasileñas”, dijo Martínez, y alertó sobre “el impacto en el medioambiente y en todas las actividades que se relacionan con la pesca: pescadores, turismo y guías turísticos, y en la economía”.
Carlos Del Frade destacó “la sensibilidad y preocupación de Palo Oliver y Martínez” y habló de la necesidad de una ley definitiva y profunda, no sólo por 180 días, y se preguntó: ¿De quién es el río? ¿De los 17 frigoríficos que explotan irracionalmente el recurso, ganan millones de dólares y le pagan seis centavos de dólar por pieza a un pescador de subsistencia? ¿O del Estado Provincial que debe hacerse cargo?
“El pescado de río no se exporta, se cuida, pero acá no, se exporta irracionalmente”, advirtió Del Frade. “Necesitamos una Ley Provincial de Pesca moderna y actualizada”, expresó, no sin antes advertir que “Brasil cubre la depredación del Amazonas con el secuestro del agua”. Fabián Palo Oliver, por su parte, fustigó duramente al Gobierno Provincial por su “indiferencia e inacción” a pesar de que “todos los especialistas se manifestaron por la veda, al igual que muchos otros actores”.
“El Gobierno Provincial no quiere vedas y lo fundamenta con falsedades al decir que 50.000 embarcaciones deportivas, por el COVID-19, están inactivas, y eso representa el 20 % de la extracción de peces”, dijo Palo Oliver, y agregó: “Eso es falso, ya que los Puertos de Fiscalización no funcionan por el COVID-19”.
Seguidamente Palo Oliver puntualizó “otra falsedad del Gobierno Provincial cuando afirma acerca de ‘mejoras en la fiscalización’ cuando es muy difícil saberlo con 450 kilómetros de ruta ribereña desde el norte provincial hasta Puerto Gaboto, sin contar las lagunas y afluentes del sistema del río Paraná”.
“El Gobierno Provincial le miente a la sociedad santafesina”, fustigó Palo Oliver, y añadió que “falta voluntad política ya que en estos cinco meses de gobierno no se convocó al Consejo Provincial Pesquero”. “Quienes no quieren la veda son los funcionarios del Gobierno Provincial y los frigoríficos”, afirmó Palo Oliver, y anticipó que en los próximos efectuará una presentación judicial amparándose en la Ley Nº 10.000 de “Intereses Difusos”.
Clara Rut García (PS), a su turno, aclaró que “gobernar es decidir para que los más fuertes no se aprovechen de los más débiles, pero este Gobierno Provincial no ha decidido ni ha valorado las ponencias de los dos Centros Científicos Provinciales (…) En relación al cupo exportable del sábalo, el Gobierno Provincial fijara idéntico cupo con 50 centímetros de río”.
El Proyecto de Ley (Expediente 38152 CD-FR) del diputado justicialista Oscar Martínez (FR-100%SF) se sancionó este jueves 21 de mayo de 2020 en la 2ª sesión del 138º Período Ordinario de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, comunicándose la media sanción al Senado para que complete el procedimiento parlamentario.
Diario Federal
La demanda se presentó en el Juzgado Civil y Comercial de Virasoro, Corrientes, en 2023, y se tramita en el Expediente VXP 12876/23, patrocinada por el abogado local Hortensio Marino Samaniego.
El tema no se había filtrado a los medios hasta esta semana, en que fue revelado por el periodista de Radio UP,Diego Fernando Salazar, en un informe que tituló “El hijo no reconocido de la yerba mate”, que subió a su cuenta personal de X.
Si bien, en los facsímiles filtrados del expediente judicial el nombre del demandante aparece tachado, en el documento puede leerse que se trata de un herrero de 39 años, nacido el 2 de agosto de 1986 y radicado en La Plata, provincia de Buenos Aires, que asegura ser hijo de Pablo Navajas Artaza, descendiente directo del fundador del Establecimiento Las Marías, de Virasoro, y ex dueño del diario El Territorio, fallecido en 2002.
La demanda por “filiación extramatrimonial” alcanza a los herederos del empresario yerbatero fallecido: Paul Navajas Mc Neil, Stuart Víctor Navajas Mc Neil, Roberto Navajas Mc Neil, Leslie Navajas Mc Neil y Jean Navajas Mc Neil.
El demandante pide a la justicia correntina que, “luego del reconocimiento de la Filiación reclamada, los accionados indemnicen al actor por el grave DAÑO MORAL, el DAÑO PSICOLÓGICO y las PERDIDAS DE CHANCE sufridas, a tenor de la ausencia de reconocimiento de la paternidad”, según puede leerse en el expediente.
El hermano Toco
Pablo Navajas Artaza es hermano de Adolfo Navajas Artaza, ex Interventor Federal de Corrientes entre 1969 y 1973, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía; intendente de Virasoro y Ministro de Acción Social de la Nación de Reynaldo Bignone, del 22 de septiembre de 1982, hasta la caída del régimen militar el 10 de diciembre de 1983.
El hermano Toco murió en 2022, acosado por denuncias por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, por privaciones ilegítimas de la libertad contra seis trabajadores de Las Marías, Ramón Aguirre, Marcelo Acuña, Pablo de la Cruz Franco, Juan Gómez, Carlos Arturo Escobar y Héctor Sena; y la desaparición de otros dos dirigentes sindicales de su yerbatera, Nery Pérez y Marcelo Peralta.
Hijo de Víctor Navajas Centeno y María Silvia Artaza, el empresario de quien el herrero bonaerense asegura ser su hijo, había nacido en la localidad correntina de Santo Tomé y tenía 73 años cuando falleció en 2002.
En su trayectoria como empresario y dirigente del sector, fue fundador de la Cámara Argentina del Té e integró el directorio de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (Crym), organismo creado en 1935 y desmantelado durante el menemismo en octubre de 1991, cuya desaparición desembocó en una crisis yerbatera sin precedentes y llevó a la conformación del Inym, extinto en sus funciones por el decreto 70/23 del presidente Javier Milei.
Según reconstruye un obituario publicado por el diario porteño La Nación en los días de su deceso, Pablo Navajas Artaza hizo la escuela primaria en Virasoro, la secundaria en el Colegio Ward de Buenos Aires y se graduó en Ciencias Agrarias en la Universidad de Lousiana, Estados Unidos, donde contrajo matrimonio con Bárbara McNeil, de cuya unión nacieron los herederos que enfrentan la demanda por filiación en el juzgado local.
Los lujos en la cárcel paraguaya conocida como Emboscada Antigua, ubicada en la ciudad homónima distante unos 32 kilómetros de Asunción, fueron descubiertos el viernes pasado, cuando una comitiva judicial efectuó una revisión de sorpresa.
Según informaron diversos medios periodísticos paraguayos, en el informe judicial se consigna la existencia de lo que denominaron “celdas VIP”, que alojaban, mayormente, a presos por narcotráfico y costaban hasta U$S15.000 mensuales.
Las fotografías son bastante elocuentes en cuanto al equipamiento del que estaban dotados estos alojamientos para reclusos con privilegios: somiers, sofás, mesas, frigobar, aire acondicionado, TV plasma, baño privado con ducha, congeladores con carne, heladeras e inclusive celulares.
El acta judicial de la visita consigna, incluso, que durante el recorrido se halló a un detenido durmiendo en compañía de una mujer, quien señaló que abona Gs.150.000 ($30.000) por pasar la noche.
El viceministro de Política Criminal del gobierno de Santiago Peña, Rubén Maciel, confirmó la existencia de privilegios en la cárcel y apuntó como beneficiarios a reclusos vinculados a casos resonantes, como A Ultranza PY, de febrero de 2022, de la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay (Senad), el mayor operativo contra el crimen organizado y lavado de dinero en el país.
Según publica el diario La Nación, de Asunción, cuatro de las celdas tenían lujos tales como jacuzzi, PlayStation y hasta chef privado.
La visita judicial y el descubrimiento de este exclusivo pabellón penitenciario, desembocó en la separación del cargo del director del penal, Humberto Renée López Gómez, y su reemplazo por Víctor Wilfrido Aliente Guillén, quien, según publica el diario ABC Color, viene de ser expulsado de la cárcel de Tacumbú, de la capital paraguaya, por “sospechas de corrupción”.
Asimismo, las autoridades penitenciarias decidieron el traslado de todos los presos por narcotráfico que se encontraban en Emboscada Antigua, al penal regional Martín Mendoza, una cárcel ubicada, prácticamente, en el mismo predio, a 1,5 kilómetros de allí.
Corrientes se alista para las elecciones provinciales del 31 de agosto y en el marco de la campaña sobresalió un candidato a intendente que, entre sus propuestas, promete viajes de egresados a las Cataratas del Iguazú en caso de imponerse en las urnas.
Se trata de Víctor Cemborain, un político con trayectoria que en estos comicios busca regresar a la intendencia de Mercedes, municipio que supo gobernar entre 2013 y 2017, aunque no sin polémicas de por medio.
Para estas elecciones se presenta como candidato por la alianza oficialista Vamos Corrientes, que impulsa a Juan Pablo Valdes, hermano del actual como gobernador Gustavo Valdes, como próximo mandatario provincial.
En ese marco, el candidato mercedeño, entre varias propuestas más, prometió viajes de egresados a las Cataratas del Iguazú en caso de ganar en los comicios previstos para el 31 de este mes.
“¡Una propuesta con destino inolvidable!”, anunció en su cuenta de Instagram y a continuación prometió: “Si ganamos este año, todos los sextos años se van de viaje de egresados Las Cataratas”.
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Como cierre, el posteo luego argumenta “porque queremos que los estudiantes terminen la secundaria con una experiencia que no se olvida”.
En la misma cuenta el candidato también promete el sorteo de diez motocicletas si obtiene la victoria el 31 de agosto e invita a festivales y torneos de fútbol con premios de hasta 200.000 pesos para el primer puesto.
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Cemborain
Cemborain tiene un largo camino en la política correntina. Fue electo intendente de Mercedes en 2013 tras ser electo por el Frente por la Victoria, pero su asunción fue conflictiva debido a que previamente había recibido una condena de ocho meses de prisión en suspenso por golpear al ex jefe comunal Jorge Molina.
El Concejo Deliberante de la localidad intento bloquear su asunción pero la Justicia correntina finalmente falló a su favor y pudo ocupar el sillón del municipio.
Un año después de asumir, en 2014, Cemborain volvió a ser noticia porque la moja Martha Pelloni lo señaló como un involucrado más en la secta satánica vinculada al caso Ramoncito, el niño correntino que víctima de un crimen atroz en 2006.
La acusación, empero, no prosperó ante la falta de evidencia y el política respondió con demandas por calumnias e injurias.
En 2019 Cemborain denunció al intendente Diego Caram por malversación de fondos y falsificación de planillas de planes sociales, causa que derivó en un juicio y en una condena para el acusado dictada en 2024.
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