La Región
Depredación del Paraná en Santa Fe: venden los pescados a precios irrisorios
Diputados santafecinos dieron media sanción para suspender la pesca por 180 días, ya que pescadores venden los animales a precios irrisorios. La bajante del Paraná y el negocio de frigoríficos con la inacción del gobierno provincial llevó al límite la situación.
SANTA FE. Piden la suspensión por 180 días de la pesca recreativa y comercial en ocasión de la bajante del río Paraná. Esto se trató en la 2ª sesión del 138º Período Ordinario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe que, por el COVID-19, se realizó en el Paraninfo de la UNL, donde se sancionó el Proyecto de Ley (Expediente 38152 CD-FR) del diputado Oscar Martínez (FR-100%SF), corregido, mejorado y aumentado por el aporte de Claudio Fabián Palo Oliver (UCR) y Carlos Del Frade (FSP), por el cual “se prohíbe por 180 días en todo el territorio provincial toda actividad de pesca deportiva y comercial”, comunicándose la media sanción al Senado para que complete el procedimiento.
Se exceptúa la pesca de subsistencia practicada en su modalidad de la costa, con línea de mano y/o caña de reel y un anzuelo, sólo para consumo propio. La prohibición queda sujeta a la “evolución del brote epidemiológico del COVID-19 y el mejoramiento efectivo del caudal de los ríos que corren dentro del territorio provincial, especialmente del río Paraná”.
Se establece una línea de créditos y exenciones impositivas para quienes se han visto afectados por esta situación y, además, subsidios a cargo del Poder Ejecutivo Provincial para los pescadores que “siempre están por debajo de la línea de la pobreza” y necesitan sobrevivir. En cuanto a las sanciones por incumplimiento de la presente Ley, multa de 500 litros de nafta súper y, para el operador turístico: 1.000 litros de nafta súper más la inhabilitación por 24 meses.
Será autoridad de aplicación de la presente Ley un Comité creado a tales fines integrado por el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Turismo provinciales. Oscar Martínez, autor de la iniciativa, señaló “la explotación indiscriminada de nuestros recursos” y calificó a la bajante del río Paraná como “la más importante y extraordinaria de los últimos 50 años y, según las nuevas normas para medir, de los últimos 100 años”.
“Esta bajante que afecta al río Paraná se complicó por la falta de lluvias y por la retención de agua de las represas brasileñas”, dijo Martínez, y alertó sobre “el impacto en el medioambiente y en todas las actividades que se relacionan con la pesca: pescadores, turismo y guías turísticos, y en la economía”.
Carlos Del Frade destacó “la sensibilidad y preocupación de Palo Oliver y Martínez” y habló de la necesidad de una ley definitiva y profunda, no sólo por 180 días, y se preguntó: ¿De quién es el río? ¿De los 17 frigoríficos que explotan irracionalmente el recurso, ganan millones de dólares y le pagan seis centavos de dólar por pieza a un pescador de subsistencia? ¿O del Estado Provincial que debe hacerse cargo?
“El pescado de río no se exporta, se cuida, pero acá no, se exporta irracionalmente”, advirtió Del Frade. “Necesitamos una Ley Provincial de Pesca moderna y actualizada”, expresó, no sin antes advertir que “Brasil cubre la depredación del Amazonas con el secuestro del agua”. Fabián Palo Oliver, por su parte, fustigó duramente al Gobierno Provincial por su “indiferencia e inacción” a pesar de que “todos los especialistas se manifestaron por la veda, al igual que muchos otros actores”.
“El Gobierno Provincial no quiere vedas y lo fundamenta con falsedades al decir que 50.000 embarcaciones deportivas, por el COVID-19, están inactivas, y eso representa el 20 % de la extracción de peces”, dijo Palo Oliver, y agregó: “Eso es falso, ya que los Puertos de Fiscalización no funcionan por el COVID-19”.
Seguidamente Palo Oliver puntualizó “otra falsedad del Gobierno Provincial cuando afirma acerca de ‘mejoras en la fiscalización’ cuando es muy difícil saberlo con 450 kilómetros de ruta ribereña desde el norte provincial hasta Puerto Gaboto, sin contar las lagunas y afluentes del sistema del río Paraná”.
“El Gobierno Provincial le miente a la sociedad santafesina”, fustigó Palo Oliver, y añadió que “falta voluntad política ya que en estos cinco meses de gobierno no se convocó al Consejo Provincial Pesquero”. “Quienes no quieren la veda son los funcionarios del Gobierno Provincial y los frigoríficos”, afirmó Palo Oliver, y anticipó que en los próximos efectuará una presentación judicial amparándose en la Ley Nº 10.000 de “Intereses Difusos”.
Clara Rut García (PS), a su turno, aclaró que “gobernar es decidir para que los más fuertes no se aprovechen de los más débiles, pero este Gobierno Provincial no ha decidido ni ha valorado las ponencias de los dos Centros Científicos Provinciales (…) En relación al cupo exportable del sábalo, el Gobierno Provincial fijara idéntico cupo con 50 centímetros de río”.
El Proyecto de Ley (Expediente 38152 CD-FR) del diputado justicialista Oscar Martínez (FR-100%SF) se sancionó este jueves 21 de mayo de 2020 en la 2ª sesión del 138º Período Ordinario de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, comunicándose la media sanción al Senado para que complete el procedimiento parlamentario.
Diario Federal
A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, este martes comenzó en Corrientes el juicio oral y público que buscará determinar qué ocurrió con el niño de 5 años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, cerca de la localidad de 9 de Julio.
El proceso judicial, considerado uno de los más trascendentes de los últimos años en Argentina, tiene en el banquillo a 17 imputados y prevé la declaración de 161 testigos a lo largo de audiencias que podrían extenderse hasta diciembre.
La primera jornada se inició en instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), tres días después de cumplirse el segundo aniversario de la desaparición del niño correntino, cuyo paradero continúa siendo un misterio.
Los números del juicio
El debate estará atravesado por cifras que reflejan la dimensión alcanzada por la investigación.
En total son 17 los acusados. Siete de ellos llegan al juicio señalados como presuntos responsables de la sustracción y ocultamiento de Loan, mientras que los diez restantes están imputados por supuestas maniobras destinadas a entorpecer y desviar la investigación posterior.
Entre los principales acusados figuran la tía del menor, Laudelina Peña; su pareja, Antonio Benítez; Daniel Ramírez y Mónica Millapi, quienes participaron de la excursión al naranjal donde Loan fue visto por última vez; el ex comisario Walter Maciel; y el matrimonio integrado por María Victoria Caillava y Carlos Pérez, considerados por la acusación como piezas centrales en la presunta sustracción del niño.
La causa también incluye a diez integrantes y allegados vinculados a una fundación que, según la investigación federal, habrían desplegado distintas acciones para generar pistas falsas, influir sobre testigos y obstaculizar el avance de la pesquisa.
La hipótesis
El eje de la acusación es contundente: Loan no se perdió.
De acuerdo con la reconstrucción realizada durante la instrucción, el niño habría sido sustraído de manera planificada y retirado del lugar en un vehículo, en un operativo que habría contado con la participación coordinada de varios de los imputados.
La teoría fiscal sostiene que la desaparición no fue producto de un accidente ni de un extravío en la zona rural donde se desarrolló el almuerzo familiar, sino el resultado de una maniobra previamente organizada. Incluso, resoluciones judiciales anteriores señalaron que el supuesto acuerdo habría consistido en sustraer a un menor, siendo Loan la víctima elegida ese día.
La desaparición de Loan se convirtió en uno de los casos policiales más resonantes de la última década. La investigación atravesó múltiples hipótesis, desde la búsqueda en montes y esteros hasta sospechas de trata de personas, pasando por denuncias de encubrimiento, pruebas presuntamente plantadas y versiones contradictorias aportadas por algunos de los acusados.
Ahora, con el inicio del juicio oral, el Tribunal Oral Federal de Corrientes enfrenta el desafío de reconstruir qué ocurrió aquella tarde de junio de 2024 y determinar las responsabilidades penales de cada uno de los imputados en una causa que mantiene una pregunta sin respuesta: dónde está Loan.
Un mes sin Loan: de la desaparición, a la trata y a un oscuro misterio
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentará su nuevo libro en la ciudad de Corrientes, este miércoles 3 de junio a las 17. El encuentro abierto al público se realizará en la sede de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, ubicado sobre la avenida Libertad al 5460.
El evento tendrá lugar en el auditorio de la unidad académica, fue anunciado por el propio mandatario a través de sus redes sociales, donde compartió el flyer oficial de la convocatoria junto al mensaje: “¡Las y los espero!”.
La presentación cuenta con el auspicio de Siglo Veintiuno Editores. Sobre la publicación, Kicillof señaló que se trata de un aporte para reflexionar sobre la economía y los desafíos que enfrenta actualmente la Argentina.
Según la sinopsis de la obra, el libro se propone como una referencia para estudiantes, docentes y lectores interesados en la economía. A través de un lenguaje accesible, explora con rigor el legado del pensamiento económico clásico y plantea cómo una mirada heterodoxa puede enriquecer ese análisis, aportando nuevas herramientas para comprender la realidad económica contemporánea.
Este miércoles 3 presento en Corrientes mi libro “De Smith a Keynes”, un aporte para pensar la economía y los desafíos actuales de nuestro país.
¡Las y los espero! pic.twitter.com/1m20AoTiQm
— Axel Kicillof (@Kicillofok) June 1, 2026
Dos familias argentinas con niños pequeños fueron rescatadas en Brasil tras permanecer en condiciones de explotación laboral extrema en una chacra hortícola ubicada en el estado de Paraná, a unos 90 kilómetros de la frontera con Puerto Iguazú.
El operativo fue realizado por la Policía Federal brasileña junto a organismos laborales y derivó en la detención de una pareja acusada de reducir a trabajadores a una situación análoga a la esclavitud.
El procedimiento se llevó adelante en una propiedad rural de la localidad de Céu Azul, en el oeste de Paraná, durante la denominada “Operación de Lunes a Lunes”, encabezada por la Policía Federal de Brasil y auditores del Ministerio de Trabajo.
Allí encontraron a tres familias extranjeras, dos argentinas y una paraguaya, viviendo en condiciones degradantes junto a cinco menores de edad, según consignó el portal brasileño Jornal de Fronteira.
Según la investigación, las víctimas habían llegado a Brasil atraídas por promesas de empleo, pero terminaron sometidas a extensas jornadas laborales sin descanso semanal, en un predio con escasa higiene, poca alimentación y vigilancia permanente mediante cámaras de seguridad.
Las autoridades brasileñas indicaron que los trabajadores no cobraban salario ni tenían ningún tipo de registración laboral. Además, denunciaron que los empleadores retenían la totalidad de los ingresos bajo el argumento de cubrir gastos de alimentos y provisiones, vendidos a precios inflados, una práctica conocida como “servidumbre por deuda”.
En total fueron rescatadas once personas, entre ellas seis adultos y cinco niños de entre 6 y 8 años. Una de las familias argentinas decidió regresar al país con apoyo del Comando Tripartito de la Triple Frontera, mientras que la otra, integrada por ocho personas, optó por permanecer en Foz de Iguazú y fue alojada en un refugio.
El delegado de la Policía Federal, Emerson Rodrigues, explicó a Jornal da Fronteira que la producción de la chacra abastecía a distintas ciudades de la región y confirmó que antes de la llegada de los agentes una de las familias había logrado escapar del lugar.
La pareja propietaria del establecimiento fue detenida en flagrancia y trasladada a la delegación de la Policía Federal en Foz de Iguazú. Mientras tanto, la investigación continúa abierta y no se descarta una posible conexión con redes de trata de personas.
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