Judiciales
Pedirán que declaren inimputable a mamá que ahogó a sus hijos en Eldorado
La defensa de Miriam Z., la mamá que ahogó a sus hijos de 3 y 7 años en el río Paraná en Eldorado, planteará que la Justicia declare inimputable a la ingeniera forestal de 34 años, quien permanece detenida en una dependencia policial.
La mujer está imputada por doble homicidio agravado por el vínculo en la investigación que lleva adelante el Juzgado de Instrucción Dos de la Capital del Trabajo, desde donde se ordenó una pericia psiquiátrica para evaluar el estado de salud de la acusada, quien intentó suicidarse luego de cometer el asesinato de sus pequeños.
Según indicó el marido de Miriam en la oportunidad, su esposa seguía un tratamiento debido a que padece un cuadro de esquizofrenia, diagnosticado hace dos años, por lo cual ahora la causa se centrará en establecer si se le puede aplicar una pena debido a su condición.
Frente a ello, la junta médica, que se reunirá recién en febrero, evaluará su estado de salud “y ahí vamos a plantear la inimputabilidad”, sostuvo el abogado de la mamá, Eduardo Paredes, en diálogo con La Voz de Misiones.
“La pericia se hará en Posadas, la tienen que traer acá -a Miriam-, y nosotros proponer nuestros psicólogos y psiquiatras”, contó el letrado y añadió: “Se acompañó la documental donde ella fue diagnosticada con esquizofrenia, hace dos años más menos”.
Sobre el estado mental de su cliente, el defensor adujo que no se trata de una patología “que te vas al psicólogo y listo, te afecta toda la personalidad”, explicó y siguió: “Ellos no tienen la libertad para decidir, estaba medicada y, por lo tanto, dentro de ese cuadro, quiso suicidarte con los hijos”.
“Es parte de esa conducta, no hay libre albedrío, como supuestamente es el resto de la gente, porque es parte de su patología”, argumentó el profesional.
El abogado fundamentó que, debido a ese cuadro, corresponde que la Justicia la declare inimputable, “porque está previsto en el Código Penal desde 1921 y así lo dice toda la bibliografía médica, jurídica y psiquiátrica del mundo”.
Pena no, seguridad sí
“A ella no se le puede aplicar una pena”, planteó el letrado y aclaró: “Eso no implica que se le pueda aplicar una medida de seguridad”.
En este sentido, aseguró que solicitarán “que la internen en un hospital psiquiátrico hasta que los psiquiatras digan que está en condiciones y no es peligrosa para terceros”.
“La propia Ley de Salud Mental lo evita, porque ella puede tener ciertas capacidades, como ser ingeniera, entonces tiene que tener cierto control estricto sobre el tratamiento médico psiquiátrico, porque ella nunca se va a curar, es una enfermedad crónica”, dijo el letrado a LVM.
Actualmente, Miriam Z. está detenida en una comisaría en Eldorado con control médico, adonde permanecerá hasta que estén listas las pericias ordenadas por el juzgado interviniente. No obstante, Paredes pidió que, mientras tanto, sea trasladada al hospital Samic.
La solicitud se debe a que “el Servicio Penitenciario Provincial tiene la unidad psiquiátrica en el hospital Carrillo, y quedaría muy lejos de la familia”.
No obstante, el abogado advirtió que “si te descuidás, es lo mismo rojo que colorado, porque en vez de aplicarse una pena en una cárcel, acá en la provincia, en la Unidad Penal V, te meten en la unidad psiquiátrica, y también es una cárcel”.
Frente a ello, Paredes adelantó que, si la mujer es declarada inimputable, “lo que se va a tratar después es que quede a disposición del marido o con algún curador y pueda volver a su vida con control, nunca va a tener una vida totalmente liberada como nosotros”.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
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El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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