Judiciales
Crimen y abuso en una casa de Iguazú: fiscalía pidió elevar a juicio la causa
La causa por uno de los crímenes más resonantes de los últimos años quedó a un paso de ser elevada a instancia de juicio oral y Polaquito Ferreyra está próximo a responder ante un tribunal penal como único acusado de asesinar a su amigo Bruno Mendes (21) y abusar a la novia de éste dentro de una casa en el barrio Villa Alta de Puerto Iguazú.
Es que, en apenas seis meses, la Fiscalía de Instrucción Tres de esa ciudad, a cargo de Horacio Paniagua, consideró agotada la investigación y esta mañana presentó el requerimiento de elevación a juicio del expediente que tiene a Jonathan Nazareno “Polaquito” Ferreira, de 33 años, como único imputado bajo una figura por la cual puede ser condenado a una pena de prisión perpetua.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, en su resolución Paniagua consideró que Ferreyra debe ir a juicio acusado como autor de los delitos de “homicidio doblemente calificado por ensañamiento y criminis causa” en perjuicio de Mendes y “abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma y privación ilegítima de la libertad agravada” contra la joven de 18 años que era pareja del muchacho.
La solicitud de la fiscalía quedó ahora en manos del magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, quien será el encargado de firmar el pedido, siempre y cuando la defensa no se oponga o solicite otras medidas de prueba que considere.
En caso de que el juez Brites firme la elevación a juicio del caso, el expediente deberá ser remitido al Tribunal Penal Uno de Eldorado, cuyas autoridades deberán fijar fecha para las correspondientes audiencias del debate oral y público para esclarecer el hecho que sacudió a la Ciudad de las Cataratas.
Bruno Mendes tenía 21 años y hace poco había regresado a vivir a Puerto Iguazú.
La casa del horror
El hecho que ahora está próximo a ventilarse en debate oral se registró el 4 de abril de este año en una vivienda del barrio Villa Alta de Puerto Iguazú y se descubrió a partir de que la joven abusada pudo escapar de su captor para pedir ayuda a los vecinos de la zona.
La reconstrucción del caso indica que esa madrugada Ferreyra estuvo compartiendo una ronda de tragos en su casa con Mendes y la novia de éste, de 18 años.
En determinado momento de la noche, se estima que Mendes le pidió al dueño de casa una habitación para tener intimidad con su novia y el acusado accedió, aunque luego intentó participar del encuentro sexual.
En esa instancia, se desató una pelea entre Mendes y Ferreyra, que alcanzó a tomar un cuchillo e hirió de al menos cuatro estocadas a su contrincante.
Después de ello, el hombre abusó sexualmente de la joven y a la mañana siguiente se dispuso a esconder el cadáver de su amigo, pero la muchacha logró aprovechar un descuido suyo para escapar junto su bebé de un año.
Allí el acusado intentó darse a la fuga, pero fue detenido a los pocos minutos por una comisión policial.
El hecho se registró en la madrugada del 4 de abril en la casa de Ferreyra en el barrio Villa Alta de Iguazú.
Al momento de prestar declaración indagatoria, el acusado dio vuelta la versión de los hechos, afirmando que la relación sexual con la joven fue consentida y que a Mendes lo mató en defensa propia ya que él fue agredido en primera instancia. “Me defendí y me fui de mambo, me pasé”, declaró.
La joven sobreviviente luego dialogó con el canal CVI Noticias 5 de Iguazú y dio un testimonio que contrasta severamente con la versión del acusado: “Toda la noche abusó de mí. Mi hijo estaba cerca de nosotros y en un momento le pasó el cuchillo por el cuerpo de mi bebé para que yo le tratara con cariño. Me dijo que si no le hacía sentir placer, lo iba a matar”.
Ferreyra fue procesado con prisión preventiva en mayo y desde ese momento está preso en la Unidad Penal VII de Cerro Azul. En las últimas semanas los investigadores judiciales recibieron informes periciales que confirmaron el hallazgo de su perfil genético tanto en el cuchillo utilizado para matar a Mendes como en el cuerpo de la joven abusada sexualmente.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
Se cumplieron 60 años de María Helena consagrada en el Festival del Litoral
Crean asociación Matadero Alto Uruguay para preservar empleos locales
Acampe docente: condenan a Gurina y Sánchez por desobediencia y corte de calle
Hallan un ocelote muerto en Andresito y sospechan que fue atropellado
Gana premio nacional la ficción de Cármen Cáceres adaptada en Posadas del 2001
El Poder Judicial de Misiones no adhiere al asueto del 1 de diciembre
La defensa pidió la absolución y hay cuarto intermedio hasta sentencia
Funcionario provincial falleció al despistar con su moto en el Acceso Oeste
Perdió la pierna en un accidente y vende una rifa para pagar su prótesis
Mujer policía intentó robar un celular con su novio y fue detenida en Posadas
Identificaron a motociclista que murió en un choque sobre Cabo de Hornos
Homicida recapturado en Paraguay fue enviado a la cárcel de Eldorado
Ramón Amarilla sobre juicio a docentes: “Es persecución a los trabajadores”
Muni de Candelaria clausuró histórica arenera: “Es arbitrario e irregular”
Demandarán al Estado a 50 años de la muerte de Irrazábal y Ayrault
Niña de 5 años se reencontró con su peluche perdido en terminal Quaranta
Cierran Cataratas por crecida del río Iguazú que arrastró pasarelas
Cacho Bárbaro: “A Milei le patina, Massa tiene las herramientas para gobernar”
Macri en Posadas: “¿Cómo va a hacer Milei para gobernar sin gobernadores?”
Tercer día de reclamo en Jefatura: “No nos vamos a ir con las manos vacías”
Realizarán curso de educación ambiental con puntaje docente
-
Policiales hace 4 díasFuncionario provincial falleció al despistar con su moto en el Acceso Oeste
-
Información General hace 7 díasPerdió la pierna en un accidente y vende una rifa para pagar su prótesis
-
Policiales hace 3 díasMujer policía intentó robar un celular con su novio y fue detenida en Posadas
-
Policiales hace 7 díasIdentificaron a motociclista que murió en un choque sobre Cabo de Hornos
-
Policiales hace 3 díasHomicida recapturado en Paraguay fue enviado a la cárcel de Eldorado
-
Política hace 3 díasRamón Amarilla sobre juicio a docentes: “Es persecución a los trabajadores”
-
Provinciales hace 4 díasMuni de Candelaria clausuró histórica arenera: “Es arbitrario e irregular”
-
Judiciales hace 6 díasPiden detención de Alejandro Jabornicky por publicar fotos con su ex pareja