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Capo narco condenado a 15 años de prisión accedió a salidas transitorias

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El misionero José Luis “El Don” Chaparro, actualmente cumpliendo una pena única de 15 años de prisión en la Colonia Penal 17 de Candelaria por delitos de narcotráfico, fue incorporado al régimen de salidas transitorias.

El beneficio carcelario fue concedido a fines de octubre por parte del Tribunal Oral Federal de Córdoba, cuyas autoridades también firmaron la unificación de penas para el misionero el año pasado.

Chaparro supo ser una de las personas más buscadas del país entre 2015 y 2016, cuando se descubrió que era el hombre detrás de una organización narco dedicada a transportar cargas de marihuana desde Misiones hasta Córdoba.

Su nombre, incluso, estuvo incluido en el listado de personas con alerta roja y pedido de captura internacional de Interpol.

Según pudo reconstruir La Voz de Misiones, la detención del implicado se concretó el 4 de agosto de 2016, cuando la Policía Federal Argentina (PNA) lo interceptó al mando de una camioneta Fiat Strada con 547 kilogramos de marihuana en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá.

Tras su detención, la misma fuerza activó el allanamiento de una pieza de alquiler que el implicado utilizaba como búnker sobre la avenida Francisco de Haro de Posadas y los uniformados también encontraron dosis de cocaína.

Por esa causa Chaparro recibió una condena de cinco años y cuatro meses de prisión, luego de la firma de un acuerdo de juicio de abreviado con el Tribunal Federal de Corrientes.

Sin embargo, el hombre tenía que responder en un expediente mucho más grande en Córdoba.

Hasta allá fue trasladado luego y llevado a juicio oral junto a otros cómplices a quienes la Justicia Federal acusó de integrar una banda dedicada a traficar estupefacientes a gran escala.

En esa provincia fue condenado a la pena de 12 años de prisión como autor del delito de “organización de transporte de estupefacientes, agravado por el número de intervinientes” y luego se le impuso una pena única de 15 años.

Ese expediente comenzó a investigarse tras el secuestro de un camión de patente paraguaya que cayó en Gobernador Virasoro (Corrientes) con casi una tonelada de marihuana oculta entre una carga de maíz.

La carga de marihuana oculta en un conteiner de maíz a granel fue incautado en 2015 en Gobernador Virasoro.

Las pesquisas iniciadas a raíz de ese procedimiento determinaron que el líder de esa banda era Chaparro.

Ahora, tras más de seis años privado de su libertad, el misionero solicitó acceder al régimen de salidas transitorias y la Justicia dio lugar al pedido.

A su favor las autoridades tuvieron en cuenta su buen comportamiento tras las rejas y el tiempo de condena que ya lleva cumplido.

De esta manera, desde ahora y durante el término de un año, Chaparro contará con dos salidas transitorias de 12 horas y una de 24 por bimestre.

Para mantener el beneficio, el misionero deberá cumplir ciertos condicionamientos como, por ejemplo, regresar a la cárcel en horario y día autorizado; no alejarse del domicilio fijado por su tutora extra muros; no consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes; no manejar vehículos motorizados; no cometer nuevos delitos, ni tampoco vincularse con “personas de dudosa moralidad” ni participar de reuniones o actos públicos.

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Crimen de Wiebel: su ex suegro se abstuvo y fue imputado por homicidio

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crimen wiebel

Ángel Ramón Zalazar (82) compareció este martes ante la Justicia, se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por el asesinato de su ex yerno Alfredo Wiebel (48), empresario y piloto de carreras ultimado de cinco balazos en la mañana del 11 de septiembre en Puerto Iguazú.

La audiencia se realizó esta mañana y para ello el implicado debió ser traslado desde el hospital Samic de la Ciudad de las Cataratas hacia Eldorado, donde lo esperaban para indagatoria en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado César Lirussi.

En esa instancia, el hombre decidió guardar silencio y tras ser notificado de los elementos de prueba en su contra fue formalmente imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificación provisoria que podría modificarse conforme avance la investigación.

Por disposición judicial, Zalazar quedó internado con custodia policial en el hospital Gardés de Eldorado, medida que se mantendrá hasta tanto se resuelva entre un pedido de prisión domiciliaria o un traslado hacia una unidad carcelaria preparada para pacientes de su condición.

Testimoniales y querella

Los instructores de la causa pudieron avanzar con la indagatoria luego de recibir un informe de la junta médica que evaluó a Zalazar, cuyos resultados arrojaron dos conclusiones clave: una es que el hombre comprende la criminalidad de sus actos y la otra es que en su cuadro de salud general no se observan patologías que pongan en riesgo su vida, siempre y cuando continúe recibiendo la asistencia médica.

En paralelo, la causa continuará avanzando con la toma de testimoniales y los primeros en declarar serán los albañiles que ese 11 de septiembre a la mañana observaron la secuencia entera del ataque ocurrido en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, casi Pancho Ramírez, de Iguazú.

Al expediente, además, ya se incorporó la familia de la víctima en carácter de querellante particular bajo la representación del letrado Walter Quintana, quienes de esta forma podrán participar activamente en el caso.

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Admitió haber matado a machetazos a su vecina y firmó un abreviado por perpetua

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machetazos vecina

Casi cuatro años después del hecho, el hombre acusado de asesinar a machetazos a su vecina Rosula Concepción Benitez Garcete (73) admitió su culpabilidad y aceptó ser condenado a prisión perpetua.

Se trata de Héctor Raúl Fernández (33), quien esta mañana debía sentarse en el banquillo de los acusados del Tribunal Penal Uno de Eldorado para enfrentar un debate oral como autor del delito de “amenazas calificadas por el uso de arma blanca y homicidio calificado por alevosía en concurso real”.

Sin embargo, horas antes tomó otra decisión y finalmente decidió admitir su responsabilidad en el hecho, aceptando la pena de prisión perpetua. El acuerdo fue alcanzado entre el imputado, su defensa y la fiscalía, lo cual ahora debe ser homologado por los magistrados del tribunal para transformarse en sentencia.

El hecho que Fernández confesó ocurrió el 5 de noviembre de 2022, en el paraje Aguaray Guazú de Puerto Esperanza, donde atacó a machetazos a su vecina Benítez Garcete, de 73 años y no vidente.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del magistrado Martín Brites, aquella tarde Fernández se dirigió a la casa de sus vecinos y con un machete en manos amenazó de muerte al esposo de Benítez Garcete.

En esas circunstancias, apareció el padre de Fernández, que lo retiró del lugar, pero minutos más tarde el imputado regresó a la casa de sus vecinos, donde la mujer se encontraba sola debido a que su esposo se había dirigido a la comisaría para radicar la denuncia del primer suceso.

Allí Benítez Garcete fue atacada a machetazos y falleció tras más de una semana internada en terapia intensiva como consecuencia de las graves lesiones sufridas, principalmente en la cabeza.

Las pericias del caso revelaron que el homicida registraba 2,5 gramos de alcohol en sangre y bajo ese estado pretendió ser declarado inimputable, aunque los planteos tuvieron respuesta negativa.

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Compañeros de Barreto reconstruyeron la fuga y colisión que provocó su muerte

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El juicio contra Rodrigo Dias Da Silva (27), imputado por chocar y matar al gendarme Robert David “Chato” Barreto (31) a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando, continuó esta mañana con la declaración de cuatro camaradas de la víctima, quienes relataron de qué manera sucedieron los hechos durante aquella tarde del 14 de septiembre de 2024 sobre la ruta provincial 103.

Ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por sus pares Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), los cuatro testigos citados coincidieron en que el implicado hizo caso omiso al control dispuesto y en medio de la huida arrolló a Barreto, que murió minutos después de su traslado a un centro asistencial.

El primero en declarar fue el sargento primero Eduardo Corro, encargado de la patrulla que aquel día se instaló sobre ruta provincial 103, poco después del acceso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana para efectuar un control preventivo.

El uniformado se apoyó en un croquis para describir de qué manera se instaló en el control. Contó que en total eran cinco efectivos y describió que tenían cinco conos distribuidos sobre el asfalto y que cada uno de ellos contaba con chaleco refractario, además de contar con una camioneta Agrale Marrua de la institución al costado de la arteria.

“El primer cono estaba a 250 metros del puesto de control y el segundo cono estaba a 150 metros. Yo estaba ahí. Mi función era la de encausar el tránsito”, detalló Corro, que a la vez describió que “el clima estaba despejado, óptimo, con una buena visibilidad”.

Sobre el hecho, narró que “la camioneta hizo caso omiso a mis señales y cuando llegó hasta mí me hice a un lado. Cuando me pasó escuché que aceleró más y de ahí ya no pude ver mucho más, solo veía la parte de atrás de la camioneta. La camioneta perdió el control, se fue hacia la banquina y volcó”.

El sargento primero Eduardo Corro hizo un croquis y se quebró al recordar a su camarada.

Corro aseguró que en primera instancia no notó que la Amarok haya atropellado a su compañero y recién lo advirtió minutos después. “Me acerco y veo a una persona adentro de la camioneta y bultos con cigarrillo. Después busco a mi gente y no encontraba a Barreto. Él estaba más allá, en el suelo, tirado en posición fetal, semi cubierto por pastura y tierra. Fue inevitable quebrarme”, recordó.

Tanto el sargento primero como los otros tres gendarmes que declararon después coincidieron en la misma secuencia. Además, todos negaron haber contado con “clavos miguelitos” e indicaron que ninguno escuchó ruido de “frenadas” previo al impacto mortal.

El debate continuará el próximo 5 de octubre, a partir de las 8.30. En el proceso interviene el fiscal Pablo Di Loreto, mientras que el acusado es representado por el abogado particular Carlos Luis Ferreyra.

Da Silva está imputado por “encubrimiento de contrabando, resistencia a la autoridad y homicidio doblemente calificado cometido a un miembro de la fuerza de seguridad para procurar la impunidad, en concurso ideal”. En la primera audiencia pidió perdón y alegó que nunca quiso “hacer daño”.

Imputado por muerte del gendarme Barreto pidió perdón: “No quise hacer daño”

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