Información General
Tres familias misioneras de fallecidos por Covid cobrarían subsidio de $15.000
Son los allegados del camionero de San Vicente; de la mujer de Aristóbulo del Valle y la sexagenaria cuyos parientes no podía ser ubicados en primera instancia. Deberán cumplir requisitos.
Las familias de las tres personas fallecidas en Misiones a causa del Covid-19, estarían en condiciones de acceder a un subsidio de 15 mil pesos que, según se confirmó este sábado, otorgará el Gobierno nacional.
De acuerdo con los requisitos establecidos, el beneficio estará destinado a las familias que se encuentren entre “los sectores más vulnerables de la sociedad” y que hubieran perdido a un familiar como consecuencia de la ´pandemia.
Se trata de un denominado “Subsidio de Contención Familiar” que corresponde si la persona fallecida se encontraba desocupada, se desempeñaba en la economía informal o estaba inscrita en las categorías “A” y “B” del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente.
También corresponde si el paciente era “un trabajador declarado en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, era titular de una Asignación Universal por Hijo o por Embarazo, o eran los niños, las niñas, los o las adolescentes y/o personas mayores de edad con discapacidad que generaban la misma”.
En el caso de Misiones, si reúnen las condiciones mencionadas podrían incluirse los familiares del camionero de 61 años que falleció afectado por el virus el pasado 24 de abril, en el hospital SAMIC de Oberá.
Además, los allegados de la mujer de 47 años y oriunda de Aristóbulo de Valle que dejó de existir el 10 de junio, también afectada por coronavirus y que estaba internada en el Hospital Escuela de Agudos de Posadas.
El tercer caso, y que sería el más complicado de dilucidar, es de la mujer de 62 años que murió el por Covid-19 en el hospital del Parque de la Salud de la capital misionera, el 18 de junio, pero no se había logado ubicar a sus familiares.
Un beneficio de 2006
El “Subsidio de Contención Familiar” es un antiguo beneficio que está vigente desde 2006 y que hasta el momento cubría, por ejemplo, la muerte de beneficiarios del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y veteranos de la Guerra de Malvinas, entre otros, pero que ahora incluye también a las víctimas fatales de Covid-19.
Además de describir a los potenciales beneficiarios, el decreto establece que “se abonará al o a la cónyuge o conviviente” de la víctima “o al padre o a la madre o alguna de sus madres o alguno de sus padres, o al hijo o a la hija del o de la causante, siempre que él o la solicitante denunciare el fallecimiento y acreditare haber sufragado los gastos del sepelio con la presentación de la factura extendida a su nombre por la empresa funeraria que realizó el servicio”.
Por otra parte, se aclaró que este subsidio seguirá vigente para los familiares de personas que hayan muerto, independientemente de si fue como consecuencia del coronavirus o no, y que en vida estuvieron dentro del Régimen Nacional de Previsión o hayan sido beneficiarios de las Cajas Provinciales de Previsión transferidas al ámbito Nacional.
Se exceptúa a las correspondientes a Policías y Servicios Penitenciarios; del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA); de las Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur; de la Pensión Universal para Adulto Mayor; de Prestaciones No Contributivas transferidas a la ANSES.
También se incluye a aquellos fallecidos que estuvieran a cargo de la persona que cumpla con alguna de estas condiciones mencionadas, así como también a otros afiliados y otras afiliadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados.
El día después a las amenazas de tiroteo escolar que aparecieron pintadas en varios colegios de la provincia, los establecimientos educativos iniciaron el viernes con presencia policial y estrictos controles de ingreso, mientras que en Puerto Rico se detectó un caso puntual que derivó en allanamientos y secuestros de armas de fuego en la casa de un estudiante.
El procedimiento se activó después de la denuncia radicada por las autoridades del Instituto Juan Pablo II, quienes dieron cuenta del caso de un alumno de tercer año que había sido señalado como autor de amenazas, con la particularidad de que tendría armas de fuego a su alcance en su casa.
Dada la sensibilidad y los factores de riesgo detectados, la Justicia tomó acciones inmediatas y libró órdenes de allanamiento en varios inmuebles relacionados al menor y en uno de ellos, sobre calle Paraná, los agentes policiales efectivamente encontraron dos armas que serían propiedad del padre del estudiante.
En el lugar se secuestraron un revólver calibre 32 largo, un pistolón calibre 28, trece cartuchos de escopeta y cinco teléfonos celulares, entre otros dispositivos electrónicos, que serán sometidos a pericias por parte del personal de Cibercrimen, cuyos agentes participaron en la investigación digital.
Según detallaron fuentes consultadas, el estudiante fue descrito como un “alumno de mal comportamiento” en la institución. El chico presenció parte del procedimiento y fue trasladado al Cemoas, donde quedará alojado 24 horas a disposición de la Justicia.
En Posadas, en tanto, hubo otro procedimiento similar, aunque en esta ocasión el objetivo no fue el secuestro de armas de fuego, sino de teléfonos celulares utilizados en el marco de una amenaza de muerte puntual de una estudiante hacia otra compañera de su curso.
En este escenario, el ministerio de Gobierno, encabezado por Marcelo Pérez, prepara una conferencia de prensa a realizarse el próximo lunes para exponer y dar cuenta de las labores preventivas realizadas a lo largo y ancho de la provincia respecto al tema.
Hasta el momento, la principal línea investigativa apunta a que las pintadas con amenazas responden a un reto viral de Tik Tok que tuvo onda expansiva en todo el país.
Amenazas en colegios: San Alberto con policías y revisión de mochilas mañana
La 25º sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas se desarrollará del 20 de abril al 1 de mayo en la sede norteamericana de la ONU y, en esta oportunidad, contará con la presencia de Keila Rocío Zaya, referente del pueblo mbya en Misiones.
El encuentro llevará como eje central “garantizar la salud de los Pueblos Indígenas, incluso en contextos de conflictos”, y sería la primera vez que tendrá representación de un pueblo originario de Argentina.
Keila Zaya es miembro de Tekoa Arandú, situada en la localidad de Pozo Azul, y viajará acompañada por Roxana Rivas, abogada del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), a nivel federal.
En los últimos años, Keila formó parte de las capacitaciones en derecho indígena organizadas por ambas entidades y se desempeñó como coordinadora de varios grupos de formación en Aristóbulo del Valle.
De las más de 130 comunidades mbya presentes en Misiones, la joven presentará como objeto de estudio el caso de Puente Quemado II, comandada por el cacique Santiago Ramos, que hace varios años enfrenta un conflicto territorial con la empresa forestal multinacional Arauco, por lo que continúa a la espera de servicios básicos, como el acceso a la energía eléctrica y el agua potable.
Con esta temática, participará del espacio Juventud, y además de Argentina, contarán con representantes de los pueblos originarios de Brasil, Paraguay, entre otros países latinoamericanos.
El Instituto San Alberto Magno de Posadas informó que, en el marco de las medidas preventivas que se activaron por las pintadas con amenazas de tiroteo escolar que aparecieron en varias escuelas de la provincia y el país, mañana habrá presencia policial y estricto control de pertenencias en el ingreso al establecimiento educativo.
La medida del colegio posadeño fue informada a través de un comunicado dirigido a padres, estudiantes y comunidad educativa en general.
“Nos dirigimos a ustedes para informarles que hemos tomado conocimiento de una amenaza escrita en las paredes de nuestra Institución”, consigna el comunicado de la institución.
En ese marco, añadieron que “queremos transmitir tranquilidad informando que se han activado de inmediato los Protocolos de Seguridad Jurisdiccionales. Se ha radicado la denuncia formal ante las autoridades policiales correspondientes”.
“Como medida preventiva para el día 17 de abril, se dispondrá de la presencia de personal policial, control estricto de identidad en puerta y revisión de pertenencias según normativa vigente”, detallaron respecto a las medidas inmediatas a tomar para la jornada de mañana viernes.
Como cierre, hicieron un llamado a la prevención y solicitaron que los padres entablen un vínculo de diálogo con sus hijos.
“Solicitamos a los señores tutores, dialogar con sus hijos sobre la responsabilidad en el uso de redes sociales y recordar que este tipo de actos tienen consecuencias legales graves. También, controlar los elementos que los estudiantes traen a la Institución desde sus casas”, pidieron.
Comunicado del SPEPM
A raíz de los hechos registrados en establecimientos de la capital provincial, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) emitió un comunicado en el que expresó su acompañamiento a las “autoridades institucionales” y las facultó a adoptar las actuaciones correspondientes para “erradicar” la problemática, que, según se indicó, estaría vinculada a un reto viral entre adolescentes.
En ese marco, el organismo formuló una serie de consideraciones para las autoridades educativas que registren amenazas de “tiroteos” en colegios de gestión privada en la provincia.
En primer lugar, recomendó realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal, específicamente en la fiscalía de menores a cargo de la fiscal María Laura Álvarez.
Asimismo, indicó que las instituciones deberán informar a padres, madres y/o tutores que, “en caso de llevarse a cabo este tipo de acciones por parte de un/a alumno/a, las mismas serán consideradas como falta ‘muy grave’, pudiendo la institución adoptar las medidas judiciales, pedagógicas y administrativas que estime pertinentes”.
Por último, se señaló la necesidad de llevar adelante “las averiguaciones internas necesarias para detectar el origen del problema, sin perjuicio de las intervenciones que correspondan a la Justicia”.
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