En Santiago del Estero le negaron la interrupción legal del embarazo (ILE) a una nena de 12 años que quedó embarazada producto de una violación.

SANTIAGO DEL ESTERO. Se abrió una investigación porque los profesionales de la salud mintieron en la edad gestacional para evitar la interrupción legal del embarazo (ILE). La nena tiene 12 años y es de Santiago del Estero.

Autoridades médicas de la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N° 3 de Villa Griselda, de La Banda, en Santiago del Estero, le negaron la interrupción legal del embarazo (ILE) a una nena embarazada de 12 años que fue víctima de violación. En aquella provincia no se aplica el protocolo de atención de los casos de aborto (ILE) permitidos en el Código Penal desde 1921.

La niña se llama María (nombre ficticio para proteger su identidad), tiene 12 años y es cartonera. Según publicó Clarín gran parte de su vida pasó en instituciones debido a violencia sexual. Figuran denuncias desde los 3 años, en 2011, y luego en 2013 y 2017.

El 2 de abril la niña fue a atenderse con dolores abdominales a la Unidad Primaria de Atención Sanitaria N° 3, de Villa Griselda acompañada por su mamá. La revisaron y la mandaron a hacerse una ecografía a otro UPA, ya que ahí no tenían equipamiento. Finalmente se la hicieron el 6 de abril en el barrio Misky Mayu y la ecografía dio una edad gestacional de 20 semanas.

La menor y su madre regresaron a la UPA de Villa Griselda y tal como pudo reconstruir la referente en Salud Sexual y Reproductiva de Santiago del Estero, no le brindaron la consejería en derechos sexuales y reproductivos ni le dieron información adecuada y conforme a su autonomía progresiva contemplada en la Convención sobre Derechos del Niño (artículos 3 y 5) y el Código Civil y Comercial de la Nación (artículo 26).

La médica María de los Ángeles Pereyra, coordinadora de la UPA N° 3, demoró casi tres semanas en informar a las autoridades sanitarias de la provincia sobre el embarazo de María que, dado que tiene menos de 14 años, se considera siempre que es producto de violencia sexual.

El informe de Pereyra fechado el 26 de abril detalla que a la menor se le constató una gestación de 26 semanas. Es decir, informó una edad gestacional distinta, agregándole seis semanas. Además, dice que la niña “refiere haber estado de novia con un joven, y ahora ya no, negando la identidad del mismo”.

Cuando el informe ingresó al Ministerio de Salud, teniendo en cuenta la información notificada por la doctora, se presumió que la niña ya tenía un embarazo avanzado, que entraba en la semana 30 de gestación, lo cual dificultaba la posibilidad de ILE.

A partir de esto, intervino el área de Fortalecimiento Familiar de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y se decidió derivarla a un hospital de mayor complejidad, el Centro Integral de La Banda para que la atendiera un equipo especializado.

El 7 de mayo fue con su madre a atenderse y quedó internada por un día para realizarle los estudios necesarios y allí se descubrió que en realidad cursaba la semana 24 de gestación. Con esa información, se podría haber ofrecido una ILE.

Luego, el miércoles 13 se convocó a un tocoginecólogo especializado de la provincia que dio garantías, siguiendo el protocolo de ILE de Nación, de que se estaba a tiempo para ofrecer la práctica a la niña. Pero un alto funcionario de Maternidad e Infancia, se echó atrás: alegó que en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, le dijeron que no era apropiada la práctica según publicó Página 12.

Imagen ilustrativa.

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